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NACIONALES

UN RECHAZO GENERALIZADO QUE YA CRUZÓ LAS FRONTERAS
EL COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS ADVIRTIÓ QUE EL ESTADO ARGENTINO Y LA CORTE SUPREMA DEBEN CUMPLIR LA NORMATIVA INTERNACIONAL
EL COMISIONADO INCALCATERRA SE PRONUNCIÓ CONTRA EL 2X1 PARA LOS
GENOCIDAS. TAMBIÉN LLEGARON RECLAMOS JUDICIALES A LA CIDH.
El alto comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, contra la
aplicación del 2x1.
El repudio al fallo de la Corte Suprema que aplicó el
beneficio del “2 x 1” a un acusado de crímenes de la última dictadura brotó de
las víctimas, de los familiares, de la dirigencia política casi en pleno, de
los sindicatos, de fiscalías y tribunales que ya rechazaron pedidos de
represores, de sectores múltiples de la sociedad y tuvo su máxima expresión
ayer en un comunicado que emitió la Oficina para América del Sur del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en el que
advierte que cuando los jueces hablan de aplicar la “ley penal más benigna” no pueden desconocer “los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa
humanidad”. Fueron palabras del titular del organismo, Amerigo
Incalcaterra, que advirtió de manera directa: “El Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado,
deben cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa
internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”.
Un fallo en contra
El Acnudh es el organismo de Naciones Unidas que coordina
todos los mecanismos destinados a supervisar la situación de derechos humanos
en la región. El pronunciamiento que difundió es inusual y fue publicado en su
página oficial. Es una advertencia lisa y llana al máximo tribunal argentino,
que ya había empezado a emitir señales de desafío al sistema internacional de
derechos humanos en un fallo de este mismo año (Fontevecchia) donde dijo que no
tenía obligación de acatar una sentencia de la Corte Interamericana sobre
libertad de expresión. El texto difundido ayer por el Alto Comisionado
advierte: “Los crímenes de lesa
humanidad agravian no sólo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por
ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una
sanción proporcional”. Además, le señala específicamente a la Corte Suprema
que debe “considerar la Convención de
Viena sobre el Derecho de los Tratados en sentido de no invocar disposiciones
de derecho interno como justificación del incumplimiento de una obligación
internacional”.
El mensaje es que los acusados de crímenes de lesa
humanidad, deben cumplir su condena, y ésta debe ser acorde a la gravedad de
los delitos que se les endilgan. Léase, que si se atenúan las penas con fallos
como el de la semana pasada, se estaría ante una amnistía encubierta,
cuando los crímenes de lesa humanidad no
son amnistiables ni indultables para el derecho internacional que nuestro país
suscribe.
La decisión de la Corte benefició al represor Luis Muiña, un
civil que había sido condenado a 13 años de prisión por cinco casos de
secuestros y torturas en el Hospital Posadas, y que ya estaba bajo libertad
condicional. Aplicó la ley del “2 x 1” a pesar de que su sanción fue posterior
a los hechos y su derogación anterior a la detención y juzgamiento de Muiña.
La palabra de Incalcaterra, fue celebrada por los organismos
de derechos humanos y multiplicó las perspectivas de que al menos no exista una
aplicación automática del fallo de los supremos. También fue interpretada como
una advertencia regional, donde Argentina ha sido un modelo en la evolución del
proceso de Memoria, Verdad y Justicia, igual que en el resto del mundo. Acnudh
apunta a evitar retrocesos. Incalcaterra es un funcionario de perfil más bien
diplomático: sus expresiones muestran una preocupación por el impacto del fallo
de la Corte en otros países y se potencian con la reacción que hubo a nivel
local de toda la dirigencia política, desde el propio oficialismo -que anunció
un proyecto para que el 2 x1 no alcance a los genocidas– hasta Sergio Massa que
dijo que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
También Victoria Donda anunció una propuesta propia y el Frente para la
Victoria - PJ elaboraba otra. Lo cierto es que el Congreso ha quedado en
situación de tener que debatir el tema, que podrían entrar hoy en una sesión
especial en Diputados
A la CIDH recurrió ayer mismo una de las víctimas del Posadas,
Gladys Cuervo, representada por los abogados Rodolfo Yanzón y Flavia Brozzi.
Pidió que la Comisión dicte una medida cautelar para que el Estado argentino se
abstenga de aplicar la ley 24.390 en juicios de lesa humanidad, mientras dirime
la cuestión de fondo. Esa es la ley que permite computar dobles los días de
detención a partir del segundo año de prisión preventiva sin sentencia. Además
pide al organismo que incluya el tema en su agenda cuando venga a sesionar al
país el 22 de este mes.
La presentación señala que la ley del “2 x1” por uno no
estuvo pensada para delitos de lesa humanidad, ya que cuando fue aprobada las
leyes de impunidad hacían imposible que los tribunales siquiera tuvieran la
práctica de su juzgamiento. La aplicación de la norma ahora “se asimila a una reducción en la pena, con
lo que el Estado se está sustrayendo de hacer efectivas reglas internacionales
que obligan a fijar penas adecuadas por estos delitos”, advierte el escrito
enviado por Cuervo. Cita el antecedente de una sentencia de la Corte
Interamericana (“Masacre de la Rochela vs. Colombia”) “donde se trató un supuesto de
aplicación de ley penal más benigna y reafirmó la necesidad de que la
aplicación del marco legal respetase ‘la existencia de un principio de
proporcionalidad que no beneficie sólo al imputado, sino que constituya un
derecho de la víctima de graves violaciones de derechos humanos’, bajo
parámetros que ratifiquen a su vez el
principio de la responsabilidad principal y directa del Estado en la reparación
de las víctimas y que en la investigación de graves violaciones a los derechos
humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la
imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera
apariencia de justicia…”. Advierte que en el fallo de la Corte podría haber
responsabilidad internacional del Estado argentino porque “desnaturaliza la pena” y “porque
opera como un supuesto de impunidad material de efectos irremediables” para
sociedad y las víctimas. Resalta el hecho de que lleva las firmas de solo tres
de los cinco jueces de la Corte (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena
Highton de Nolasco). Otras víctimas del Posadas analizan presentarse ante la
CIDH, e incluso directamente ante la Corte Interamericana. El abogado Marcelo
Parrilli denunció a los tres supremos firmantes por prevaricato (fallar intencionalmente contra Derecho) y
la causa le tocó a Daniel Rafecas.
