NACIONALES
EL FALLO QUE EL GOBIERNO NO QUERÍA RECIBIR
LA SENTENCIA IMPLICA QUE NADIE QUE VIVA EN UNA CASA O DEPARTAMENTO
DEBERÁ PAGAR LAS SUBAS EN EL GAS Y DEJA AFUERA A EMPRESAS Y COMERCIOS. EL
GOBIERNO HABÍA PELEADO POR MANTENER LOS AUMENTOS. AHORA LA CORTE ANALIZARÁ EL
CASO DE LA LUZ.
La Corte Suprema les dio un gran alivio a los usuarios
residenciales de gas, o sea, a quienes lo consumen en sus casas, al anular el
tarifazo que recargó las boletas con subas superiores al 400 por ciento. El
respiro abarca el tramo clave del invierno, y más, hasta que el Gobierno
concrete la audiencia pública que –sostuvo el tribunal– fue omitida pese a ser
obligatoria como mecanismo de participación ciudadana y control previo a
cualquier modificación tarifaria, según la Constitución Nacional y la ley del
Gas. El
fallo deja afuera a las empresas de todo tamaño, a las cooperativas, las
recuperadas, productores, comedores y asociaciones, entre otros, pero les abre
la puerta para iniciar nuevos juicios. La decisión fue unánime y
advierte que el Estado no puede obviar un criterio de “razonabilidad” al elevar
tarifas. Aun con sus matices, implica un fuerte golpe al gobierno de Mauricio
Macri, que peleó el aumento en los servicios públicos a capa y espada. De ahora
en más todo hace suponer que los jueces supremos fallarán contra todas las
medidas similares. En los próximos días ya analizarán el aumento de la luz.
Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti fallaron ayer de manera unánime.
Peligro confiscatorio
El fallo entra en un terreno que el Gobierno no esperaba, al
exigir “razonabilidad” al Estado en los aumentos de tarifas. Le dice que: “Debe
velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios
públicos”; ponderar “la realidad económico-social concreta de los afectados por
la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables”;
evitar “el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de
dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada
cuantía, pudiera calificarse de ´confiscatoria´, en tanto detraiga de manera
irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a
considerar”. A eso agrega que “un cálculo tarifario desmesurado o
irrazonable generará altos niveles de incobrabilidad y terminará afectando el
mentado financiamiento” y, a la larga, la “calidad y continuidad del servicio”.
En términos prácticos, la sentencia implica que nadie que
viva en una casa o departamento deberá pagar las subas en el gas que impuso el
Gobierno a través de las resoluciones 28 y 31 de marzo de este año, anuladas
primero por la Cámara Federal de La Plata y ahora por la Corte. Por lo tanto,
tampoco se les podrá cobrar retroactivo. Las empresas de gas tendrán que
refacturar con los valores vigentes a comienzos de año. Los usuarios
residenciales, según informó el Poder Ejecutivo a la Corte, representan entre
el 25 y 26 por ciento del consumo total de gas. El 74 por ciento restante
corresponde a las grandes usinas eléctricas, empresas de GNC, industrias y
otras empresas. Esa proporción es el dato en el que se apoyaban ayer en el
Gobierno en intentos por ver algo positivo en la sentencia y calculaban que, en
plata, dejarán de percibir unos 20 mil millones de pesos que preveían con el
aumento sobre 80 mil millones.
Puntos principales
Un tarifazo en el ojo
La gran derrota para Mauricio Macri es política y cobran
relieve los derechos reivindicados por la Corte, en el único expediente que
desde los tiempos del corralito la puso mano a mano con intereses y necesidades
muy directos de los ciudadanos de a pie. Punto por punto, el tribunal dice:
- “Las decisiones adoptadas por el ministerio de Energía y Minería no
han respetado la participación de los usuarios bajo la forma de audiencia
pública” previa al aumento de tarifas. El artículo 42 de la
Constitución es el que prevé una instancia de discusión tarifaria, el acceso a
información adecuada y veraz, la protección de sus derechos económicos y el
control de los servicios públicos. La audiencia es el mecanismo (consultivo)
que se estableció por ley para garantizar la participación. El cumplimiento es
“imprescindible” si se busca “el ejercicio de derechos por parte de los
ciudadanos” en lugar de “acrecentar el catálogo formal de
instituciones nominales vaciadas de todo contenido” que “sólo pretenden
legitimar decisiones verticales tomadas con anterioridad”, advierte el voto
mayoritario, de Elena Highton de Nolasco y Ricardo Lorenzetti, al que
adhirieron Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
- La Corte dice que siempre se deben debatir en audiencia
los valores de transporte y distribución del gas, fijados monopólicamente. Y
afirma que el llamado “gas de boca de pozo” o Precio de Ingreso al Sistema de
Transporte (PIST) también se discute en audiencia mientras su precio lo fije el
Estado, algo que sucede desde 2004 hasta el día de hoy. No así, si lo regula el
mercado. La Corte pide que lo que se discuta sea tenido en cuenta por “la
autoridad” y no que la audiencia sea una fachada.
