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NACIONALES
UN RECUERDO DE LA FAMOSA SERVILLETA DE CORACH
AL IGUAL QUE EL MENEMISMO, EL OFICIALISMO DIGITA NOMBRAMIENTOS PARA
CONTROLAR LOS JUECES DEL FUERO FEDERAL
La corporación judicial y el gobierno de Cambiemos, que
controlan el Consejo de la Magistratura, han manipulado de manera irregular la
designación de jueces en el fuero que deberá juzgar delitos de corrupción, el
corazón de la llamada “judicialización de la política”.
El presidente de la
Corte, Ricardo Lorenzetti, el presidente Mauricio Macri y el ministro de
Justicia, Germán Garavano.
La escena transcurre en la última reunión del año de la
comisión de selección del Consejo de la Magistratura, el epicentro de las
decisiones sobre nombramientos de jueces.
“¿Nadie va a decir nada de esto?”, pregunta la camarista-consejera
Gabriela Vázquez mientras agita un papel. Es una carta, la cuarta, enviada por
María Gabriela López Iñíguez, una jueza penal porteña que concursó para
ascender a un tribunal oral federal y ganó. Tiene el decreto que la designa
desde septiembre de 2015, igual que otros dos colegas de ella, Sabrina Namer y
Nicolás Toselli, pero ese tribunal para
el cual se postularon todavía no existe pese a que una ley ordenó su creación
seis años atrás. Ante la aparición de vacantes en los viejos tribunales orales
de Comodoro Py el sentido común indica que deberían ocuparlas quienes
concursaron para esa especialidad (como López Iñíguez y sus pares) que hay
prioridad para las mujeres de modo de respetar la diversidad de género y también para quienes sacaron mejores notas
en los exámenes. Pero no. Los consejeros, advierte la jueza, han decidido mandar varones como suplentes,
algunos que ni concursaron, que ya pertenecen a otros tribunales, y que además
siempre se ocuparon de delitos comunes,
no federales.
Nadie quiere hablar de la carta de López Iñíguez ni de otras
que mandó junto con sus colegas, porque pone dos cuestiones sobre el tapete que
comprometen al macrismo. Una es un mecanismo que utiliza la mayoría del
Consejo, compuesta por una alianza entre Cambiemos y exponentes de la
corporación judicial, que juega a reservarse ciertos cargos vacantes y retarda
concursos adrede para tenerlos disponibles y repartirlos entre conocidos,
amigos o intercambiar favores. Y la otra
cuestión es que todo esto encierra un propósito evidente del oficialismo de
controlar a los tribunales orales federales, el lugar donde definirá la suerte
judicial de tantos funcionarios y ex funcionarios. La intención quedó clara,
además, con la promulgación –el último día del año– de la ley que transformará
seis tribunales ordinarios en federales. ¿Quién decidirá cuáles de los 30
tribunales se convierten en expertos en delitos de corrupción, narcotráfico y
derechos humanos? Una mayoría simple del Consejo para la que bastan los siete
votos que concentran el PRO, el radicalismo, dos jueces y los abogados.
Los tribunales orales federales nuevos están destinados a
llevar adelante los juicios de casos que hoy son tan resonantes a cargo de los
jueces de instrucción de Comodoro Py, porque los otros están desbordados. La
lista incluye las causas contra Cristina Fernández de Kirchner, contra Amado
Boudou, Julio De Vido, Aníbal Fernández, Lázaro Báez pero también a futuro
podría abarcar a funcionarios del actual gobierno, como los denunciados por
Panamá Papers, entre ellos Mauricio Macri.
Temporada de pases
Los tribunales orales federales, que hoy son seis, están
integrados por tres jueces cada uno y fueron creados después de una reforma que
comenzó en 1992 que incluía la realización de juicios orales en reemplazo de
una parte del procedimiento escrito. Se instauró un sistema mixto con una
primera etapa de instrucción y una segunda fase oral, un método que ha llevado
a que algunas causas de corrupción duren 15 o 20 años. A pesar de que en 2015
el Congreso votó pasar a un sistema acusatorio, todo oral, ágil y con gran
protagonismo de los fiscales en las investigaciones, el gobierno de Macri no
implementó esta reforma y se inclina por otros métodos.
Mucho antes, como los tribunales orales federales (TOF) se
quejaban de que tenían mucho trabajo y
megajuicios complejos, como los que juzgan a represores por crímenes de
lesa humanidad, en 2010 el Congreso votó la creación de dos tribunales orales
federales nuevos: el 7 y el 8. El
Consejo llamó a concurso, tomó examen en agosto de 2012 y fueron ternados y
lograron acuerdo del Senado: López Iñíguez, Sabrina Namer (que fue fiscal
federal de juicio y miembros de la unidad AMIA) y Nicolás Toselli (defensor
oficial en La Plata) para TOF 8; para el TOF 7 resultaron designados Andrés
Basso (ex secretario en Lomas de Zamora), Javier Ríos (juez de instrucción) y
Fernando Machado Pelloni (defensor oficial). En septiembre de 2015 CFK firmó los decretos que los nombran jueces
federales.
Sin embargo, empezó a pasar el tiempo y sus tribunales no
fueron habilitados. La habilitación está a cargo de la Corte Suprema, presidida
por Ricardo Lorenzetti. El argumento para demorar ese paso es que si los jueces
nuevos no tienen oficina, la habilitación no se concede. El Consejo debe
conseguir los edificios. Tuvo seis años para hacerlo, en los que pasaron
distintos consejeros, y tampoco lo hizo. Un día, el Tribunal Oral Federal 3
(TOF 3), que había hecho el juicio del caso AMIA, quedó desierto por la jubilación
de sus jueces. En lugar de llamar a un
concurso nuevo, ante un pedido por escrito del ministro de Justicia, Germán
Garavano y con el empuje de su mayoría oficialista de la comisión de Selección
–que presidió hasta fin de 2016 Luis Cabral, el cuestionado ex subrogante
permanente de la Cámara de Casación– el Consejo hizo dos movimientos sin
precedentes: primero decidió que los jueces que habían sido nombrados para el
TOF 7 irían a parar al TOF 3, y allí están, en forma definitiva; luego, el 4 de
agosto último, agarró la vieja lista de concursantes y tomó los tres nombres
que seguían en el orden de mérito para asignarlos al TOF 7. Uno es Herminio
Canero, quien trabajó con Cabral en el Tribunal Oral Criminal 9 y también en la Corte Suprema junto con el
menemista Julio Nazareno y la secretaría general; otro es Enrique Méndez
Signori, de la secretaría penal de la Corte; y el tercero era el fiscal Julio
Castro, cuya designación no avanzó por una denuncia. En su lugar, quedaron dos nombres: Vanesa
Alfaro (secretaria letrada de la unidad AMIA desde la gestión de Alberto
Nisman) y el fiscal Ariel Yapur. El controvertido combo fue votado por todos
los consejeros menos los del Frente para la Victoria.
Así, no hubo concurso para ninguno de los dos tribunales ni
de las resoluciones del Consejo surge por qué razón los elegidos del TOF 7
fueron a parar al 3 y el resto, nada.
Las dos mujeres nombradas para el TOF 8, López Iñíguez y Namer presentaron una
nota ante el ministro Garavano, Lorenzetti y el Consejo en la que protestaban
por quedar excluídas y decían que dado que en Comodoro Py hay solo tres mujeres
no les quedaba otra opción que pensar que estaban siendo discriminadas.
Recordaban que habían sido contundentes en explicar por qué les correspondían
los cargos a ellas (ver aparte).
Esa carta no fue respondida, ni una anterior que también
firmaba Toselli, en la que reclamaban la habilitación de sus tribunales. En
otra nota, cuando vieron que se generaba una vacante en el Tribunal Oral
Federal 1 (por la jubilación de Oscar Amirante) se anticiparon y pidieron que
el Consejo se abstuviera de hacer pases de otros jueces que no fueran ellos,
que habían concursado. No les contestaron y en ese lugar nombraron a un juez de
un tribunal oral ordinario, Gabriel Vega. Cuando un juez subroga en otro lado
le toca un 30 por ciento más de sueldo, innecesario en este caso, donde había
jueces nombrados.
Más adelante Namer presentó otra nota en la que advertía
sobre el absurdo de no poder asumir por falta de oficina. Decía: “…mientras se
esperan soluciones inmobiliarias o cuasi futbolísticas a la deriva del cierre
de la temporada de pases de un tribunal a otro, se lee en los diarios que
algunas causas de banqueros o de funcionarios acusados de corrupción prescriben
por falta de cuarto juez para iniciar los juicios, o que los juicios de lesa
humanidad no pueden empezar por el mismo motivo, o que quedan libres
narcotraficantes por soluciones que reducen su pena para no violar los plazos
de prisión preventiva ante la imposibilidad de hacer juicios orales. La falta
de un espacio físico, generó aparentemente que el Señor Presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación no diera curso los pedidos de habilitación de
los cargos efectuados por la Cámara de Casación Penal (…) Paradójico todo, si
además se pregona que el sentido común, el respeto al interés público y la
transparencia deben regir las decisiones de los funcionarios”. Ese texto,
generó una respuesta casi inmediata y una acordada de la Corte dio la
habilitación.
