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sábado, 14 de mayo de 2016

NACIONALES


AFIP: hallan datos relevantes en allanamientos a principal imputado por tráfico de datos

SE SECUESTRARON DOS COMPUTADORAS "CON INFORMACIÓN DE INTERÉS" EN LOS ALLANAMIENTOS AL DOMICILIO Y LAS OFICINAS DEL SUBDIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES IMPOSITIVAS DEL INTERIOR DE LA AFIP, JAIME MECIKOVSKY, SEÑALADO COMO RESPONSABLE DE COMANDAR UN "TASK FORCE" DENTRO DEL ORGANISMO QUE RECOPILABA INFORMACIÓN FISCAL SECRETA PARA "FILTRARLA" CON OBJETIVOS POLÍTICOS, SEGÚN INFORMARON FUENTES JUDICIALES.


El múltiple procedimiento que se realizó en simultáneo en tres locaciones fue ordenado por el juez Luis Rodríguez, quien ya instruía una causa conexa en su contra que se activó luego de que se revelara una trama por la que también fue imputado el titular de la AFIP, Alberto Abad, y la diputada y aliada de Cambiemos, Elisa Carrió.

Por instrucción de Rodríguez, efectivos de delitos federales de la Policía Federal Argentina allanaron el domicilio particular de Mecikovsky, ubicado en la calle Vuelta de Obligado al 1700 en Capital, y su oficina en la sede central de AFIP. Junto a él, fue allanado el despacho de Eliseo Devoto, subdirector de Asuntos Jurídicos. Asimismo, el procedimiento judicial se llevó a cabo en el domicilio de Alejandro González Escudero, esposo de Adriana Raggi, subdirectora de la DGI Metropolitana.

La causa se inició el 14 de abril, aunque recién tomó estado público luego de la imputación formulada por el fiscal Eduardo Taiano contra toda la cúpula del organismo recaudador.

Denunciada por el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, postuló que existió una posible "asociación ilícita" y el delito de "enriquecimiento ilícito" en torno a la figura de Mecikovsky. El denunciante sostuvo que había llegado a su conocimiento que "Mecikovsky en connivencia con Devoto estarían asesorando y trabajando en paralelo en la actividad privada, y a su vez en la función pública como Contador en Off y abogado de Grupos de Empresas, disponiendo de información privilegiada".

En ese marco, la denuncia agrega que se habrían otorgado "favores económicos", y que se habrían "cobrado jugosas comisiones haciendo un uso y abuso de información que posee la AFIP para armar carpetas de clientes y llevarlos a su estudio contable jurídico en off".

Se investiga si González se presentaba como intermediario para "solucionar" temas de AFIP, por intermedio de Raggi y Mecikovsky. Esa presentación fue robustecida con una posterior que indicó que el acusado tenía negocios de consultoría de liquidación de impuestos para empresas en paralelo, lo que configuraría un nuevo delito por negociaciones incompatibles con la función pública.

Puntualmente, se ejemplificó la maniobra con el Grupo Murata (dedicado a seguridad privada) que le facturaron al Gobierno porteño y omitieron una declaración de ventas por parte de la UTE que prestó esos servicios. Así el registro era equivalente a un 10% de la facturación real de las compañías. "Mecikovsky habría armado la ingeniería contable para beneficiar a este grupo empresarial", sostiene la causa que instruye Rodríguez por una presunta estafa por $ 400 millones. Eso fue detectado por el jefe de Investigaciones Claudio Cieza, quien detecta esas inconsistencias y pone en conocimiento de sus superiores y específicamente a Mecikovsky, quien en enero estuvo a cargo del área metropolitana. Terminó desplazado.

Task force de la AFIP: amplían denuncia contra Stolbizer y Martínez

La denuncia por el presunto tráfico de datos de la AFIP en la cual ya está imputada la diputada Elisa Carrió fue ampliada a la también legisladora y líder del GEN, Margarita Stolbizer, y su principal asesora y abogada, Silvina Martínez.

En su presentación ante el juzgado federal de Claudio Bonadio, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade consideró que al igual que Carrió, la legisladora del GEN es presunta receptora de los datos provistos por el subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior, Jaime Mecikovsky.

El fiscal Eduardo Taiano ya abrió la investigación contra Carrió y a Mecinkovsky, e imputó por presunta violación del secreto fiscal al titular de la AFIP, Alberto Abad.

Según la denuncia, ambos funcionarios habrían ayudado a preparar dossieres que luego nutrieron las denuncias de las diputadas.

Una de ellas sería la que involucró la deuda fiscal de la petrolera Oil del empresario Cristóbal López, cuyas empresas de medios fueron intervenidas para evitar un posible vaciamiento.

Pero de acuerdo a la denuncia, otras posibles víctimas de la operatoria son el al propio presidente Mauricio Macri, la familia Awada, el empresario Nicolás Caputo, el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, y varios jueces federales.

Siempre según la primera denuncia de Tailhade, presentada el 28 de marzo y ahora ampliada, la búsqueda de esos datos secretos debió quedar registrada en las bases de datos del organismo.

El jueves se registraron allanamientos en las oficinas de Mecikovsky y Castagnola pero los trámites se realizaron en el marco de otra causa por supuesta asociación ilícita y enriquecimiento que se tramita en otro juzgado federal, el de Luis Rodríguez, a raíz de una denuncia del abogado, Alejandro Kalbermatten.

En su escrito de apenas una carilla, Tailhade apoyó su ampliación de denuncia en la propia declaración testimonial de Mecikovsky ante el juez federal Sebastián Casanello, quien le tomó testimonial en la causa por lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez.

El funcionario de la agencia recaudadora admitió allí haber tenido "algún contacto" con Martínez por asuntos vinculados con "fiscalizaciones" que llevó adelante el organismo recaudador a la empresa offshore Helvetic, cuya propiedad se adjudica a Báez pero que éste niega.

En esa declaración, el funcionario negó haber tenido contacto con la diputada Stolbizer, pero aceptó haber tenido "algún contacto" con su abogada, Silvina Martínez, quien la patrocina en diversas denuncias.

Una de ellas es la de las de la empresa hotelera "Los Sauces", en la que ayer quedó imputada la ex presidenta Cristina Kirchner por supuesto cobro de "coimas" pagadas por Báez y López.

Sindicatos en alerta: afirman que Gobierno busca prohibir derecho a huelga


El sindicalismo salió al cruce del ministro de Trabajo Jorge Triaca, quien dejó abierta la posibilidad de que en la reunión del Consejo del Salario prevista para el jueves próximo se discuta descontar los días de huelga.


Tal como había adelantado Ámbito Financiero, el funcionario aseguró que esta cuestión necesita una "chance de debate", frente a "la caída en la producción y el alto nivel de ausentismo".

"Es un intento de empezar a ponerle límite al derecho a huelga, de trasgredir las garantías constitucionales que aseguran el libre ejercicios de la acción sindical", afirmó Hugo Yasky. Consultado al respecto, el secretario general de la CTA consideró que "cualquier avance en ese sentido choca contra el convenio internacional que le da sentido y marca el origen de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)".

En ese sentido, advirtió que con una medida de ese tipo, el Gobierno se arriesga a un llamado de atención por parte del organismo multilateral, "como se ha hecho antes con otros gobiernos que han pretendido violar el derecho a la huelga y ponerle límites". A su vez, sostuvo que el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil no es el ámbito de discusión del tema. "Debería asesorarse porque el texto de la ley que instituye el Consejo establece claramente las funciones y los límites que tiene ese ámbito", afirmó.

Por su parte, el titular de la CTA Autónoma Pablo Micheli dijo que el ministro "en vez de preocuparse por mejoras para los trabajadores, busca impedir que se ejerza libremente nuestro derecho" a huelga. El gremialista explicó que la cuestión del descuento está contemplado legalmente, pero "generalmente se discute con la patronal y para no agravar un conflicto se negocia que no se descuenten los días". "No se estila en la Argentina descontar", afirmó.

El secretario general de los Metrodelegados, Roberto Pianelli, aseguró que la idea de un posible descuento salarial por huelga "es un discurso que ya lo escuchamos en los peores momentos de la Argentina".

El gremialista consideró que "la intención del Gobierno es avanzar sobre el cercenamiento del derecho a huelga". Pianelli recordó que cuando se traspasó el subterráneo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, "el gobierno de Macri planteó que el servicio era esencial, pero lo que querían era que no haya paros". El metrodelegado también se refirió a idea del ministro Triaca de descontar días por ausentismo y consideró que "el Gobierno debería cambiar la ley de riesgo de trabajo antes de querer que la gente vaya enferma a trabajar".

En tanto, el dirigente ferroviario, Sergio Sasia, indicó que si bien no sabe cómo se va a dar la reunión convocada por Triaca, "lo primordial a la hora de convocar al Consejo son los salarios". Al ser consultado por la posibilidad de que se trate temas como la productividad, ausentismo y descuento por huelga, el sindicalista decidió no hacer comentarios porque "todavía no fue formalmente convocada la reunión".

Sin embargo, Sasia consideró que "el tema al que se le debería dar prioridad es el salario mínimo, vital y móvil". Asimismo, el dirigente de la Unión Ferroviaria también se mostró preocupado por la ola de despidos, pero consideró que "ese tema va por otro canal".

Con todo el recetario de los 90

JORGE TRIACA PLANTEO DISCUTIR SOBRE EL DERECHO A HUELGA, LA PRODUCTIVIDAD Y EL AUSENTISMO,EL MINISTRO DE TRABAJO PROPUSO INCLUIR ESOS TEMAS EN EL MARCO DEL CONSEJO DEL SALARIO MÍNIMO VITAL Y MÓVIL, QUE SE REUNIRÁ EL PRÓXIMO JUEVES. LA IDEA FUE RECHAZADA DE PLANO RÁPIDAMENTE POR DIFERENTES SECTORES DEL SINDICALISMO.


                                               CON LA ESCUELA DEL PADRE
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, planteó ayer la posibilidad de aplicar descuentos a trabajadores que ejerzan el derecho a huelga y propuso incluir temas como productividad y ausentismo en el marco del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, que se reunirá el jueves que viene. El mismo día que anunciaba un millonario subsidio a McDonald’s para fomentar el empleo precarizado, Triaca rindió un involuntario homenaje a su padre, que ocupó el mismo cargo en los primeros años del gobierno de Carlos Menem y también intentó avanzar sobre la potestad de los trabajadores de protestar por sus condiciones de trabajo. La idea fue rápidamente rechazada de plano por diferentes sectores del sindicalismo, que aseguran que eso “ni siquiera se va a poner sobre la mesa” del Consejo ya que no solamente “el tema no está en agenda” sino que “no es el ámbito para plantear” ese tipo de propuestas.