Entretanto, también ante la Comisión llevó otro pedido de
medida cautelar el constitucionalista Andrés Gil Domínguez para que no se
aplique la ley en cuestión y solicitó que se convoque a una audiencia conciliatoria al Estado “a los efectos de arribar a una solución amistosa”. Gil Domínguez
dijo que con su presentación apunta, entre otras cosas, a dar un soporte a los
fiscales y jueces que discrepen con el criterio supremo. A su entender el
criterio de la Corte viola disposiciones
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.
El Alto Comisionado fue insistente en algunos conceptos,
como que la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de
Lesa Humanidad (ratificada por Argentina en 1995, con jerarquía constitucional)
más el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, establecen que estos
delitos son imprescriptibles e instalan un esquema para juzgarlos y reparar a
las víctimas. Recordó que los derechos a la verdad, la justicia y la
reparación, ya han sido objeto de recomendaciones al Estado Argentino por parte
de los mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas.
Lo que sucede es que en la última década, incluso un poco
más, todas las decisiones de la Corte Suprema se encaminaron en sentido a
acatar esos señalamientos y sustentar desde los tribunales el proceso de
Memoria, Verdad y Justicia por el que tanto batallaron los organismos de
derechos humanos. Mauricio Macri lo llamó “el curro de los derechos humanos” en su campaña
electoral, intentó vaciar de sentido el feriado del 24 de marzo (Día de la
Memoria, la Verdad y la Justicia) e instaló un discurso destinado a poner en
duda el número de desaparecidos. El fallo de la Corte se posó sobre todo eso. Ni ella ni el Gobierno esperaban un
repudio generalizado tan contundente.
“NO SON DELITOS COMUNES”
VIDAL FIJÓ SU POSICIÓN SOBRE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD
LA GOBERNADORA CRITICÓ EL FALLO DE LA CORTE TOMANDO DISTANCIA DEL APOYO
DADO INICIALMENTE POR FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO. SOSTUVO QUE “LOS DELITOS DE
LESA HUMANIDAD NO PUEDEN SER TRATADOS COMO DELITOS COMUNES”.
María Eugenia Vidal
habló del fallo al inaugurar una muestra itinerante sobre Ana Frank.
(Imagen: DyN)
El macrismo completó su giro de 180 grados con respecto al
fallo de la Corte Suprema. Primero dijeron que estaban de acuerdo. Luego que
estaban en desacuerdo con la ley del 2x1. Y ayer la gobernadora bonaerense
María Eugenia Vidal dio un paso más y cuestionó el fallo de la Corte Suprema y
la equiparación que supone: “Los delitos de lesa humanidad no deben ser
tratados como delitos comunes”, afirmó. El secretario de Asuntos Políticos,
Adrián Pérez, se pronunció en la misma línea. El presidente Mauricio Macri
sigue sin decir una palabra al respecto.
La diferencia entre la primera reacción del Gobierno y la
actual es notoria. Entre los asesores jurídicos del Presidente juran y perjuran
que no hubo ni focus group ni encuestas involucradas en el volantazo. “No hubo
encuestas. Hubo sensatez”, resumió uno de los consiglieri del Presidente. Lo
cierto es que el primer día primó el silencio en el oficialismo, con la sola
excepción del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien manifestó
que estaba “de acuerdo si el fallo está sustentado”. Al no haber otras voces
del Gobierno el día en que se conoció el fallo, quedó como la posición oficial.
Pero luego se impuso en el Gabinete la lectura que hizo el
ministro de Justicia, Germán Garavano, quien difirió con Avruj. El funcionario
apuntó no al fallo sino a la ley del 2x1 en general, con lo que volvió
consistente la mirada del PRO sobre las excarcelaciones y su rechazo a la
sentencia. Rápidamente, ésta se convirtió en la posición oficial. Lo reiteraron
luego la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe del gobierno porteño,
Horacio Rodríguez Larreta; y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Este último
sostuvo que esa ley, ya derogada, “es un mecanismo que consagra la impunidad”,
en un tiro por elevación a la Corte. “Continuar con la búsqueda de la Verdad,
la Memoria, y la Justicia es política de Estado”, aseguró.
Cinco días después de conocido el fallo, Vidal eligió hablar
del tema al inaugurar una muestra itinerante sobre Ana Frank en Vicente López.
En su entorno, aseguraron que la declaración no estuvo prefabricada, aunque el
contexto claramente le permitió hablar de la sentencia. La acompañaban tanto
Avruj, como el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón,
quien ya había salido a rechazar la decisión de la mayoría de la Corte.
“Nuestra posición es
clara: los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa
humanidad y no como delitos comunes. La única forma de aliviar el dolor, de
reparar en algo el sufrimiento de las víctimas, de los sobrevivientes y sus
familias, es con respuestas justas. No hay otra respuesta más que la respuesta
justa, no puede haber atajos para que haya alivio al dolor”, remarcó Vidal, con
lo que dio un paso más con respecto al discurso oficial: de cuestionar la ley
del 2x1 pasaron a cuestionar el fallo y, en concreto, la equiparación entre
delitos comunes y de lesa humanidad que este implica.
A esta nueva línea discursiva oficial se sumó ayer el
secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez: “Quiero compartir con ustedes mi
rechazo por la sentencia de la Corte Suprema en el caso Muiña –escribió en su
Facebook–. Se trata de un fallo imprudente que abre una caja de Pandora para
otras situaciones similares que pueden agravar la impunidad, equiparando
equivocadamente supuestos muy distintos, es decir delitos comunes con delitos
de lesa humanidad”.