En medio sucedió algo insólito: la comisión de Selección,
inventó un sorteo por el cual generó un orden para que a medida que se
produjeran vacantes los designados las fueran ocupando. Quedaron así: Namer,
López Iñíguez, Canero, Toselli y Méndez Signori. Un día mientras caminaba por
Parque Centenario a Namer la sorprendió un llamado urgente del secretario de
Selección, que le decía que había una vacante en un tribunal ordinario, el 20.
La ex fiscal, harta, aceptó y el 28 de diciembre juró como jueza federal para
un tribunal común junto con Canero y Méndez Signori, quienes llamativamente no
tienen ningún tribunal asignado. A ella, por su extraña situación, le tomaron
juramento las dos Cámaras de Casación juntas (la federal y la ordinaria).
Aquí es cuando entra en escena otra carta, esta vez de la
jueza López Iñíguez, que reclama la vacante del TOC 1 cuya subrogancia vencía.
Se queja por la falta de respuesta a sus pedidos y al “reclamo de género por la
evidente discriminación que vengo padeciendo en relación a colegas varones que
ya se encuentran desempeñando sus cargos,
hecho que reviste gravedad institucional ya que la propia Corte Suprema”
-recuerda-dijo debían ponerla en funciones.
“Hasta ahora –se enojó López
Iñíguez– el único que ha demostrado tener perspectiva de género es el bolillero
utilizado el pasado 17 de noviembre” con el que se creó el orden de mérito que
las ubicó a ella y Namer primeras. El
Consejo no prevé por ahora darle el lugar en el TOF1 sino que podría trasladar
al juez de un tribunal común, Ricardo Basílico.
La frutilla del postre
En el Consejo hubo discusiones caldeadas hacia el final del
año en las que, por ejemplo, la senadora
Virgina García (FpV) dijo que no podía ser que se estuvieran “subastando
los cargos”. Le apuntaba a Cabral y su sociedad
con los legisladores del Pro y la UCR, más el representante del Poder
Ejecutivo Juan Mahiques, a la que suelen sumarse el juez Leónidas Moldes y los
abogados Miguel Piedecasas y Adriana Donato. Pero el oficialismo está cómodo,
hasta les sobra un voto para las cuestiones que se votan con mayoría simple
(tienen ocho, les bastan siete).
Dos casos bien sintomáticos de los tejes y manejes con los
cargos, en especial del fuero federal, son los concursos eternamente
postergados para la Cámara Federal y la Cámara de Casación Penal. Para el
primero están ternados: Julio César Báez, Javier López Biscayart y Sebastián
Casanello, pero el Consejo prefirió, hace días nomás, algo que parece el colmo:
puso como subrogante a Leopoldo Bruglia, que integra precisamente un tribunal
oral federal, el 4, y si le dan la licencia que pide va a generar otro agujero.
Para Casación también hay ternas disponibles para el plenario desde mayo de
2015.
Pero la demostración más explícita de que el gobierno de
Cambiemos quiere controlar el fuero y sus tribunales orales es la llamada “Ley
de Fortalecimiento de los Tribunales Orales en lo Criminal Federal”. Prevé
convertir seis tribunales ordinarios en federales: uno será disuelto y sus
jueces trasladados y el resto serán convertidos desde TOF 7 en adelanete.
También prevé juicios unipersonales. La decisión de cuáles son los jueces del
fuero ordinario que serán federales (sin concurso para eso), será tomada por
una mayoría simple del Consejo dominado por la coalición político-judicial
donde nunca falta la pata mediática.
ALERTA CGT: CONFIRMAN VUELTA DE PASANTÍAS Y UN BLANQUEO
LABORAL
LO ADELANTÓ EL SECRETARIO DE EMPLEO, EXHOMBRE FUERTE DE GRUPO TECHINT
Se buscará ligar el mundo laboral con el educativo, adelantó Ponte, número dos de Triaca en Trabajo.
Extechint. Ponte, autor del proyecto para la
vuelta de las pasantías y el blanqueo laboral, fue por años hombre fuerte del
grupo de Paolo Rocca.
El Gobierno confirmó
que este año apostará a la vuelta de un sistema de pasantías laborales. Lo
aseguró el secretario de Empleo, Miguel Ángel Ponte, al presentarlo como "la única posibilidad"
de acceder "al
mundo real del trabajo" para los estudiantes o trabajadores y
desocupados sin formación. El funcionario, además, adelantó que se impulsará un
"blanqueo
laboral" y utilizó una figura llamativa para graficar la necesidad
de hacer más sencillos los mecanismos de contratación y despido en el mercado
laboral: "Debe ser
como en el organismo humano comer y descomer".
Los dichos de Ponte, exhombre fuerte del grupo Techint a
nivel global, volvieron a encender alarmas dentro de la CGT: Héctor Daer,
miembro del triunvirato de conducción, avisó que la central obrera "no va a resignar derechos". El
plan de reedición de las pasantías, así como el blanqueo laboral y un mecanismo
para abaratar las indemnizaciones habían sido adelantados la semana pasada.
"La
única posibilidad de integrar el mundo de la educación formal, o la formación
profesional o la preparación de las personas que no pudieron tener acceso a la
educación ni a la formación, con el mundo real del trabajo es la presencia con
un marco formativo de estas personas en el mundo del trabajo",
detalló ayer Ponte en diálogo con Radio Con Vos. El secretario reconoció que
las pasantías cobraron mala fama en la década del '90 a la par de la
legislación flexibilizadora del entonces Gobierno de Carlos Menem, pero matizó:
"No vamos a matar a
todos los perros porque uno esté rabioso".
Sobre el proyecto de blanqueo laboral, luego del entusiasmo
que causó en el Gobierno el plan de exteriorización fiscal, el funcionario lo
consideró "un tema prioritario" al destacar que al menos 38% de la
fuerza laboral argentina se encuentra en la informalidad. "El trabajo no registrado en este
país es un drama y para el Gobierno es un tema prioritario",
añadió.
Entre las opciones para llevar adelante ese blanqueo dijo
que figura el modelo que se aplicó en la gestión anterior para formalizar el
personal doméstico, que de ese modo pasó de un 5 a un 35% formalizado. Explicó:
"Estamos viendo
poblaciones masivas que no están registradas. El 50% del empleo informal está
en empresas de menos de cinco personas".
Ponte, en tanto, le restó dramatismo a la ola de despidos
que se produjo en el Estado a principios de 2016 y que en algunas áreas (como
Educación) volvió a fines de año, al igual que en sectores de la actividad
privada como la industria. "La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es una esencia de
ese mundo. Como en el organismo lo es comer y descomer", comparó.
En la misma emisora, Daer advirtió ayer que "la CGT no va a resignar
derechos", frente a la posibilidad de que el Gobierno impulse cambios
en la legislación laboral y en los Convenios Colectivos de Trabajo. Días antes
su colega en el triunvirato, Juan Carlos Schmid, había avisado que crecía el
malestar en la central obrera por los despidos en la industria, violatorios de
un acuerdo marco firmado por el Ejecutivo y las grandes cámaras patronales.
L.V.S.: La posibilidad de entrada y salida del mundo laboral es
una esencia de ese mundo. Como en el organismo lo es comer y descomer, a
buen entendedor pocas palabras “La posibilidad de entrada”, o sea conseguir trabajo, es comer y si “salida del mundo laboral es una esencia de ese
mundo.” Es descomer, significa
esto que te echan a la mierda sin contemplaciones
ESTA SEMANA AUMENTA LA NAFTA UN 8 POR CIENTO
LA FEDERACIÓN DE EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES POSPUSO EL TARIFAZO PARA
LUNES O MARTES, DESPUÉS DE QUE MACRI ANUNCIE MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN LABORAL
EN EL SECTOR.
La Federación de Expendedores de Combustibles confirmó que
se pospuso al lunes o martes el aumento del ocho por ciento que estaba previsto
para hoy en todos los combustibles. La nafta común superará los $18 y la
premium excederá los $20, mientras la más cara, la V-Power de Shell, llegará a
$21,50.
Se prevé que el anuncio oficial se hará después del anuncio
que hará el presidente Macri, cuando dé detalles del acuerdo con los sindicatos
petroleros por los yacimientos en Vaca Muerta.
Ese “convenio de productividad” incluye medidas de
flexibilización laboral y ciertas rebajas impositivas para las empresas: el
gremio petrolero aceptaría reducir la cantidad de trabajadores por pozo.
"Nadie quiere empañar el acto del Presidente", dijeron las
petroleras.
El aumento está ligado al impacto en los costos de las
petroleras de la devaluación del peso durante el año pasado. "Durante 2016 las naftas tuvieron un incremento de 31 por
ciento, cuando nuestros costos se dispararon un 70 por ciento", dicen
las empresas.
Raúl Castellano, presidente de esa entidad, confirmó a Radio
2 de Rosario que el alza se producirá en todos los combustibles. Castellano
dejó abierta la posibilidad de nuevos incrementos en el 2017 y consideró que
los nuevos ajustes en el año "dependerán del
precio internacional del petróleo, del tipo de cambio y de la inflación".
CONSUMIDORES ADVIERTEN QUE SUBA EN COMBUSTIBLES "INCENTIVA EL PROCESO INFLACIONARIO Y RECESIVO"
"EL AÑO PASADO AUMENTARON UN 31% LOS COMBUSTIBLES Y AHORA YA
ARRANCAMOS CON UN 8%", FUSTIGÓ POLINO, QUIEN REMARCÓ QUE EL PAÍS "NO
VA CON LA TENDENCIA MUNDIAL".