“Hay que darle una chance de debate”, dijo Triaca al ser consultado por la posibilidad de poner en cuestión el derecho a huelga y aplicar sanciones a aquellos trabajadores que se ausenten del trabajo como parte de una protesta gremial. “Lo que creemos es que en el marco del Consejo del Salario, sería bueno sumar temas pendientes de debate, como la caída en la producción, el alto nivel de ausentismo y las adicciones”, agregó el ministro, de cara a la reunión que mantendrá con representantes de las empresas y de los trabajadores el jueves que viene en el marco de ese instrumento.

Según el funcionario, esta cuestión necesita "una chance de debate", frente a "la caída en la producción y el alto nivel de ausentismo".

A su criterio, el Consejo del Salario "es una buena oportunidad" para plantear esta posibilidad, "porque permite reunir al sector empresario y al sector trabajador".

"Nada se puede hacer sin debate y sin consenso. Nosotros creemos que estas cuestiones no se tienen que debatir en otro lugar que no sea en un ámbito de consenso, si queremos generar un sector del trabajo y un sector de desarrollo productivo sostenible, que empuje a este país hacia el crecimiento y hacia la salida hacia de la pobreza cero", enfatizó.

En declaraciones a radio Continental, Triaca sostuvo además que "en el marco del Consejo del Empleo y el Salario, siempre hay ámbitos de debate y siempre se lleva los titulares el aumento del salario mínimo. Pero, para nosotros, también hay otros temas que están muy pendientes de la gestión anterior".
Asimismo, el ministro expresó que "también es importante discutir muchos de los temas que tienen que ver con la caída en la producción, con el alto nivel de ausentismo en algunas industrias que tiene que ver con el problema de adicciones en muchos sectores del trabajo".

"Entonces, tenemos que hacer un enfoque común entre el Gobierno, los sindicatos y las empresas, para ayudar a que estas cosas sean superadas", evaluó el jefe de la cartera laboral.

El Gobierno convocó para el jueves de la semana próxima al Consejo del Salario, que reunirá a funcionarios, empresarios y sindicalista con el propósito de definir el nuevo sueldo mínimo, que actualmente es de $6.060 y podría llegar a $8.000 a fin de año.

Cruces por la ley antidespidos

El diputado del Frente Renovador Héctor Daer afirmó que tiene diferencias “sustanciales” con Massa y reconoció que está en “una situación política muy incómoda”. Recalde pedirá reunirse con Pichetto y Massa para evaluar los pasos a seguir del FpV.


                       El diputado del Frente Renovador Héctor Daer quedó al borde de abandonar el espacio liderado por Massa. 
La ley de emergencia ocupacional sigue generando conflictos en la Cámara baja. Tras la sesión fallida del miércoles pasado, el diputado del Frente Renovador Héctor Daer aseguró que se encuentra en “una situación política muy incómoda” por las diferencias que surgieron a raíz de este tema con el líder de su espacio, Sergio Massa. El titular del gremio de los canillitas, el diputado moyanista Omar Plaíni, aseguró que aquellos legisladores que no asistieron a la sesión especial para aprobar la ley antidespidos “tendrán que dar explicaciones”. Por otro lado, el jefe del bloque de diputados del FpV, Héctor Recalde, adelantó que buscará reunirse con su par del Senado, Miguel Pichetto, y con el propio Massa, para evaluar los pasos que seguirá su bloque la sesión convocada para el miércoles próximo.

El dictamen impulsado por el kirchnerismo, el Bloque Justicialista, el Frente de Izquierda y otros monobloques será el primero en tratarse la semana que viene, cuando se realice la sesión ordinaria acordada entre Cambiemos y el massismo. Si una vez logrado el quórum se mantienen los números del miércoles último, el proyecto aprobado por el Senado sería rechazado por la votación en conjunto del oficialismo y el sector que responde a Massa. “El miércoles se tratará primero el dictamen del Senado. Si el Frente Renovador decide votar con el PRO es para votar en contra y se cae el dictamen; el segundo dictamen es el que plantea Cambiemos, que no tiene mayoría, y el que menos votos tiene es el del Frente Renovador, de manera que estaríamos en una encrucijada de que no haya ley”, explicó ayer Daer, representante del gremio de Sanidad y uno de los legisladores massistas que sí asistió a la sesión especial. Durante su discurso en el recinto, Daer le dedicó un párrafo especial a Massa, quien había afirmado que el kirchnerismo no iba a llevarlo “a las patadas” a sesionar. “A mí nadie me trajo a patadas en el culo”, dijo en aquel momento. Ayer el diputado afirmó que tiene diferencias “sustanciales” con Massa y si bien no se formalizó una ruptura, su compañero de bloque, Felipe Solá, sostuvo que Daer ya abandonó la bancada.

Plaíni, que mantiene su monobloque Cultura, Educación y Trabajo, le metió presión a los referentes gremiales que integran la Cámara baja: “Somos 10 diputados sindicales, seis bajamos al recinto. Los que no bajaron tendrán que dar explicaciones ellos”, sentenció Plaíni. Esos cuatro son todos del Frente Renovador: Facundo Moyano (peajes), Carla Pitiot (organismos de control), Jorge Taboada y Enrique Castro Molina (camioneros).

El diputado moyanista afirmó que el proyecto para prohibir los despidos durante 180 días y establecer la doble indemnización “era simplemente un paliativo”. “El único responsable de esto es el Gobierno, que durante la campaña habló de republicanismo y trabó la ley”, denunció.

En este contexto, para el futuro de la emergencia ocupacional serán clave las conversaciones de Recalde con Pichetto y también con Massa. Si el Frente Renovador no cambia de actitud, por más que algunos de sus legisladores – como Daer– terminen votando a favor del texto del Senado, es difícil que alcancen los 129 votos necesarios para aprobarlo. Dependerá entonces del FpV y de los otros bloques si deciden acompañar las modificaciones introducidas en el dictamen massista. Entre otras cosas, el proyecto del Frente Renovador incluye anexo con un plan de protección a las micro, pequeñas y medianas empresas, con fomento para el empleo joven y para los mayores de 50 años.

“Con Massa estamos de acuerdo en el objetivo, tal vez diferimos en los caminos. En el tema pymes nosotros estamos dispuestos a acompañar el proyecto que ya había presentado Massa”, aseguró ayer Recalde, en tono conciliador. Sin embargo, dejó en claro que van a intentar “cumplir con el mandato” de las cinco centrales obreras que pidieron expresamente que salga la ley lo antes posible. “Las modificaciones implicarían un retardo más porque volvería al Senado”, completó Recalde.

Fuentes del kirchnerismo en la Cámara alta adelantaron que evaluarán el proyecto en caso de que llegue con modificaciones. “Si los cambios son positivos podemos aprobarlos”, aseguró un senador del FpV-PJ, que en la Cámara alta cuenta con 39 legisladores propios y 3 aliados. Al momento de aprobarse en el Senado, el proyecto había sumado 48 votos contra 16 de la alianza Cambiemos. Con ese número, también tienen la fuerza como para insistir con la redacción original y aprobar la ley sin los cambios del massismo. En caso de que la iniciativa vuelva al Senado la semana próxima, ya adelantaron que buscarán darle tratamiento lo antes posible para que no se continúe dilatando su aprobación, como pretende el macrismo.

Piden investigar a Calcaterra

CINCO DIPUTADOS PRESENTARON UN ESCRITO EN EL JUZGADO DE CASANELLO PARA QUE SUME A CALCATERRA A LA INVESTIGACIÓN DEL CASO BÁEZ. TAMBIÉN QUE FRENE LA VENTA DE IECSA PARA IMPEDIR CAMBIOS EN SU SITUACIÓN PATRIMONIAL.


                                          Angel Calcaterra, primo de Macri, ahora quiere vender Iecsa a las apuradas.
Un grupo de diputados del Frente para la Victoria encabezados por el jefe del bloque, Héctor Recalde, presentaron un escrito en el juzgado de Sebastián Casanello para pedirle que frene la venta de la empresa del primero del presidente Mauricio Macri, Ángel Calcaterra, y que se lo incluya en la investigación que lleva adelante contra el empresario Lázaro Báez. En sus dos últimas declaraciones, Báez destacó que Calcaterra era su socio -se presentaron juntos para licitaciones por un valor de 10 mil millones de dólares, aunque sólo ganaron algunas, Baez presentó ante la justicia un email remitido por la empresa IECSA de Calcaterra, a Austral Construcciones sobre la construcción de las represas y el acuerdo suscripto el 10 de diciembre de 2012 para la constitución de la Unión Transitoria de Empresas (UTE).

El email fue aportado para reforzar lo que había argumentado al ser indagado la semana pasada, sobre los casi 209 millones de pesos que recibió de la firma Helvetic Service Group, y que había dicho que iban a ser utilizados para la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner, en Santa Cruz. - y que armaron una UTE para la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic en Santa Cruz, detenidas por el Gobierno.

Luego de la primera declaración de Báez sobre este tema ante Casanello, se conoció la decisión de Calcaterra de vender la constructora Iecsa, que años atrás recibió de manos de su tío Franco Macri. Supuestamente, la intención es no perjudicar políticamente al Presidente. En el entorno de Calcaterra aseguran que el Estado le debe mucho dinero a Iecsa y que cada vez que reciba un pago, se lo van a facturar a su primo. Además, podría recibir denuncias por tráfico de influencias.

Calcaterra ganó licitaciones por la friolera de 1.800 millones de dólares durante el kirchnerismo y mantenía un fluido contacto tanto con el ex ministro de Planificación, Julio de Vido, como con su secretario de Obras Públicas, José López. Esos datos fueron puestos en relevancia por Báez en sus declaraciones judiciales, dado que su firma, Austral Construcciones, figuró 36º en el ránking de las que más obra pública obtuvo durante el kirchnerismo mientras que Iecsa fue la tercera del escalafón.