Por su parte, Vidal aclaró que ella respeta “la división de
poderes, pero también nuestra propia libertad de decir lo que pensamos”. “La
memoria, para los que gobernamos es como en la vida: defender valores, los
valores que hacen que estas situaciones de horror no se repitan. Memoria es
mucho más que conmemorar las fechas importantes, que incorporar discursos
políticamente correctos”, destacó.
La escuchaban el intendente de Vicente López, Jorge Macri;
el juez federal Sergio Torres y el presidente del Museo del Holocausto en
Argentina, Marcelo Mindlin, además de un sobreviviente de la Shoah, Albert
Gomes de Mesquita, que fue compañero de escuela de Ana Frank y que está
visitando por primera vez el país. “El mejor legado frente a tanto horror, no
sólo en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, sino en lo que también pasó
en nuestro país, es el aprendizaje y la Justicia. Esa es la mejor manera de
sostener la memoria”, dijo Vidal, con lo que se diferenció del silencio que
guarda hasta ahora sobre el tema el presidente Macri. El mandatario, que ayer
estuvo reunido con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, optó por no
acompañarlo cuando visitó el Parque de la Memoria. Todo un gesto.
BOUDOU NEGÓ ACUSACIONES AL HABLAR EN EL PRIMER JUICIO ORAL EN SU CONTRA POR "FALSEDAD IDEOLÓGICA"
EL EX VICEPRESIDENTE NEGÓ HABER INSERTADO INFORMACIÓN FALSA EN DOCUMENTACIÓN
DE UN VEHÍCULO DE SU PROPIEDAD, DESLIGÓ TAMBIÉN DEL CASO A SU EX NOVIA AGUSTINA
SEGUÍN Y DERIVÓ LA RESPONSABILIDAD EN LOS GESTORES DEL TRÁMITE.
El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, en una causa
en la que enfrenta cargos de "falsedad ideológica", negó hoy haber
insertado información falsa en documentación de un vehículo de su propiedad,
desligó también del caso a su ex novia Agustina Seguín y derivó la
responsabilidad en los gestores del trámite, al declarar en el primer juicio
oral en su contra que comenzó en los tribunales federales de Retiro.
"Ni yo ni Agustina Seguín insertamos o hicimos insertar
información falsa en ningún documento", comenzó Boudou pasado el mediodía
su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 1 en el juicio donde
se lo acusa como partícipe necesario de "falsedad ideológica", por el
que podría ser condenado a una pena de seis meses a seis años de prisión.
Se trata del primer juicio oral que enfrenta el ex compañero
de fórmula de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien está procesado además
en la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica, fue indagado en la
causa que investiga irregularidades en un contrato firmado con Formosa para
reestructurar deuda pública provincial y es investigado por supuesto
enriquecimiento ilícito junto a otra de sus ex novias, Agustina Kampfer.
El ex vicepresidente arribó a Comodoro Py 2002 poco después
de las 9 de la mañana e ingresó a la sala de audiencias ubicada en el subsuelo
de los tribunales junto a sus dos abogados para sentarse en primera fila y de
espaldas a otra de las acusadas, su ex pareja Seguín, con quien evitó
saludarse.
Poco antes habían arribado para acompañarlo desde el área
reservada al público el cantante y otros músicos del grupo de rock "La
mancha de Rolando", con quienes Boudou cantó en varias ocasiones, el ex
gobernador bonaerense Gabriel Mariotto, Osvaldo Papaleo y el periodista Martín
García.
Los acusados escucharon la lectura de la acusación en su
contra por parte del fiscal federal Guillermo Marijuán y del juez federal
Claudio Bonadío y luego tanto Boudou como su ex novia Seguín, los dos gestores
Andrés Soto y Roberto Basiñani y Graciela Taboada de Piñeiro, titular del
Registro Automotor 2 de la Ciudad de Buenos Aires, pidieron no concurrir más a
las audiencias hasta el final del juicio, algo que fue concedido.
Luego llegó el momento de las declaraciones indagatorias y
de las negativas por parte de Seguín y los demás acusados, salvo Boudou, quien
habló y respondió preguntas de todas las partes, incluso las vinculadas a por
qué circuló durante casi una década con una cédula verde a nombre de otra
persona en su vehículo convertible rojo "Honda CR del Sol".
En reiteradas ocasiones afirmó no recordar hechos, admitió
que fue "mucho tiempo" el que tardó en regularizar los papeles del
auto, pero deslindó en los gestores todo el tramite realizado al respecto al
sostener que él no los conoció en persona y firmó formularios en blanco.
"No está nuestra letra ni nuestra firma en ninguno de
los datos apócrifos, como lo demuestran todas las pericias caligráficas",
sostuvo el ex vicepresidente al referir que fue su entonces conviviente,
Agustina Seguín, quien contactó a los gestores para realizar los trámites del
vehículo, cuando él resolvió trasladarlo desde Mar del Plata hacia la ciudad de
Buenos Aires en el 2008.
En la acusación del fiscal Marijuán leída en el juicio, se
responsabilizó a Boudou de proporcionar una dirección falsa para cambiar la
radicación del vehículo, de insertar datos falsos en un formulario 08 y de no
registrar el cambio de motor.
"No se sabe cómo y cuándo llegó este vehículo a poder
del imputado", según la acusación.
En el dictamen de elevación a juicio leído en el debate,
Marijuan sostuvo que Boudou "es la única persona beneficiada por la
irregular transferencia, logrando regularizar la situación de un automóvil que
por algún motivo no inscribió hasta diez años después de comprado".
Según consta en la causa, entre 1993 y 2001 la cédula verde
del Honda estuvo a nombre de su anterior propietario, algo que Boudou dijo no
haber controlado cuando adquirió el vehículo y argumentó que durante mucho
tiempo no lo utilizó.