El representante legal de Consumidores Libres, Héctor
Polino, alertó este domingo que el incremento en los combustibles va a
"incentivar el proceso inflacionario y recesivo" al argumentar que
influye en la canasta de alimentos.
"Va a incentivar, por un lado el proceso recesivo y,
por otro lado, el inflacionario", sostuvo Polino, en diálogo con la
agencia NA.
En ese sentido, consideró que ello tiene efectos "en la
estructura de la canasta de alimentos".
Así lo sostuvo luego de que la Federación de Expendedores de
Combustibles indicara que el incremento se pondría en marcha a partir desde
esta semana.
Polino evaluó que "los combustibles impactan en la
logística en un promedio del 35 por ciento, de modo que todo aumento en el
precio de los combustibles se traslada a los precios".
Según su criterio, si a esa suba "se le agregan
aumentos de energía eléctrica y gas natural durante el primer mes del año, se
verá una situación complicada y una fuerte caída en el consumo junto a un
deterioro social muy grande".
"Con todos esos aumentos, no va a haber recuperación de
la economía", indicó y argumentó que "los precios le van a ganar a
los salarios, sobre todo a aquellos que perciben el haber mínimo".
El representante legal de la entidad consideró
"injustificado" el incremento en los combustibles porque "cuando
en el mundo bajan los precios por la caída del valor del petróleo, la Argentina
va en el sentido contrario".
"El año pasado aumentaron un 31% los combustibles y
ahora ya arrancamos con un 8%", fustigó Polino, quien remarcó que el país
"no va con la tendencia mundial".
Recordó, en tanto, que a partir de febrero "aumentarán
las cuotas de medicina prepaga en un 6 por ciento y también están previstos
incrementos en la telefonía celular y colegios privados".
"Es un cóctel muy complicado de aumentos en los
primeros meses del año", evaluó y consideró que los ajustes se dan en la
primera etapa de 2017 porque "probablemente se aprovecha que una parte de
la población está de vacaciones, por lo cual la protesta social queda
atenuada".
Cuestionó, además, que "las jubilaciones recién se van
a reajustar en marzo y los salarios se van a actualizar a mediados de año, por
lo que todo este período esos sectores pierden poder de compra y eso va a
afectar las ventas y a las pymes, que son las generadoras de empleo".
"Cada vez cierran más comercios y cada vez hay más
desocupación y consumidores que pasan a segundas y terceras marcas",
subrayó.
AUMENTÓ LA INDIGENCIA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2016
EL DIRECTOR DEL OBSERVATORIO DE LA DEUDA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD
CATÓLICA ARGENTINA AGUSTÍN SALVIA, ESTIMÓ QUE “LA INDIGENCIA AUMENTÓ EN EL
ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO PASADO”, DE ACUERDO CON EL ÚLTIMO INFORME DEL INDEC.
Salvia consideró que "el fenómeno de la marginalidad
que experimenta Argentina no es nuevo” ya que “es una pobreza estructural que
tiene como clave la ausencia de mecanismos de empleo”.
Salvia consideró, en diálogo con radio Mitre, que “aumentó
la indigencia” basado en el último informe del INDEC, que señala que en el
cuarto trimestre de 2016 "se juntó el aumento de la desigualdad con el
aumento de la pobreza extrema", debido a “la reducción de las
oportunidades de trabajo como changas, actividades de empleos eventuales y el
impacto de la inflación".
Asimismo, Salvia recordó que en el primer trimestre las
estadísticas del Observatorio de la UCA revelaron que “el más perjudicado no
fue el segmento más indigente, sino las clases medias bajas o los sectores
pobres no indigentes”.
El director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA
reiteró: "No podemos negar que haber salido de esas condiciones
macroeconómicas (del gobierno kirchnerista) y las medidas económicas que se
tomaron (en el gobierno de Mauricio Macri), la falta de una reactivación y el
aumento inflacionario por sobre las expectativas populares y oficiales, produjo
que se agravara la pobreza y sobre todo la pobreza extrema en los sectores más
carentes”.
En ese sentido, Salvia explicó que en la sociedad argentina
"están los descartados, los excluidos, los sobrantes que no encajan en el
modelo capitalista que ha desarrollado la economía argentina".
Y continuó: “Ese sobrante de población que no encuentra
empleo no es solo porque no tenga las calificaciones, sino porque no hay
demanda suficiente para ellos".
A la hora de referirse a las políticas de inclusión social,
Salvia opinó que "lejos de la promesa de la inclusión que ofrecía el
kirchnerismo, tampoco aquí la tenemos (con el macrismo) porque esa inclusión va
a venir de la mano del empleo de calidad. No lo va a fomentar ni la gran
empresa ni la lluvia de inversiones, sino a partir de cuánto se desarrolle la
pequeña y mediana y la microempresa", remarcó.
Según el director del Observatorio, "los programas
sociales acompañaron pero no fueron suficientes para compensar el aumento inflacionario
y la pérdida del poder adquisitivo que tuvo el 10% de la población con más
nivel de pobreza".
Durante la comunicación radial, Salvia también resaltó que
con esta nueva gestión hay estadísticas oficiales del Indec sobre la pobreza y
aseveró que "hoy la Argentina está dividida, ya que trabaja a dos
velocidades porque hay un sector que tiene ingresos que le permite seguir el
incremento de la canasta básica y los servicios y otra parte del país está muy
lejos de esa canasta”.
La mitad de los argentinos vive con menos de 8.000 por mes y
la brecha entre el sector más rico y el más pobre según sus ingresos se amplió
a 25 veces, reveló una estadística oficial que el Indec publicó el pasado
jueves.
FORMAR “TALENTOS” A PEDIDO DE LAS EMPRESAS
EN MEDIO DEL CONFLICTO POR LAS CESANTÍAS, EDUCACIÓN PLANEA RECORTAR LAS
FUNCIONES DEL INET Y CREAR UNA AGENCIA NACIONAL DE FORMACIÓN DE TALENTOS. EL
SECTOR EMPRESARIO GANARÍA PODER DE DECISIÓN EN LA EDUCACIÓN TÉCNICA, EN
DETRIMENTO DEL ESTADO Y LOS DOCENTES.
El decreto con los
cambios ya está listo y espera la firma de Macri, Peña y Bullrich.
Mientras continúa el conflicto por el despido de
trabajadores del Ministerio de Educación, la “revolución educativa” anunciada por el ministro
Esteban Bullrich está por cobrarse una nueva víctima: el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). El organismo
creado en 2005 para definir los perfiles profesionales y el diseño curricular
de la educación técnica está a punto de ser desguazado y reemplazado por un
nuevo ente, cuyo nombre llevaría la marca PRO: “Agencia nacional de Formación de Talentos”. En el
nuevo esquema, los sindicatos y el Estado retroceden en voz y voto a la hora de
la formación de futuros técnicos en favor del sector empresario, que se verá
doblemente beneficiado: dejará de tener intermediarios a la hora de capacitar
potenciales empleados y contará para ello con fondos estatales. El Gobierno
prevé implementar la medida a través de un decreto, que está a tiro de la firma
del presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el propio
Bullrich.
La nueva “Agencia de Talentos” absorberá la actual Dirección
Nacional de Formación Profesional y la Coordinación de Terciarios Técnicos,
hasta ahora dependientes del INET, que transferirá además la facultad de
evaluar los planes de estudios. Y lo hará con objetivos bien distintos:
mientras que en el INET tenían representación el Estado, los sindicatos y el
sector privado, en una mesa tripartita que funcionó como política pública desde
la sanción de la ley de Educación Técnico Profesional en 2005, la “Agencia de
Talentos” macrista está diseñada exclusivamente para beneficio del sector
privado. Según consta en el borrador del decreto al que accedió este diario, el
organismo tendrá como objetivo “prospectar la demanda del sector socioproductivo de forma sistemática
y unificada”, lo que se traduce en que el Estado hará un inventario de
las necesidades de formación profesional que presenten las empresas. También
tendrá la facultad de “determinar los programas de formación en función de la
demanda identificada”, es decir, que la formación de técnicos estará adaptada a
los requerimientos corporativos. No hay en todo el decreto mención a la
participación del sector sindical en el proceso.
“De concretarse esta
nueva iniciativa privatizadora de Bullrich, las escuelas técnicas, en lugar de
enseñar a pensar, a discernir, a apropiarse críticamente de las herramientas
científico técnicas, pasarán a formar mano de obra barata para las empresas.
Los estudiantes pierden libertad dentro de su formación, en la que intervenían
la comunidad educativa y el Estado y ahora será sólo decisión de las empresas.
Cada vez está más claro que Bullrich es un gerente de recursos humanos, como se
definió el mismo, que un ministro de Educación, que es lo que necesita el
país”, señaló el secretario gremial de Ctera, Eduardo López.
“Recursos humanos”
Algo de lo que se vendrá con la nueva agencia lo había
adelantado el propio Bullrich en una columna de opinión publicada en el diario
Clarín a principios de octubre. Allí aseguró que con el objetivo de “preparar recursos humanos para
el mundo de hoy, ser permeables a lo qué pasa en ese mundo”, durante el
último año el INET y el Ministerio de Trabajo “realizaron una encuesta a casi
900 empresas, para ver qué es lo que necesitan de nuestros recursos humanos”.
En esa misma línea, el decreto que está a punto de publicarse dice en su tercer
artículo que la Agencia se enfocará en “prospectar la demanda del sector socioproductivo”,
lo que acota drásticamente los fines del INET, que según la ley de formación
técnica buscaba educar en “una
política nacional y federal, integral” articulada entre “los ámbitos de la ciencia, la
tecnología, la producción y el trabajo”.
