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martes, 9 de mayo de 2017

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  NACIONALES


UN RECHAZO GENERALIZADO QUE YA CRUZÓ LAS FRONTERAS

EL COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS DERECHOS HUMANOS ADVIRTIÓ QUE EL ESTADO ARGENTINO Y LA CORTE SUPREMA DEBEN CUMPLIR LA NORMATIVA INTERNACIONAL

EL COMISIONADO INCALCATERRA SE PRONUNCIÓ CONTRA EL 2X1 PARA LOS GENOCIDAS. TAMBIÉN LLEGARON RECLAMOS JUDICIALES A LA CIDH.

El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, contra la aplicación del 2x1.
El repudio al fallo de la Corte Suprema que aplicó el beneficio del “2 x 1” a un acusado de crímenes de la última dictadura brotó de las víctimas, de los familiares, de la dirigencia política casi en pleno, de los sindicatos, de fiscalías y tribunales que ya rechazaron pedidos de represores, de sectores múltiples de la sociedad y tuvo su máxima expresión ayer en un comunicado que emitió la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en el que advierte que cuando los jueces hablan de aplicar la “ley penal más benigna” no pueden desconocer “los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”. Fueron palabras del titular del organismo, Amerigo Incalcaterra, que advirtió de manera directa: “El Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”.

Un fallo en contra
El Acnudh es el organismo de Naciones Unidas que coordina todos los mecanismos destinados a supervisar la situación de derechos humanos en la región. El pronunciamiento que difundió es inusual y fue publicado en su página oficial. Es una advertencia lisa y llana al máximo tribunal argentino, que ya había empezado a emitir señales de desafío al sistema internacional de derechos humanos en un fallo de este mismo año (Fontevecchia) donde dijo que no tenía obligación de acatar una sentencia de la Corte Interamericana sobre libertad de expresión. El texto difundido ayer por el Alto Comisionado advierte: “Los crímenes de lesa humanidad agravian no sólo a las víctimas, sino a todos los seres humanos. Por ello, no pueden asimilarse a delitos comunes y su gravedad requiere de una sanción proporcional”. Además, le señala específicamente a la Corte Suprema que debe “considerar la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados en sentido de no invocar disposiciones de derecho interno como justificación del incumplimiento de una obligación internacional”. 

El mensaje es que los acusados de crímenes de lesa humanidad, deben cumplir su condena, y ésta debe ser acorde a la gravedad de los delitos que se les endilgan. Léase, que si se atenúan las penas con fallos como el de la semana pasada, se estaría ante una amnistía encubierta, cuando  los crímenes de lesa humanidad no son amnistiables ni indultables para el derecho internacional que nuestro país suscribe.

La decisión de la Corte benefició al represor Luis Muiña, un civil que había sido condenado a 13 años de prisión por cinco casos de secuestros y torturas en el Hospital Posadas, y que ya estaba bajo libertad condicional. Aplicó la ley del “2 x 1” a pesar de que su sanción fue posterior a los hechos y su derogación anterior a la detención y juzgamiento de Muiña.

La palabra de Incalcaterra, fue celebrada por los organismos de derechos humanos y multiplicó las perspectivas de que al menos no exista una aplicación automática del fallo de los supremos. También fue interpretada como una advertencia regional, donde Argentina ha sido un modelo en la evolución del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, igual que en el resto del mundo. Acnudh apunta a evitar retrocesos. Incalcaterra es un funcionario de perfil más bien diplomático: sus expresiones muestran una preocupación por el impacto del fallo de la Corte en otros países y se potencian con la reacción que hubo a nivel local de toda la dirigencia política, desde el propio oficialismo -que anunció un proyecto para que el 2 x1 no alcance a los genocidas– hasta Sergio Massa que dijo que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). También Victoria Donda anunció una propuesta propia y el Frente para la Victoria - PJ elaboraba otra. Lo cierto es que el Congreso ha quedado en situación de tener que debatir el tema, que podrían entrar hoy en una sesión especial en Diputados
A la CIDH recurrió ayer mismo una de las víctimas del Posadas, Gladys Cuervo, representada por los abogados Rodolfo Yanzón y Flavia Brozzi. Pidió que la Comisión dicte una medida cautelar para que el Estado argentino se abstenga de aplicar la ley 24.390 en juicios de lesa humanidad, mientras dirime la cuestión de fondo. Esa es la ley que permite computar dobles los días de detención a partir del segundo año de prisión preventiva sin sentencia. Además pide al organismo que incluya el tema en su agenda cuando venga a sesionar al país el 22 de este mes.

La presentación señala que la ley del “2 x1” por uno no estuvo pensada para delitos de lesa humanidad, ya que cuando fue aprobada las leyes de impunidad hacían imposible que los tribunales siquiera tuvieran la práctica de su juzgamiento. La aplicación de la norma ahora “se asimila a una reducción en la pena, con lo que el Estado se está sustrayendo de hacer efectivas reglas internacionales que obligan a fijar penas adecuadas por estos delitos”, advierte el escrito enviado por Cuervo. Cita el antecedente de una sentencia de la Corte Interamericana (“Masacre de la Rochela vs. Colombia”) “donde se  trató un supuesto de aplicación de ley penal más benigna y reafirmó la necesidad de que la aplicación del marco legal respetase ‘la existencia de un principio de proporcionalidad que no beneficie sólo al imputado, sino que constituya un derecho de la víctima de graves violaciones de derechos humanos’, bajo parámetros que  ratifiquen a su vez el principio de la responsabilidad principal y directa del Estado en la reparación de las víctimas y que en la investigación de graves violaciones a los derechos humanos sea imposible reconocer como compatible con la Convención Americana la imposición de penas ínfimas o ilusorias, o que puedan significar una mera apariencia de justicia…”. Advierte que en el fallo de la Corte podría haber responsabilidad internacional del Estado argentino porque “desnaturaliza la pena” y “porque opera como un supuesto de impunidad material de efectos irremediables” para sociedad y las víctimas. Resalta el hecho de que lleva las firmas de solo tres de los cinco jueces de la Corte (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco). Otras víctimas del Posadas analizan presentarse ante la CIDH, e incluso directamente ante la Corte Interamericana. El abogado Marcelo Parrilli denunció a los tres supremos firmantes por prevaricato (fallar intencionalmente contra Derecho) y la causa le tocó a Daniel Rafecas.