- El fallo agrega que es absurdo tomar como válida la
audiencia que se hizo en el año 2005 para una medida que se tomó en marzo de
2016. Descarta el supuesto carácter “transitorio” del régimen ante sus efectos
concretos. “El incremento para el usuario implica un aumento sustancial de su
factura y, en caso de no poder afrontarlo, podría ser privado del goce del
servicio”, dice.
- Los jueces recuerdan que en el caso “Halabi” la Corte fijó
las bases de las acciones colectivas. Pueden impulsarla quienes ante un “hecho
único” padecen igual consecuencia (la falta de audiencia) pero es requisito que
esté comprometido el acceso a la justicia de quienes van a integrar ese
“colectivo” que reclama. Es decir, que esté en una posicionó clara de
vulnerabilidad. La Corte considera que esas condiciones se dan en el caso de
los usuarios residenciales, pero el resto podrían iniciar acciones de manera
individual o, en ciertos casos, como, pymes o cooperativas, tal vez podrían
hacer planteos colectivos. * Así como el Poder Ejecutivo puede fijar las
tarifas, y el legislativo puede regular y tiene facultades tributarias, el
Poder Judicial -dice la Corte- tiene que controlar si las tarifas se ajustan a
“la Constitución, la ley” y evaluar “su razonabilidad”. Pero no puede fijar porcentajes
de tarifas ni establecer un efecto general si no define una categoría de
afectados. En este punto la Corte dice que no hay intromisión en otros
poderes. Pero es crítica con muchos jueces que dictaron sentencias en distintos
lugares del país no cumplieron con inscribir las causas en el Registro Público
de Procesos Colectivos y eso habilitó que no se distinguieran categorías de
usuarios y se trataran de igual modo situaciones que para la el tribunal
podrían ser heterogéneas.
- También le reclamó al Congreso que designe al Defensor General de la
Nación, cargo vacante desde 2009, cuando renunció Eduardo Mondino, pero que ha
sido foco de disputas políticas. Es defensor puede representar a la ciudadanía
en acciones colectivas.
- El fallo aclara que se mantiene la tarifa social: el
gobierno había dicho que caía con la nulidad de las resoluciones 28 y 31.
Rosatti debutó con un voto propio. Profundiza el concepto de
“seguridad jurídica” con la idea de que si “se quiere propiciar la afluencia de
inversiones en materia energética” se deben respetar las leyes. Insiste en no
desligar el aumento de la “capacidad de pago de los usuarios” ya que entran en
pelegro “derechos constitucionales vinculados a la subsistencia”. Juan Carlos
Maqueda también hizo su voto con énfasis en la obligación de hacer audiencias y
el criterio de razonabilidad.
Lo que viene
“La decisión de la Corte es mucho mejor de lo que esperábamos, y sentó
un criterio que ahora debería aplicarse a la luz y al agua”, dijo Pedro Sisti, abogado del Centro de
Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), que
promovió la principal demanda colectiva que llegó a los supremos. “No
estamos de acuerdo con que se excluya a los comerciantes y a la industria,
porque nosotros planteamos el reclamo enfocado en la falta de audiencia, y en
eso no hay distinción. La Corte tomó la afectación económica. Pero seguramente
las empresas más chicas van a poder accionar en forma colectiva. Las más
grandes tendrán que hacerlo individualmente”, explicó.
Los supremos ya tienen un expediente sobre el aumento de la
luz y se lo giraron ayer a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Revisarán un
fallo de la Sala II de la Cámara de La Plata que suspendió por noventa días las
resoluciones del ENRE que autorizaron a Edenor y Edesur incrementar las
tarifas. Esa decisión fue para la provincia de Buenos Aires, pero las
resoluciones son de alcance nacional y el análisis de la Corte podría
extenderse.
MAURICIO MACRI ESTALLÓ CONTRA SUS FUNCIONARIOS, PERO PIDIÓ NO CONFRONTAR CON LA CORTE
CASA ROSADA VIVIÓ HORAS ESPECIALES ANTES Y DESPUÉS DE LA RESOLUCIÓN QUE
FRENÓ EL AUMENTO DEL GAS. EL DESAJUSTE FISCAL ES MÁS TOLERABLE QUE EL TRASPIÉ
POLÍTICO
El miércoles a la noche, Mauricio Macri se fue a dormir
confiado. Había jugado el segundo tiempo de los clásicos picados de los
miércoles en la Quinta de Olivos con una victoria 3 a 2 sobre el equipo rival,
y había amanecido la mañana del jueves con la misma creencia de que el fallo de
la Corte Suprema sería favorable al tarifazo que desde hace más de cuatro meses
había querido implementar.