“El decreto plantea
que el eje central de la formación profesional y técnico superior tiene que ver
con la demanda del sector socioproductivo. La educación, contrario a lo que
plantea este gobierno, no está para resolver la demanda de un sector, sino para
formar en función de un proyecto de país y de las necesidades del conjunto”,
advirtió el secretario gremial de UTE, Guillermo Parodi. “El decreto tiene muchas debilidades –indicó Parodi–. Imaginemos que viene una empresa muy
poderosa, se instala en el país, forma profesionales muy específicos de acuerdo
a lo que necesita y luego de se va o decide cambiar el plan de negocios. El que
se formó en ese perfil viejo se quedó sin poder trabajar y además, no tuvo
antes formación general, que es la que se da ahora. Es un intento más de
precarización.”
Transfiriendo fondos
El INET fue creado por la Ley de Educación Técnico
Profesional, sancionada en 2005 a fin de regular de funcionamiento de las
instituciones de la educación técnica en todo el país. Según esa ley, el INET
se llevaba el 0,2 por ciento del total del presupuesto. Para 2016, esa cifra
fue de 3300 millones de pesos, casi un 4 por ciento de las partidas del
Ministerio de Educación. La intención del Gobierno, según se desprende del
borrador de decreto al que accedió este diario, es transferir al menos dos
tercios de los recursos del INET a la nueva “agencia de talentos”.
“Hasta hoy, las
empresas históricamente tomaban técnicos con formación general e invertían en
una mayor capacitación de acuerdo a su necesidad específica. A través de esta
nueva agencia, van a tercerizar esa tarea en el Estado. Es una transferencia de
ingresos del sector educativo a las empresas”, explicó Parodi. “Es materia de discusión si el Estado
debería o no subsidiar a las empresas en el proceso de formación de sus
trabajadores. Lo que está fuera de discusión es que tenga que financiarse con
fondos de la educación”, puntualizó.
Como paso previo a la transferencia, Bullrich se dedicó el
último año a subejecutar el presupuesto del INET, tal como lo hizo con el área
de Infraestructura y Equipamiento y los programas de Formación Docente, entre
otros. En el caso del INET, se llegó al tramo final de 2016 con apenas el 11
por ciento del presupuesto ejecutado. También hubo indicios del desguace en el
presupuesto 2017, en el que el organismo recibió un recorte de más de 900
millones de pesos, dejándolo por debajo del 0,2 por ciento establecido por ley,
según un informe de UTE y del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación
Germán Abdala de ATE Capital.
Otra vez por decreto
No será esta la primera vez que el Gobierno modifique por
decreto una norma relacionada con la educación. En diciembre de 2015, el
decreto 13/2015 que estructuraba el nuevo organigrama del Ejecutivo omitió
mencionar la Ley de Financiamiento Educativo, lo que despertó el rechazo
unánime de la comunidad educativa. El decreto fue corregido y Bullrich dijo que
se había tratado de un “error”.
En diciembre pasado, el decreto 1222/2016 transfirió los canales Encuentro y
Pakapaka de la órbita de Educación a la Jefatura de Gabinete, en contradicción
con la ley de Educación.
En este caso, de publicarse el decreto, se modificarían
varios artículos de la ley de Formación Técnica: el 32º, sobre las funciones
del INET; el 34º y el 35º, para quitarle a ese organismo la función de realizar
un “registro de instituciones” de la educación técnica; y los artículos 26º,
27º y 28º, que trasladarán a la Agencia de Talentos la facultad de homologar
los títulos secundarios.
REGAZZONI ASEGURÓ QUE EL RECORTE DE SUBSIDIOS EN EL PAMI
SÓLO AFECTARÁ A UNOS 2.500 AFILIADOS
EL DIRECTOR DEL PAMI, CARLOS REGAZZONI, ASEGURÓ ESTE DOMINGO QUE TODOS
LOS AFILIADOS DE LA OBRA SOCIAL QUE NECESITEN UN SUBSIDIO PARA ACCEDER A
MEDICAMENTOS "LO VAN A TENER" Y SEÑALÓ QUE UN RECORTE EN ESE
BENEFICIO SÓLO AFECTA A UNOS 2.500 JUBILADOS DE ALTOS INGRESOS.
De acuerdo a lo que precisó el funcionario, serían unos
2.500 jubilados los que dejarían de percibir el subsidio y que posteriormente
se va a revisar cada uno de los casos a la hora de renovarlos.
"Se van a revisar solamente aquellos casos en donde tienen
prepaga o los que tienen automóviles de lujo", detalló Regazzoni en
declaraciones a Radio 10.
El funcionario defendió de esa forma la medida anunciada
este sábado para revisar las coberturas del 100% del precio de los medicamentos
para quienes cuenten con una prepaga, posean un auto de menos de 10 años o más
de un inmueble, una aeronave, una embarcación, o cobren más de 1,5 haberes
previsionales mínimos.
Sobre la forma en la que se va a determinar si un afiliado
debe continuar teniendo el subsidio o no, el responsable de la obra social de
los jubilados explicó que se seguirán "criterios objetivos".
"Se está utilizando el mismo criterio con el que se
entrega la tarifa social con la diferencia de que en esta ocasión el PAMI va a
tener vías de excepción en todos los casos", sostuvo.
De acuerdo a Regazzoni, se hará un análisis de los casos
particulares ya que está "la variable de que los medicamentos pueden ser
realmente muy costosos; en esos casos usted puede tener un buen pasa y verse
superado por los costos".
"Lo que hay que corregir es la distorsión. Por supuesto
que hay personas que tienen un auto de menos de 10 años (de antigüedad) y que
necesitan el subsidio y lo van a tener o que ganan tres jubilaciones pero
requieren muchos remedios y también lo van a tener", aseguró.
El funcionario evitó definir la medida como un recorte y
aseguró que solamente "es un punto a partir del cual se activan los
mecanismos de revisión y de control" aunque la quita del beneficio será
"indudable solamente en los casos" de los afiliados que tengan barcos
o aviones, aseguró.
Regazzoni recordó además que la totalidad de los jubilados a
los que asisten "van a seguir teniendo el 50% de descuento en farmacias y
además el 80% en el caso de los medicamentos para enfermadades crónicas"
como la diabetes, el colesterol o la presión arterial.
Además, aseguró que se "va a seguir cubriendo el 100%
medicamentos oncológicos, para el HIV y medicamentos de altos costos para
enfermedades especiales".
UNA CAUSA EN EL REINO DEL REVÉS
EL INFORME DE VIALIDAD NACIONAL QUE DESARMA LAS ACUSACIONES CONTRA BÁEZ
Es un estudio encargado para acusar al empresario e intentar
probar que lo cubrían desde el gobierno nacional. Pero no encuentra
incumplimientos graves, ni interferencia federal, ni pagos indebidos.
La auditoría de la Dirección Nacional de Vialidad hecha por
el propio macrismo destroza la mayoría de las acusaciones lanzadas contra
Lázaro Báez desde la fiscalía y sobre todo desde los medios. Una lectura a
fondo de las 33 páginas del documento confirma la conclusión general de la
Unidad de Auditoría Interna, que sostiene que “no se evidencian deficiencias constructivas de relevancia, como así
tampoco tareas que hayan sido certificadas sin ejecutarse, salvo unos pocos
casos puntales que se detallan”. O sea que las obras se hicieron bien y no
se cobró nada que no se hubiera hecho, ya que no se emitieron certificados de
finalización de trabajos que no estuvieran terminados.
Con esos certificados es que las constructoras realizan los
trámites de cobro. En el terreno mediático se quiso dejar la impresión que gran
parte de las obras no fueron terminadas, pero el informe indica que en algunos
casos se paralizaron en noviembre de 2015 a raíz de que se frenaron los pagos,
en otros se terminaron en un noventa por ciento y en otros el mismo texto
indica que estaba justificada la paralización. Por ejemplo, porque no se había
concretado una expropiación de terrenos, algo que no estaba en manos de las
empresas de Báez sino del gobierno provincial. Las empresas de Báez se portaron exactamente como otras contratistas
que tienen obras inconclusas y paralizadas, con porcentajes aún menores de
avance. Los encargados de la auditoría tampoco encontraron sobreprecios y
fueron elogiosos con la calidad de las obras.
El uso de la auditoría de Vialidad en la causa judicial es
grotesco por varias razones:
En primer lugar, porque no se trata de una pericia. Es un
estudio hecho por funcionarios que trabajan bajo el mando de Javier Iguacel, ex
candidato a intendente de Cambiemos en Capitán Sarmiento. O sea que no es una pericia en la que las partes tienen control y participación,
sino un trabajo a cargo de la estructura del PRO. El texto lo firman los
ingenieros Justo Romero y Marín González Oría, y el contador Marcelo Bianchi.
La auditoría se hizo
únicamente respecto de Santa Cruz, es decir que estuvo direccionada. No importaron
las demás 23 provincias del país ni la ciudad de Buenos Aires porque el
objetivo era condenar al kirchnerismo, no investigar la obra pública.
La auditoría se centró en las empresas de Báez y no en las
cuarenta constructoras que participaron de licitaciones y consiguieron más
adjudicaciones que el constructor santacruceño. En las otras empresas que
actuaron en Santa Cruz se verifica exactamente el mismo comportamiento que en
las empresas de Báez.