Entretanto, también ante la Comisión llevó otro pedido de medida cautelar el constitucionalista Andrés Gil Domínguez para que no se aplique la ley en cuestión y solicitó que se convoque a una audiencia  conciliatoria al Estado “a los efectos de arribar a una solución amistosa”. Gil Domínguez dijo que con su presentación apunta, entre otras cosas, a dar un soporte a los fiscales y jueces que discrepen con el criterio supremo. A su entender el criterio de la Corte viola disposiciones  de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas.

El Alto Comisionado fue insistente en algunos conceptos, como que la Convención sobre Imprescriptibilidad de Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad (ratificada por Argentina en 1995, con jerarquía constitucional) más el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, establecen que estos delitos son imprescriptibles e instalan un esquema para juzgarlos y reparar a las víctimas. Recordó que los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, ya han sido objeto de recomendaciones al Estado Argentino por parte de los mecanismos de protección de derechos humanos de Naciones Unidas. 

Lo que sucede es que en la última década, incluso un poco más, todas las decisiones de la Corte Suprema se encaminaron en sentido a acatar esos señalamientos y sustentar desde los tribunales el proceso de Memoria, Verdad y Justicia por el que tanto batallaron los organismos de derechos humanos. Mauricio Macri lo llamó “el curro de los derechos humanos” en su campaña electoral, intentó vaciar de sentido el feriado del 24 de marzo (Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia) e instaló un discurso destinado a poner en duda el número de desaparecidos. El fallo de la Corte se posó sobre todo eso. Ni ella ni el Gobierno esperaban un repudio generalizado tan contundente.

“NO SON DELITOS COMUNES”

VIDAL FIJÓ SU POSICIÓN SOBRE LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD

LA GOBERNADORA CRITICÓ EL FALLO DE LA CORTE TOMANDO DISTANCIA DEL APOYO DADO INICIALMENTE POR FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO. SOSTUVO QUE “LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD NO PUEDEN SER TRATADOS COMO DELITOS COMUNES”.
María Eugenia Vidal habló del fallo al inaugurar una muestra itinerante sobre Ana Frank.
(Imagen: DyN)

El macrismo completó su giro de 180 grados con respecto al fallo de la Corte Suprema. Primero dijeron que estaban de acuerdo. Luego que estaban en desacuerdo con la ley del 2x1. Y ayer la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal dio un paso más y cuestionó el fallo de la Corte Suprema y la equiparación que supone: “Los delitos de lesa humanidad no deben ser tratados como delitos comunes”, afirmó. El secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez, se pronunció en la misma línea. El presidente Mauricio Macri sigue sin decir una palabra al respecto.

La diferencia entre la primera reacción del Gobierno y la actual es notoria. Entre los asesores jurídicos del Presidente juran y perjuran que no hubo ni focus group ni encuestas involucradas en el volantazo. “No hubo encuestas. Hubo sensatez”, resumió uno de los consiglieri del Presidente. Lo cierto es que el primer día primó el silencio en el oficialismo, con la sola excepción del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien manifestó que estaba “de acuerdo si el fallo está sustentado”. Al no haber otras voces del Gobierno el día en que se conoció el fallo, quedó como la posición oficial.

Pero luego se impuso en el Gabinete la lectura que hizo el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien difirió con Avruj. El funcionario apuntó no al fallo sino a la ley del 2x1 en general, con lo que volvió consistente la mirada del PRO sobre las excarcelaciones y su rechazo a la sentencia. Rápidamente, ésta se convirtió en la posición oficial. Lo reiteraron luego la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe del gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Este último sostuvo que esa ley, ya derogada, “es un mecanismo que consagra la impunidad”, en un tiro por elevación a la Corte. “Continuar con la búsqueda de la Verdad, la Memoria, y la Justicia es política de Estado”, aseguró.

Cinco días después de conocido el fallo, Vidal eligió hablar del tema al inaugurar una muestra itinerante sobre Ana Frank en Vicente López. En su entorno, aseguraron que la declaración no estuvo prefabricada, aunque el contexto claramente le permitió hablar de la sentencia. La acompañaban tanto Avruj, como el secretario de Derechos Humanos bonaerense, Santiago Cantón, quien ya había salido a rechazar la decisión de la mayoría de la Corte.

 “Nuestra posición es clara: los delitos de lesa humanidad deben ser tratados como delitos de lesa humanidad y no como delitos comunes. La única forma de aliviar el dolor, de reparar en algo el sufrimiento de las víctimas, de los sobrevivientes y sus familias, es con respuestas justas. No hay otra respuesta más que la respuesta justa, no puede haber atajos para que haya alivio al dolor”, remarcó Vidal, con lo que dio un paso más con respecto al discurso oficial: de cuestionar la ley del 2x1 pasaron a cuestionar el fallo y, en concreto, la equiparación entre delitos comunes y de lesa humanidad que este implica.

A esta nueva línea discursiva oficial se sumó ayer el secretario de Asuntos Políticos, Adrián Pérez: “Quiero compartir con ustedes mi rechazo por la sentencia de la Corte Suprema en el caso Muiña –escribió en su Facebook–. Se trata de un fallo imprudente que abre una caja de Pandora para otras situaciones similares que pueden agravar la impunidad, equiparando equivocadamente supuestos muy distintos, es decir delitos comunes con delitos de lesa humanidad”.

