LA VOZ SERRANA

NACIONALES

Un decreto para avanzar contra la ley

EL PRESIDENTE DESCONOCIÓ LOS MECANISMOS DE REMOCIÓN ESTABLECIDOS POR EL CONGRESO Y NOMBRÓ A UN EX LEGISLADOR DEL PRO Y A UN FAMILIAR DEL MINISTRO DEL INTERIOR. LAS AUTORIDADES DE ESOS ORGANISMOS PRESENTARON UNA CAUTELAR Y EL MACRISMO RESPONDIÓ CON UNA DENUNCIA PENAL.

Mediante un decreto simple, el presidente Mauricio Macri resolvió ayer intervenir la Afsca y la Aftic, dos organismos clave que regulan los medios audiovisuales y las telecomunicaciones. La medida desconoce los mecanismos de remoción establecidos por el Congreso Nacional y desplaza a sus respectivos presidentes, Martín Sabbatella y Norberto Berner, cuyos mandatos vencen en 2017 y 2019. El anuncio lo realizó el ministro de Comunicaciones, el radical Oscar Aguad, quien consideró que “existe como una rebeldía” de los funcionarios “para atenerse al nuevo régimen de ministerios”, fijado la semana pasada por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Tanto la Afsca como la Aftic solicitaron a la Justicia una medida cautelar contra la resolución del Poder Ejecutivo, que designó en esos organismos a una persona claramente identificada con el macrismo y a un familiar del ministro del Interior. En la Afsca, se nombró a Agustín Garzón, ex legislador del PRO y en la Aftic a Mario Frigerio, tío de Rogelio Frigerio. Al conocerse la noticia, dirigentes y agrupaciones kirchneristas se manifestaron en las puertas de la Afsca mientras que organizaciones de Derechos Humanos, académicos y referentes del derecho expresaron su rechazo. En paralelo, el PRO presentó una denuncia penal contra Sabbatella por abuso de poder y usurpación del cargo, que recayó en el juzgado de Julián Ercolini.

Menos de quince días tardó Macri en avanzar contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 

Aprobada luego de años de debate en la sociedad civil y con un amplio consenso multipartidario: en Diputados obtuvo 146 votos a favor, 3 abstenciones y 3 en contra y en el Senado 44 votos a 24. La norma aprobada en 2009 contó también con el aval de la Corte Suprema, que declaró su constitucionalidad tras años de litigio por parte del Grupo Clarín. El multimedio todavía continúa su batalla judicial para impedir su adecuación a la ley. La Afsca había apelado el fallo del juez Pablo Cayssials, quién le dio la razón a Clarín respecto del proceso de adecuación de oficio. El nuevo interventor podría desistir de esa apelación, beneficiando así al grupo empresario conducido por Héctor Magneto.

El primer paso de Macri fue el DNU 13/15 de la semana pasada, en el que subordinó a la Afsca y la Aftic a la órbita del Ministerio de Comunicaciones y a éste último le otorgó facultades que eran propias de esos dos entes. El DNU fue cuestionado por el FpV en el Congreso pero continúa vigente ya que se necesita del rechazo de ambas cámaras legislativas para que sea derogado.

A ese decreto de necesidad y urgencia se le sumó el decreto simple publicado hoy en el boletín oficial. Sorpresivamente, en la página web correspondiente no figuró el boletín oficial del día hasta que Aguad anunció mediáticamente la intervención.

“Ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la ley de ministerios”, sostuvo el ex diputado radical, apodado “el milico”, en un breve intercambio con la prensa. El ministro calificó como “rebelión” la continuidad de los funcionarios. “Obviamente estamos frente a un caos donde las decisiones se contraponen y se contradicen razón por la cual no podemos seguir funcionando de esta manera”, afirmó.

La intervención tiene un plazo de 180 días, aunque desde Cambiemos dejaron entrever que se buscará una modificación de la legislación vigente para unificar ambos organismos bajo el mando del ex secretario de medios porteño, Miguel de Godoy. El propio Aguad lo deslizó ayer al señalar que “por ahora” no se modifica la ley de medios y que van a “seguir tomando medidas sobre lo que es la regulación y la planificación estratégica de la Argentina”.

                                              

El Agua(d) que no corre hace un pantano,la mente que no trabaja hace un TONTO 

“Nosotros no pretendemos nombrar funcionarios en estos entes que perduren en el tiempo después del gobierno que viene. Cada gobierno tiene derecho a ejecutar sus políticas y nombrar sus funcionarios, para eso hay elecciones”, afirmó Aguad, en abierta contradicción con el artículo 14 de la LSCA. La norma buscó expresamente mayor independencia al desfasar el mandato del Poder Ejecutivo con los del directorio de la Afsca, tal como sucede en otros organismos similares del mundo, por ejemplo en Francia y Estados Unidos. De hecho, durante el debate parlamentario en 2009, los propios legisladores de lo que hoy se llama Cambiemos reclamaron otorgarle no menos sino más independencia del organismo respecto del Poder Ejecutivo.

De hecho, a partir de la intervención no sólo se removerá al titular de la Afsca, sino que Garzón concentrará atribuciones que hoy competen a los siete miembros del directorio del organismo, que tiene representantes de las tres principales fuerzas parlamentarias, de académicos y de un Consejo Federal compuesto por las 24 provincias.