Los funcionarios de máxima confianza con los que se reunió
en su despacho apenas conocida la resolución judicial que frenó el aumento de
la tarifa del gas a usuarios residenciales, cerca del mediodía, lo vieron
brotado de ira. El jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro del
Interior, Rogelio Frigerio, y el asesor Fabián Rodríguez Simón, entre otros,
lograron calmarlo. Trataron de convencerlo de que, en general, era un fallo
"esperable". Y que podía haber sido muchísimo peor. No
por lo político, algo en lo que el Presidente no suele detenerse tanto, sino
porque el costo fiscal del freno del tarifazo a todos los usuarios, incluida la
industria y los comercios, sí hubiera significado un desbarajuste de proporciones
impensadas para un Gobierno que, en ese escenario, había pronosticado una
debacle económica.
La ira de Macri no apuntó en rigor a las conclusiones técnicas del
fallo, sino a aquellos asesores de su entorno más próximo que le habían
asegurado que la resolución del máximo tribunal iba a ser poco menos que la
panacea. Justo en el tema que más lo obsesiona desde hace meses. Por
algo la conferencia de prensa de la tarde del jueves de Peña y los ministros
Germán Garavano y Juan José Aranguren contó con una escenografía de
funcionarios inusual. José Torello, Horacio Reyser, Gustavo Lopetegui y
Rodríguez Simón, de habituales perfil bajo, se mezclaron entre asesores,
periodistas y los secretarios de Estado abocados a la comunicación presidencial
que suelen confluir en esas conferencias.
Según confiaron diversas fuentes oficiales, el Gobierno no
supo interpretar aún el funcionamiento y la relación con la Corte Suprema.
Abundaron interlocutores inválidos, según la lógica de los jueces. "A ellos les preocupa que el reclamo de la sociedad en Plaza de Mayo no
termine en la plaza de Tribunales", razonó recién después del
fallo uno de los voceros presidenciales que había estado un rato antes en la
oficina del Presidente. Tras el enojo inicial, Macri pidió sin embargo no
confrontar con el máximo tribunal. Si el fallo es digerible para el Gobierno
-es cierto que podría haber sido más favorable pero no es menos cierto que
podría haber sido más duro- es porque en el ánimo del tribunal nunca estuvo la
premisa de inquietar al Ejecutivo.
Algunos funcionarios del ala política todavía se preguntan
por qué el Poder Ejecutivo se había dado el lujo de aceptar la postergación de
la jura de Carlos Rosenkratz, prevista para la semana que viene, en una Corte
que atraviesa un período de renovación que recién empieza y en el que el
macrismo todavía no logra hacer pie ni decodificar.
Sin embargo, el Ejecutivo tomó la resolución de la tarifa
del gas como el ordenador para la implementación de una medida que no logró
consensuar. Más allá de que, según la Casa Rosada, la judicialización hubiera
sido imposible de sortear. El jueves, cerca de Macri ponían como
ejemplo la traba en el aumento de la tarifa del boleto del subte, frenada por
la Justicia a pesar de la realización de dos audiencias.
Macri sabrá con el correr de los meses si el costo político
de la resolución de hoy tiene o no impacto en su gestión. Mario Quintana y
Gustavo Lopetegui, dos de los funcionarios de mayor peso de su gabinete,
deberán ahora abocarse a otro de los grandes escollos a sortear en las próximas
semanas: la terminación y el envío al Congreso, previsto para el 15 de
septiembre, del presupuesto 2017, para el que desde hace varias semanas piden
un fuerte ajuste a los ministros.
FUERTE CRUCE ENTRE UN DIPUTADO RADICAL Y USUARIOS POR TARIFAZO
EL DIPUTADO RADICAL MARIO BARLETTA DESPERTÓ LA FURIA DE USUARIOS DE
LUZ, LUEGO DE ASEGURAR QUE "SI PAGÁS MIL PESOS, ES PORQUE SOS UN
RICACHÓN".
"Si
pagabas mil pesos de luz sos un ricachón que tenés la pileta climatizada y
luces en el parque", ironizó el diputado nacional por la UCR, luego
de que en el programa Levantado de 10, que se emite en Radio 10, leyeran el
mensaje de una oyente que contaba que pasó de pagar $1.000 a pagar $17.000 en
dos meses.