Por su parte, Vidal aclaró que ella respeta “la división de poderes, pero también nuestra propia libertad de decir lo que pensamos”. “La memoria, para los que gobernamos es como en la vida: defender valores, los valores que hacen que estas situaciones de horror no se repitan. Memoria es mucho más que conmemorar las fechas importantes, que incorporar discursos políticamente correctos”, destacó.

La escuchaban el intendente de Vicente López, Jorge Macri; el juez federal Sergio Torres y el presidente del Museo del Holocausto en Argentina, Marcelo Mindlin, además de un sobreviviente de la Shoah, Albert Gomes de Mesquita, que fue compañero de escuela de Ana Frank y que está visitando por primera vez el país. “El mejor legado frente a tanto horror, no sólo en la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, sino en lo que también pasó en nuestro país, es el aprendizaje y la Justicia. Esa es la mejor manera de sostener la memoria”, dijo Vidal, con lo que se diferenció del silencio que guarda hasta ahora sobre el tema el presidente Macri. El mandatario, que ayer estuvo reunido con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, optó por no acompañarlo cuando visitó el Parque de la Memoria. Todo un gesto.

BOUDOU NEGÓ ACUSACIONES AL HABLAR EN EL PRIMER JUICIO ORAL EN SU CONTRA POR "FALSEDAD IDEOLÓGICA"

EL EX VICEPRESIDENTE NEGÓ HABER INSERTADO INFORMACIÓN FALSA EN DOCUMENTACIÓN DE UN VEHÍCULO DE SU PROPIEDAD, DESLIGÓ TAMBIÉN DEL CASO A SU EX NOVIA AGUSTINA SEGUÍN Y DERIVÓ LA RESPONSABILIDAD EN LOS GESTORES DEL TRÁMITE.

El ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou, en una causa en la que enfrenta cargos de "falsedad ideológica", negó hoy haber insertado información falsa en documentación de un vehículo de su propiedad, desligó también del caso a su ex novia Agustina Seguín y derivó la responsabilidad en los gestores del trámite, al declarar en el primer juicio oral en su contra que comenzó en los tribunales federales de Retiro.




"Ni yo ni Agustina Seguín insertamos o hicimos insertar información falsa en ningún documento", comenzó Boudou pasado el mediodía su declaración indagatoria ante el Tribunal Oral Federal 1 en el juicio donde se lo acusa como partícipe necesario de "falsedad ideológica", por el que podría ser condenado a una pena de seis meses a seis años de prisión.

Se trata del primer juicio oral que enfrenta el ex compañero de fórmula de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien está procesado además en la causa por la venta de la ex Ciccone Calcográfica, fue indagado en la causa que investiga irregularidades en un contrato firmado con Formosa para reestructurar deuda pública provincial y es investigado por supuesto enriquecimiento ilícito junto a otra de sus ex novias, Agustina Kampfer.

El ex vicepresidente arribó a Comodoro Py 2002 poco después de las 9 de la mañana e ingresó a la sala de audiencias ubicada en el subsuelo de los tribunales junto a sus dos abogados para sentarse en primera fila y de espaldas a otra de las acusadas, su ex pareja Seguín, con quien evitó saludarse.

Poco antes habían arribado para acompañarlo desde el área reservada al público el cantante y otros músicos del grupo de rock "La mancha de Rolando", con quienes Boudou cantó en varias ocasiones, el ex gobernador bonaerense Gabriel Mariotto, Osvaldo Papaleo y el periodista Martín García.

Los acusados escucharon la lectura de la acusación en su contra por parte del fiscal federal Guillermo Marijuán y del juez federal Claudio Bonadío y luego tanto Boudou como su ex novia Seguín, los dos gestores Andrés Soto y Roberto Basiñani y Graciela Taboada de Piñeiro, titular del Registro Automotor 2 de la Ciudad de Buenos Aires, pidieron no concurrir más a las audiencias hasta el final del juicio, algo que fue concedido.

Luego llegó el momento de las declaraciones indagatorias y de las negativas por parte de Seguín y los demás acusados, salvo Boudou, quien habló y respondió preguntas de todas las partes, incluso las vinculadas a por qué circuló durante casi una década con una cédula verde a nombre de otra persona en su vehículo convertible rojo "Honda CR del Sol".

En reiteradas ocasiones afirmó no recordar hechos, admitió que fue "mucho tiempo" el que tardó en regularizar los papeles del auto, pero deslindó en los gestores todo el tramite realizado al respecto al sostener que él no los conoció en persona y firmó formularios en blanco.

"No está nuestra letra ni nuestra firma en ninguno de los datos apócrifos, como lo demuestran todas las pericias caligráficas", sostuvo el ex vicepresidente al referir que fue su entonces conviviente, Agustina Seguín, quien contactó a los gestores para realizar los trámites del vehículo, cuando él resolvió trasladarlo desde Mar del Plata hacia la ciudad de Buenos Aires en el 2008.

En la acusación del fiscal Marijuán leída en el juicio, se responsabilizó a Boudou de proporcionar una dirección falsa para cambiar la radicación del vehículo, de insertar datos falsos en un formulario 08 y de no registrar el cambio de motor.

"No se sabe cómo y cuándo llegó este vehículo a poder del imputado", según la acusación.

En el dictamen de elevación a juicio leído en el debate, Marijuan sostuvo que Boudou "es la única persona beneficiada por la irregular transferencia, logrando regularizar la situación de un automóvil que por algún motivo no inscribió hasta diez años después de comprado".

Según consta en la causa, entre 1993 y 2001 la cédula verde del Honda estuvo a nombre de su anterior propietario, algo que Boudou dijo no haber controlado cuando adquirió el vehículo y argumentó que durante mucho tiempo no lo utilizó.