Por eso, los diputados Recalde, Juliana Di Tullio, María Teresa García, Carlos Kunkel y Rodolfo Tailhade solicitaron a Casanello que frene la venta de Iecsa, tal com trascendió. “Habiendo tomado estado público la inminente venta de Iecsa, y el consecuente desapoderamiento de bienes de Calcaterra situación que incluso implicaría una limitación patrimonial de las eventuales responsabilidades que pudieren surgir con motivo de la investigación, resulta conveniente adoptar respecto a Iecsa, idéntico criterio que el adoptado por el juez en la causa en cuanto dispuso una medida de no innovar tendiente a impedir cualquier inscripción que implique la venta de bienes o activos, el desmembramiento y/o modificación del estatus jurídico de las empresas del citado grupo”, escribieron en la presentación.

Además, en el documento agregan que “no deberían descartarse medidas tendientes a resguardar la responsabilidad patrimonial en la que eventualmente pudieren incurrir los socios, gerentes, síndicos y directores de Iecsa, y por ello debería considerarse ordenar un embargo de los bienes registrables de quienes resulten imputados, como así también la inmovilización y congelamiento de los fondos de sus cuentas bancarias con la finalidad de asegurar el patrimonio involucrado en los ilícitos que se investigan”.


Bonadio se sacó el gusto de procesar a CFK

LO HIZO POR EL DELITO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA, PERO RETROCEDIÓ EN SU INTENCIÓN DE INCLUIRLA EN UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA. TAMBIÉN PROCESÓ Y EMBARGÓ A AXEL KICILLOF, ENRIQUE VANOLI Y A OTROS EX FUNCIONARIOS.


El juez Claudio Bonadio procesó a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Lo hizo en relación a la operación del Banco Central conocida como dólar-futuro, aunque retrocede de la figura de asociación ilícita que describió al principio de la causa. En su persistente y atropellada ofensiva contra los integrantes del anterior gobierno, a Bonadio ni siquiera le importó que Cristina Kirchner no figurara en la denuncia original, ni el hecho de que el fiscal no la haya imputado. Directamente especuló que esa decisión económica no se pudo haber llevado adelante sin el visto bueno de la entonces Presidenta y del ex ministro Axel Kicillof. En el expediente no se acusa a CFK ni a nadie por un hecho de corrupción o por haberse quedado con dinero. El procesamiento termina dictándose porque se eligió una política monetaria destinada a desalentar las expectativas de una devaluación –por eso se operaba el dólar-futuro a 10,65 pesos–, justamente por los efectos que después se vieron: LA DEVALUACIÓN QUE LLEVÓ A ALTOS ÍNDICES DE INFLACIÓN, PÉRDIDA EN LOS SALARIOS REALES Y FUERTE BAJA EN EL CONSUMO.

Lo curioso es que no hay –al menos hasta ahora– imputación contra quienes devaluaron, ni tampoco contra los funcionarios del actual gobierno que compraron dólar-futuro. “Procesan a los que no devaluaron ni ganaron un peso con la operatoria y zafan los que llevaron el dólar a 15 pesos e hicieron un negocio comprando dólar-futuro”, señaló uno de los abogados que representa los funcionarios del anterior gobierno. El razonamiento del juez es que el perjuicio que debe tomar en cuenta es el que se produjo con la venta.

Así explica la imputación a CFK y Kicillof. “Es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del B.C.R.A. de 5.000 millones de dólares a 17.000 millones de dólares, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional”, sostiene Bonadio.

Personalmente

Hacia el final del escrito, el juez cita personalmente a los 16 procesados –CFK, el ex ministro Kicillof, el ex titular del Central, Alejandro Vanoli, y otros 13 directores y funcionarios del banco– para que se presenten en su juzgado dentro de los próximos tres días, se les notifique el procesamiento, realicen los trámites de rigor –Registro de Reincidencias y estudio socioambiental–y que digan cómo va a afrontar el embargo de 15 millones de pesos cada uno.

Como es obvio, los imputados apelarán lo resuelto por Bonadio durante la próxima semana y deberá intervenir la Sala II de la Cámara Federal, que recientemente emitió llamativos fallos orientados contra el anterior gobierno. Además, sus integrantes están recusados y denunciados penalmente en el Consejo de la Magistratura, igual que el juez.

Recusado

Bonadio llegó ayer a dictar los procesamientos pese a que fue recusado en dos oportunidades. Los abogados de un integrante del directorio del BCRA sostuvieron que el juez no les permitía ver la causa, que privilegiaba al fiscal y que citaba a declarar a testigos sin notificar a las defensas de los imputados. A esa recusación de Alejandro Rúa y Paula Honisch, la Sala II contestó algo así como que Bonadio actúa en forma irregular en todas las causas, de manera que no correspondía apartarlo del expediente porque se trata de las mismas irregularidades de siempre. Luego, Carlos Alberto Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, agregó que Bonadio autorizó a realizar pagos por la operatoria del dólar-futuro, lo que provocó una denuncia y la imputación del fiscal Jorge Di Lello. La objeción al magistrado es que si la operatoria era un delito y causaría un efecto ruinoso, no debió autorizar ningún pago. En consonancia, Beraldi sostuvo que Bonadio no podía ser juez de un caso en el que estaba también imputado por el fiscal Di Lello.

Política

La operatoria de dólar futuro consiste en fijar un precio de la divisa para un momento futuro determinado. Si la cotización resulta más alta el día fijado como vencimiento del contrato, se le dará al comprador la diferencia a su favor, en pesos, y si está por debajo de lo fijado en la operación, la diferencia será para el Estado, también en pesos. Es una operatoria del Banco Central que se realiza desde hace años, en la Argentina y en otros países, no benefician ni perjudica las reservas porque es en pesos y a lo largo del tiempo le dejó importantes ganancias al Estado.

El objetivo del Central era mantener bajas expectativas de devaluación y evitar cualquier corrida. La realidad es que las ganancias terminaron siendo importantes para los que operaron en el dólar futuro porque después el gobierno de Mauricio Macri produjo una megadevaluación, pese a que a lo largo de la campaña juró y perjuró que no devaluaría. De manera que se acusa al anterior gobierno por una pérdida que se produjo cuando la actual administración devaluó.

Uno de los argumentos de Bonadio es que hubo administración fraudulenta porque se vendía dólar-futuro a 10,65 cuando el dólar bolsa, el dólar de contado con liqui y el dólar de referencia en títulos estaban más alto. Y en el fallo manifiesta que el BCRA debía ajustarse a valores de mercado. Nadie desconocía, dice el juez, que el precio era ficticio, “vil” a su entender, el mecanismo “arbitrario y caprichoso”, con un contrato de único vendedor. Al generar demanda, aumentaron los límites para operar futuros del BCRA y –sostiene– debió haber existido un freno de parte de la CNV.

Sin embargo, tanto la ex presidenta como el ex ministro Kicillof, como el ex titular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y el resto de los imputados señalaron que la política debía orientarse a mantener la estabilidad monetaria, desalentando las corridas y las movidas inflacionarias. En ese objetivo, la operatoria de dólar-futuro fue un instrumento y todas las defensas coincidieron en que la devaluación no estaba escrita en ningún destino, sino que fue obra voluntaria del actual gobierno, sobre todo en una magnitud de más del 60 por ciento. Esto llevó a niveles de inflación que multiplicaron las anteriores, una caída brutal de los salarios reales, baja del consumo y despidos.

Justamente, uno de los argumentos de las defensas es que Bonadio criminalizó una política económica del anterior gobierno, no un hecho de corrupción. Las medidas de política económica son opinables, pueden ser consideradas mejores o peores, pero no son judiciables. Con el mismo argumento –sostienen las defensas– deben ser imputados los actuales gobernantes que fueron los que verdaderamente produjeron la devaluación.

Ilícita

Desde el primer día, el juez dibujó la figura de la asociación ilícita amenazando con la detención de CFK. Por ello describió la operatoria de la siguiente manera: “formar parte de un grupo de funcionarios que en forma sistemática, concertada y organizada emprendieron diversas acciones de carácter político y administrativo en violación a las competencias del Banco Central para concretar operaciones en el mercado de dólar futuro en condiciones dañosas al erario público”. Que esa descripción se correspondía con la de asociación ilícita fue entendido por el ex juez Eugenio Raúl Zaffaroni, por la ex presidenta y su abogado.

Por eso, la respuesta de Cristina Kirchner fue durísima: “la única asociación a la que pertenecí fue el gobierno” y no se trata de ninguna asociación ilícita sino un gobierno elegido por el voto popular. Bonadio retrocedió de la figura de la asociación ilícita, con la que no podía catalogar un gobierno. Aun así, no quiso dar el brazo a torcer y ayer hizo una referencia: “la encartada Cristina Elisabet Fernández al comparecer a prestar declaración indagatoria, entendió que la descripción que se le hacía del hecho aludía a una asociación ilícita (…) al menos a la fecha no se cuentan con elementos que permitan afirmar la existencia de la sobre dicha “asociación ilícita”, pero debe reconocérsele por lo menos cuán cerca estuvo –al menos dialécticamente– de lo que en concreto aquí se verifica: el uso por su parte de una estructura de poder que presidía en razón de su cargo, para implementar una operatoria que vulneró la arcas públicas”.

Ruleta

A lo largo del fallo, Bonadio sostiene que la devaluación era inevitable e, incluso, entra en consideraciones acerca de que tal vez iba a ser menor con Scioli que con Macri, y que después entró a jugar el favoritismo del candidato de Cambiemos para la segunda vuelta, por lo cual –según él–, se esperaban precios altos del dólar.

Y para procesar se basó en el concepto de “la ruleta que funciona mal”. Dice que todo está bien si un jugador entra al casino, apuesta y tiene las mismas chances que el casino y los otros jugadores, pero que apostar sobre la base de una ruleta descompuesta es lo ilegal. En este caso, la ruleta descompuesta es que la operatoria del dólar-futuro se producía sobre la base de una devaluación que él –Bonadio– considera que era segura. Casi que desliza que el gobierno anterior debió devaluar. Pero lo que está en juego es una causa judicial y en ningún momento explica en qué consistiría el carácter ilegal o ilegítimo de la estrategia monetaria elegida.

Sin embargo, el juez saca de la realidad que no se trataba de una apuesta, sino de la elección de una herramienta para implementar una política que desalentara una corrida contra el dólar o disparada de los precios que –como sucedió en otros diciembres– terminó produciendo saqueos y crisis para los sectores populares.