Además detalló que el auto quedó en Mar del Plata, ciudad
donde vívía, cuando se mudó a la Ciudad de Buenos Aires y dijo creer recordar
que estuvo al cuidado allí de su amigo José María Nuñez Carmona, procesado
junto con él en la causa Ciccone.
"La documentación estaba en la guantera del auto",
justificó luego de detallar todo lo ocurrido desde la compra en Mar del Plata
un año antes de casarse con su primera esposa, Daniela Andreolo, hasta el
traslado del auto a la Ciudad de Buenos Aires ya en pareja con Seguín y la
realización del trámite cuestionado.
Además refirió que el vehículo tuvo un cambio de motor que
tampoco quedó registrado porque se fundió en 1994 y hubo que reemplazarlo, al
responder preguntas de la fiscal de juicio Stella Maris Scandura.
Los jueces del Tribunal Gabriel Vega, José Michilini y
Adrián Grunberg también preguntaron y en particular quisieron saber los motivos
por los cuales durante tanto tiempo el ex vicepresidente tuvo un vehículo sin
papeles en regla.
"¿Usted se quedó tranquilo sólo con esta documentación
sabiendo que vivimos en Argentina?", preguntó el juez Michilini en
referencia a que Boudou no tenía título de propiedad del auto y sólo se
manejaba con la cédula verde a nombre del anterior dueño.
A la hora de defenderse, el ex vicepresidente argumentó que
firmó los formularios en blanco y que entregó toda la documentación a su
entonces pareja Seguín, quien tuvo trato con los gestores y fue la encargada de
pagarles con dinero que él le dio.
El juicio continuará con la etapa de testigos en audiencias
que se prevé serán dos veces a la semana, lunes y jueves.
Boudou y Seguín son juzgados como supuestos partícipes
necesarios de "falsedad ideológica" y como autores se juzga a la
titular del Registro Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, Graciela Taobada
de Piñeiro y a los gestores Andres Soto y Roberto Basiñani.
BUENOS AIRES
C.A.D.B.A
LA CAPTURA DE UN REPRESOR
FUE DETENIDO MARCELO CINTO COURTAUX, PRÓFUGO DESDE HACÍA TRES AÑOS
COURTAUX, DE 69 AÑOS, ERA BUSCADO DESDE 2014 POR SU RESPONSABILIDAD EN
SECUESTROS, TORTURAS Y DESAPARICIONES EN UN CENTENAR DE CASOS. FUE JEFE DE
INTELIGENCIA EN EL DESTACAMENTO 201 DE CAMPO DE MAYO.
Tras ser buscado en
varios países, Courtaux cayó en un locutorio de la Capital.
(Imagen: Gustavo
Molfino)
Cuando esa minoría intensa que lucha por los derechos
humanos aún seguía apesadumbrada por el fallo de la Corte, la detención de uno
de los setenta represores prófugos fue una señal de aliento. Marcelo Cinto
Courtaux no figura entre los criminales más conocidos, pero fue un importante
oficial de Inteligencia del Ejército que siguió actuando hasta los últimos años
de la dictadura y estuvo tres años prófugo, luego de pedir a la Justicia una
prórroga de su indagatoria. Courtaux, de 69 años, fue buscado en varios países
hasta que, finalmente el sábado pasado al mediodía, la Policía de Seguridad
Aeroportuaria (PSA) lo detuvo en un locutorio de Pueyrredón y Santa Fe, en
plena Capital.
“En el marco de lo que ocurrió la semana pasada con el fallo
del 2x1 este hallazgo levanta ánimos, no se afloja ni un centímetro la lucha,
la búsqueda de los demás prófugos imputados por delitos de lesa humanidad no se
detiene”, dijo Pablo Llonto, abogado de las víctimas de este sicario del
terrorismo de Estado.
Llonto recordó que este prófugo era buscado con una
recompensa de 500 mil pesos desde 2014, y destacó que “vino a traer algo de
alivio en el movimiento de derechos humanos y en especial en las comisiones de
derechos humanos de zona Norte y Campo de Mayo, en estos días en que el fallo
de la mayoría de la Corte Suprema causaba una sensación de retroceso en
familiares, víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado”.
En marzo de aquel año, Courtaux fue citado a indagatoria por
la jueza Alicia Vence del juzgado federal 2 de San Martín por los hechos
originados desde el Batallón 601, la Jefatura de Inteligencia del Ejército y el
Comando de Institutos Militares (Campo de Mayo) para secuestrar, torturar y
asesinar a cerca de 100 militantes montoneros que formaron parte de la acción
política conocida como la Contraofensiva, entre 1979 y 1980. Era jefe de
Inteligencia de la Primera Sección en el Destacamento de Inteligencia 201 de
Campo de Mayo, dependiente del Batallón de Inteligencia 601.
En 2014 la jueza Vence indagó y procesó a una decena de
oficiales del Ejército, la mayoría de ellos del área de Inteligencia que
actuaron coordinadamente entre el batallón 601 de Inteligencia y Campo de Mayo
y que fueron los autores mediatos y coautores de los mismos delitos –con las
mismas víctimas– que se le imputan a Cinto Courtaux. Según describió Llonto, en
otras declaraciones testimoniales de la megacausa Campo de Mayo Cinto Courtaux,
quien fue dueño de empresas de seguridad, también había sido nombrado por
conscriptos como uno de los jefes de los operativos de secuestro y
aniquiliamiento que partían desde Campo de Mayo, en la Escuela de
Comunicaciones y operaban en el partido de San Isidro.
Una de las víctimas del operativo que reprimió la
Contraofensiva montonera fue Noemí Gianetti de Molfino, secuestrada en Perú en
1980 y asesinada en España. Ayer, su hijo, el reportero gráfico Gustavo
Molfino, quien se especializó en “cazar” represores poco conocidos con su cámara
fotográfica, se mostró esperanzado respecto de la continuidad de este proceso,
que ya fue elevado a juicio oral cuando la jueza cerró la etapa de instrucción.