Además detalló que el auto quedó en Mar del Plata, ciudad donde vívía, cuando se mudó a la Ciudad de Buenos Aires y dijo creer recordar que estuvo al cuidado allí de su amigo José María Nuñez Carmona, procesado junto con él en la causa Ciccone.

"La documentación estaba en la guantera del auto", justificó luego de detallar todo lo ocurrido desde la compra en Mar del Plata un año antes de casarse con su primera esposa, Daniela Andreolo, hasta el traslado del auto a la Ciudad de Buenos Aires ya en pareja con Seguín y la realización del trámite cuestionado.

Además refirió que el vehículo tuvo un cambio de motor que tampoco quedó registrado porque se fundió en 1994 y hubo que reemplazarlo, al responder preguntas de la fiscal de juicio Stella Maris Scandura.

Los jueces del Tribunal Gabriel Vega, José Michilini y Adrián Grunberg también preguntaron y en particular quisieron saber los motivos por los cuales durante tanto tiempo el ex vicepresidente tuvo un vehículo sin papeles en regla.

"¿Usted se quedó tranquilo sólo con esta documentación sabiendo que vivimos en Argentina?", preguntó el juez Michilini en referencia a que Boudou no tenía título de propiedad del auto y sólo se manejaba con la cédula verde a nombre del anterior dueño.

A la hora de defenderse, el ex vicepresidente argumentó que firmó los formularios en blanco y que entregó toda la documentación a su entonces pareja Seguín, quien tuvo trato con los gestores y fue la encargada de pagarles con dinero que él le dio.

El juicio continuará con la etapa de testigos en audiencias que se prevé serán dos veces a la semana, lunes y jueves.

Boudou y Seguín son juzgados como supuestos partícipes necesarios de "falsedad ideológica" y como autores se juzga a la titular del Registro Automotor 2 de la ciudad de Buenos Aires, Graciela Taobada de Piñeiro y a los gestores Andres Soto y Roberto Basiñani.
BUENOS AIRES

C.A.D.B.A

LA CAPTURA DE UN REPRESOR

FUE DETENIDO MARCELO CINTO COURTAUX, PRÓFUGO DESDE HACÍA TRES AÑOS

COURTAUX, DE 69 AÑOS, ERA BUSCADO DESDE 2014 POR SU RESPONSABILIDAD EN SECUESTROS, TORTURAS Y DESAPARICIONES EN UN CENTENAR DE CASOS. FUE JEFE DE INTELIGENCIA EN EL DESTACAMENTO 201 DE CAMPO DE MAYO.

Tras ser buscado en varios países, Courtaux cayó en un locutorio de la Capital.
(Imagen: Gustavo Molfino)

Cuando esa minoría intensa que lucha por los derechos humanos aún seguía apesadumbrada por el fallo de la Corte, la detención de uno de los setenta represores prófugos fue una señal de aliento. Marcelo Cinto Courtaux no figura entre los criminales más conocidos, pero fue un importante oficial de Inteligencia del Ejército que siguió actuando hasta los últimos años de la dictadura y estuvo tres años prófugo, luego de pedir a la Justicia una prórroga de su indagatoria. Courtaux, de 69 años, fue buscado en varios países hasta que, finalmente el sábado pasado al mediodía, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) lo detuvo en un locutorio de Pueyrredón y Santa Fe, en plena Capital.

“En el marco de lo que ocurrió la semana pasada con el fallo del 2x1 este hallazgo levanta ánimos, no se afloja ni un centímetro la lucha, la búsqueda de los demás prófugos imputados por delitos de lesa humanidad no se detiene”, dijo Pablo Llonto, abogado de las víctimas de este sicario del terrorismo de Estado.

Llonto recordó que este prófugo era buscado con una recompensa de 500 mil pesos desde 2014, y destacó que “vino a traer algo de alivio en el movimiento de derechos humanos y en especial en las comisiones de derechos humanos de zona Norte y Campo de Mayo, en estos días en que el fallo de la mayoría de la Corte Suprema causaba una sensación de retroceso en familiares, víctimas y sobrevivientes del terrorismo de Estado”.

En marzo de aquel año, Courtaux fue citado a indagatoria por la jueza Alicia Vence del juzgado federal 2 de San Martín por los hechos originados desde el Batallón 601, la Jefatura de Inteligencia del Ejército y el Comando de Institutos Militares (Campo de Mayo) para secuestrar, torturar y asesinar a cerca de 100 militantes montoneros que formaron parte de la acción política conocida como la Contraofensiva, entre 1979 y 1980. Era jefe de Inteligencia de la Primera Sección en el Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, dependiente del Batallón de Inteligencia 601.

En 2014 la jueza Vence indagó y procesó a una decena de oficiales del Ejército, la mayoría de ellos del área de Inteligencia que actuaron coordinadamente entre el batallón 601 de Inteligencia y Campo de Mayo y que fueron los autores mediatos y coautores de los mismos delitos –con las mismas víctimas– que se le imputan a Cinto Courtaux. Según describió Llonto, en otras declaraciones testimoniales de la megacausa Campo de Mayo Cinto Courtaux, quien fue dueño de empresas de seguridad, también había sido nombrado por conscriptos como uno de los jefes de los operativos de secuestro y aniquiliamiento que partían desde Campo de Mayo, en la Escuela de Comunicaciones y operaban en el partido de San Isidro.

Una de las víctimas del operativo que reprimió la Contraofensiva montonera fue Noemí Gianetti de Molfino, secuestrada en Perú en 1980 y asesinada en España. Ayer, su hijo, el reportero gráfico Gustavo Molfino, quien se especializó en “cazar” represores poco conocidos con su cámara fotográfica, se mostró esperanzado respecto de la continuidad de este proceso, que ya fue elevado a juicio oral cuando la jueza cerró la etapa de instrucción. Aunque pueda demorar en concretarse, Courtaux estará en el banquillo de los acusados y, mientras tanto, no podrá gozar del beneficio del arresto domiciliario por haberse dado a la fuga.