En declaraciones a la prensa, Sabbatella detalló que se presentó una medida cautelar y un hábeas corpus preventivo para garantizar la libertad de trabajadores y funcionarios. En el organismo tomaron como un acto intimidatorio el despliegue policial montado en la zona del organismo, que incluyó un vallado y un operativo de infantería, finalmente retirado. El ministro sostuvo que se trató de “un error de información”, pero sin embargo anoche la policía ingresó al edificio de la Aftic para advertirle a los trabajadores que debían evacuar el lugar ya que pasados 10 minutos cortarían la luz. A los 10 minutos, el edificio se quedó a oscuras.

“Este decreto es ilegal, anticonstitucional y está violentando la ley. Macri no tiene facultades para hacerlo”, aseguró ayer Sabbatella, que calificó la situación como “un conflicto de poderes”. “Lo que están haciendo es una barbaridad, es un atropello brutal, por eso le pedimos al Poder Judicial que ordene esto”, aseguró y denunció que se busca evitar la aplicación de la ley de medios para favorecer a Clarín.

Desde la Afsca negaron que se encuentren “atrincherados” y adelantaron que acatarán la resolución del amparo. La causa quedó en manos del juzgado contencioso administrativo federal número 8, a cargo de la jueza subrogante, Cecilia Gilardi. En respuesta, el PRO presentó una denuncia penal contra Sabbatella, que recayó en el juzgado de Ercolini. El fiscal Carlos Stornelli le pidió al magistrado que allane el organismo. Según fuentes judiciales, Ercolini por el momento tomará algunas medias previas antes de dar inicio a la investigación.

La cautelar de la Afsca pide la “nulidad absoluta” del decreto 236 en virtud de su “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”. Además, solicita la nulidad del DNU 13/2015, que dispuso que las funciones y competencias de la Afsca pasaran al ámbito del nuevo Ministerio de Comunicaciones. En sus considerandos sostiene que se violan derechos constitucionales, el principio de división de poderes, el principio de razonabilidad y que esto lleva como “correlato la amenaza concreta del derecho a la libertad de expresión de todos los ciudadanos y ciudadanas”.

Al mismo tiempo se detalla que no se cumple con el mecanismo de remoción establecido en el artículo 14 de la LSCA: “El presidente y los directores solo podrán ser removidos de sus cargos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones o por estar incurso en las incompatibilidades previstas por la ley 25.188. La remoción deberá ser aprobada por los dos tercios del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, mediante un procedimiento en el que se haya garantizado en forma amplia el derecho de defensa, debiendo la resolución que se adopta al respecto estar debidamente fundada en causales antes previstas”, reza la norma.

En el escrito de la Afsca se señala también que el DNU que reformó la ley de ministerios no cumple con los requisitos establecidos en la constitución para que el presidente pueda emitir disposiciones de carácter legislativo. Según la presentación, se podría haber convocado a sesiones extraordinarias y no existe urgencia que impida seguir el trámite parlamentario.

Ayer organizaciones de derechos humanos como el CELS, además de colectivos de comunicadores y asociaciones de periodistas habían expresado su rechazo a la medida. Se espera que en los próximos días se realicen presentaciones judiciales en distintos puntos del país. Hubo, además, críticas de los dos bloques legislativos del Frente para la Victoria, así como del líder de Proyecto Sur, Fernándo “Pino” Solanas, de Libres del Sur, Humberto Tumini, y de la dirigente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman.

L.VS.: El Presidente Hector Magñeto y sus chupa medias Macri, Aguad y los demás han dado un nuevo golpe contra la LIBERTAD DE EXPRESIÓN, algo a lo que se debe responder de la manera más enérgica por parte de todos los medios de comunicación, bueno de Clarín no esperemos nada.

La Afsca presentó un pedido de amparo y habeas corpus ante la intervención

LA AUTORIDAD FEDERAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL PRESENTÓ AMBAS MEDIDAS ANTE LA INTERVENCIÓN AL ORGANISMO DECRETADA POR EL EJECUTIVO NACIONAL.

La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual presentó un habeas corpus y un recurso de amparo con medida cautelar ante la intervención al organismo decretada por el Ejecutivo nacional.

              Presentarán medidas judiciales para evitar la intervención de la AFSCA

A través de la primera medida, presentada ante el Juzgado en lo Criminal de Instrucción 39 de la Ciudad de Buenos Aires, se solicitó que se disponga la libertad individual y ambulatoria del presidente de Afsca, Martín Sabbatella, "amenazada por un acto proveniente de autoridad incompetente, con empleo del aparato de fuerza del Estado", señalaron en un comunicado desde el organismo.

También se pide en esa acción el inmediato cese de todo acto turbatorio del normal funcionamiento de Afsca y el resguardo de los empleados y funcionarios del organismo, entre otras medidas.

          Sabbatella: “Hay un conflicto de poderes, voy a esperar la decisión de la Justicia”

Por otra parte, Sabbatella presentó un pedido de amparo en el Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo 8 para que se declare la nulidad del decreto 236/15, publicado hoy en el Boletín Oficial, mediante el cual se intervienen Afsca y Aftic y se sacan de sus funciones a todos los directores de ambos organismos que regulan, respectivamente, los servicios de comunicación audiovisual y las telecomunicaciones.

En la presentación se detalla que en el articulo 14 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se deja en claro que "el presidente y los directores solo podrán ser removidos de sus cargos por incumplimiento o mal desempeño de sus funciones o por estar incurso en las incompatibilidades previstas por la ley 25.188".