Aunque pueda demorar en concretarse, Courtaux estará en el banquillo de los
acusados y, mientras tanto, no podrá gozar del beneficio del arresto
domiciliario por haberse dado a la fuga.
Los abogados de la querella también se manifestaron muy
satisfechos con la tarea desempeñada por la jueza y el personal del juzgado en
una búsqueda que incluyó al inicio diversos países y provincias antes la
posibilidad de una huida al exterior. Ahora esperan que ocurra lo mismo con
Alberto Daniel Sotomayor, también oficial de Inteligencia de Campo de Mayo.
Las tareas de inteligencia dispuestas por la jueza Vence incluyeron
seguimientos de Interpol, intervenciones telefónicas, filmaciones de los
desplazamientos del represor en Barrio Norte, seguimiento en estaciones de
subte y finalmente su detención y el secuestro de los elementos en su poder. En
la billetera de Cinto Courtaux había un recorte periodístico del abogado
Llonto, con su foto y una indicación del lugar de trabajo, la Facultad de
Periodismo de la UNLP. Cuando el fiscal en la indagatoria le consultó sobre
esta fotografía, respondió: “Es que quería saber lo que opinan todos”.
CÓRDOBA
APARECIÓ YASMIN Y ESTÁ EN BUEN ESTADO DE SALUD
EL LUNES A LA NOCHE SE CONFIRMÓ QUE ESTABA EN UNA COMISARÍA DE BUENOS
AIRES, MIENTRAS QUE UNA COMISIÓN DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA SE APRESTABA A VIAJAR
PARA REALIZAR LOS TRÁMITES DE RIGOR.
Familiares, amigos y vecinos marcharon por la aparición de
Yasmín Varela
Fuentes del Ministerio Público Fiscal anticiparon que Yasmin
Varela fue ubicada en Buenos Aires, y que su estado de salud era bueno. Su
familia había perdido el contacto con ella el jueves, cuando faltó al colegio
Santa Margarita de Cortona de barrio San Vicente y (aparentemente) se fue de
Córdoba.
El lunes a la noche se confirmó que estaba en una comisaría
de Buenos Aires, mientras que una comisión de la Policía de Córdoba se
aprestaba a viajar para realizar los trámites de rigor.
La mamá de Yasmín había escuchado la voz de su hija en un
audio que está circulando, en el que ella le cuenta a un amigo su plan de
fugarse de la casa. “Sí, es ella, pero no es su forma de expresarse. Además se
la escucha como contenta”, afirmó Anabel.
Por eso sospecha que se fue engañada por un adulto. Sin
embargo, hasta el lunes a la noche no estaba confirmado si se fugó sola o con
otra persona. Aparentemente, no sufrió hechos de violencia en los cuatro días
en lo que no se supo nada de ella.
El jueves, Yasmin no ingresó a la escuela. A la tarde, al no
regresar y no poder ubicarla con sus compañeros, los padres denunciaron la
desaparición. El viernes a la mañana, el uniforme escolar apareció cerca de la
escuela.
Fueron días dramáticos para la familia. Anoche, decenas de
vecinos y amigos marcharon por las calles del barrio San Vicente reclamando su
aparición. Al filo de la noche se confirmó que estaba en sana y a resguardo.
FORMOSA
LA ESCUELA ITINERANTE FUNCIONARÁ ENTRE EL 15 Y EL 20 DE MAYO
AÚN NO SE DEFINIÓ EL LUGAR DONDE SERÁ EMPLAZADA LA ESCUELA, IDEADA POR
LOS SINDICATOS DOCENTES PARA REFORZAR SU LUCHA POR MEJORES SALARIOS.
La escuela
itinerante, ideada por los sindicatos docentes para reforzar su lucha por
mejores salarios, será instalada el próximo lunes en la ciudad de Formosa,
donde funcionará hasta el 20 de mayo, informaron fuentes gremiales.
Luis Branchi, secretario general de la Agremiación del
Docente de Formosa (ADF) y miembro de la junta ejecutiva de CTERA, dijo que aún
no se definió el lugar en el que será emplazada la escuela, pero confirmó las
fechas en las que permanecerá abierta en la capital provincial.
En una entrevista radial, el dirigente gremial rechazó la
actitud del gobierno de negarse a convocar a la paritaria nacional y señaló que
por esta razón, “la lucha de los docentes prosigue”.
Al mismo tiempo, confirmó que se mantiene firme la marcha
federal convocada por Ctera y las otras organizaciones sindicales docentes para
"el próximo 20 de junio”.
ECONOMÍA
POR NUEVAS COMPRAS DE BANCOS PÚBLICOS, EL DÓLAR SUBIÓ SEIS CENTAVOS A $ 15,72
Nuevas compras de entidades oficiales a cuenta del Banco
Central impulsaron al dólar en el inicio de esta semana, que cerró con un
avance de seis centavos a $ 15,72 y registró su tercera alza consecutiva en
agencias y bancos de la city porteña.
Operadores indicaron a este medio que el Banco Central
repitió la misma estrategia de las últimas tres jornadas: comprar u$s 100
millones a través de la banca pública con el objetivo de acumular reservas en
u$s 25.000 millones, una meta anunciada por el titular de la autoridad
monetaria, Federico Sturzenegger, a mediados de abril.
El recorrido del minorista fue en sintonía con lo que pasó
en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa se disparó doce
centavos y medio a $ 15,52, su mayor suba desde mediados de febrero (el 17 de
ese mes, avanzó 24 centavos y medio).
Se trató de la cuarta rueda consecutiva en la que el BCRA
interviene de manera indirecta. El BCRA compró u$s 100 millones el miércoles
por primera vez desde el 23 de marzo cuando adquirió u$s 300 millones a la
provincia de Buenos Aires. El jueves, el viernes y este lunes repitió la
operación.