Los abogados de la querella también se manifestaron muy satisfechos con la tarea desempeñada por la jueza y el personal del juzgado en una búsqueda que incluyó al inicio diversos países y provincias antes la posibilidad de una huida al exterior. Ahora esperan que ocurra lo mismo con Alberto Daniel Sotomayor, también oficial de Inteligencia de Campo de Mayo.

Las tareas de inteligencia dispuestas por la jueza Vence incluyeron seguimientos de Interpol, intervenciones telefónicas, filmaciones de los desplazamientos del represor en Barrio Norte, seguimiento en estaciones de subte y finalmente su detención y el secuestro de los elementos en su poder. En la billetera de Cinto Courtaux había un recorte periodístico del abogado Llonto, con su foto y una indicación del lugar de trabajo, la Facultad de Periodismo de la UNLP. Cuando el fiscal en la indagatoria le consultó sobre esta fotografía, respondió: “Es que quería saber lo que opinan todos”.
CÓRDOBA

APARECIÓ YASMIN Y ESTÁ EN BUEN ESTADO DE SALUD

EL LUNES A LA NOCHE SE CONFIRMÓ QUE ESTABA EN UNA COMISARÍA DE BUENOS AIRES, MIENTRAS QUE UNA COMISIÓN DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA SE APRESTABA A VIAJAR PARA REALIZAR LOS TRÁMITES DE RIGOR.

Familiares, amigos y vecinos marcharon por la aparición de Yasmín Varela
Fuentes del Ministerio Público Fiscal anticiparon que Yasmin Varela fue ubicada en Buenos Aires, y que su estado de salud era bueno. Su familia había perdido el contacto con ella el jueves, cuando faltó al colegio Santa Margarita de Cortona de barrio San Vicente y (aparentemente) se fue de Córdoba. 

El lunes a la noche se confirmó que estaba en una comisaría de Buenos Aires, mientras que una comisión de la Policía de Córdoba se aprestaba a viajar para realizar los trámites de rigor.

La mamá de Yasmín había escuchado la voz de su hija en un audio que está circulando, en el que ella le cuenta a un amigo su plan de fugarse de la casa. “Sí, es ella, pero no es su forma de expresarse. Además se la escucha como contenta”, afirmó Anabel. 

Por eso sospecha que se fue engañada por un adulto. Sin embargo, hasta el lunes a la noche no estaba confirmado si se fugó sola o con otra persona. Aparentemente, no sufrió hechos de violencia en los cuatro días en lo que no se supo nada de ella.

El jueves, Yasmin no ingresó a la escuela. A la tarde, al no regresar y no poder ubicarla con sus compañeros, los padres denunciaron la desaparición. El viernes a la mañana, el uniforme escolar apareció cerca de la escuela.

Fueron días dramáticos para la familia. Anoche, decenas de vecinos y amigos marcharon por las calles del barrio San Vicente reclamando su aparición. Al filo de la noche se confirmó que estaba en sana y a resguardo.

FORMOSA

LA ESCUELA ITINERANTE FUNCIONARÁ ENTRE EL 15 Y EL 20 DE MAYO

AÚN NO SE DEFINIÓ EL LUGAR DONDE SERÁ EMPLAZADA LA ESCUELA, IDEADA POR LOS SINDICATOS DOCENTES PARA REFORZAR SU LUCHA POR MEJORES SALARIOS.

 La escuela itinerante, ideada por los sindicatos docentes para reforzar su lucha por mejores salarios, será instalada el próximo lunes en la ciudad de Formosa, donde funcionará hasta el 20 de mayo, informaron fuentes gremiales.


Luis Branchi, secretario general de la Agremiación del Docente de Formosa (ADF) y miembro de la junta ejecutiva de CTERA, dijo que aún no se definió el lugar en el que será emplazada la escuela, pero confirmó las fechas en las que permanecerá abierta en la capital provincial.

En una entrevista radial, el dirigente gremial rechazó la actitud del gobierno de negarse a convocar a la paritaria nacional y señaló que por esta razón, “la lucha de los docentes prosigue”.

Al mismo tiempo, confirmó que se mantiene firme la marcha federal convocada por Ctera y las otras organizaciones sindicales docentes para "el próximo 20 de junio”.

ECONOMÍA

POR NUEVAS COMPRAS DE BANCOS PÚBLICOS, EL DÓLAR SUBIÓ SEIS CENTAVOS A $ 15,72

Nuevas compras de entidades oficiales a cuenta del Banco Central impulsaron al dólar en el inicio de esta semana, que cerró con un avance de seis centavos a $ 15,72 y registró su tercera alza consecutiva en agencias y bancos de la city porteña.
Operadores indicaron a este medio que el Banco Central repitió la misma estrategia de las últimas tres jornadas: comprar u$s 100 millones a través de la banca pública con el objetivo de acumular reservas en u$s 25.000 millones, una meta anunciada por el titular de la autoridad monetaria, Federico Sturzenegger, a mediados de abril.

El recorrido del minorista fue en sintonía con lo que pasó en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde la divisa se disparó doce centavos y medio a $ 15,52, su mayor suba desde mediados de febrero (el 17 de ese mes, avanzó 24 centavos y medio).

Se trató de la cuarta rueda consecutiva en la que el BCRA interviene de manera indirecta. El BCRA compró u$s 100 millones el miércoles por primera vez desde el 23 de marzo cuando adquirió u$s 300 millones a la provincia de Buenos Aires. El jueves, el viernes y este lunes repitió la operación.