"La remoción deberá ser aprobada por lo dos tercios del total de los integrantes del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual mediante un procedimiento en el que se haya garantizado en forma amplia el derecho de defensa", especifica la ley citada.

EL PRIMER PASO HACIA UN CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN

El primer detalle llamativo del decreto 236 que dispuso las intervenciones del AFSCA y del AFTIC es que no se apoya en el decreto 13 que modificó la ley de ministerios y el nuevo ordenamiento a que deben someterse esos entes, aunque el ministro Aguad se refirió a una "rebelión" en ese aspecto. El 236 admite que se trata de organismos descentralizados y autárquicos y busca fundamentar las intervenciones en que no cumplieron con las funciones asignadas.

Afirma que "la ley 26.522 (medios audiovisuales) establece como políticas de Estado, la promoción, desconcentración y fomento de la competencia", y agrega que desde su sanción en 2009 "no se han logrado avances significativos". Alude también a que no se cumplió con las actualizaciones de sus disposiciones que debieron ser bianuales.

Curiosamente, la norma también indica que "se han verificado importantes decisiones adoptadas por el AFSCA y el AFTIC que implicarían abiertos incumplimientos de las disposiciones legales o motivado conflictos judiciales, así como el dictado de medidas por el Poder Judicial contrarias a los actos administrativos emitidos que deben ser estudiadas y en su caso revisadas".

El decreto no lo menciona pero el principal conflicto judicial fue planteado por el grupo Clarín que primero cuestionó la constitucionalidad de la ley de medios, y cuando la misma fue refrendada por la Corte Suprema, presentó un plan de adecuación de activos distribuyéndoselos entre los accionistas de la empresa, por lo cual terminó siendo rechazado por el AFSCA que advirtió sobre una adecuación de oficio. Frente a esto decisión, Clarín logró un amparo judicial que todavía está vigente, aunque, según versiones, podría quedar levantado de hecho por los plazos judiciales en las próximas semanas, lo cual, según algunos analistas, explicaría el apuro del gobierno por decidir las intervenciones.

Los argumentos esgrimidos contra el AFTIC que empezó a funcionar en junio de este año , se remontan a lo actuado por la Secretaría de Comunicaciones al licitar frecuencias para la telefonía móvil , sobre lo cual el decreto indica que la dependencia "evidenció graves falencias en relación al objetivo de lograr la entrada de nuevos competidores".

La aseveración desconoce que en la mayoría de los países del mundo hay igual que en la Argentina a lo sumo tres operadores de telefonía móvil. Pero el decreto también abre sospechas sobre las actuaciones que "en forma tardía dieron por decaídas las adjudicaciones resueltas a Arlink". Esa empresa perteneciente al grupo Vila-Manzano no pagó en diciembre ni en una segunda oportunidad que tuvo en julio, u$s 560 millones que había ofertado por las frecuencias, e incluso llegó a pedir financiamiento del gobierno para cumplir.

Ahora el 236 menciona "fuentes periodísticas" que dan cuenta que Arlink planteó una cautelar por el tema, "cuyos alcances y consecuencias deben ser debidamente analizados", sin que esto se corresponda con el hecho de que las otras tres participantes de la licitación, pagaron las frecuencias sin manifestar quejas.

Por último, detrás del 236 se reflejaría un proyecto hacia el futuro de unificar el AFSCA y el AFTIC, con lo cual se abriría la puerta a la modificación de la ley de medios y la de comunicaciones.

Fuente: Silvia Peco, diario Ambito

“Empezó la devolución de favores”

LEGISLADORES DEL FRENTE PARA LA VICTORIA ACOMPAÑARON AL TITULAR DE LA AFSCA ANTE LA INTERVENCIÓN Y LA PRESENCIA DE LA POLICÍA. DESDE OTROS SECTORES POLÍTICOS TAMBIÉN SEÑALARON QUE LAS MEDIDAS FUERON CONTRARIAS A LA LEY.

La decisión del Gobierno de intervenir la Afsca y la Aftic vía DNU y en contradicción con la ley de medios despertó rechazos de los principales referentes del peronismo. El bloque del PJ-FpV del Senado, en un comunicado unificado, sostuvo que Mauricio Macri “asumió con un mensaje de respeto a las instituciones, pero está haciendo todo lo contrario con medidas discrecionales”. El bloque de diputados, por su parte, calificó la medida de antidemocrática y varios legisladores se movilizaron hacia las oficinas de la Afsca. El decreto 236/15 fue repudiado por varios diputados y referentes no identificados con el FpV.

- Máximo Kirchner, diputado nacional (FpV): “Se acabó la campaña y empezó la devolución de favores a Magnetto. Todo el avasallamiento institucional que se está viendo sólo es posible con asfixia mediática, pero la sociedad va a buscar las formas de comunicarse y mantenerse informada. Esta medida es el resultado de la soberbia y la ceguera de querer sobreactuar autoridad. Es curioso: Néstor, con el 22 por ciento de los votos, tuvo la autoridad necesaria para rechazar el pliego de condiciones de Claudio Escribano y La Nación, y Macri con el 51 por ciento, lo está siguiendo al pie de la letra”.