En la misma línea, la
auditoría se concentró únicamente en la construcción de rutas y no se indagó
sobre el resto de la obra pública. Todo estuvo direccionado.
Aún así, el informe de los auditores refuta la mayoría de
las acusaciones.
Ruta Nacional 3
“De las catorce obras
contratadas sobre la Ruta 3, diez están terminadas”, señala la auditoría en
la página cinco. Todas ellas fueron concretadas por convenio con la provincia
de Santa Cruz, es decir que la administración provincial licitó, adjudicó y
controló las obras. O sea que no se
puede, razonablemente, adjudicarle la responsabilidad al gobierno nacional de
desfases, aunque la realidad es que no los hubo.
De las cuatro no terminadas “tres conforman en su conjunto
una sola obra” centrada en la circunvalación de Caleta Olivia. El informe
indica que “se trata de una obra
sumamente compleja, con dificultades e imprevistos surgidos durante la
ejecución, además de una alta conflictividad social debido a que en la
actualidad se formaron barrios sobre la margen de la obra, por lo que la
circunvalación atraviesa sectores que fueron paulatinamente poblados”.
En las cuatro obras no terminadas hay una sobre la ruta 3
que no es de Austral ni de ninguna empresa del grupo Báez. Es un tramo que une
Tres Cerros y San Julián. Debía entregarse en diciembre de 2016 y al momento de
hacerse la auditoría llevaba 32 por ciento de avance y “se encuentra paralizada
desde marzo de 2015”. Es decir que la empresa que no era de Báez es la que
registra más atraso, aunque la propia auditoría considera razonable que esté
paralizada porque hay que desplazar personas asentadas en los terrenos por los
que debía hacerse la obra.
Un dato significativo que surge del estudio es que se
recomienda terminar las obras porque “son
de la mayor prioridad” por ser de intenso tráfico y porque permitiría tener
la ruta 3 completamente repavimentada en todo
Santa Cruz hasta el límite con Chile.
Ruta Nacional 40 Norte
La 40 es estratégica porque va paralela a la Cordillera de
los Andes de Chubut hasta el límite con Chile. El primer tramo que consigna el
informe es el del norte de Santa Cruz. “Este
tramo consta de 15 obras entre el límite con la provincia de Chubut y la ciudad
de El Calafate. Doce de las obras están terminadas y tres en ejecución, dos de
ellas muy próximas a terminarse”. Así resume la auditoría el segundo grupo
de obras en importancia.
De las quince obras, doce se realizaron por convenio entre
Vialidad Nacional y Santa Cruz, por lo cual la provincia estuvo a cargo desde
las licitaciones hasta el control de obra. Hay dos tramos adjudicados a
Petersen y terminados en un 95 por ciento y la auditoría dice textualmente “dos obras entre Lago Cardiel y Tres Lagos,
de más reciente contratación, el comitente es Vialidad Nacional, presentando un
avance del 32 por ciento”. El texto señala que las obras se paralizaron en
noviembre 2015, según parece por la
falta de pago ya que la administración Macri congeló los fondos. El texto
señala que hasta ese momento se estaba trabajando.
La conclusión sobre las obras en la Ruta 40 es que “la mayoría de las obras están terminadas y
hay dos que correspondieron a Austral Construcciones que registran un avance
del 32 por ciento, con una ejecución ordenada”.
Ruta Nacional 40 Sur
La auditoría menciona seis obras, cinco concretadas por
Austral Construcciones y una por Petersen. En todos los casos se realizaron por
convenio con la Provincia de Santa Cruz, es decir que también en estos casos
fue Vialidad Provincial la que licitó, adjudicó y controló las obras.
“Está prácticamente
finalizado el tramo desde 28 de Noviembre a Rostempek”.
De Rostempek a Puente Blanco está paralizado y neutralizado
desde 2014. En esta obra resta por resolver la liberación de la traza, que se
encuentra en trámite de expropiación. Neutralizado
significa que no se avanza en la obra ni se le paga a la constructora. Y la
parálisis se debe a que las tierras deben ser expropiadas, algo que tiene que
hacer la provincia.
Puente Blanco-Bella Vista, 81 kilómetros, está paralizada
por la misma razón con un avance del sesenta por ciento. En esta obra hay una parte no terminada que ya se pagó y una parte
terminada que no se pagó. Ambas cosas aparecen en el informe y parecen
compensarse.
Bella Vista-Buitreras está terminada
Buitreras-Güer Aike también terminada.
En la única obra que
no quedó en manos de Austral, Chimen Aike-Punta Loyola, la obra se encuentra
paralizada y neutralizada desde septiembre de 2015. Incluso la auditoría
menciona partes que están certificadas, pero sin terminar.
La conclusión es que
las obras están casi todas terminadas y que los problemas de finalización
–muchas veces porque falta expropiar tierras– se dieron tanto en Austral como en otras constructoras.
Ruta Nacional 281 Puerto Deseado
Se trata de dos obras, ambas realizadas por una empresa del
grupo Báez, Kank y Costilla. Son 126 kilómetros, es decir un emprendimiento de
importancia. La primera obra está paralizada desde hace dos años con un avance
del 91 por ciento. El nueve por ciento que falta es la pavimentación del
autódromo de Puerto Deseado. La segunda obra, del kilómetro 32,55 al 126 está
terminada. La auditoría destina un
párrafo a elogiar el “muy buen estado general” de ambos trabajos.
Ruta Nacional 288
Es una ruta que atraviesa la provincia de Santa Cruz de Este
a Oeste. Son cuatro obras, todas a cargo del grupo Báez y todas en convenio con
la provincia, que fue la que las licitó.
El acceso a Puerto Santa Cruz se paralizó en noviembre de 2015, por falta de
pago. Está ejecutada en un treinta por ciento pero el informe señala que el
acceso al puerto está prácticamente terminado y que se hicieron “tareas de bacheo que superaron las
previsiones del proyecto, aunque la empresa nunca reclamó el cobro adicional de
estas tareas”. En toda la descripción que hacen los auditores dejan
asentado que la obra está bastante avanzada. La segunda obra, Piedrabuena-La
Julia, está terminada. Sólo falta demoler un puente viejo. De La Julia a
Kilómetro 75 está paralizada desde noviembre de 2015, también por falta de
pago. Estaba previsto su plazo hasta 2016 y se ejecutó el 45 por ciento.
Kilómetro 75-Tres Lagos también paralizada desde noviembre de 2015 por falta de
pago. El avance es del 34 por ciento.
Evaluaciones
Como surge de las
transcripciones de la auditoría, se difundió un cuadro falso de la situación.
Buena parte de las obras están terminadas y las que no se terminaron obedecen a
falta de pago o expropiaciones en curso y en unos pocos casos rediseño de las
obras que el estado provincial tardó en aprobar. Pero el punto clave es que
la auditoría dice que Báez no cobró obras que no se hicieron o partes que no se
terminaron. El mecanismo es que el Estado entrega un certificado y ese
certificado permite cobrar. El texto dice: “respecto
de la emisión de certificados cabe mencionar que, en principio, los desajustes
observados no se consideran relevantes en relación a la magnitud de las
respectivas obras”.
Hay dos o tres puntos que la Auditoría marca, pero que no
cambian sustancialmente las cosas. Los auditores sostienen que los pliegos
indican que los directores técnicos de las obras deben estar siempre presentes.
En ese terreno señalan que Báez tuvo el mismo director técnico en varias obras
lo que hacía imposible que ese ingeniero estuviera en varios lugares al mismo
tiempo. Algo parecido objetan respecto de la maquinaria vial. Los auditores
mencionan que los pliegos indicaban que las máquinas debían ser exclusivas de
cada obra, pero que Báez utilizó en más de una obra.
Respecto de estos puntos, como la auditoría fue hecha por
los funcionarios macristas, no hay una respuesta de Austral Construcciones o
del propio Báez. Y, por otra parte, quien debía controlar esos aspectos
–claramente menores– eran los funcionarios de Santa Cruz. Adjudicarle la
responsabilidad a una asociación ilícita encabezada por la Presidenta es
directamente descabellado.
Conclusión
En el capítulo final del informe de la Auditoría de Vialidad
Nacional se repite concretamente:
“Existieron
incumplimientos reiterados de los plazos de obra”. Sin embargo, esos
atrasos o paralizaciones aparecen explicadas en el mismo informe de auditoría.
Además se ve con claridad en el texto que otras adjudicatarias estuvieron
exactamente en la misma situación.
“Del examen practicado no se evidencian deficiencias
constructivas de relevancia, como así tampoco tareas que hayan sido
certificadas sin ejecutarse”.
“Los desajustes de
certificación de obra observados no se consideran relevantes en relación a la
magnitud de las respectivas obras”.
La coalición politica-judicial-mediática armó un gigantesco
globo sobre la base de un informe que dice exactamente lo contrario.
VUELVE MACRI Y MANDA A BERGMAN A COTIZAR LA “PROFECÍA APOCALÍPTICA”
EL MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE VIAJA HOY A LA PAMPA Y RÍO NEGRO A
CUANTIFICAR PÉRDIDAS POR LOS INCENDIOS. MAÑANA JURAN DUJOVNE Y CAPUTO EN LA
ROSADA.
La Pampa.. El fuego no sólo arrasó con las
cosechas. También generó pérdidas en el ganado y propiedades. En diciembre
fueron reportados 132 incendios en 10 jurisdicciones distintas.