En condicional y sin ninguna prueba

EL EX PRESIDENTE DECLARÓ ANTE EL JUEZ CARLOS VILLAFUERTE RUZO POR LA MUERTE DE CARLITOS. LE APUNTÓ A LA ORGANIZACIÓN LIBANESA PRO-IRANÍ, PERO NO APORTÓ ELEMENTOS PARA RESPALDAR SUS DICHOS. ZULEMA YOMA CALIFICÓ DE “LAMENTABLE” SU DECLARACIÓN.



                                           Carlitos Menem murió, junto a Silvio Oltra, al caer el helicóptero que piloteaba.

El ex presidente Carlos Saúl Menem se despachó ayer con algo así como una acusación contra la organización libanesa pro-iraní Hezbollah, a la que le endilgó que “podría haber sido quien mató a mi hijo”. El riojano no explicó ni cómo se hizo la operación ni por qué medios –balazos, granadas– derribaron el helicóptero en el que viajaba Junior, el hijo del presidente. La ex primera dama Zulema Yoma, calificó la declaración de “lamentable” porque Menem sostuvo que la revelación se la hizo el entonces canciller Guido Di Tella, pero cuando Zulema le preguntó si esa revelación fue por escrito o fue oral, el ex presidente se negó a contestar esa pregunta así como todas las demás.

En un operativo nada sencillo, el juez Carlos Villafuerte Ruzo resolvió trasladarse al Senado para tomarle declaración al ahora senador y antes presidente. El magistrado llevó a la declaración la totalidad del expediente –lo que requirió una camioneta– por si había que consultar algún detalle y estuvo acompañado por la fiscal María Paula Moretti. Como parte querellante asistió Zulema acompañada por su abogado, Juan Gabriel Labaké. También estuvo Zulemita.

Menem presentó un escrito en el que ni siquiera afirma que Hezbollah produjo el atentado, sino que lo puso en condicional. Tampoco aportó prueba alguna. Sólo reveló que Di Tella recogió información en distintas embajadas y servicios de inteligencia y le señaló que la organización libanesa perpetró el atentado. Por supuesto, citó como antecedentes los ataques a la Embajada de Israel y a la AMIA.


La declaración provocó un gran enojo en Zulema y su abogado, que rechazan tajantemente la hipótesis de un ataque islámico. Labaké, quien estuvo muy ligado a Mohamed Alí Seineldín, ha sostenido, por ejemplo, que en el atentado contra la AMIA debe investigarse si no fueron los propios judíos los que pusieron el explosivo como parte de una interna. Con semejante análisis de trasfondo, el abogado y la madre de Carlitos exigieron más explicaciones, pero el ex presidente se negó a contestar preguntas.

Un dato impactante de la declaración es que Menem contó que decidió no tomar ninguna represalia por la muerte de su hijo a raíz de que hubo amenazas contra su hija, Zulemita. O sea que ni siquiera esgrimió razones de Estado para no investigar los atentados, sino prácticamente razones personales, de preservación de su hija: “Era un blanco elegido, como Carlitos”, dijo. Esta revelación llevó al juez a que ahí mismo, en el Congreso, le tomara declaración a Zulemita. La hija del ex presidente dijo que sí, que recibió algún llamado telefónico amenazante en aquella época, pero no se explicó por qué no se hizo la denuncia ni qué medidas se tomaron.

El juez Villafuerte Ruzo cerró la investigación sin imputar a nadie porque consideró que no hubo un doble homicidio –murió también el corredor Silvio Oltra– sino que Carlitos piloteaba el helicóptero hacia Santa Fe y se llevó por delante los cables de alta tensión. La resolución de Villafuerte fue confirmada por la Cámara Federal de Rosario, luego por la Casación y la Corte Suprema. Sin embargo, un acuerdo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó a un compromiso de una reapertura parcial del expediente. En ese marco, Villafuerte le tomó la declaración a Menem padre, quien presentó un escrito hace un mes diciendo que sabía quién había matado a Carlitos y por qué. Ayer, a esta última parte del interrogante no le dio respuesta: no explicó los supuestos motivos de Hezbollah.

De todas maneras, lo ocurrido ayer llevará seguramente a Villafuerte a convocar a declarar a los responsables de algunas embajadas y a ex titulares de la SIDE. Zulemita, por su parte, dijo que estuvo presente cuando la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner le dijo a Zulema que sabía que a Carlitos lo habían matado. Esto último anticipa una citación de CFK.

Tras unas tres horas de idas y vuelta, a la salida, Zulema se manifestó muy disgustada por lo señalado por Menem. “Fue lamentable. Presentó un papel y no quiso contestar nada”, dijo. Lo curioso es que Zulema y Carlos padre están en una especie de reconciliación y pasan juntos los fines de semana. Sin embargo, ayer todo fue tenso. Más que tenso.

CÓRDOBA

Anuncian lluvias para esta noche y para el domingo en Córdoba

ASÍ LO INDICA EL SERVICIO METEOROLÓGICO NACIONAL. PRONÓSTICO EXTENDIDO.

Las bajas temperaturas que iniciaron en Córdoba los días pasados se verían acompañadas desde esta noche por lluvias y chaparrones aislados, que continuarían al menos hasta el domingo.

Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, para este sábado se espera una máxima de 18 grados, con probabilidad de precipitaciones hacia la tarde noche.

Las condiciones se mantendrían durante el domingo, jornada para la que se espera una mínima de 12 grados y una máxima de 20.

Extendido
Lunes. La mínima sería de 10 grados y la máxima ascendería a 16.

Martes. Temperaturas entre los 10 y los 15 grados, con probables lloviznas hacia la noche.

¡¿Viarnes era médico en Paraguay?!

 “EL FRANCÉS” VIARNES, PIEZA CLAVE DEL NARCOESCÁNDALO, FUE ATRAPADO EN PARAGUAY, DONDE SE HABÍA CASADO Y, SEGÚN UN FISCAL, EJERCÍA LA MEDICINA DE MANERA ILEGAL.

La extradición de Viarnes va a demorar, dijo su abogado
El hombre más buscado (y más escurridizo) de Córdoba tiene Facebook y en la red social postea fotos de él, de su casamiento y de su actividad de “médico” (con chaqueta y estetoscopio incluidos).


Juan Francisco “El Francés” Viarnes, pieza clave para la causa judicial que se conoció como narcoescándalo, y que quedara reducida a condenas menores en una reciente sentencia judicial que fue muy crítica con la investigación, acaba de ser detenido en Paraguay, donde se había casado y vivía bajo la falsa identidad de Francisco Juan Warnes.


Por pedido de Argentina, Interpol lo atrapó en la ciudad paraguaya de Caaguazú, y ahora se inicia un juicio de extradición para que comparezca ante la justicia federal cordobesa, porque él también está acusado en la causa del narcoescándalo.

¿Qué pasó con Viarnes? El “testigo clave” del narcoescándalo burló la custodia policial de su casa de Urca y desapareció, allá por julio de 2014.

Hoy sabemos que estaba en Paraguay (se dijo hasta que podría haber muerto), viviendo lo más pancho. Y también sabemos que, a juzgar por las fotos que hay en Facebook, se casó en octubre de ese mismo año con Laura Beatriz Medina

Claro que en la red social no figuraba como Juan Francisco Viarnes, sino como Francisco Juan Warnes, una alteración en el orden de los nombres y en un par de letras del apellido.


La página fue habilitada en agosto de 2014 y tiene un par de datos para la risa: el 28 de agosto de ese año consigna que “comenzó a estudiar en el Instituto Superior de Guerra”, ese mismo día empezó a estudiar en la “Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y, también el 28 de agosto de 2014, “empezó a trabajar en Cirujano Plástico”.



Lo último. Viarnes fue detenido cuando regresaba a su casa, ubicada en la zona denominada Campo 9, de la ciudad de Caaguazú, donde vivía con su pareja, de acuerdo a lo que contó el fiscal penal de esa ciudad, Víctor Santander.

“Hemos colectado información sobre este eventual ejercicio de una profesión sin habilitación”, confirmó Santander, quien no pudo asegurar, en el momento en que está la causa, que haya trabajado como médico para instituciones de salud o si lo hacía en forma particular y domiciliaria.

En el estado en el que está la investigación no podía el fiscal asegurar que no existan posibles casos de personas afectadas por su actividad como médico trucho.

Pero de nuevo Facebook ofrece rastros de su camino. En la página “Todos unidos por Caaguazú” (dice que es un partido político), el propio administrador de la página, que a juzgar por el texto es el propio Viarnes, postea: “Junto a mi gran esposa Laura Beatriz Medina de Warnes estamos brindando salud para los más necesitados de Caaguazú, dando medicamentos si así lo requiere el cuadro clínico, con estudios”. Todo un “doctor”.

A criterio de Santander, la existencia de esta causa por ejercicio indebido de la profesión médica no constituiría una demora para su extradición, aunque esa cuestión, se excusó, será dirimida por un tribunal que no integra.

Viarnes en Paraguay era Warnes: el único documento que tenía encima cuando fue apresado, según precisó Santander, es una licencia de conducir a nombre de Juan Warnes, que llevaba en la guantera de la Mitsubishi Montero todo terreno que manejaba cuando volvió a su casa paraguaya.


Viarnes no opuso resistencia a su detención y quedó alojado en la comisaría de Caaguazú, desde donde será trasladado la semana próxima a un penal en Asunción, donde aguardará el trámite de extradición.

En Córdoba, el defensor oficial de Viarnes, Jorge Perano, le dijo a Cadena 3 que se debe hacer un juicio de extradición y que ese trámite no tiene una duración determinada, aunque estimó que podría insumir “uno, dos meses”.

Tal como las fotos de Facebook lo confirman, Viarnes no había cambiado su fisonomía. Lo único que había hecho para no ser encontrado fue cambiar un par de letras de su apellido.



¡Vivan los novios!
Laura Beatriz Medina sería la mujer con la que Juan Viernes se casó en Paraguay en los últimos meses de 2014, apenas El Francés desapareció de la escena cordobesa. Las fotos son elocuentes, y la novia recibió algunos saludos de amigos de Facebook cuando postearon fotos de la boda.

Ella lució un hermoso vestido blanco y él, un traje gris topo y camisa violeta.

Medina no dudó en cambiar su nombre y pasar a llamarse en Facebook “Laura Beatriz Medina de Warnes”. Hay allí varias fotos de los dos juntos, en las que Viarnes aparece con la misma fisonomía con la que se conoció en Córdoba.