- Wado de Pedro, diputado nacional (FpV): “El Presidente cierra su primera cadena de devolución de favores al poder económico, a un sector del poder judicial y al poder mediático. Intervino Afsca y Aftic, dos organismos que tienen su independencia garantizada por ley, otra vez utilizando el DNU. El objetivo es consolidar y ampliar el monopolio Clarín, reduciendo la pluralidad de voces para influir en la opinión de la gente”.

- Héctor Recalde, diputado nacional (FpV): “El decreto viola tratados internacionales, la Constitución y la ley. Además invade todas las funciones del Congreso. No puede ser que gobiernen de facto. No vamos a permitir que se viole impunemente la Constitución”.

- Juan Manuel Abal Medina, senador (FpV): “Macri ganó prometiendo diálogo y mayor calidad institucional. En 13 días de gobierno algunas de sus medidas apuntan en sentido contrario. JUECES DE LA CORTE EN COMISIÓN, LA INTERVENCIÓN DE AFSCA Y AFTIC Y LEYES IMPORTANTES MODIFICADAS POR DNU IMPLICAN UN RETROCESO INSTITUCIONAL”.

- Jorge Rivas, dirigente del Socialismo para la Victoria: “La decisión de Mauricio Macri de intervenir la Afsca exhibe un sesgo brutalmente autoritario, además de constituir un verdadero dislate jurídico. Lo que pone en evidencia es el patético servilismo con que el nuevo Gobierno paga a las grandes corporaciones mediáticas la protección informativa”.

- Juliana Di Tullio, diputada nacional (FpV): “Sabbatella fue votado por acuerdo del Senado y para cumplir su función 4 años. No interesa quién sea el presidente de turno”.

- Carlos Tomada, legislador porteño (FpV): “Se trata de un atropello institucional y judicial más grave aún que el decreto sobre los jueces de la Corte Suprema. Están borrando con el codo lo que escribieron en campaña en materia de discurso republicano e institucional. Nuestro apoyo a Sabbatella no sólo es por las coincidencias políticas sino también porque apoyarlo significa respaldar la ley de medios”.

- Humberto Tumini, secretario general de Libres del Sur: “No parece muy respetuoso de las instituciones cambiar vía DNU artículos de la ley de medios, sin pasar por el Congreso, como anunciaron”.

- Pino Solanas, senador (Proyecto Sur): “Si el PRO quiere corregir la ley de medios debería llevar su propuesta al Congreso”.

- Gabriel Mariotto, diputado del Parlasur: “La ley de medios garantiza el derecho a la información. El Gobierno abusa del poder groseramente. Es un atropello a la democracia voltear la ley por DNU:”

- Myriam Bregman, diputada nacional (PTS en el Frente de Izquierda): “Macri refuerza su dedazo, gobierno de los decretazos. Por eso no llamó a extraordinarias en el Congreso”.

- Agustín Rossi, diputado del Parlasur: “La Corte completada por decreto, la Afsca intervenida, el diálogo y las formas republicanas, globitos de colores”.

En contra de la concentración mediática

HORAS ANTES DE QUE SE CONOCIERA EL DECRETO DE INTERVENCIÓN A LA AFSCA Y LA AFTIC, ORGANIZACIONES DE DIVERSOS PAÍSES LATINOAMERICANOS EXPRESARON SU PREOCUPACIÓN POR LOS NIVELES DE CONCENTRACIÓN MEDIÁTICA DE LA REGIÓN.

 Pocas horas antes de concretarse ayer la intervención a la Afsca y la Aftic un importante grupo de organizaciones latinoamericanas dedicadas a la defensa y el derecho a la libertad de expresión dieron a conocer un documento en el cual expresan su preocupación “por los niveles de concentración mediática en la región”, reafirmando que “la libertad de expresión es un derecho humano universal y una condición necesaria para la existencia efectiva de pluralismo político y la diversidad de informaciones y opiniones y para una participación informada de la ciudadanía y por eso se convierte en una piedra angular para la democracia”.

El documento está firmado por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), Artículo 19 de Brasil, Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) de Uruguay, el Colegio de Periodistas de Chile, el Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social (Demos) y Civitas de Guatemala, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, Intervozes-Coletivo Brasil de Comunicaçao Social, la Asociación de Radios Comunitarias y Medios Alternativos VOCES de Paraguay y la Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (Comunicándonos) de El Salvador.

Las organizaciones latinoamericanas señalan que “la concentración mediática conspira contra la democracia y es una grave barrera al ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información por cuanto representa un obstáculo para la diversidad de medios y el pluralismo de ideas e informaciones” y reafirma que “la diversidad y el pluralismo de perspectivas e informaciones refuerza el carácter esencial de la libertad de expresión como requisito para la vigencia de un régimen democrático, así como su papel como derecho habilitador e interdependiente con el ejercicio de otros derechos civiles, políticos, sociales, culturales y económicos”.

Dicen también que, “como consecuencia de la concentración indebida, los contenidos que reciben las audiencias quedan en manos de pocos grupos que, a su vez, suelen integrar entre sus actividades distintos intereses económicos y políticos, que en varios casos les otorgan un poder que rebasa a las instituciones estatales, conformándose en poderes fácticos que determinan la agenda pública poniendo en riesgo el debate democrático”, sin dejar de tener en cuenta que “la concentración indebida de medios debilita los derechos laborales de los periodistas, pues al no contar con diversidad de espacios para desarrollar su trabajo se ven forzados a aceptar las condiciones que las empresas les imponen sin mayor opción, facilitando la autocensura de periodistas y comunicadores”.