Mauricio Macri
enviará hoy a Sergio Bergman a cotizar las pérdidas sufridas por las provincias
de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires a partir de los incendios que el ministro
de Medio Ambiente había comparado con una "profecía apocalíptica". El
funcionario llegará a las 8.30 a Santa Rosa para reunirse con el gobernador
pampeano Carlos Verna, luego se trasladará a Veladero y desde allí a la
provincia de Río Negro donde visitará a productores de la localidad de Río
Colorado afectados por el fuego.
El Presidente le encomendó a Bergman un relevamiento de las
pérdidas ambientales, y económicas, sufridas por La Pampa y Río Negro y el sudeste
de Buenos Aires a partir del incendio que quemó más de 800 mil hectáreas. El
ministro deberá elevar un informe con estimaciones de los créditos y recursos
que la Nación enviará a través de Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), en
principio, directamente a los municipios afectados. A pesar de que el fin de
semana circularon versiones sobre una inminente salida del funcionario del
gabinete nacional, en Casa Rosada minimizaron esa posibilidad al menos en el
corto plazo.
En plenas vacaciones, Macri le pidió la renuncia a Alfonso
Prat Gay y hoy, en su primer día de actividad oficial del año, apuntará a
mostrar activo a Bergman para evitar nuevas bajas en el gabinete. El esquema
busca oxigenar al ministro para intentar revertir la incapacidad exhibida
durante las inundaciones, los incendios y el absurdo diagnóstico de "profecía apocalíptica"
que obligó al funcionario a rectificarse públicamente a través de los medios.
Bergman viajará junto al ministro de Agricultura, Ganadería
y Pesca, Ricardo Buryaile, y con el vice ministro del Interior, Sebastián
García de Luca. Tras haber estado el jueves pasado junto a los brigadistas en
el foco de los incendios en La Pampa, el ministro de Ambiente supervisó el
viernes las tareas de prevención que se realizan en los Parques Nacionales a
través de los ICE (Departamentos de Incendios, Comunicaciones y Emergencias) en
el Parque Nacional Lanín.
El Poder Ejecutivo Nacional podría avanzar con
modificaciones en el gabinete a partir del segundo trimestre del año, cuando la
campaña electoral ya esté explícitamente instalada y algunos ministros y
secretarios sean consagrados como candidatos para las legislativas. La semana
próxima se haría oficial la salida de Daniel Chaín de la Secretaría de Obras
Públicas. El radical Buryaile dejará el Ministerio de Agricultura para ser
candidato en Formosa. Otro radical, José Cano, titular del Plan Belgrano,
acompañará al peronista Domingo Amaya, secretario de Vivienda y Hábitat de la
Nación en la boleta de Cambiemos en Tucumán.
El encuentro Bergman-Verna, programado para las 9.00 de hoy,
llegará después del portazo que pegó en noviembre el gobernador de La Pampa
durante una reunión con sus colegas de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; Río
Negro, Alberto Weretilneck; Neuquén, Omar Gutiérrez, y Mendoza, Alfredo
Cornejo, en el marco del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO)
previos a la concreción de la presa Portezuelo del Viento. Verna abandonó ese
encuentro con insulto incluido para Cornejo. La Pampa votó en disidencia el
proyecto de la presa Portezuelo del Viento, pero se acordó, previo a la
adjudicación de la obra, un estudio de impacto ambiental que ya fue presentado
por Mendoza ante el Comité Ejecutivo de Coirco y un plan de manejo del agua de
la presa que también ya fue presentado.
Además de los incendios y la tensión con Verna, Macri deberá
hacer equilibrio con los gobernadores después de otorgarle a Vidal un adelanto
de $25 mil millones por el Fondo del Conurbano. El Presidente convocó a los
mandatarios provinciales para el 2 de febrero próximo con el fin de avanzar en
la discusión de un nuevo esquema de distribución de impuestos. García De Luca
defendió la transferencia de $25.000 millones al Gobierno de Vidal, al afirmar
que el Ejecutivo nacional contempló "la necesidad que tiene la provincia,
y el conurbano".
Mañana a las 17.00, en el Salón Blanco, el jefe de Estado le
tomará juramento a los titulares de las carteras de Hacienda, Nicolás Dujovne,
y de Finanzas, Luis Caputo. El miércoles, Marci iría a la provincia de Córdoba
para participar del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María junto
al gobernador peronista, Juan Schiaretti. En cuanto a la agenda internacional,
Macri no será parte del Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza, donde el
país estará representado por la canciller, Susana Malcorra.
El primer viaje confirmado es en febrero y el destino es
España, donde se reunirá con su par ibérico, Mariano Rajoy, para mantener una
reunión bilateral en el Palacio de la Moncloa.
CÓRDOBA
AÚN RIGE LA ALERTA POR FUERTES TORMENTAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
EL INFORME SE ACTUALIZARÁ A LAS 10.30 DE ESTE LUNES.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta
madrugada un alerta meteorológico por tormentas fuertes que afectan a Córdoba,
noreste de La Pampa y San Luis.
De acuerdo al SMN, "comienzan a generarse áreas de
lluvias y tormentas sobre el área de cobertura".
El organismo precisó que "algunas de estas tormentas
podrían ser localmente fuertes con ocasional caída de granizo, abundante caída
de agua en cortos períodos de tiempo".
El informe será actualizado a las 10.30.
A DOS SEMANAS DEL ASALTO EN COFICO, SÓLO HAY VARIAS DUDAS
El nuevo jefe de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba,
el comisario inspector Alejandro Mercado, no tendrá tiempo para acomodarse en
su oficina de Jefatura. Es que tiene pendiente el mismo enigma que lo catapultó
a ese puesto: esclarecer el asalto en barrio Cofico y cuál fue el destino del
botín.
Aquel robo ocurrido hace 17 días, que hoy tiene a un
subcomisario preso (Víctor Barrionuevo) y un sinfín de rumores, ya ha generado
diferentes sismos en estas dos semanas.
El último de ellos ocurrió el jueves pasado: ante la falta
de avances en la causa, el Gobierno provincial echó al jefe de Investigaciones
Criminales, Calixto Luna, reemplazado por Mercado.
Antes, habían sido desplazados el comisario de Villa Allende
y la cúpula de Investigaciones de esa ciudad, a la que se reportaba Barrionuevo
hasta su detención.
Cambios internos que continuarían esta semana, según
deslizaron distintas fuentes.
En el medio de esta crisis policial, que genera nerviosismo
en el Gobierno, hoy existen tres claves aún rodeadas de puntos suspensivos, a
las que Mercado y su gente deberán abocarse de inmediato.
Policía. El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa,
mantiene las imputaciones contra el subcomisario Barrionuevo (37) y cuatro
civiles: Roberto Rivero (45, con antecedentes por robo), Daniel Zárate (40, con
antecedente por homicidio en ocasión de robo en 1993), Carlos Bruni (34,
taxista de Villa Allende, con antecedentes por encubrimiento) y Roberto Olmos
(41, con antecedentes por portación de arma de guerra).
Todos fueron detenidos el sábado 24 de diciembre a la
madrugada en la Bajada Alvear, de la ciudad de Córdoba, minutos después del
asalto ocurrido en Cofico.
Se movilizaban en una Peugeot Partner y en una Ford Ranger.
En la primera se secuestraron un revólver calibre 38, una radio tipo handy con
la frecuencia policial, cinco handies de baja frecuencia, dos amoladoras, una
barreta, una pinza, pasamontañas, guantes y sogas, entre otros elementos.
Se los acusa de haber ingresado a asaltar en el domicilio de
Faustino Allende y Sucre, donde se realizaba una reunión privada a la que
asistían magistrados, políticos y funcionarios judiciales.
Sin embargo, el botín no aparece. La fiscalía sospecha que
otros policías pudieron haberlo robado al momento de la detención.
Pero, a esta altura, ya se duda también de la participación
de los detenidos en aquel asalto.
¿Y si fue otra banda, también con elementos policiales?
Este interrogante aparece cada vez más seguido.
¿Qué se robaron?
Hasta ahora, la denuncia indica que los ladrones buscaban
una caja fuerte que la dueña de casa, María Teresa Paneta (una abogada que supo
ser funcionara en el Gobierno de Ramón Mestre padre), dijo que no existía.
Fue entonces que a todos los presentes, que no serían menos
de 20 personas, les sacaron sus objetos personales: alhajas, relojes de oro,
dinero y teléfonos.
Lo único que se encontró, minutos después del robo, fue una
cartera abandonada con 11 celulares iPhone, en un tacho de basura de barrio
Pueyrredón. Conocedores de que estos aparados tienen rastreo, los ladrones
rápido se deshicieron de ellos. Un dato que se tiene en cuenta para sospechar
de la complicidad policial.
No obstante, fuentes con acceso a la causa aseguran que 17
días después, tampoco está del todo claro el monto real de lo que se llevaron
los delincuentes, algo que no deja de ser llamativo.
Las víctimas. En esa reunión estaban, entre otros, Olga
Riutort, el exsecretario de Transporte de la Municipalidad de Córdoba Juan
Pablo Díaz Cardeilhac, el juez federal Luis Rueda y su mujer Patricia Messio
(exsecretaria de Asistencia y Prevención de la Trata de Personas), el vocal del
Tribunal Superior de Justicia Sebastián López Peña, el exfiscal General de la
Provincia Darío Vezzaro, y los abogados José Cafferata Nores y Carlos
Hairabedian. La mayoría, con sus parejas.