Los dos participan también en la página “Todos unidos por Caaguazú”, donde el administrador (que sería Viarnes) le dedica elogiosas palabras a su esposa en un posteo, a lo que ella responde: “Gracias Vida!!! X tu apoyo incondicional y tu solidaridad infinita para con los más necesitados”.
En ocasiones, la mujer deja ver su intención de incursionar en política.
Denuncia
A través de su cuenta de Facebook, el fiscal federal N°1, Enrique Senestrari, quien entendió en la causa del narcoescándalo, dijo que le sustrajeron de su automóvil su notebook y una serie de documentos “muy importantes”. El funcionario judicial indicó que el hecho fue el jueves pasado, en la avenida Recta Martinoli al 7500, cuando alguien abrió su auto. “Espero que el ladrón reflexione”, dijo el fiscal Senestrari, quien espera que el ladrón le devuelva lo que le sustrajo.

La crisis ya tiene más de 30 empresas anotadas

TODAS SON PYMES Y ESTÁN EN CAPITAL. UNOS 2.300 TRABAJADORES ESTÁN BAJO SUSPENSIÓN O REDUCCIÓN DE JORNADA.

Un total de 31 fábricas cordobesas, en las que trabajan 2.305 empleados, han presentado pedidos de Procedimientos Preventivos de Crisis (PPC) en lo que va del año, argumentando dificultades para pagar los sueldos en medio de una situación de fuerte caída en sus niveles de producción.

El dato fue confirmado por el ministro de Trabajo de la Provincia, Omar Sereno, quien señaló que “en la mayoría de los casos se trata de pequeñas y medianas empresas”.

De los 31 PPC tramitados ante la cartera laboral, 22 corresponden a fábricas situadas en Córdoba Capital y nueve a empresas del interior provincial.

De los procedimientos sustanciados en la ciudad de Córdoba, 13 involucran a la actividad metalúrgica (comprometiendo a los gremios UOM y Asimra); dos al sector de la Sanidad; otros dos a empresas del transporte (camioneros); y dos más al rubro gráfico. Cierran el cuadro, tres pedidos de las actividades de la madera, el calzado y la actividad minera.

De los PPC tramitados en la Capital, 12 han sido homologados por el Ministerio de Trabajo tras haberse llegado a un acuerdo, involucrando a 1.479 trabajadores. Tres pedidos se cerraron sin acuerdo, y los siete restantes se encuentran en trámite.

En el interior, en tanto, tres procedimientos preventivos se gestionaron en San Francisco, de las actividades metalúrgica, láctea y de la madera; uno en Villa María, del sector lácteo; uno en Río Tercero, del rubro químico; otro en jurisdicción de La Falda, también metalúrgico; y dos más en Alta Gracia, del ámbito del calzado y el plástico.

De estos PPC del interior, seis casos arribaron a acuerdos, afectando a un total de 403 trabajadores. Los tres restantes se encuentran hoy en estado de negociación activa.

Efectos laborales. Todos los procedimientos preventivos acordados han implicado suspensiones o reducciones de jornada de trabajo de los empleados involucrados en dichas empresas.

“En ningún caso se han negociado o cerrado acuerdos con despidos de trabajadores por invocación de causas económicas”, señaló Sereno, quien destacó la preocupación del Gobierno provincial por preservar las fuentes de trabajo.

En ese sentido, Sereno pidió ver el incremento de los PPC también como un fenómeno alentador, dado que las empresas buscan la manera de sostener a sus empleados, sin despedir. “Son empresas que todavía tienen proyectos, y que de esta manera buscan la forma de esperar un tiempo hasta tanto la situación general mejore”, entendió el funcionario.

La media de compensación económica por las suspensiones o las reducciones de jornada oscilan entre el 50 y el 80 por ciento del salario (neto o bruto, según el caso), siendo la media el 75 por ciento del salario neto de los trabajadores afectados.

En todos los casos, esas compensaciones son de carácter no remunerativo, de acuerdo a los términos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT).
Las medidas de excepción, se extienden hasta los meses de julio o septiembre del presente año.

¿Qué es un PPC?
 El Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) es un mecanismo para prevenir despidos tempranos, en el que interviene el Ministerio de Trabajo como mediador. La apertura del PPC es solicitada por las empresas y el organismo laboral examina si es procedente y si existen realmente causas que lo justifiquen.

Las empresas informan y justifican la gravedad de la situación económica que origina el pedido, y el Ministerio convoca a los representantes de los trabajadores. Luego, se puede arribar a un acuerdo por el cual los trabajadores aceptan suspensiones o reducciones de jornada, a cambio de una menor retribución económica, durante un tiempo determinado.

Schiaretti pidió un plan anticrisis
Consciente de la difícil situación por la que atraviesan muchas fábricas cordobesas, el gobernador Juan Schiaretti le reclamó días atrás al Gobierno nacional la rápida puesta en marcha de un “plan anticrisis” orientado fundamentalmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).
En ese sentido, a comienzos de esta semana el presidente Mauricio Macri lanzó una batería de medidas justamente destinadas a las Pymes, buscando paliar la difícil situación que padecen muchas de estas empresas.

Acuerdos “por afuera”
Desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), su secretario general, Rubén Urbano, reconoció un incremento en los pedidos de PPC en los últimos meses, al tiempo que señaló que también se están dando casos de empresas que terminan cerrando acuerdos con sus trabajadores por fuera de las instancias de negociación abiertas por el Ministerio de Trabajo de la Provincia.
“Hay alrededor de una 20 fábricas, por lo general más pequeñas, que han acordado directamente con sus trabajadores suspensiones o reducciones de jornada, a cambio de bajar temporariamente los salarios”, dijo Urbano semanas atrás.

Desde el gremio y la autoridad laboral, también se reconoce que hay casos en que los acuerdos entre las partes incluyen un despido formal del trabajador, pero la continuidad laboral en condiciones de precariedad. Vale decir, “en negro”.

La Policía de Córdoba sigue la búsqueda de Brenda

LA POLICÍA DE CÓRDOBA BUSCA A BRENDA SAYAVEDRA, JOVEN QUE ESTÁ DESAPARECIDA DESDE EL MEDIODÍA DEL VIERNES.


                      Brenda tiene 15 años y asiste al IPEM 185 Perito Moreno.
Así lo denunciaron sus familiares comisaría 19, en barrio Los Naranjos.
Brenda tiene 15 años y asiste al IPEM 185 Perito Moreno. La Unidad Judicial 21 investiga el caso.
Por cualquier dato o información al respecto, llamar a la Comisaría 19: 4333522 /4333528.


ECONOMÍA

El dólar cayó a $ 14,45, mínimo en más de dos meses


EL DÓLAR TOCÓ ESTE VIERNES SU MENOR VALOR EN DOS Y MESES Y MEDIO AL CEDER CUATRO CENTAVOS A $ 14,45 EN AGENCIAS Y BANCOS DE LA CITY PORTEÑA

Así, en la semana, la divisa minorista acumuló una baja de siete centavos, presionada por las altas tasas en pesos y las liquidaciones del agro. Bancos y empresas también vendieron sus dólares en los mercados secundarios de títulos en pesos, apuntaron desde el mercado.

Entidades oficiales, por su parte, intervinieron con compras en los últimos días para evitar un retroceso mayor en el tipo de cambio.

En la plaza mayorista, el billete verde cedió un centavo y medio a $ 14,18, menor precio desde mediados de abril. En la semana, acumuló una merma de cinco centavos y medio. El volumen total operado en cambios este viernes cayó un 9% a u$s 509 millones.

Durante la rueda, "los bancos oficiales llegaron a comprar un poco más de u$s 200 millones, para las arcas del BCRA", indicó un reporte de ABC Mercado de Cambios. Así, en los últimos tres días las adquisiciones por parte de entidades públicas alcanzaron los u$s 500 millones.

"El tipo de cambio exhibió por tercera semana consecutiva una merma en su cotización. La presencia de parte de la banca pública no altera la tendencia actual del mercado y dado un escenario muy favorable para el ingreso de divisas, parece poco probable que pueda provocar una reacción en la cotización del dólar", explicó el analista Gustavo Quintana.

En el sistema financiero calculan los analistas y operadores, que las autoridades del BCRA seguirán en esta dirección por un par de meses más, es decir, con colocaciones en pesos a tasas altas y con un dólar disminuyendo su valor hasta que el ente regulador le ponga freno a la caída de la divisa, que podría quedar cerca de los $ 14.

La confirmación de la realización del blanqueo de capitales, tal como anticipó el jueves Ámbito Financiero, no haría más que intensificar la tendencia bajista sobre el dólar, coincidieron analistas.

En el ROFEX, se pactaron a futuro u$s 435 millones y cayeron todos los plazos entre 8 y 10 centavos hasta diciembre, que quedó en $ 16,48 (25,85% TNA). A su vez, el 62% del total se hicieron "roll-over" de mayo ($ 14,25) a junio ( $ 14,58) con una tasa de 28,17 %TNA.

Por su parte, el blue cedió siete centavos a $ 14,63 en cuevas del Microcentro (en la semana ascendió nueve centavos). Además, el "contado con liqui" subió dos centavos a $ 14,17 (en la semana avanzó apenas un centavo), y el dólar Bolsa cayó cuatro centavos a $ 14,05 (en la semana bajó 12 centavos). 

CAMPO

 La soja llegó a tocar los US$ 400, ¿y ahora?

LA SEMANA QUE TERMINÓ FUE CON SALDO POSITIVO PARA LA OLEAGINOSA EN CHICAGO, A PESAR DE OPERAR DURANTE LAS TRES ÚLTIMAS RUEDAS EN TERRENO NEGATIVO. VALORES ESTABLES EN LA PLAZA LOCAL.
                Durante la semana se llegaron a negociar los $4.000 por la soja en Rosario.

MERCADO INTERNACIONAL
Soja

A pesar de las bajas con las que cerró la soja en la jornada del viernes, a lo largo de la semana el saldo fue positivo gracias a las fuertes subas del martes, llegando a operar cerca de los US$ 400. Las bajas sobre el cierre de la semana fueron de US$ 3,2 en el caso de la posición Mayo 2016 que ajustó en US$ 387,9, mientras que la posición Noviembre 2016 cerró en US$ 386,6 luego de caer US$ 3,3.