El analista Gustavo Quintana indicó que "la estrategia oficial de intervenir en el mercado a través de otros bancos públicos parece estar teniendo sus réditos ya que logró revertir el proceso de debilidad que exhibía el dólar y acercar su cotización al nivel de los $ 15,50, un valor que no se repetía desde la última semana de abril".

Durante la rueda, el tipo de cambio tuvo un recorrido lineal pero ascendente desde el comienzo de la jornada por órdenes genuinas que se aceleró sobre el final de la rueda a partir de la renovada presencia de bancos oficiales. Los mínimos se anotaron con las primeras operaciones pactadas en los $ 15,39 y se mantuvieron con escasa oscilación hasta que la banca pública comenzó su actividad diaria en el mercado.

La presencia de los entes oficiales, en este sentido, estimuló el rearme de posiciones y los precios fueron reflejando la mayor demanda de cobertura con máximos en los $ 15,52 registrados al cierre.

En este contexto, el volumen negociado retrocedió un 2,8% a u$s 558 millones.

Durante la sesión, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que la liquidación de divisas creció un 15% en el promedio diario a u$s 138,15 millones de la semana corta pasada en comparación con los cinco días previos. En total, ingresaron un u$s 552,6 millones.

Por su parte, el dólar blue aumentó diez centavos y perforó el techo de los $ 16 luego de seis sesiones, a $ 16,01, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el "contado con liqui" repuntó 12 centavos a $ 15,46, mientras que el dólar "Bolsa" subió seis centavos a $ 15,45.

En el mercado de futuros Rofex, donde se operaron u$s 306 millones, casi 60% se negoció en "roll-over" de mayo ($15,67) a junio ($15,922) con una tasa de 19,56%TNA. El plazo más largo operado fue septiembre, que finalizó a $ 16,72 con una tasa del 20,34%TNA, según ABC Mercado de Cambios.

Por último, las reservas internacionales del Banco Central cayeron u$s 329 millones a u$s 48.031 millones, debido a la cancelación de intereses de los títulos Bonar 2024 por u$s 325,8 millones (de los cuales u$s 127 millones correspondieron a pagos efectuados por Caja de Valores a tenedores con custodia en el exterior).

DEL PLAN PARA BAJAR LA INFLACIÓN NI NOTICIAS

LOS PRECIOS AUMENTARON 2,4 POR CIENTO EN ABRIL, SEGÚN EL ÍNDICE DE LOS TRABAJADORES

EL INCREMENTO DEL GAS IMPACTÓ SOBRE LA INFLACIÓN DEL MES PASADO. EN LOS PRIMEROS CUATRO MESES LOS PRECIOS YA SUBIERON 9,1 PUNTOS, DE ACUERDO CON EL RELEVAMIENTO DE LA UMET, Y LA PROYECCIÓN PARA EL AÑO ESCALA HASTA EL 29,8.
La inflación en abril se ubicó en el 2,4 por ciento en relación al mes anterior, según el índice de precios que difunde la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET). En el primer cuatrimestre, el alza de precios alcanzó el 9,1 por ciento. Si se mantuviera esa tendencia el resto del año, la inflación en 2017 se ubicaría en el 29,8 por ciento, muy por encima de la pauta del 17 por ciento que propone el Banco Central pero también superior a las negociaciones paritarias, lo cual tendría un impacto negativo sobre el consumo y el empleo, como sucedió en 2016. En abril, la suba de precios estuvo motivada en primer lugar por el incremento de la tarifa del gas junto a las subas en alimentos y bebidas.

La UMET introdujo en su informe de inflación un dato que refleja el impacto de la pérdida del poder adquisitivo del salario. Desde noviembre de 2015 hasta el mes pasado, la caída promedio mensual del ingreso de los trabajadores formales fue del 5,6 por ciento. En todo el período, la merma equivale al 95 por ciento de un salario mensual. Es decir que, de haberse mantenido la relación salario-precios de noviembre de 2015, un trabajador podría acceder hoy en día a los mismos bienes habiendo trabajado un mes entero menos. El sector del capital embolsó la riqueza generada ese mes.

La suba de precios del capítulo de vivienda del índice de la UMET fue del 8,4 por ciento, traccionada por el aumento en el gas en todo el país. La UMET observó que el aumento en los hechos equivalió al 57,8 por ciento a nivel nacional, por encima de las previsiones oficiales. El gas añadió 1 punto porcentual de los 2,4 que registró la inflación en abril. El aumento de las boletas se explica tanto por la quita de subsidios en el precio del gas que abonan los usuarios como por el aumento en la retribución para las empresas de transporte y distribución. El Gobierno anticipó que después de las elecciones de octubre habrá una nueva suba. Además, los alquileres subieron un 2,2 por ciento el mes pasado.

Entre los alimentos, que escalaron en promedio un 1,9 por ciento, se destacó el encarecimiento de los lácteos, el arroz y la carne. Los lácteos subieron 3,7 por ciento en un marco de retracción de la oferta por la crisis en Sancor. El rubro arroz y cereales subió 2,2 por ciento, mientras que la carne lo hizo en un 1,7 por ciento y los condimentos y aderezos, un 3,1 por ciento. Las bebidas sin alcohol treparon 1,3 por ciento, mientras que las bebidas alcohólicas lo hicieron en un 1,6 por ciento. En cambio, los precios de los pescados se redujeron un 0,6 por ciento, mientras que la merma en frutas fue del 1,1 por ciento y las verduras quedaron estables.