Advierten también los firmantes que “los Estados deben cumplir con sus obligaciones de garantizar y proteger la libertad de expresión, haciendo el uso máximo de recursos institucionales para que el pluralismo y la diversidad sean una realidad material que permita el goce de este derecho y aseguren el pleno ejercicio del derecho a la información en su dimensión colectiva y no sólo individual, para lo cual es necesario armonizar su legislación interna y adoptar políticas públicas activas de acuerdo a los estándares internacionales en la materia”.

Entre otros temas, los organismos latinoamericanos piden también que “junto con medidas que limiten y reviertan la concentración” los Estados ajusten sus marcos regulatorios e implementen “planes y políticas públicas activas con el objetivo de garantizar el pluralismo y la diversidad, en especial reconociendo y promoviendo al sector de medios sin fines de lucro, entre los que se incluyen los medios comunitarios, sociales e indígenas, así como fortaleciendo a los medios públicos”.

Más de once mil personas afectadas por la crecida de ríos en el Litoral

LOS AFECTADOS POR LAS CRECIDAS DE LOS RÍOS PARANÁ, PARAGUAY Y URUGUAY SUPERABAN LAS ONCE MIL PERSONAS EN LAS PROVINCIAS DE ENTRE RÍOS, CORRIENTES, FORMOSA, CHACO Y SANTA FE Y SE ESPERA UN AGRAVAMIENTO DE LA SITUACIÓN POR LAS LLUVIAS EN ALGUNAS PROVINCIAS Y POR EL DESCENSO DEL CAUDAL DEL PARAGUAY QUE VIENE DEL PAÍS HOMÓNIMO, EN DONDE YA HAY 72.000 EVACUADOS.

Una de las provincias más afectadas es el Chaco, en donde las autoridades registraban unos 2.500 evacuados sólo en la Isla del Cerrito, mientras que una cantidad similar se verificaba en otras localidades como Puerto Vilelas, Barranqueras, Colonia Benítez y Colonia Tacuarí.

También la situación se agravó en Entre Ríos en donde las copiosas precipitaciones de las últimas horas y la persistente crecida del río Uruguay provocaron anegamientos en varias localidades entrerrianas, nuevas evacuaciones y el corte de numerosas rutas y puentes.

En esta provincia existían esta mañana unos 2500 afectados y la localidad más comprometida es Concordia, en donde hay 350 familias afectadas.

En Corrientes permanecen 1.100 personas entre evacuadas, autoevacuadas y aquellas afectadas por la subida del río Paraná y el Uruguay, siendo las localidades de Isla Apipé, Itatí, Paso de la Patria, Corrientes capital y Goya, las más comprometidas.

Formosa, que espera en los próximos días la llegada del pico de crecida que viene del Paraguay, el río homónimo continúa con su ritmo ascendente y ya se habla extraoficialmente de 3.000 personas autoevacuadas y nueve metros que alcanzó el río en la capital provincial.

En esta provincia se estima que la tendencia es que prosigan las lluvias en forma copiosa hasta el 31 de diciembre.

El gobierno nacional está organizando la ayuda para los evacuados y se mantiene para ello en contacto permanente con los distintos Ministerios de Desarrollo Social provinciales.

La titular de la cartera Carolina Stanley mantuvo conversaciones con sus pares de Entre Rios y Corrientes tras la reunión que mantuvo ayer con los ministros de todo el país, informaron fuentes de la cartera social nacional.

En la ciudad entrerriana de Federal una veintena de familias debieron ser asistidas por el anegamiento de sus viviendas a causa de la torrencial lluvia, mientras que en Chajarí, junto al río Uruguay, se tuvo que evacuar a 35 personas, también afectadas por las precipitaciones.

El director de Vialidad provincial, Juan Carlos Lallana, explicó que “la media anual de precipitaciones en la provincia de Entre Ríos es de 1.200 milímetros y en tres días en la provincia llovieron 400 milímetros, es decir más de un 30 por ciento”.

En tanto, unas 270 familias sigue desplazadas o incomunicadas en Corrientes, en donde en su ciudad capital hay 70 familias evacuadas.

El intendente Fabián Ríos dijo hoy que “hubo un alivio importante (con el descenso del agua), pero falta que baje casi un metro más para poder decir que no tenemos ninguna casa inundada”.

“Todo indica que la situación va a seguir evolucionando favorablemente pero de manera lenta”, sostuvo el jefe comunal.

En Goya son alrededor de 70 las familias evacuadas, luego del desalojo de 18 viviendas que fueron afectadas por el agua en la tarde del martes, cuando cayeron 150 milímetros de lluvia.

Asimismo otras 50 familias permanecen aisladas en los parajes Itacurubí y Batel Araujo en la zona rural, confirmó el director de Asuntos Rurales del municipio de Goya, Guillermo Córdoba.

En la isla Apipé, 40 familias permanecen fuera de sus hogares y en Itatí son 38 las familias afectadas, según el reporte más reciente de la Dirección de Defensa Civil de la Provincia

En la ribera de la capital formoseña, donde no hay cifra oficial de vecinos que dejaron sus hogares, el cauce registró los 9 metros de altura mientras que en la ciudad de Clorinda, donde ayer confirmaron 625 familias evacuadas, el cauce superó los 8 metros.