Luego de las fuertes subas del martes, luego de la publicación del USDA, la soja alcanzó un máximo de algo más de un año y medio, gracias a los recortes en los stocks finales del país del norte. Después hubo tres ruedas consecutivas con bajas fundamentadas principalmente en una toma de ganancias, así como también un posible traslado de área del maíz a la oleaginosa.
La soja en Chicago acumuló una suba de 2,9% en la semana.
En un principio, el USDA proyectó la superficie a sembrar en el último Reporte trimestral publicado el 31 de marzo en 33,3 millones de hectáreas. Pero ahora se estima que podrían pasar 400 mil hectáreas que en un principio se iban a sembrar con maíz a la soja, dato que se espera sea confirmado o no el próximo 30 de junio, cuando se publique un nuevo reporte trimestral.
Las exportaciones semanales que fueron publicadas esta semana no cumplieron con las expectativas, siendo también un factor negativo para las dos últimas ruedas de la semana. En tanto que hoy hubo una buena señal, al reportar el organismo estadounidense una venta de 420 toneladas con destinos desconocidos.

En nuestro país, en línea con una mejora en las condiciones climáticas, las labores lograron recuperar algo de ritmo, quedando de igual manera bastante por detrás de la misma altura de año anterior. Además durante la semana, la Bolsa de Comercio de Rosario informó que las pérdidas a nivel nacional serían de 5,7 millones de toneladas, quedando la estimación en 55 millones.
En lo que respecta a los demás productos del complejo oleaginoso, el aceite finalizó con bajas de US$ 1,5 en el caso de la posición Julio 2016 que ajustó en US$ 716,5. La harina también cerró con cierto sentimiento bajista, cortando una racha positiva de tres jornadas.

Cereales
Por el lado de los cereales, la jornada del viernes fue mayormente positiva. Los futuros del maíz ajustaron con una mejora de US$ 0,7 en el caso de la posición Junio 2016 que finalizó la semana en US$ 153,8. Por otro lado, la posición Julio 2016 del trigo cerró en US$ 174,4 luego de registrar una mejora de US$ 2,4.

Los futuros del maíz se vieron sustentados en compras técnicas de los operadores así como también algunas coberturas cortas. La expectativa indica que el área a sembrar final en la actual campaña sería menor a la estimada, aunque las labores se ubican por encima del promedio de las últimas campañas.

La semana para el forrajero en la plaza externa también fue con saldo positivo, encontrando sustento en las subas que logró anotar la soja, así como también las pérdidas en Brasil, donde la Conab realizó una merma en la estimación de producción hasta las 79,9 millones de toneladas, contando tanto la safrinha como el maíz temprano.
Por el lado del trigo, coberturas cortas de los operadores también fueron un claro factor positivo, junto con el contagio recibido de las subas que logró anotar el maíz. De igual manera, en el mercado sigue presente el hecho de que los fundamentos generales siguen siendo negativos, con amplios suministros a nivel global.
MERCADO LOCAL
Soja
En la plaza local, los valores de la oleaginosa lograron avanzar luego de las fuertes subas de martes en la plaza externa. Luego, a pesar de que hubo algunas pérdidas en el mercado local, los valores lograron mantenerse mayormente estables. La Pizarra para la zona de Rosario logró superar los $3.900, estableciendo un nuevo récord nominal.
A la misma altura del año pasado el valor era de $1.900.
Los precios que se podían negociar en la jornada de hoy eran de $3.800 por la mercadería condición fábrica con descarga, mientras que con entrega contractual podían llegar a pagar hasta $3.850. Por otro lado, la exportación estaba dispuesta a convalidar los $ 3.900.
En lo que respecta a los valores del Matba, los valores que se podían negociar ajustaron mayormente en terreno negativo. La posición Mayo 2016 cerró en US$ 279,5, luego de anotar una merma de US$ 0,5, mientras que la posición Noviembre cerró en US$ 284,5 luego de anotar una baja de US$ 2,2.
Cereales
Por el lado de los cereales, el valor del maíz con descarga podía ser de $2.600, en linea con la Pizarra para la zona de Rosario. En lo que respecta al forrajero con entrega en el mes de mayo, el valor era de US$ 170, mientras que entre los meses de junio y agosto pagaban US$ 165. Entre noviembre y diciembre el valor era de US$ 168.

En el caso del trigo los valores se negociaron sin grandes cambios en el cierre de la semana. El valor del cereal con descarga condición cámara podía ser de $2.400, mientras que con entrega entre los meses de mayo y junio se podían negociar US$ 170. Con calidad y descarga el valor podía ser de $2.700.
INTERNACIONALES


BRASIL

“Durante 15 meses sufrimos todo tipo de sabotaje”

PASARON SÓLO 26 HORAS DESDE QUE FUE NOTIFICADA DE QUE DEBÍA APARTARSE INTERINAMENTE DE LA PRESIDENCIA CUANDO COMENZÓ LA CONVERSACIÓN EN EL PALACIO DE ALVORADA. DICE QUE TRABAJARÁ EN DOS FRENTES, EL JURÍDICO Y EL POLÍTICO.


Dilma está apostada en una trinchera de cristal. Pasaron sólo 26 horas desde que fue notificada que debía apartarse interinamente de la presidencia cuando conversó con un reducido grupo de corresponsales extranjeros, incluído Página/12. El encuentro tuvo lugar en el Palacio de Alvorada, con sus columnas delgadas como cuellos de garzas y altísimas paredes de vidrio. Rouseff acusó de sabotaje a los políticos que impulsaron su salida del poder, empezando por los legisladores que bloqueron sus iniciativas económicas en el Congreso y luego votaron en favor de hacerle un juicio político. “Durante 15 meses sufrimos todo tipo de sabotaje para impedirnos gobernar. Primero cuestionaron que los votos fueron mal contados, cuando se demostró que estaban bien contados pidieron que se verificara si las urnas eran adecuadas. Fue creado un ambiente de inestabilidad. . . para después llegar indirectamente a la presidencia, ellos no tienen condiciones de llegar al gobierno por el voto directo. . .” comenta la presidenta suspendida en obvia alusión al mandatario interino Michel Temer, a quien las encuestas le otorgan dos por ciento de aprobación.. Partidos y personalidades progresistas de varios países criticaron el putch parlamentario perpetrado el miércoles pasado en el que se abrió un juicio político que la obligó a licenciarse del cargo por hasta seis meses.

Rousseff dice que trabajará en dos frentes, el jurídico y el político. “Sin dudas una de las cuestiones que nos va a ocupar es mi defensa porque ahora comienza el proceso, hasta ahora solo tuvimos la aceptación del inicio,” explica. Dice que el plan para derrocarla comenzó poco después de su reelección en octubre de 2014. “Soy alguien que gano una elección con 54 millones de votos, y ellos usan el impeachment para aplicar un programa que no fue votado y es distinto al mío. Mi programa era el de la inclusión social, de la retomada de crecimiento.

Está sonriente, presumiblemente cansada, en la cabecera de una mesa larga, viste un saco blanco, leve, y la acompaña su abogado y ex ministro José Eduardo Cardozo, el mismo que hace tres días advirtió sobre el riesgo de que la destitución de una presidenta sin ninguna mancha de corrupción puede convertir a Brasil en una “república bananera”. El nuevo tiempo político le demandará viajar para mantener en viva la confrontación contra el gobierno del “conspirador y usurpador” Michel Temer (dos adjetivos que usa a menudo pero no en esta rueda de prensa).

Se hace inevitable que ella y el Partido de los Trabajadores se reinventen para asumir su condición de opositores luego de trece años de actuar como oficialistas, un período en que cierta burocratización y aburguesamiento afectaron la relación con los movimientos sociales y los sindicatos. Fueron esas organizaciones las que movilizaron miles de personas ayer en Rio de Janeiro, el jueves en San Pablo y el miércoles en Brasilia. Un dato: las marchas politizadas de la izquierda paulatinamente comienzan a reconquistar las calles donde durante más de un año se impusieron las multitudinarias manifestaciones de la derecha antipolítica en la que abrevó el golpe.

La estrategia contra el gobierno de excepción está en vías de elaboración, pero su matriz es la de construir un Frente Amplio a la uruguaya, modelo defendido por Luiz Inácio Lula da Silva, que luego de algunos días sin aparecer públicamente el jueves fue al encuentro de Rousseff, a quien acompañó en su despedida del Palacio del Planalto.

“Tengo que hacer mi defensa política ante la sociedad, para eso viajaré a donde sea convidada para defenderme, para explicar las razones de este proceso que no tiene ninguna base jurídica, este impeachment es un golpe. . . creo que no voy a tener mucho tiempo para mis temas personales , todas la mujeres somos malabaristas para atender nuestras actividades personales”.

Consultada si esperaba recibir apoyo del gobierno argentino respondió que las autoridades extranjeras pueden empezar a manifestarse a partir del inicio del juicio político o cuando este haya emitido una sentencia.

“No lo espero ahora (al apoyo) cuando está en curso el proceso que empieza ahora, de aquí en más vamos a ver qué va a ocurrir, no puedo hacer hipótesis sobre cómo van a reaccionar (otros países)”.

La nueva administración de Temer lleva un día en el poder pero sus primeros anuncios demuestran que ser{e “liberal en lo económico y conservadora en lo político, social y cultural,” dice dilma.

La mandataria lamenta la composición del gabinete de Temer, criticado ayer también por Amnistía Internacional por su falta de diversidad. “Después de mucho tiempo no haya mujeres ni negros en el flamante gabinete. Vivimos en un país donde más del 50 por ciento de sus habitantes son mujeres. Las mujeres han demostrado ser extremadamente competentes, no me explico por qué no están representadas en el gabinete. Por otra parte Brasil tal vez haya sido el país que salió más tardíamente de la esclavitud, tengamos en cuenta que en Brasil la desigualdad tiene sus particularidades, es negra, es femenina y es infantil”.

También el Vaticano respaldó a la democracia, y parece preocupado con su degradación. Esta semana Francisco rezó por la “paz y armonía” brasileñas y conversó con una conocida activista y actriz, Leticia Sabatella, de quien recibió una carta sobre “el golpe de estado”. Ayer, Dilma dijo que admira a Francisco. “Si el papa me convida tenga la seguridad de que aceptaría porque tengo una inmensa admiración por el papa Francisco. Tuve dos oportunidades de estar con él. Una fue durante las Jornadas Mundiales de la Juventud (julio de 2013), cuando él estuvo visitando Brasil y antes lo había visto en el Vaticano cuando él se tornó Papa”, en marzo de 2013, cuenta Dilma Rousseff al repasar como se forjó su buen diálogo con Jorge Mario Bergoglio, gracias al cual se recompusieron las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y Brasilia, deterioradas desde que Benedicto XVI apoyó a la derecha en los comicios presidenciales de 2010.