Equipamiento y mantenimiento del hogar subió 2,4 por ciento, el rubro con el mayor incremento mensual después de vivienda. Estuvo impulsado por electrodomésticos para el hogar (1,8 por ciento), sofás (9,0) y colchones (7,2). Un escalón por debajo quedó educación (1,4), indumentaria y calzado (1,0) y transporte y comunicaciones (0,9), en donde se destacó la suba del 12 por ciento en el abono de la empresa Movistar y la baja del gasoil del 2,6 por ciento. Los medicamentos subieron 1,5 por ciento, la electrónica de consumo, un 0,4 por ciento y los alimentos para mascotas, un 5 por ciento.

En la comparación frente a abril del año pasado, la suba general de precios es del 27,1 por ciento. El capítulo con la mayor alza anual es vivienda, con el 37,9, lo que da una idea del impacto inflacionario de los aumentos tarifarios en electricidad y gas. La suba anual del rubro salud es del 32,3 por ciento impulsada por las cuotas de las prepagas, mientras que en la educación privada el aumento es del 29,4. Alimentos y bebidas quedó cerca del promedio, con un aumento del 27,9, mientras que esparcimiento registra un alza del 26,1 por ciento. Transporte y comunicaciones subió un 21,8 por ciento, por debajo del promedio, a raíz de la estabilidad de las tarifas del transporte público desde abril del año pasado. En tanto, los rubros de mantenimiento y equipamiento del hogar e indumentaria y calzado son los de menores aumentos en los últimos doce meses (19,4 y 14,7 por ciento, respectivamente), como consecuencia de la retracción del consumo.

ALTA INFLACIÓN DE ABRIL FORZARÁ A BCRA HOY A PROLONGAR EL AJUSTE

DEBERÁ DECIDIR ESTA TARDE SU TASA DE REFERENCIA, QUE ESTÁ EN 26,25% ; YA SUBIÓ LA DE LEBAC AL 25,40%

EL INDEC DARÁ MAÑANA EL IPC DEL MES PASADO, QUE ESPERAN SUPERIOR A 2%. PARA CONTENER LOS PRECIOS, STURZENEGGER ENDURECE SU POLÍTICA.

Las últimas noticias no parecen del todo alentadoras para el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger. Hoy, el funcionario se verá forzado una vez más a consolidar el "ajuste monetario" que retomó a principios de marzo: su comité deberá informar la tasa de referencia de la economía (la de los pases, que hoy está en el 26,25% anual), en un momento en que las expectativas de inflación se mantienen muy por encima de la meta fija para este año.

Todo hace presumir que, hasta ahora, los funcionarios que responden a Sturzenegger tienen pocas razones para relajarse: esperan para mañana un dato poco digerible sobre la inflación de abril del Indec, que sería mayor al 2%; y saben que, contra lo que preveían, la legislatura porteña demorará hasta la última semana de mayo la aprobación de la exención impositiva que quiere aplicar sobre la tasa de interés de referencia.

Los últimos movimientos del Banco Central dejaron en evidencia la elevada preocupación oficial por la inflación. Desde el primer día del mes, la mesa de dinero se lanzó al mercado con agresivas ventas de Lebac en el mercado secundario: las colocaciones superaron los $50.000 millones en cinco días y empujaron las tasas de interés a un máximo del 25,40% anual (el plazo más corto).

El mercado empieza a mirar el escenario con algo más de desconfianza. En algunas mesas ya atribuyen a las dudas de los inversores el desarme de posiciones que se ve desde hace un mes en los títulos argentinos en pesos a tasa fija (que pasaron de rendir 18% a 21% anual) y, en las últimas tres jornadas, en los que son en dólares. Hay, detrás de esto, una migración hacia las Lebac, que tientan por sus altas tasas de interés; pero, también, una actitud de mayor prudencia de algunos jugadores del mercado sobre el país.

Los números del Central lucen bastante más desprolijos que los que Sturzenegger había trazado en sus últimas conferencias trimestrales de política monetaria. En enero pasado, por ejemplo, había estimado que para esta altura del año sus "pasivos monetarios" (la suma del stock de Lebac y pases) representarían el 97% del total de los pesos en circulación de la economía (o sea, sobre la "base monetaria"). Pero en los registros oficiales ya se ve que esa proporción fue hoy largamente superada y se ubica en el 115%. Significa que, por un error de cálculo de sus proyecciones en la demanda de dinero, el Banco Central tiene emitida a esta altura una deuda que es $ 130.000 millones más grande que la que había estimado hace cuatro meses para esta fecha.

El Banco Central debió salir a retirar pesos de la economía con un ajuste en los rendimientos de las letras de deuda. La tasa que éstas pagan hoy es, precisamente, igual a la que ofrecen los pases pasivos: un 25,50% anual. La diferencia está en que, en los pases, el retorno queda reducido a un 24% si se descuenta el efecto del impuesto a los Ingresos Brutos que cobran las provincias. Es lo que explica que, en las últimas semanas, las entidades financieras hayan migrado su dinero hacia las Lebac.

El mercado podría equilibrarse cuando la Ciudad de Buenos Aires haga efectiva la exención impositiva que anunció sobre los pases. Pero en estos días, según pudo confirmar este diario, se demoró el tratamiento del proyecto de ley que el ministerio de Hacienda del Gobierno porteño había enviado a la Legislatura. Lo más probable: que el texto no sea tratado este jueves. Ni, tampoco, el siguiente. Esto obligará al Central a seguir dando prioridad a las Lebac. Así, empieza a desdibujarse de a poco el esquema de metas de inflación lanzado a principios de este año: los pases ya no son el instrumento emblema de la política monetaria; y la cantidad de dinero parece ser a esta altura una variable tan importante como la tasa de interés.