Sin embargo, desde entonces los propios asistentes
comenzaron a relatar que los nombres de otras personas que allí se encontraban
no habían salido a la luz, como es el caso del dueño de Kolektor (la empresa
encargada de la recaudación en la provincia de Córdoba), Hermann Karsten.
En la denuncia que investiga Garzón, Karsten no figura.
Las fuentes indican que falta que declaren algunas de las
víctimas, por lo que recién entonces se sabrá con precisión quiénes estaban.
En caso de que aparezcan nuevos nombres, no se descartan
imputaciones por falso testimonio.
El dato no es menor, porque si no se sabe a quiénes le
robaron tampoco se puede precisar qué botín se está buscando.
LA PAMPA
ASEGURAN QUE LOS INCENDIOS "ESTÁN CONTROLADOS"
EL DIRECTOR GENERAL DE DEFENSA CIVIL DE LA PAMPA, LUIS ALBERTO CLARA,
ASEGURÓ HOY QUE LOS INCENDIOS FORESTALES QUE AFECTARON UNAS 800 MIL HECTÁREAS
EN DISTINTAS ZONAS DE LA PROVINCIA ESTÁN "CONTROLADOS" Y ADVIRTIÓ QUE
“EL IMPACTO AMBIENTAL SERÁ GRAVÍSIMO”.
“El impacto ambiental que se produjo por los incendios será
gravísimo y las pérdidas económicas también, el fuego fue incontrolable por el
viento, las altas temperaturas, la baja humedad, la cantidad de pasto y la
sequía, la gente de la zona dice que nunca vio algo así”, dijo el funcionario a
Télam.
Clara manifestó que en la localidad de La Adela, ubicada al
sureste pampeano, "tenemos un foco de los que quedaban activos que ya fue
controlado y en otro se está trabajando para circunscribirlo y controlarlo”.
Siguiendo en ese sentido, el funcionario además explicó “los
focos de las localidades de Puelches y Perú están circunscriptos y se está
trabajando sobre el de El Durazno” y advirtió que se activó un nuevo incendio
en la zona de Victoria, en el oeste provincial, donde trabajan distintas
cuadrillas.
“La gran mayoría de los incendios están controlados. La
situación actual ya es otra con respecto al avance del fuego en los últimos
días, sabíamos que esto podía ocurrir y va a seguir durante enero pero
esperamos que no sean incendios de esta magnitud”, destacó Clara.
La provincia de La Pampa declaró la emergencia agropecuaria
el pasado viernes para las zonas afectadas por los incendios forestales que
según el gobierno provincial, afectaron más de 800 mil hectáreas, ocasionado
pérdidas a los productores por más de 1.000 millones de pesos.
Como una medida de prevención, las subsecretarías de Turismo
y de Ecología decidieron cerrar el ingreso de turistas a la Reserva Provincial
Parque Luro, ubicada sobre la ruta nacional 35 al sur de Santa Rosa, desde hoy
y hasta nuevo aviso.
ECONOMÍA
PARA PRIVADOS, LA INFLACIÓN TREPÓ 40,1% EN 2016
PARA LA CONSULTORA ECOLATINA, EL AÑO FINALIZÓ CON UN AUMENTO DE PRECIOS
DEL 40,1%, MIENTRAS ESTIMÓ QUE DICIEMBRE PASADO CERRÓ CON UN ALZA DEL 1,6%.
En su Informe Semanal destaca que, "pese a la moderada
suba de precios registrada en diciembre de 2016 (+1,6%), el IPC para Capital y
el Conurbano bonaerense trepó 40,1% el año pasado. Dicho incremento superó por
casi 11 puntos porcentuales la suba registrada en 2015 (+29,2%), y por más de
dos puntos porcentuales al aumento de 2014. Además, se ubica apenas por debajo
de 2002 (+41%)".
Cabe remarcar, que "los precios de los bienes y
servicios regulados por el gobierno fueron los que más crecieron en 2016".
Estos, según relevamiento de la consultora, treparon 66% a lo largo del año
pasado, el cual estuvo traccionado por la aplicación de los nuevos cuadros
tarifarios en Ciudad y GBA: electricidad (+467% anual), agua (+300%), gas
(+254%) y transporte público (+70%).
En tanto, el INDEC difundirá el miércoles la inflación
correspondiente a diciembre, que se ubicaría en torno al 1,5%, según diversas
estimaciones.
Según la medición elaborada por el Gobierno porteño, el
costo de vida durante el último mes de 2016 estuvo por debajo del 1,5%, por lo
cual el año terminó con un alza del costo de vida del 40%.
Se trataría del menor nivel de diciembre de los registrados
en ese mes durante los últimos años ya que en el 2012 fue del 2%; en el 2013
del 2,3%; el del 2014 un 1,5%; y 2015 un 3,9%.
En esa línea, el Banco Central pronosticó que la inflación
de diciembre se ubicará por debajo del 1,5%, por lo cual ratificó que la
autoridad monetaria "estaría cumpliendo con su objetivo para el último
trimestre".
En tanto, la fundación FIEL calculó una inflación del 1,5%
para diciembre, lo cual llevaría a un acumulado anual de 37,2%.
Por su parte, el sondeo del estudio Bein determinó una suba
más marcada, al ser del 1,7% y del 39,9% para todo 2016.
La consultora Elypsis dijo que diciembre terminó con una
inflación del 1,2% para el área de la ciudad de Buenos Aires y del 39% durante
todo el año.
El último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
difundido por el organismo que conduce Jorge Todesca arrojó un 1,6%, mientras
el rubro Equipamiento y Mantenimiento del Hogar creció 2,6% por la suba en
tarifas de gas, mientras el de Alimentos y Bebidas avanzó un 1,9%.
CAMPO
OPINIÓN
RECEN POR MÍ
Por Mario Wainfeld
DESPIDOS Y GOLPIZAS PARA DOCENTES. BERGMAN, LOS AFORISMOS, SU LLEGADA
TARDÍA, LA SUBEJECUCIÓN, MOTIVOS PARA PEDIR AYUDA DIVINA. DUJOVNE: PRIMERAS
MEDIDAS SIN FISURAS. LAS CARGAS SOCIALES, UN CLÁSICO DEBATE CON ANTECEDENTES
CONOCIDOS. LA PRESIÓN FISCAL Y LA PROTECCIÓN SOCIAL: UN HILO CONDUCTOR IGNOTO
PARA EL MACRISMO. LA CGT: SORPRESA SIN RAZÓN Y REACCIONES A TRANCO LENTO.
El ministerio de Educación despide a miles de docentes, se
lo comunica para las fiestas de fin de año. El momento no es el más piadoso: se
justifica alegando que se trata de contratos que finalizaban el 31 de
diciembre. La medida puede anticiparse, preavisarse aunque no haya estricta
obligación legal.
La reacción colectiva se expresó, entre otros recursos, con
movilización pacífica al Palacio
Pizzurno. Se repitió el protocolo macrista inaugurado un año atrás: los
manifestantes fueron reprimidos y apaleados. Varios cesanteados gozan de
protecciones especiales: delegados, embarazadas, personas con discapacidades.
Algunos despidos se revisan, una vuelta atrás que no borra todo el sufrimiento
físico-psíquico. Macrismo explícito: primero golpear, después se ve…
El ministro del área, Esteban Bullrich, había prometido que
no habría despidos cuando se negoció la Paritaria Nacional Docente de 2016. No
dio explicaciones sobre su cambio de parecer, entre otros motivos porque está
de vacaciones.
Su colega de Medio Ambiente, el rabino Sergio Bergman, rezó
intensamente en su lugar de descanso mientras sendas porciones importantes del
territorio nacional padecen inundaciones o incendios. Regresó a ritmo cansino,
sindicó el problema como “una profecía apocalíptica” mezclando acaso su
discurso con el de la diputada Elisa Carrió. Luego se echó atrás, tratando de
encontrar una justificación a su enésimo disparate verbal. Proferir aforismos
berretas desde la oposición es más sencillo que hacerlo desde un espacio de
gestión, que requiere rogar a Dios y dar con el mazo, póngale.
Bergman es master en una disciplina cara al macrismo: la sub
ejecución presupuestaria, que en su área se mide en miles de hectáreas
devastadas. El presidente Mauricio Macri amplió la competencia de su ministerio
agregándole ACUMAR, la agencia que se ocupa del Riachuelo. Ni Bergman ni el
Riachuelo se dieron por enterados, ahora se revierte la movida.
Poner el cuerpo ante una tragedia o una reacción social
potente es una exigencia adicional para los funcionarios. “La gente” suele
exigirlo, fuera cual fuera su color partidario. Bergman y Bullrich lo hurtaron,
ahondando pasividad del primero y la mala praxis del segundo.
Nicolás Dujovne, titular del desguazado ministerio de
Hacienda, sí está presente en el despacho que tradicionalmente correspondía a
Economía. Prestó juramento en una ceremonia desangelada a la que no asistió
Macri, también gozando de vacaciones.
La devolución del cinco por ciento del IVA, un paliativo
para consumidores de escasos recursos, fue dejada sin efecto por Dujovne, antes
de llevar sus enseres a la oficina. No era una promesa de campaña sino algo
(hipotéticamente) más perdurable: un rubro del presupuesto 2017, que se aprobó
con consenso trans partidario y se deja sin efecto.