“Yo creo que está cumpliendo un papel importante en el mundo. Francisco es un Papa que muestra estar adecuado al momento que vive el mundo, toma en cuenta las demandas del siglo XXI, como la cuestión de las mujeres, de los gays, es un Papa que no juzga a las personas, se preocupa aquellos que buscan una nueva patria en Europa” enumera a este diario.
  Por Darío Pignotti

Temer debuta con un tijeretazo

ADEMÁS DEL RECORTE DE GASTOS, QUE INCLUYE UN ESTRICTO CONTROL DE LAS CUENTAS PÚBLICAS, EL EQUIPO DE TEMER NO DESCARTA LA REACTIVACIÓN DE ALGUNOS IMPUESTOS CON EL FIN DE AUMENTAR LOS INGRESOS Y EQUILIBRAR EL PRESUPUESTO NACIONAL.

           Temer (centro) preside su primera reunión de gabinete tras desplazar a Dilma.
El Gobierno del presidente interino de Brasil, Michel Temer, propuso ayer un recorte radical de gastos públicos para superar la crisis que atraviesa el país. Las reformas propuestas representan un viraje en la política económica brasileña.

“Tenemos poco tiempo. Pero nos esforzaremos por implementar las reformas que Brasil necesita’’, dijo Temer, del partido de centro derecha Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), al asumir el jueves la presidencia en el Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo. El presidente interino, que permanecerá en principio seis meses en el cargo mientras el Senado juzga a la suspendida mandataria Dilma

Rousseff, realizó ayer su primera reunión de Gabinete. Al término del encuentro fueron informados los lineamientos que pautarán la política económica de la nueva gestión, aunque no anunciaron medidas concretas.

Además del recorte de gastos, que incluye un estricto control de las cuentas públicas, el fin de privilegios tributarios de los que gozan algunos sectores empresariales y un análisis de los contratos públicos, el equipo de Temer no descarta la reactivación de algunos impuestos con el fin de aumentar los ingresos y equilibrar las cuentas públicas. También se ratificó que los programas sociales que fueron la marca de los Gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT), y que rescataron a unas 40 millones de personas de la miseria, serán mantenidos, ampliados y mejorados. ``Si vemos el cuadro general de los gastos del gobierno, los programas sociales representan una porción menor’’, explicó el ministro de Hacienda Henrique Meirelles.

En su primera rueda de prensa, Meirelles dijo que las medidas que anunciará el Gobierno en breve tienen como objetivo fundamental revertir la trayectoria insostenible de crecimiento de la deuda pública. Según Meirelles, ese es el problema principal, responsable por la crisis económica del país. Explicó que no se harán anuncios concretos porque recién se están analizando los informes y datos relativos al Gobierno suspendido. Advirtió además que deberá reducir el gasto público, reformar la Seguridad social y la edad de la jubilación, con la meta de recuperar la mayor economía sudamericana. “Creo que la sociedad brasileña es lo suficientemente madura como para saber aceptar medidas de ajuste importantes. Lo que sí está claro es que no podemos continuar como hasta ahora’’, aseguró.

El ministro admitió que las medidas que serán propuestas no bastarán por sí solas para revertir la tendencia al alza de la deuda pública, pero ayudarán a elevar el nivel de confianza de empresas y consumidores en relación a la futura situación del país. Además, afirmó que adoptarán medidas duras y que confía en que el Congreso las apoye y la población las comprenda. Dijo también que duda de la veracidad de los datos económicos que presentó el Gobierno de Rousseff, por lo que no descarta auditar esa información si fuera necesario. “Soy el primero que quiere saber cuánto tiempo nos llevará conocer el tamaño real del problema económico”, comentó.

Un cambio importante en la gestión fiscal respecto a los gobiernos anteriores es establecer lo que Meirelles llamó de “nominalismo”, que significa que los gastos públicos deberán ser mantenidos en términos nominales, sin descontar la inflación. “El ‘nominalismo’ es evitar un proceso de indexación generalizada de manera de que el gasto público, aun con los efectos de la inflación, no se acentúen y no complique la fijación de topes y límites”, explicó. Meirelles admitió que el nivel tributario de Brasil es elevado. No obstante, no descartó la implementación de nuevos impuestos, o la reactivación de otros que fueron suspendidos, con el fin de incrementar los ingresos estatales. “Para que la economía vuelva a crecer de forma sostenida es importante que disminuyamos el nivel de tributación de la sociedad, pero la prioridad hoy es el equilibrio fiscal”, aseveró. “En caso de que sea necesario un tributo (extra), éste será aplicado de modo temporario y sólo si fuera necesario de hecho”, acotó.

No es la primera vez que este economista ortodoxo liberal es convocado para rescatar la economía de Brasil, fue presidente del Banco Central durante los ocho años de gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. El estricto control fiscal propuesto no sólo ayudará a equilibrar las cuentas públicas, sino también a combatir la inflación, que actualmente ronda el 10 por ciento, más del doble de la meta oficial de 4,5 por ciento al año.

Por su parte, el ministro de Planificación, Romero Jucá, anunció que el Gobierno revisará toda la estructura organizativa de los ministerios. “La meta es que, para el 31 de diciembre de este año, tengamos 4000 cargos públicos menos de los que teníamos el 1° de enero”, informó. Juca explicó que los cargos públicos que se recortarán inicialmente son los de empleados que eran de confianza o que ejercían funciones específicas remuneradas, es decir los que no son de carrera pública o los que no desarrollan funciones estratégicas.

El ministro de la Presidencia, Eliseu Padilha, que también participó en la rueda de prensa, afirmó que Temer orientó a todos sus ministros a hacer un inventario de los cargos públicos en cada cartera para identificar hasta un 25 por ciento que pueda ser suprimido.

Respecto a los programas sociales, el ministro de Salud, Ricardo Barros, dijo que los mantendrán, ampliarán y mejorarán, pero aclaró que todos serán sometidos a auditorías. Incluso no descartó que se realicen ajustes en los requisitos necesarios para obtener esos beneficios, de manera de que los beneficiarios sean realmente aquellos que lo necesitan.

INFORMACIÓN GENERAL

Choque de planetas


AL PRO LE DIO UN SOFOCÓN LA LEY ANTIDESPIDOS. FUE UNA REACCIÓN VISCERAL, NEGATIVA CERRADA. Y MONTÓ RÁPIDAMENTE EL ESCENARIO QUE LE PARECE RAZONABLE: UN PEDIDO A LOS EMPRESARIOS PARA QUE NO DESPIDAN DURANTE 90 DÍAS.

Son formas de concebir el mundo: en el caso de la ley, el trabajo es un derecho que debe ser garantizado o favorecido por el Estado. O, según el oficialismo, la intervención del Estado coarta el derecho de los empresarios a despedir o dar trabajo. Es como la libertad de prensa frente al derecho de los pueblos a la información, es decir a informar y ser informado. ¿El derecho está en la sociedad, en cada uno y en su plenitud, incluyendo a los empresarios, o se restringe a los que tienen el capital para montar medios de comunicación o empresas, y por lo tanto el ejercicio de esos derechos dependerá de su buena voluntad? Son mundos que chocan.

El liberalismo económico tiene esa cara regresiva en lo social. El capitalismo busca proteger el derecho del capital, dándole exclusividad y generando sociedades restringidas. La presión de la amplia mayoría que queda por fuera de ese círculo rojo puja por democratizar relaciones que básicamente tienden a la desigualdad. El neoliberalismo, simplemente acentúa los rasgos más despóticos de esa versión del capitalismo donde el ejercicio de los derechos depende de la buena voluntad del capital que hace concesiones al trabajo. Por eso, hasta la redacción del documento que firmaron los empresarios parece escrito por la mamá de alguno de ellos. Ni siquiera dice que se comprometen a no despedir sino que están dispuestos a comprometerse.

En el mundo PRO, el universo del trabajo es simplemente un aspecto subordinado del mundo empresario al que ellos pertenecen. Está en línea con su estrategia económica y la teoría del derrame: “Una ley antidespidos sería un mensaje pésimo para la economía”, afirman. Es cierto en cuanto a los empresarios, porque una ley estaría restringiendo su capacidad (o su derecho, según el PRO) de administrar el derecho al trabajo. En general, esa visión de achicamiento de la ingerencia de lo público prima en todas las áreas que han empezado a manejar el PRO y sus aliados de la derecha radical. Fuera del sector económico, ningún área del gobierno ha mostrado un plan o un proyecto y algunos ni siquiera han anunciado alguna medida que no sea el despido de trabajadores. El rating de la televisión pública se fue a pique, no pasa de uno en ningún horario y Radio Nacional, que estaba entre las primeras en las AM, ya ni existe en el dial. El ministro de Salud, Jorge “Dengue” Lemus atravesó la peor epidemia de dengue en la historia y no tomó una sola medida, no hubo campaña, nada. Habló para decir que cada quien debía descacharrar y que la epidemia terminaba cuando el frío de mayo matara a los mosquitos. La epidemia no fue preocupación oficial y se descargó en la sociedad o en cada individuo una responsabilidad que es del gobierno. En el área de la Cultura solamente se conocieron despidos.

La Universidad pública explotó en la calle el jueves con la manifestación estudiantil y docente más masiva de los últimos quince o veinte años. Presupuesto y salario se convirtieron en cuestión de vida o muerte para la educación pública superior. Nadie previó que la inundación de tarifazos y devaluaciones desbordaría también los claustros abriendo otro foco de resistencia que confluye con el del movimiento obrero y las fuerzas políticas que no pudieron hacer votar esta semana la ley antidespidos en el Congreso.

Como sucede con las visiones tan diferentes sobre el derecho al trabajo, hay mundos de valoraciones que chocan en todos los aspectos. Dicen que los subsidios y los altos salarios en general configuraron una fiesta “que ahora pagamos todos”. “Fiesta” representa algo bueno, pero despreocupado, fuera de lo normal y además financiada por otros que ya no quieren hacerlo. El PRO se asume como representante de los que según ellos pagaron los costos de esa fiesta. La sociedad vivió una situación de bienestar que no se merecía, según el oficialismo, porque estaba por encima de sus posibilidades. Para vivir de esa manera se apropiaba de la renta de otros sectores como los grandes capitales del campo, la industria y las finanzas.