El analista Gustavo Quintana indicó que "la estrategia
oficial de intervenir en el mercado a través de otros bancos públicos parece
estar teniendo sus réditos ya que logró revertir el proceso de debilidad que
exhibía el dólar y acercar su cotización al nivel de los $ 15,50, un valor que
no se repetía desde la última semana de abril".
Durante la rueda, el tipo de cambio tuvo un recorrido lineal
pero ascendente desde el comienzo de la jornada por órdenes genuinas que se
aceleró sobre el final de la rueda a partir de la renovada presencia de bancos
oficiales. Los mínimos se anotaron con las primeras operaciones pactadas en los
$ 15,39 y se mantuvieron con escasa oscilación hasta que la banca pública
comenzó su actividad diaria en el mercado.
La presencia de los entes oficiales, en este sentido,
estimuló el rearme de posiciones y los precios fueron reflejando la mayor
demanda de cobertura con máximos en los $ 15,52 registrados al cierre.
En este contexto, el volumen negociado retrocedió un 2,8% a
u$s 558 millones.
Durante la sesión, la Cámara de la Industria Aceitera de la
República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC)
informaron que la liquidación de divisas creció un 15% en el promedio diario a
u$s 138,15 millones de la semana corta pasada en comparación con los cinco días
previos. En total, ingresaron un u$s 552,6 millones.
Por su parte, el dólar blue aumentó diez centavos y perforó
el techo de los $ 16 luego de seis sesiones, a $ 16,01, según el relevamiento
de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con
liqui" repuntó 12 centavos a $ 15,46, mientras que el dólar
"Bolsa" subió seis centavos a $ 15,45.
En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 306
millones, casi 60% se negoció en "roll-over" de mayo ($15,67) a junio
($15,922) con una tasa de 19,56%TNA. El plazo más largo operado fue septiembre,
que finalizó a $ 16,72 con una tasa del 20,34%TNA, según ABC Mercado de
Cambios.
Por último, las reservas internacionales del Banco Central
cayeron u$s 329 millones a u$s 48.031 millones, debido a la cancelación de
intereses de los títulos Bonar 2024 por u$s 325,8 millones (de los cuales u$s
127 millones correspondieron a pagos efectuados por Caja de Valores a tenedores
con custodia en el exterior).
DEL PLAN PARA BAJAR LA INFLACIÓN NI NOTICIAS
LOS PRECIOS AUMENTARON 2,4 POR CIENTO EN ABRIL, SEGÚN EL ÍNDICE DE LOS TRABAJADORES
EL INCREMENTO DEL GAS IMPACTÓ SOBRE LA INFLACIÓN DEL MES PASADO. EN LOS
PRIMEROS CUATRO MESES LOS PRECIOS YA SUBIERON 9,1 PUNTOS, DE ACUERDO CON EL
RELEVAMIENTO DE LA UMET, Y LA PROYECCIÓN PARA EL AÑO ESCALA HASTA EL 29,8.
La inflación en abril se ubicó en el 2,4 por ciento en
relación al mes anterior, según el índice de precios que difunde la Universidad
Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). En el primer cuatrimestre,
el alza de precios alcanzó el 9,1 por ciento. Si se mantuviera esa tendencia el
resto del año, la inflación en 2017 se ubicaría en el 29,8 por ciento, muy por
encima de la pauta del 17 por ciento que propone el Banco Central pero también
superior a las negociaciones paritarias, lo cual tendría un impacto negativo
sobre el consumo y el empleo, como sucedió en 2016. En abril, la suba de
precios estuvo motivada en primer lugar por el incremento de la tarifa del gas
junto a las subas en alimentos y bebidas.
La UMET introdujo en su informe de inflación un dato que
refleja el impacto de la pérdida del poder adquisitivo del salario. Desde
noviembre de 2015 hasta el mes pasado, la caída promedio mensual del ingreso de
los trabajadores formales fue del 5,6 por ciento. En todo el período, la merma
equivale al 95 por ciento de un salario mensual. Es decir que, de haberse
mantenido la relación salario-precios de noviembre de 2015, un trabajador
podría acceder hoy en día a los mismos bienes habiendo trabajado un mes entero
menos. El sector del capital embolsó la riqueza generada ese mes.
La suba de precios del capítulo de vivienda del índice de la
UMET fue del 8,4 por ciento, traccionada por el aumento en el gas en todo el
país. La UMET observó que el aumento en los hechos equivalió al 57,8 por ciento
a nivel nacional, por encima de las previsiones oficiales. El gas añadió 1
punto porcentual de los 2,4 que registró la inflación en abril. El aumento de
las boletas se explica tanto por la quita de subsidios en el precio del gas que
abonan los usuarios como por el aumento en la retribución para las empresas de
transporte y distribución. El Gobierno anticipó que después de las elecciones
de octubre habrá una nueva suba. Además, los alquileres subieron un 2,2 por
ciento el mes pasado.
Entre los alimentos, que escalaron en promedio un 1,9 por
ciento, se destacó el encarecimiento de los lácteos, el arroz y la carne. Los
lácteos subieron 3,7 por ciento en un marco de retracción de la oferta por la
crisis en Sancor. El rubro arroz y cereales subió 2,2 por ciento, mientras que
la carne lo hizo en un 1,7 por ciento y los condimentos y aderezos, un 3,1 por
ciento. Las bebidas sin alcohol treparon 1,3 por ciento, mientras que las
bebidas alcohólicas lo hicieron en un 1,6 por ciento. En cambio, los precios de
los pescados se redujeron un 0,6 por ciento, mientras que la merma en frutas
fue del 1,1 por ciento y las verduras quedaron estables.
Equipamiento y mantenimiento del hogar subió 2,4 por ciento,
el rubro con el mayor incremento mensual después de vivienda. Estuvo impulsado
por electrodomésticos para el hogar (1,8 por ciento), sofás (9,0) y colchones
(7,2). Un escalón por debajo quedó educación (1,4), indumentaria y calzado
(1,0) y transporte y comunicaciones (0,9), en donde se destacó la suba del 12
por ciento en el abono de la empresa Movistar y la baja del gasoil del 2,6 por
ciento. Los medicamentos subieron 1,5 por ciento, la electrónica de consumo, un
0,4 por ciento y los alimentos para mascotas, un 5 por ciento.