Las franquicias a los capitales golondrinas concedidas en
cuestión de horas son un beneficio para gentes de mejor posición económica que
se extiende con placer.
Son señales claras: el rumbo se ratifica y se profundiza.
Las reformas a las leyes pro operarias y la embestida contra “el costo laboral”
constituyen un objetivo estratégico que se aspira a profundizar con la
aprobación de las grandes corporaciones empresarias que, sin embargo, insinúan
un prurito: todo lo que ofrece el (su) Gobierno es poco. Los dirigentes
sindicales piensan distinto, claro. El conflicto de intereses está planteado:
de momento la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y la UIA (Unión Industrial
Argentina) son más beligerantes o muestran más conciencia de clase que la cúpula
de la Confederación General del Trabajo (CGT) reunificada. De cualquier forma,
los compañeros triunviros emitieron un alerta.
El año de la marmota: La polémica sobre el costo laboral, la
competitividad y el sistema de protección social es clásica y reflota al vaivén
de los cambios políticos.
Las dictaduras militares sostuvieron una posición nítida. En
la etapa de la recuperación democrática el menemismo obró una regresión
formidable derruyendo lo que restaba en pie del estado de bienestar. Redujo o suprimió “las cargas patronales”. El
ex mega ministro Domingo Cavallo explicó que se liberarían las fuerzas de la
economía, generando puestos de trabajo. El bálsamo no obró esos efectos: el
desempleo aumentó y el salario real fue cayendo, un proceso que la Alianza
completó.
La retórica neoconservadora, en labios de Dujovne, apenas
retoca el discurso. La Argentina, explica, tiene el nivel más alto de “cargas
laborales” de la región, lo que a su (tuerto) ver es “ridículo”.
Falta ponderar que nuestro país tiene el más amplio sistema
de protección social entre los países situados al sur del Río Bravo. Cuando el
kirchnerismo postulaba esa virtud, este cronista señalaba que era modesta
ambición compararse con países vecinos con una tradición más avara en tutela
social. Era (y es) necesario mejorar y ampliar ese sistema que ahora se quiere
demoler, mirando más a la tradición nacional igualitaria que a otros modelos,
para nada superiores.
El “populismo” legó
jubilaciones cuasi universales, debidas a la extensión de la tutela a
quienes no acumularon aportes suficientes, a las empleadas de casas
particulares, a las amas de casa. La Asignación Universal por Hijo (AUH)
incorpora otro derecho, imprescindible aunque no suficiente. El programa
Progresar retoma el camino, para ampliar las coberturas a jóvenes que “salen”
de la esfera de la AUH. Ese
Las cargas sociales, como señalaron los triunviros
cegetistas Juan Carlos Schmid y Héctor Daer son “salarios diferidos” que nutren
al régimen jubilatorio cuasi universal que impera hoy, merced a las políticas
inclusivas del kirchnerismo.
En pocos confines del planeta hay una obra social
comparable al Instituto apodado “PAMI”,
la mayor de todas, destinada a prestaciones adicionales para las personas
jubiladas.
Otros fondos se derivan para sostener el sistema público de
Salud y las Obras Sociales. En este caso, quizá sería más propio hablar de
“salario indirecto”.
El sistema de Salud es imperfecto y costoso pero la solución
no es desfinanciarlo y desguarnecer a los trabajadores. El requerimiento, que
el kirchnerismo no alcanzó a concretar acabadamente, es mejorarlo con “sintonía
fina” y no dejar varados a millones de argentinos.
Compañeros sorprendidos: Las dos CTA y sindicatos claramente
opositores, como los Bancarios arquetípicamente, son minoría dentro del
movimiento obrero. La CGT es, en potencia, la pesa que puede compensar la
balanza. Las réplicas de sus líderes esta semana lucieron cautas pero contienen
una advertencia.
Los compañeros jerarcas pusieron el grito en el cielo por la
brutal recidiva de los despidos, traicionando un acuerdo que habían celebrado
con el Gobierno. Tienen previsto reunirse a fin de enero, un intervalo que luce
excesivo ante la ofensiva patronal-estatal contra el empleo. Insinuaron que tal
vez adelanten el cónclave, si todo sigue igual o escala. No hay otro porvenir
en la hoja de ruta de la coalición oficial: tendrán que apurarse.
Sorprende la sorpresa cegetista. Los dirigentes sindicales
pueden merecer muchos reproches pero no el de ser distraídos o poco atentos a
los requisitos legales de un pacto. Un acuerdo informal, firmado solo por parte
del empresariado, sin prever sanciones para el caso de incumplimiento, vale
menos que el papel en el que está escrito. Es un simulacro: llamarlo “expresión
de deseos” sería un exceso de generosidad o credulidad.
En relaciones de tracto sucesivo y permanente, es
aconsejable amarretear los veredictos definitivos. La calidad de la nueva CGT
se medirá en este año lleno de revivals de derecha, en la negociación colectiva
y en la oposición a las modificaciones regresivas del régimen de trabajo y a la
financiación de la protección social.
Aún sin caer en la tentación de la diatriba prematura, cabe
consignar que la CGT le donó al establishment el nuevo régimen de Aseguradoras
de Riesgos del Trabajo, concebido solo en función del costo empresario y
relegando para un porvenir indefinido cualquier regulación referida a la
integridad física, la salud o hasta la vida de los laburantes. Los líderes
cegetistas, peronistas de ley, saben que los pagos diferidos son como aire en
una canasta... concedieron de contado, favoreciendo las metas del macrismo.
De nuevo, estos son los aprontes. Recién con el correr de
los meses se medirá la valía de los flamantes líderes de la central
obrera.
Un año sin semestres y con urnas: Un Fisco que renuncia por
varias vías a recaudar anticipa desbaratamientos de derechos, a menudo por vía
del desfinanciamiento. En otras va restando prestaciones, “de a puchos”, una
especie de sangría en cuotas. La exclusión de algunos jubilados del subsidio
para recibir remedios gratis es un ejemplo. Se define como privilegiados a
quienes, por caso, tienen un auto usado con menos de diez años de antigüedad.
Una mendaz cruzada contra el privilegio, una volteada que privará de cobertura
a miles de personas… en fin.
La palabra “derechos” no integra el vocabulario macrista. A
su turno, “semestre” será erradicada este año, porque prometer paraísos a plazo
fijo es un búmeran.
De cualquier manera, el Gobierno corre contra reloj porque
debe mejorar sus desempeños pronto. Por ahí, al terminar el primer semestre, en
la inminencia de Primarias, elecciones provinciales
y nacionales. Su prospectiva electoral se ensombrecerá si se sigue agravando la
situación material de la mayoría de los ciudadanos.
La anunciada transferencia de 25.000 millones de pesos a la
provincia de Buenos Aires le complicará las cuentas a Dujovne y las relaciones
con gobernadores opositores al ministro del Interior Rogelio Frigerio. Mejorar
a los territorios propios es arquetípico, ninguna cifra colma el tonel sin
fondo de “la provincia” pero es una fortuna para casi todas las otras.
El Gobierno, fiel a su idiosincrasia, avanza, castiga,
profiere despropósitos. Eventualmente
frena, se retracta. La resistencia
es su límite.
Los deslices verbales de Bergman, su incompetencia
ostentosa, el desempeño esquivo de Esteban Bullrich son síntomas de las
dificultades para gobernar, supeditado a los pronunciamientos electorales.
Como fuera, el Gobierno arrancó enero con reafirmaciones
ideológicas y programáticas. De sus adversarios dependerá, en interesante
proporción, hasta dónde podrá llegar.
INTERNACIONALES
ISRAEL
ATAQUE CON UN CAMIÓN EN JERUSALÉN
UN PALESTINO ATROPELLÓ Y MATÓ A CUATRO JÓVENES EN EL BARRIO TURÍSTICO
DE ARMON HANATZIV. HAY AL MENOS 15 HERIDOS Y EL ATACANTE YA HABRÍA SIDO ABATIDO
POR LA POLICÍA. EL PRIMER MINISTRO, BENJAMIN NETANYAHU, CREE QUE ES MIEMBRO DE
ISIS.
Al menos cuatro jóvenes murieron y otras quince personas
resultaron heridas cuando un palestino atropelló con un camión a un grupo de
soldados en la zona turística del barrio de Armon Hanatziv, en Jerusalén. El
primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que los primeros datos
apuntan a que "se trata de un seguidor del Estado Islámico" y lo
desligó del conflicto palestino-israelí.
Los soldados estaban descendiendo de un autobús, en el
popular sitio turístico, cuando fueron embestidos por el camión, que se cree
que provenía de barrio árabe de Jabel Mukaber.
"Sabemos que hubo una serie de atentados y que es
posible que exista conexión entre ellos, primero en Francia y Berlín y ahora en
Jerusalén", agregó el texto de la oficina de Netanyahu.
Netanyahu no difundió el nombre del atacante, pero sí
informó que era un joven de Jerusalén este, la parte palestina de la simbólica
y disputada ciudad, que fue ocupada militarmente por Israel después de la
Guerra de los Seis Días en 1967 -junto a Cisjordania y la Franja de Gaza- y
luego anexada, sin el reconocimiento de la comunidad internacional.
"El terrorista llegó desde la dirección de la calle
Alar. Vio a un grupo de personas que salían de un autobús que se había detenido
a lo largo del paseo y, por lo que sabemos, aceleró y las atropelló",
explicó el portavoz policial del distrito de Jerusalén, Galit Ziv, según
informó el digital Ynet.
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