En el peronismo, incluyendo a los kirchneristas, aceptan que era necesario readecuar algunos parámetros por la crisis internacional y sobre todo por la de Brasil. En el kirchnerismo dicen que lo debía hacer el gobierno que ganara las elecciones con más proyección en el tiempo, porque hubiera sido irresponsable que se tomaran medidas de este tipo al final del mandato. Los economistas del peronismo coinciden en que el dólar tenía un atraso cambiario, que había que retocarlo pero en forma progresiva, sin afectar salarios y sin levantar abruptamente las retenciones con lo que se podía readecuar las tarifas en forma gradual y selectiva.

Parece lo mismo, pero es lo opuesto. El gobierno dice que la crisis no fue generada por sus medidas sino provocada por las políticas que impulsó el kirchnerismo (la famosa fiesta), para desarrollar el mercado interno. Desde el otro lado, para el kirchnerismo, había que tomar medidas que protegieran al mercado interno de los efectos de la crisis internacional.

Las medidas del oficialismo se basaron en una visión ideológica: vivir bien no es un derecho de la sociedad sino una “fiesta” irresponsable, por eso lo primero que hizo el macrismo fue una megadevaluación que achicó salarios, eliminó las retenciones que sostenían las tarifas y pagó con creces y casi sin negociar a los fondos buitre sin que llegara medio dólar de inversión externa. Con todo eso se derrumbó el consumo y el mercado interno. Para el kirchnerismo, todas las medidas se enfocaban en el estímulo al mercado interno. Todas las medidas del macrismo y la derecha radical están destrozando el mercado interno.

Sucede igual con la idea del “robo”. Es obvio que para ellos, el kirchnerismo les robó las AFJP, les robó el fútbol de primera codificado, en un acto “confiscatorio” les robó YPF y Aerolíneas y les robó cada peso de las retenciones. Esa percepción subjetiva de “lo robado” no se podía extender así a una sociedad que festejó el fin de las AFJP, las renacionalizaciones y el fútbol para todos. Pero con el bombardeo mediático y judicial pudieron transmitir a toda la sociedad esa percepción de sector dominante de “nos están robando”. Para ellos, la distribución de la renta fue un robo y lograron que gran parte de la sociedad que se beneficiaba de esa política también se sintiera “robada”, pero por una supuesta corrupción pública: con la plata de las retenciones, Cristina Kirchner se compraba carteras Buitton. En realidad, la plata de las retenciones sostenía las tarifas bajas con las que se favorecían muchos de los cándidos que creyeron lo de las carteras y que ahora se quieren cortar las venas cuando les llegan las facturas a fin de mes. Es una paradoja y un gran triunfo mediático porque lograron que una gran parte de la sociedad se sintiera robada igual que ellos.

Un conocido empresario afirmaba que una coima chica es corrupción, pero que una coima grande es un buen negocio. Se calcula que la fuga de capitales argentinos en total ronda la friolera de los 400 mil millones de dólares. Gran parte fue a paraísos fiscales. El presidente y la mitad del gabinete tienen empresas offshore desde hace varios años y alguno de ellos ha sido brocker de las offshore. La otra mitad del gabinete está en la lista de los que especulaban con el dólar que fue siempre la otra gran estafa contra el salario. Eso no está tan visualizado en la sociedad como robo o corrupción porque en el universo PRO, que es el dominante en la cultura, se trata de “prácticas comerciales normales”.

La densidad ideológica del PRO lo convierte en un mundo chocador sin mediaciones políticas. Al massismo, que apostaba a un plazo más largo para reducir al kirchnerismo a su mínima expresión, los tiempos cortos del PRO le están provocando problemas en sus filas. Sergio Massa pagó el costo más alto por la negociación con Macri para postergar el debate de la emergencia laboral en Diputados. Massa no quiso quedar pegado al kirchnerismo y le hizo un favor a Macri. Pero dejó al kirchnerismo como la única fuerza que defendió el reclamo de las cinco centrales sindicales y su propia ala gremial quedó herida al no darle quorum a la ley antidespidos. El pacto de Massa con Macri no fue una derrota para el kirchnerismo, sino para el reclamo de las cinco centrales obreras que el massismo podría haber evitado pero no quiso.
  Por Luis Bruschtein


El régimen que debe ser humano

TRAS LA DENUNCIA DE LA PROCURADURÍA DE VIOLENCIA INSTITUCIONAL, QUE HALLÓ “CELDAS DE CASTIGO” DONDE SE APLICABA A LOS INTERNOS UN “RÉGIMEN INHUMANO” DE CASTIGO, LA JUSTICIA ORDENÓ LA CLAUSURA PREVENTIVA DE ESOS ESPACIOS EN EL CENTRO PENITENCIARIO.


En respuesta a un pedido de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) realizado el martes pasado, el juez subrogante Gustavo Pierretti ordenó la clausura preventiva de los “retenes” de los módulos 1, 2, 5 y 6 del Complejo Penitenciario Federal de Devoto, tomando en cuenta que se trata de lugares que carecen de agua, baños, luz artificial y duchas, y que son utilizados como “celdas de castigo”. La decisión de Pierretti, a cargo del juzgado 33, fue en respuesta a una denuncia penal presentada contra las autoridades de la unidad penitenciaria por el fiscal general a cargo de la Procuvin, Miguel Palazzani, con el acompañamiento de los fiscales ad-hoc José Nebbia y Fernando Vallone, de la coordinadora del Área de Encierro, Bárbara Franco, y el titular de la fiscalía nacional 7, Justo Joaquín Rovira.

Los representantes del Ministerio Público justificaron la medida cautelar en el hecho de que los llamados “retenes” constituyen la aplicación a los detenidos de un “régimen inhumano” que estaban padeciendo desde hacía varios días un total de 13 personas y de cuya situación tomó conocimiento la Procuvin el viernes 6 de mayo, durante una inspección sorpresiva que realizó en el penal de Villa Devoto. Tras el recorrido, el fiscal Palazzani calificó de “gravísima violación a los derechos humanos” el panorama descubierto.

Los detenidos permanecían en lugares que, en el peor de los casos, podrían ser utilizados en forma transitoria, por pocas horas, dado que no cuentan con instalaciones que tengan las más mínimas condiciones de alojamiento. En esos sitios, los 13 detenidos “eran sometidos a un régimen de aislamiento grupal durante todo el día”.

En la resolución judicial se señaló que las condiciones de detención impuestas a las víctimas violaban “varias de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Mandela)”, que fueron aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre del año pasado.

En el escrito firmado por Palazzani se denunció a las autoridades del penal de Devoto “por alojar a 13 personas en lugares de detención que provocan una gravísima violación a los derechos humanos”. La Procuvin pidió en su presentación “que se haga cesar la comisión del delito mediante la clausura preventiva de todos los retenes de los módulos 1, 2, 5 y 6” de Devoto, por ser esa “la medida cautelar más idónea” ante tales circunstancias.

La situación de los 13 internos fue constatada durante una inspección que, sin previo aviso, realizaron el viernes 6 de mayo Vallone, Franco, los secretarios ad-hoc Cristina Mengarelli y Lucas Logioco, el licenciado Juan Introzzi y Luciana Virgolini. En esa ocasión, pudieron advertir que en los denominados “retenes” de los módulos mencionados se encontraban alojadas las 13 personas. Además de padecer falta de agua, de baños, de duchas y de luz artificial, esos lugares estaban “sucios, con ventanas que carecen de cerramientos” y allí los detenidos eran mantenidos “con alimentación brindada en forma inadecuada y con la atención sanitaria deficiente”. En ese marco general “los colchones y la ropa de cama tampoco eran las apropiados, e incluso se detectó que en muchos casos ni siquiera existía la ropa de cama y los colchones”.

La Procuvin viene denunciando desde hace tiempo la existencia de esos sitios y en esta ocasión recordó que el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, luego de un monitoreo efectuado el 23 de febrero de 2016, había recomendado al Servicio Penitenciario Federal (SPF) la clausura definitiva de esos sectores que son utilizados “como lugares de castigo”.

Estos hechos son de larga data. Hace exactamente un año, en mayo de 2015, la Defensoría General de la Nación había hecho público que las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) se habían comprometido a terminar con la existencia de “retenes” en el penal de Villa Devoto. En esa ocasión, el compromiso asumido fue el de “trasladar a un lugar adecuado” a los internos que vivían en esos lugares y que habían sido encontrados allí durante una anterior “visita sorpresa” de miembros del Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias.

En esa ocasión se había señalado que, debido a las malas condiciones de alojamiento, los detenidos debían “hacer sus necesidades fisiológicas en baldes, botellas o bolsas”, que permanecían “junto con ellos durante todo el día”, hasta que eran retiradas por los guardias. En ese momento, por lo demás, también se pudo comprobar cómo los internos castigados “debían convivir con estos baldes y bolsas, lo que conllevó que se sienta un fuerte olor nauseabundo en la mayoría de los ‘retenes’”.

En esa ocasión, el penoso cuadro fue presenciado por varios jefes de la unidad penitenciaria, quienes se comprometieron a poner fin a algo que, un año más tarde, se constató que sigue vigente, sin miras de solución.

Efemérides

1905
Nace en Rosario (Provincia de Santa Fe) el notable pintor y dibujante Antonio Berni. Es uno de los grandes artistas de la pintura argentina contemporánea. Realizó grandes óleos, como "Desocupados" y "La siesta". Falleció en Buenos Aires el 13 de octubre de 1981.

1930
Nace el cantor y compositor salteño Juan Carlos Saravia. Integrante fundador de Los Chalchaleros, popular conjunto y todo un símbolo de nuestra música popular argentina. 

1958
Nace en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, , el cantor y compositor
Oscar Payaguala.
Autor de “Resistencia Tehuelche”, “Bariloche es…algo más” y “Recuerdos de Esquel”, entre otros temas patagónicos.

1985

Muere en París (Francia) el poeta y ensayista César Fernández Moreno, autor de "Argentino hasta la muerte" y "La realidad y los papeles". Fue agregado cultural por la embajada argentina en París en sus últimos años. Nació en Buenos Aires el 26 de noviembre de 1919.

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