En la comparación frente a abril del año pasado, la suba
general de precios es del 27,1 por ciento. El capítulo con la mayor alza anual
es vivienda, con el 37,9, lo que da una idea del impacto inflacionario de los
aumentos tarifarios en electricidad y gas. La suba anual del rubro salud es del
32,3 por ciento impulsada por las cuotas de las prepagas, mientras que en la
educación privada el aumento es del 29,4. Alimentos y bebidas quedó cerca del
promedio, con un aumento del 27,9, mientras que esparcimiento registra un alza
del 26,1 por ciento. Transporte y comunicaciones subió un 21,8 por ciento, por
debajo del promedio, a raíz de la estabilidad de las tarifas del transporte
público desde abril del año pasado. En tanto, los rubros de mantenimiento y
equipamiento del hogar e indumentaria y calzado son los de menores aumentos en
los últimos doce meses (19,4 y 14,7 por ciento, respectivamente), como
consecuencia de la retracción del consumo.
ALTA INFLACIÓN DE ABRIL FORZARÁ A BCRA HOY A PROLONGAR EL AJUSTE
DEBERÁ DECIDIR ESTA TARDE SU TASA DE REFERENCIA, QUE ESTÁ EN 26,25% ; YA SUBIÓ LA DE LEBAC AL 25,40%
EL INDEC DARÁ MAÑANA EL IPC DEL MES PASADO, QUE ESPERAN SUPERIOR A 2%.
PARA CONTENER LOS PRECIOS, STURZENEGGER ENDURECE SU POLÍTICA.
Las últimas noticias no parecen del todo alentadoras para el
presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Hoy, el funcionario se
verá forzado una vez más a consolidar el "ajuste monetario" que
retomó a principios de marzo: su comité deberá informar la tasa de referencia
de la economía (la de los pases, que hoy está en el 26,25% anual), en un
momento en que las expectativas de inflación se mantienen muy por encima de la
meta fija para este año.
Todo hace presumir que, hasta ahora, los funcionarios que
responden a Sturzenegger tienen pocas razones para relajarse: esperan para
mañana un dato poco digerible sobre la inflación de abril del Indec, que sería
mayor al 2%; y saben que, contra lo que preveían, la legislatura porteña demorará
hasta la última semana de mayo la aprobación de la exención impositiva que
quiere aplicar sobre la tasa de interés de referencia.
Los últimos movimientos del Banco Central dejaron en
evidencia la elevada preocupación oficial por la inflación. Desde el primer día
del mes, la mesa de dinero se lanzó al mercado con agresivas ventas de Lebac en
el mercado secundario: las colocaciones superaron los $50.000 millones en cinco
días y empujaron las tasas de interés a un máximo del 25,40% anual (el plazo más
corto).
El mercado empieza a mirar el escenario con algo más de
desconfianza. En algunas mesas ya atribuyen a las dudas de los inversores el
desarme de posiciones que se ve desde hace un mes en los títulos argentinos en
pesos a tasa fija (que pasaron de rendir 18% a 21% anual) y, en las últimas
tres jornadas, en los que son en dólares. Hay, detrás de esto, una migración
hacia las Lebac, que tientan por sus altas tasas de interés; pero, también, una
actitud de mayor prudencia de algunos jugadores del mercado sobre el país.
Los números del Central lucen bastante más desprolijos que
los que Sturzenegger había trazado en sus últimas conferencias trimestrales de
política monetaria. En enero pasado, por ejemplo, había estimado que para esta
altura del año sus "pasivos monetarios" (la suma del stock de Lebac y
pases) representarían el 97% del total de los pesos en circulación de la
economía (o sea, sobre la "base monetaria"). Pero en los registros
oficiales ya se ve que esa proporción fue hoy largamente superada y se ubica en
el 115%. Significa que, por un error de cálculo de sus proyecciones en la
demanda de dinero, el Banco Central tiene emitida a esta altura una deuda que
es $ 130.000 millones más grande que la que había estimado hace cuatro meses
para esta fecha.
El Banco Central debió salir a retirar pesos de la economía
con un ajuste en los rendimientos de las letras de deuda. La tasa que éstas
pagan hoy es, precisamente, igual a la que ofrecen los pases pasivos: un 25,50%
anual. La diferencia está en que, en los pases, el retorno queda reducido a un
24% si se descuenta el efecto del impuesto a los Ingresos Brutos que cobran las
provincias. Es lo que explica que, en las últimas semanas, las entidades
financieras hayan migrado su dinero hacia las Lebac.
El mercado podría equilibrarse cuando la Ciudad de Buenos
Aires haga efectiva la exención impositiva que anunció sobre los pases. Pero en
estos días, según pudo confirmar este diario, se demoró el tratamiento del
proyecto de ley que el ministerio de Hacienda del Gobierno porteño había
enviado a la Legislatura. Lo más probable: que el texto no sea tratado este
jueves. Ni, tampoco, el siguiente. Esto obligará al Central a seguir dando
prioridad a las Lebac. Así, empieza a desdibujarse de a poco el esquema de metas
de inflación lanzado a principios de este año: los pases ya no son el
instrumento emblema de la política monetaria; y la cantidad de dinero parece
ser a esta altura una variable tan importante como la tasa de interés.