El Instituto Nacional de Agua indicó que "el nivel del río Paraguay en la sección Asunción (Paraguay) con la ciudad de Clorinda continúa con un marcado ascenso".

"La perspectiva climática no permite esperar una disminución sensible en el corto y mediano plazo", indicó el Instituto Nacional de Agua y manifestó que es por eso que "los niveles en todo el tramo seguirán muy por encima de los niveles medios mensuales de los últimos 25 años durante las próximas semanas".

Formosa recibe los aportes de la crecida que se registra en el Paraguay, en donde se instó hoy a destinar las propiedades que pertenecieron al dictador fallecido Alfredo Stroessner como refugio para los más de 70.000 evacuados que hay en Asunción por la crecida del río Paraguay que anegó barrios enteros de la capital.

En la ciudad de Santa Fe la situación era estable, pero las autoridades evacuaron a 26 personas que residen fuera del anillado defensivo contra el río.

En tanto, voceros de Defensa Civil y del municipio de Reconquista informaron hoy a Télam que el agua avanzó sobre los muelles del puerto y también sobre algunos sectores del barrio que lleva el mismo nombre, amenazando las viviendas de las 3.000 personas que residen allí.

CÓRDOBA

Cae el diferimiento, pero retocan el 82% a jubilados

SE MODIFICÓ EL MECANISMO PARA COMPUTAR JUBILACIONES ACTUALES Y FUTURAS. LA PROVINCIA ARGUMENTÓ QUE EL SISTEMA PREVISIONAL SIGUE SIENDO DÉBIL E INVIABLE. IMPACTO DE CASI 3.000 MILLONES DE PESOS.

La Guardia de Infantería se apostó junto a las vallas ubicadas en el acceso a la Legislatura para impedir el paso de los gremialistas que protestaron contra los cambios en el sistema previsional

Fue una promesa con sorpresa. El gobernador Juan Schiaretti cumplió ayer con el compromiso de derogar la Tasa Vial y el diferimiento previsional. Pero en la misma mano cantó retruco y promovió un drástico cambio en la manera de calcular las jubilaciones provinciales, que fue aprobado en la última sesión del año de la Legislatura con los votos del oficialismo (menos José Pihen e Ilda Bustos) y de Juntos por Córdoba.

Por unanimidad derogaron la Tasa Vial y apuran adaptación de surtidores

Para atemperar el impacto, la Provincia elevó por decreto el piso jubilatorio (con el complemento previsional solidario) a 7.500 pesos, y pagará, con los haberes de enero, un bono extraordinario de 1.200 pesos a todos los pasivos que cobran menos de 20 mil pesos.

¿Qué cambió?

Todas las miradas quedaron ayer enfocadas en las siete páginas del proyecto que luego se convirtió en la ley Nº 10.333 y que movilizó a los gremios estatales hasta las vallas colocadas en el perímetro del edificio legislativo.

El hermetismo con el que se manejó el Ejecutivo fue tal que la medida fue elaborada por Schiaretti casi en soledad. El mandatario masticaba los retoques desde hace tiempo.

Recálculo. El cambio sustancial es un recálculo en los haberes, que lo coloca en una calle parecida a la del decreto Nº 1.777 del exgobernador Ramón Mestre, cuando en 1995 podó 18 por ciento los beneficios.

Tiene dos diferencias de arranque: la ley previsional se modifica con otra ley y el impacto del recorte es, en teoría, de alrededor de 10 por ciento, aunque quedará disimulado con elegancia.

El nuevo método implica calcular el haber tomando como referencia el salario activo de los últimos 48 meses, menos los aportes personales.

Pero en lugar de la contribución del sistema provincial (18 por ciento en la mayoría de los sectores), se aplicará la alícuota del 11 por ciento del sistema nacional. Eso implica pagar el 82 por ciento del 89 por ciento del salario, lo que equivale al 73 por ciento del sueldo activo bruto.

Ese es el blanco al que apuntan los gremios. Pero el Gobierno asegura que la medida no viola el “núcleo previsional” que estableció el Tribunal Superior de Justicia en 2009 en el caso Bossio, cuando fijó como última frontera el 82 por ciento del sueldo líquido o neto, lo que en la jerga se conoce como el 82 del 82, aunque hay abogados que interpretan que ese límite sólo vale en tiempos de emergencia.

Impacto

Según los números que se deslizaron desde el Centro Cívico, el nuevo recálculo permitirá que el déficit del sistema previsional, en lugar de dispararse a 3.800 millones de pesos en 2016, se ubique entre 800 y 900 millones. En otras palabras, hay un impacto de unos 3.000 millones de pesos.

“El año que viene es posible que la inflación siga en los mismos niveles. El diferimiento sacaba provecho de eso, pero el recálculo no tendrá el mismo impacto”, razonaron.

Igual, en el círculo íntimo de Schiaretti estaban exultantes. “Esto torna sustentable a la Caja”, afirmó un ministro del gabinete provincial.

En la medida se prevé que, “en ningún caso” haya “una disminución sobre los haberes nominales liquidados a los beneficiarios del sistema previsional a diciembre”.

El Gobierno apuesta a que el bono de 1.200 pesos (alcanzará a más de 73 mil pasivos), el incremento de la jubilación mínima y el pago de los aumentos acumulados por el diferimiento ayudará a maquillar el recorte. Incluso, a quienes no tienen ningún ajuste por cobrar, recién se les aplicará el recálculo cuando perciban un aumento.