Además, el político escuchó a otros dos oyentes que le
contaron el aumento por encima del 500% que sufrieron. "Yo no digo que la
gente esté contenta porque les hayan aumentado, pero no podíamos seguir
así", justificó.
UN EMPRESARIO AFIRMÓ EN LA JUSTICIA QUE ES DUEÑO DE CAMPOS QUE CARRIÓ LE ATRIBUYÓ A SCIOLI
EL EMPRESARIO ITALIANO STEFANO GARILLI, DUEÑO DE LA FIRMA GARFIN AGRO
SA, SE PRESENTÓ ANTE LA JUSTICIA Y SOSTUVO QUE ES EL DUEÑO DE LOS CAMPOS LA
MOROCHA Y LA ESTRELLA, SITUADOS EN LA ZONA DE TANDIL, QUE SEGÚN DENUNCIÓ LA
LÍDER DE LA COALICIÓN CÍVICA, ELISA CARRIÓ, PERTENECERÍAN AL EXGOBERNADOR
DANIEL SCIOLI.
"Las estancias La Morocha y La Estrella son de
exclusiva propiedad de Garfin Agro. Ni la empresa ni el señor Stefano Garilli
mantienen ninguna relación y/o vinculación con el señor Daniel Scioli, a
excepción de la de calidad de huésped de la estancia La Estrella", explicó
el empresario en un escrito que lleva la firma del apoderado de la compañía,
Juan Ignacio Paradiso, y que dio a conocer el diario La Nación.
YO NO ME CHUPO EL DEDO SCIOLI...NO, SEGURO QUE NO JAJAJAJA
Además, declaró que conoció al ex gobernador bonaerense en
2005, cuando Garfin Agro se transformó en propietaria de la estancia La
Estrella, la que Scioli solía frecuentar cuando el dueño era Stefano Todini.
"Scioli le comunicaba cuáles eran las fechas en las que
habitualmente concurría. También le hizo saber que realizaba las reservas con
anticipación y que alquilaba todas las habitaciones para no tener que compartir
su estadía con terceras personas", se detalló en la presentación.
Garilli, a través de su apoderado, confirmó también que
Scioli recibía "un trato preferencial desde lo comercial y personal"
por su investidura, como vicepresidente y mandatario provincial.
Según publicó el matutino, el empresario, según aclaró en el
escrito, fue propietario de la sociedad Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del
Sur -que abastecen de gas a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Neuquén,
Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego-, de la que se desvinculó en 2000; la
empresa quedó en manos de su hermano Fabrizio Garilli.
Carrió denunció ante la justicia provincial al exgobernador por
fraude al gobierno bonaerense y lavado de dinero.
Según la diputada nacional, la maniobra se habría cometido a
través del desvío de fondos de las cajas de la obra social provincial IOMA,
Aguas Bonaerenses y el Instituto de Lotería de la provincia de Buenos Aires, e
incluiría el lavado de dinero a través de la creación de sociedades y la compra
de estancias a través de testaferros.
"Es amoroso Daniel, y además tiene capacidad y cara de
bueno. La verdad que él es muy amable. Pero queremos saber si robó, y si robó,
lo siento mucho. Y si robó Karina (Rabolini), lo lamento mucho. Si les robaron
a los pobres del conurbano, lo lamento mucho, no necesitaban hacerlo",
dijo Carrió.
En su descargo, Garilli acusó a Carrió de fundamentar la
denuncia en "publicaciones periodísticas y no en la existencia de prueba
relevante que por ella fuera aportada a la investigación".
LA INFORMACIÓN SE COMPLETARA EN HORAS DE LA TARDE DEBIDO A
PROBLEMAS DE DIAGRAMACIÓN
INFORMACIÓN GENERAL
Efemérides
1936
Se inaugura la Sala de Lectura de la Biblioteca Nacional de
Maestros en el entonces Consejo Nacional de Educación.
1971
Se integró la Escuela de Ingeniería Aeronáutica, actual
Instituto Universitario Aeronáutico (IUA), al Sistema Universitario Nacional
por Decreto 3179/71 del Poder Ejecutivo Nacional.
1983
Muere en Buenos Aires el destacado poeta, novelista y
guionista cinematográfico Ulyses Petit de Murat, autor de obras como
"Conmemoraciones" y "Un balcón hacia la muerte". Fue
guionista de las películas: "Prisioneros de la tierra", "La
guerra gaucha" y "Su mejor alumno". Nació en Buenos Aires el 28
de enero de 1907.
2008
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
2013
Día Nacional de la Lucha Contra el Síndrome Hemolítico
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