INFORMACIÓN GENERAL
REINCORPORARON A UNA OFICIAL TRANS A LA POLICÍA FEDERAL: "ES UN ACTO DE JUSTICIA", DIJO BULLRICH
LA MINISTRA DE SEGURIDAD SE REFIRIÓ A LA REINCORPORACIÓN A LA POLICÍA
FEDERAL DE UNA OFICIAL TRANS QUE HABÍA SIDO RELEGADA DE SUS FUNCIONES HACE 9
AÑOS -Y OFICIALMENTE PASADA A RETIRO EN 2011- POR SU IDENTIDAD DE GÉNERO.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich calificó como “un
acto de justicia” la reincorporación a la Policía Federal de una oficial trans
que había sido relegada de sus funciones hace 9 años -y oficialmente pasada a
retiro en 2011- por su identidad de género, y aseguró que su cartera y las
cuatro fuerzas de seguridad "van a estar abiertas a respetar las
decisiones individuales” de sus integrantes.
El Ministerio de Seguridad reincorporó a una oficial
inspector trans pasada a retiro hace seis años
“Para este ministerio y el gobierno nacional es un acto de
justicia que Analía Pasantino vuelva a la institución”, aseguró la titular de
la cartera de Seguridad durante una conferencia de prensa que ofreció junto a
la policía reincorporada, al jefe de la Policía Federal Néstor Roncanglia y a
la coordinadora del Área de Diversidad y No Discriminación Mara Pérez Reynoso,
quien también es una persona trans.
Bullrich explicó que Pasantino, desde que comenzó a
exteriorizar su identidad de género autopercibida, "la pasó mal”, con
expedientes internos que patologizaban su condición.
"Afirmaban que la por entonces oficial inspector era
irrecuperable para la función policial, a pesar de contar con dos dictámenes
externos favorables de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la
Procuración del Tesoro que coincidían en concluir que Pasantino estaba
absolutamente apta”, destacó la ministra.
Para este ministerio y el gobierno nacional es un acto de
justicia que Analía Pasantino vuelva a la institución”
Precisó que pese a esto "tanto la Policía Federal como
los organismos internos de este ministerio le negaron totalmente la
posibilidad” de permanecer en la fuerza "y en 2011 se dispuso su pase a
retiro que permaneció vigente hasta ahora, a pesar de las numerosas presentaciones
en contrario".
La ministra explicó que estas reivindicaciones fueron objeto
de especial atención por el área que coordina Pérez Reynoso, “y esto culmina
con que Pasantino no sólo vuelve a la institución policial, sino que vuelve en
el reconocimiento del grado de subcomisaria”, que es el que tendría si hubiera
permanecido activa en la Policía Federal.
“Ella fue dejada de lado de la institución como inspectora,
un cargo que no tenía jefatura, ahora es subcomisaria y va a trabajar en
Comunicaciones Judiciales, teniendo en cuenta su título de abogada, y eso para
nosotros es muy importante”, agregó.
Bullrich aseguró además que “nos sentimos orgullosos como
instituciones del Estado” de poder adoptar esta medida que demuestra que “este
ministerio y las cuatro fuerzas que depende de nosotros, van a estar abiertas
las decisiones individuales” de sus integrantes.
La ahora subcomisaria, en compañía de su esposa desde hace
23 años, manifestó alegría por volver a la institución "que tanto quiero”.
Contó que si bien “una es trans toda la vida, yo hice mi
transición a los 40 años y desde ese momento fui víctima sistemática de
discriminación por cuestiones de la identidad de género por parte de la
institución policial; aunque no de mis compañeros”.
“Se me relegaron los
ascensos, se me empezó a otorgar una licencia médica prolongada que no había
forma de revertir a pesar de que yo presentaba certificados médicos que decían
que estaba apta, y se me terminó aplicando un retiro obligatorio”, contó.
“Entonces yo presenté un reclamo al Inadi, que se transforma
en un expediente que circuló dentro del Ministerio de Seguridad pero no había
la voluntad política para resolverlo, al punto tal que la Procuración General,
como última instancia administrativa, dispuso mi inmediata reincorporación,
pero pasaron tres ministros y toda la gestión anterior” sin que hasta ahora se
llevara a la práctica.
Pasantino calificó como “ilegal” la decisión que la mantuvo
inactiva, porque durante este tiempo “se estuvo violando el derecho a la
identidad de género, los principios de Yogyakarta y la resolución 1181/11” del
mismo Ministerio de Seguridad que instruía ya a las fuerzas policiales y de
seguridad federales para respetar todas las identidades de género dentro y
fuera de estas instituciones.
Por su parte, Roncaglia aseguró que la Policía Federal va a
recibirla “con los brazos abiertos” dado que “está más abierta a estas
situaciones de diversidad sexual, porque priorizamos la idoneidad”.
Pérez Reynoso, cuya
presencia no pasó inadvertida en la última Asamblea Especial de la Asamblea de
las Naciones Unidas sobre el tema de las drogas por lo poco habitual de una
persona trans integrando una comitiva de funcionarios en Seguridad, explicó que
el desafío es también resolver el problema de las “requisas y cacheos
(policiales)" a personas trans.
"Eso es una preocupación mundial para lo cual las
personas transgénero presentes en las distintas fuerzas pueden hacer su
contribución", destacó.
Pérez Reynoso aseguró, además, que “la idea es que como
ellas, que tienen la experiencia en primera persona de lo que padecieron y de
cómo fue llegar a eso, nos puedan aportar, desde su experiencia, datos que
suman para que las resoluciones y políticas públicas estén basadas en la
realidad”.
EFEMÉRIDES
1943
Muere en Cosquín (Provincia de Córdoba) el cuentista y
periodista Enrique González Tuñón, autor de una colección de glosas titulada
"Tangos". Nació en Buenos Aires el l0 de marzo de 1901.
2006
Día Internacional de las Aves
Este día se celebra por iniciativa de BirdLife
International. Esta organización es una red de ONGs (la de Argentina es Aves
Argentinas) que tiene como objetivo la conservación de todas las especies de
aves que habitan en la Tierra así como de sus hábitats. Además, trabaja por la
conservación de la diversidad biológica del mundo y la adecuada utilización
humana de los recursos naturales. El Día Internacional de las Aves se celebra
organizando carnavales, conferencias, exposiciones, etc..
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