Fuentes oficiales aseguran que entre los que quedarán mejor parados están los pasivos del escalafón general, docentes y municipales de Córdoba.

Inviable

“Resulta innegable que el sistema previsional (...) atraviesa serias dificultades estructurales desde hace más de 25 años”, indicó el Ejecutivo en el proyecto y advirtió que “la prevalencia de regímenes de emergencia durante el período señalado o la apelación a medidas originalmente transitorias, que se han dilatado en el tiempo, constituyen indicios incontrastables de la debilidad estructural e inviabilidad financiera del sistema” previsional local.

La Caja de Jubilaciones eroga, por mes, más de 1.500 millones de pesos para pagar casi 96 mil beneficios (datos de noviembre), con un haber medio que ya supera los 17 mil pesos. Este año, con el efecto del diferimiento, terminará con un déficit de 203 millones de pesos, que equivale a menos del dos por ciento del total de las erogaciones, el nivel más bajo en décadas.

Pero un reciente informe actuarial, encargado a la Universidad Nacional de San Martín, advirtió que, sin medidas de fondo, las pérdidas del sistema volverían a dispararse.

Cuando se presentó ese trabajo, Matías Belliard, actuario de la Universidad Nacional de Buenos Aires y especialista en demografía y seguridad social, sostuvo que “ahora hay una fiebre leve, pero al problema hay que atacarlo ya” y consideró que el régimen provincial debía tener nuevas reformas, como las que acaban de ocurrir.

Las últimas reformas

El decreto de Mestre. Mediante el decreto 1.777 de 1995, el exgobernador Ramón Mestre recalculó el 82 por ciento móvil y provocó un recorte de alrededor de 18 por ciento en los haberes. Hubo una avalancha de juicios que llegaron incluso hasta la Corte Suprema de Justicia.

Anticipadas y más edad. En 2002 se estableció un régimen de jubilaciones anticipadas en el que ingresaron alrededor de 20 mil empleados públicos. Además, se aumentaron las edades de retiro en cinco años para las mujeres y siete para los varones.

Derogación. En 2007, por cuestiones formales, la Corte declaró inconstitucional el decreto 1.777. La Provincia restituyó el 82 por ciento móvil.

Emergencia. En 2008 se declaró la emergencia previsional y se modificaron varios puntos del régimen, como la regla para calcular el haber inicial (se extendió a los últimos 48 meses, en lugar de tomar el último sueldo o el mejor cargo), el criterio de la Caja otorgante y la aplicación de índices sectoriales de movilidad. Además, se dispuso pagar con títulos de cancelación parte de los haberes más altos.

El caso Bossio. En 2009, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) declaró la inconstitucionalidad de las restricciones de 2008 si estas perforaban el 82 por ciento del sueldo líquido.

Blanqueo. En 2010 se fijó un programa gradual de blanqueo de sumas no remunerativas

Diferimiento. En 2012 finalizó la emergencia y se aplicó el diferimiento de seis meses en el pago de aumentos a los pasivos.

La última. Ayer se aprobó la ley que vuelve a tocar la metodología para calcular haberes.

$ 900 millones de déficit

Recalculando. Con la derogación del diferimiento, el “rojo” del sistema previsional proyectado para el año próximo se ubicaba en 3.800 millones de pesos, un déficit que ahora pasaría a 900 millones. La Provincia cubrirá ese bache con recursos de rentas generales, aunque intentará también que la Nación vuelva a hacer fluir los aportes a la Caja de Jubilaciones.

Los gremios resistirán la ley jubilatoria

LOS SINDICATOS ANTICIPARON QUE LA SEMANA PRÓXIMA HABRÁ ASAMBLEAS EN REPARTICIONES PÚBLICAS PARA ANALIZAR UN PLAN DE LUCHA.

El gobernador Juan Schiaretti cumplió uno de sus objetivos: sorprendió a los gremios estatales con la modificación que impulsó a la ley previsional.

De todas formas, los principales dirigentes de los sindicatos que aglutinan a los empleados estatales provinciales aseguraron que resistirán la nueva norma que aprobó ayer la Legislatura provincial.

La estrategia del mandatario provincial fue clara. Además de sorprender a los gremios, no les dejó margen de acción, ya que luego del receso por las fiestas navideñas y de fin de año, en enero está el asueto administrativo por las vacaciones.

No obstante, desde el Sindicato de Empleados Públicos; Luz y Fuerza; UEPC y el Suoem, adelantaron que el lunes próximo habrá asambleas en todas las reparticiones públicas para pergeñar una estrategia para resistir la medida que impulsó el nuevo gobernador.

Los legisladores peronistas José Pihen (Sindicato de Empleados Públicos) e Ilda Bustos (gráficos), de extracción gremial, rechazaron el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo provincial.

En el caso de Pihen, es el flamante titular de la CGT-Regional Córdoba. Esa central obrera históricamente fue aliada del Gobierno provincial, ahora amaga con resistir la ley impulsada por el gobernador Schiaretti.

“Siempre hemos resistido en las calles cualquier ajuste a los salarios de los trabajadores y jubilados. Por eso rechazamos este proyecto”, expresó Pihen desde su banca.

Juan Monserrat –titular de la UEPC– fue muy crítico con la norma aprobada por la Legislatura provincial.