INFORMACIÓN GENERAL

REINCORPORARON A UNA OFICIAL TRANS A LA POLICÍA FEDERAL: "ES UN ACTO DE JUSTICIA", DIJO BULLRICH

LA MINISTRA DE SEGURIDAD SE REFIRIÓ A LA REINCORPORACIÓN A LA POLICÍA FEDERAL DE UNA OFICIAL TRANS QUE HABÍA SIDO RELEGADA DE SUS FUNCIONES HACE 9 AÑOS -Y OFICIALMENTE PASADA A RETIRO EN 2011- POR SU IDENTIDAD DE GÉNERO.
La ministra de Seguridad Patricia Bullrich calificó como “un acto de justicia” la reincorporación a la Policía Federal de una oficial trans que había sido relegada de sus funciones hace 9 años -y oficialmente pasada a retiro en 2011- por su identidad de género, y aseguró que su cartera y las cuatro fuerzas de seguridad "van a estar abiertas a respetar las decisiones individuales” de sus integrantes.


El Ministerio de Seguridad reincorporó a una oficial inspector trans pasada a retiro hace seis años

“Para este ministerio y el gobierno nacional es un acto de justicia que Analía Pasantino vuelva a la institución”, aseguró la titular de la cartera de Seguridad durante una conferencia de prensa que ofreció junto a la policía reincorporada, al jefe de la Policía Federal Néstor Roncanglia y a la coordinadora del Área de Diversidad y No Discriminación Mara Pérez Reynoso, quien también es una persona trans.

Bullrich explicó que Pasantino, desde que comenzó a exteriorizar su identidad de género autopercibida, "la pasó mal”, con expedientes internos que patologizaban su condición.

"Afirmaban que la por entonces oficial inspector era irrecuperable para la función policial, a pesar de contar con dos dictámenes externos favorables de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y de la Procuración del Tesoro que coincidían en concluir que Pasantino estaba absolutamente apta”, destacó la ministra.

Para este ministerio y el gobierno nacional es un acto de justicia que Analía Pasantino vuelva a la institución”
Precisó que pese a esto "tanto la Policía Federal como los organismos internos de este ministerio le negaron totalmente la posibilidad” de permanecer en la fuerza "y en 2011 se dispuso su pase a retiro que permaneció vigente hasta ahora, a pesar de las numerosas presentaciones en contrario".

La ministra explicó que estas reivindicaciones fueron objeto de especial atención por el área que coordina Pérez Reynoso, “y esto culmina con que Pasantino no sólo vuelve a la institución policial, sino que vuelve en el reconocimiento del grado de subcomisaria”, que es el que tendría si hubiera permanecido activa en la Policía Federal.

“Ella fue dejada de lado de la institución como inspectora, un cargo que no tenía jefatura, ahora es subcomisaria y va a trabajar en Comunicaciones Judiciales, teniendo en cuenta su título de abogada, y eso para nosotros es muy importante”, agregó.

Bullrich aseguró además que “nos sentimos orgullosos como instituciones del Estado” de poder adoptar esta medida que demuestra que “este ministerio y las cuatro fuerzas que depende de nosotros, van a estar abiertas las decisiones individuales” de sus integrantes.

La ahora subcomisaria, en compañía de su esposa desde hace 23 años, manifestó alegría por volver a la institución "que tanto quiero”.

Contó que si bien “una es trans toda la vida, yo hice mi transición a los 40 años y desde ese momento fui víctima sistemática de discriminación por cuestiones de la identidad de género por parte de la institución policial; aunque no de mis compañeros”.

 “Se me relegaron los ascensos, se me empezó a otorgar una licencia médica prolongada que no había forma de revertir a pesar de que yo presentaba certificados médicos que decían que estaba apta, y se me terminó aplicando un retiro obligatorio”, contó.

“Entonces yo presenté un reclamo al Inadi, que se transforma en un expediente que circuló dentro del Ministerio de Seguridad pero no había la voluntad política para resolverlo, al punto tal que la Procuración General, como última instancia administrativa, dispuso mi inmediata reincorporación, pero pasaron tres ministros y toda la gestión anterior” sin que hasta ahora se llevara a la práctica.

Pasantino calificó como “ilegal” la decisión que la mantuvo inactiva, porque durante este tiempo “se estuvo violando el derecho a la identidad de género, los principios de Yogyakarta y la resolución 1181/11” del mismo Ministerio de Seguridad que instruía ya a las fuerzas policiales y de seguridad federales para respetar todas las identidades de género dentro y fuera de estas instituciones.

Por su parte, Roncaglia aseguró que la Policía Federal va a recibirla “con los brazos abiertos” dado que “está más abierta a estas situaciones de diversidad sexual, porque priorizamos la idoneidad”.

 Pérez Reynoso, cuya presencia no pasó inadvertida en la última Asamblea Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el tema de las drogas por lo poco habitual de una persona trans integrando una comitiva de funcionarios en Seguridad, explicó que el desafío es también resolver el problema de las “requisas y cacheos (policiales)" a personas trans.

"Eso es una preocupación mundial para lo cual las personas transgénero presentes en las distintas fuerzas pueden hacer su contribución", destacó.

Pérez Reynoso aseguró, además, que “la idea es que como ellas, que tienen la experiencia en primera persona de lo que padecieron y de cómo fue llegar a eso, nos puedan aportar, desde su experiencia, datos que suman para que las resoluciones y políticas públicas estén basadas en la realidad”.

EFEMÉRIDES
1943
Muere en Cosquín (Provincia de Córdoba) el cuentista y periodista Enrique González Tuñón, autor de una colección de glosas titulada "Tangos". Nació en Buenos Aires el l0 de marzo de 1901.

2006
Día Internacional de las Aves

Este día se celebra por iniciativa de BirdLife International. Esta organización es una red de ONGs (la de Argentina es Aves Argentinas) que tiene como objetivo la conservación de todas las especies de aves que habitan en la Tierra así como de sus hábitats. Además, trabaja por la conservación de la diversidad biológica del mundo y la adecuada utilización humana de los recursos naturales. El Día Internacional de las Aves se celebra organizando carnavales, conferencias, exposiciones, etc..

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