“La ley consagra un despojo importante, recalcula el haber de los actuales jubilados y también de los futuros jubilados. Un jubilado pasará a cobrar el 82 por ciento del 89 por ciento que percibe un activo. Por lo tanto, en la práctica percibirá un 73 por ciento móvil”, dijo el titular del gremio que aglutina a los docentes provinciales.

“Hacerlo el día que se decreta un asueto, que los docentes no están en la escuela, y a punto de empezar la Navidad, es una pésima noticia para los compañeros jubilados y en actividad”, manifestó Monserrat.

Por su parte, Gabriel Suárez de Luz y Fuerza, también pronosticó que habrá medidas de fuerza en contra de esta modificación a ley previsional.

“El gremio se declaró en estado de alerta y movilización. Vamos a defender los ingresos de nuestros jubilados. Esta nueva ley es un manotazo al bolsillo de los pasivos cordobeses. Vamos a resistir”, manifestó Suárez, quien acaba de ser reelegido al frente del gremio estatal que mejores salarios cobra en la provincia.

En el mismo sentido se pronunció Rubén Daniele, titular del sindicato de los empleados municipales de la ciudad de Córdoba. “Esta ley afecta los ingresos de nuestros jubilados y los gremios tenemos la obligación de defenderlos. Veremos la forma”, anticipó Daniele.

Por su parte, el legislador provincial K Ricardo Vissani, referente en Córdoba de la organización social Movimiento Evita, también rechazó la norma que impulsó el gobernador Schiaretti. “El Gobierno provincial intentó encubrir y enmascarar un ajuste detrás de las otras medidas. Ningún gobierno peronista puede sancionar leyes que afecten los derechos de los jubilados y trabajadores”, recriminó el legislador kirchnerista.

Votaron en contra

Oficialistas. Los legisladores oficialistas José Pihen e Ilda Bustos, ambos de extracción gremial, votaron ayer en contra de las modificaciones a la ley previsional que impulsó el gobernador Juan Schiaretti. Pihen es el titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y Bustos encabeza el gremio de los Gráficos. Además, Pihen es el flamante titular de la CGT-Regional Córdoba, la central obrera que más gremios cordobeses aglutina. Los estatales provinciales amenazan con medidas de fuerza la semana próxima.

INTERNACIONALES

HONDURAS

Detienen a hondureña acusada de matar a su esposo y congelar su cabeza

LA POLICÍA DE HONDURAS INFORMÓ ESTE MIÉRCOLES DE LA DETENCIÓN DE UNA MUJER ACUSADA DE ASESINAR A SU ESPOSO, LUEGO DE QUE LA CABEZA DEL HOMBRE FUE HALLADA EN EL CONGELADOR DE SU VIVIENDA.

La acusada, identificada como Adalia Magda Rivera, de 39 años, fue detenida en fecha no precisada después de que se encontró la cabeza de su esposo en el congelador de su casa en el municipio de Macuelizo, en el departamento occidental de Santa Bárbara, indicó la Policía hondureña.

Adalia Magda Rivera, de 39 años, fue detenida por la Policía. (Foto tomada de laprensa.hn).

Tras la captura, la mujer admitió ser la esposa del fallecido, identificado como Marco Chacón, de 55 años, cuyo cuerpo fue descuartizado, según el informe policial.

Los hijos y otros familiares de Chacón hallaron los restos del hombre en un saco tras ingresar a su residencia después de que nadie abrió la puerta, añadió la fuente.

Estos alertaron a la policía local, cuyos agentes detuvieron después a la mujer y la trasladaron a una posta policial de la zona.

Las fuerzas de seguridad investigan las causas de la muerte del hombre, aunque según las primeras hipótesis, habría sido asesinado por su esposa al enterarse de que este tenía una amante.

La esposa de la víctima fue remitida al centro penal de Santa Bárbara y será procesada por el delito de homicidio, según las autoridades.

El país centroamericano registra este año un promedio de catorce asesinatos al día, atribuidos a distintos motivos, según autoridades locales.

INFORMACIÓN GENERAL

EFEMÉRIDES

24 DICIEMBRE (2002)

MUERE TITA MERELLO

A los 98 años de edad muere en Buenos Aires la notable actriz y cantante Tita Merello, nacida Laura Ana Merello, allá por 1904, en un conventillo del porteño barrio de San Telmo. Analfabeta hasta los veinte años, bataclana, cancionista, vedette, empezó bien de abajo y llegó a ser una artista extraordinaria, calificada por la crítica como la mejor actriz dramática de la Argentina, y una de las figuras del espectáculo más queridas y respetadas. De su extensa filmografía, son muy recordadas sus intervenciones en "Filomena Marturano", "Arrabalera", "Los isleños", "Vivir un instante", "Deshonra", "Mercado de abasto", "La morocha", "Los evadidos". Como intérprete de la canción fue  tan personal como discutida y apreciada, siendo memorables sus versiones de "Al tango lo canto así", "Con permiso", "Padrino pelao", "Che Bartolo", "Niebla del Riachuelo",  "Garufa", "El que atrasó el reloj", "Me enamoré una vez", "Compadrón", "El ciruja", "Sencillo y compadre" o el emblemático "Se dice de mí", que Ivo Pelay compusiera especialmente para ella.

FELIZ NAVIDAD 

Tripulantes del buque LYNX, que como otros tantos en el mundo hoy fuera de su hogar y lejos de sus afectos, FELIZ NAVIDAD