LA VOZ SERRANA

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NACIONALES

Con un DNU, Macri anuló el decreto de Cristina por la coparticipación

EL PRESIDENTE MAURICIO MACRI DEROGÓ EL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA (DNU) FIRMADO POR SU ANTECESORA CRISTINA DE KIRCHNER QUE DISPUSO LA TRANSFERENCIA A TODAS LAS PROVINCIAS DEL 15% DE LOS FONDOS DE COPARTICIPACIÓN, LUEGO DE UN FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

La medida que da de baja el decreto 2.635 del 30 de noviembre del año pasado fue adoptada mediante otro DNU, en este caso el 73/2016, que se publica hoy en el Boletín Oficial.

En ese marco, se da "cuenta a la Comisión Bicameral Permanente el Honorable Congreso de la Nación a los efectos de su tratamiento y consideración legislativa".

La Corte había fallado el 24 de noviembre a favor de Córdoba, San Luis y Santa Fe en los juicios que le iniciaron al Estado para que le devuelvan lo retenido por la coparticipación, pero días después el gobierno de Cristina hizo extensiva a todos los distritos la devolución.

Luego, el 9 de diciembre, la jueza Liliana Heiland dispuso suspender provisoriamente esa disposición de la entonces presidenta, a partir de una medida cautelar presentada por la Mesa Nacional de Jubilados Pensionados y Retirados de la República Argentina.

Con el DNU de hoy firmado por todo su gabinete, Mauricio Macri deroga el decreto que dispuso el cese de la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables.

En los considerandos, el actual Poder Ejecutivo Nacional advierte que el decreto 2.635/15 genera "consecuencias inexorables desde el punto de vista económico, toda vez que el impacto negativo que origina dicho decreto al financiamiento de la administración nacional de la seguridad social deberá ser compensado con un ajuste sobre el gasto primario a cargo del Tesoro Nacional, con el agravante de que dicha norma no prevé la posibilidad de atender ese déficit con el uso del crédito público, circunstancia que empeora las políticas presupuestarias".

Destaca que, "en tal sentido, el presupuesto del año 2016 de la seguridad social se encontraría seriamente comprometido en cuanto a su nivel de gasto y financiamiento, situación que se agravaría en forma notable de no mediar la inmediata extinción del mencionado decreto".

Asimismo, sostiene que con ese DNU "se vulnera la expresa limitación constitucional del artículo 99, inciso 3, en cuanto prohíbe dictar decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria, por tratarse su objeto de la distribución intrafederal de recursos de naturaleza impositiva".

MOYANO, ¿CUANTO MAS VAS A SEGUIR CHUPANDO LAS MEDIAS?

Macri anota nuevos despidos en su cuenta

ADEMÁS DE INTEGRANTES DEL PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA, FUERON CESANTEADOS EMPLEADOS DEL REGISTRO DE REINCIDENCIAS. LA CÁMARA DE SENADORES COMENZARÁ A MANDAR LOS TELEGRAMAS A LOS DOS MIL TRABAJADORES QUE FUERON DESPEDIDOS POR GABRIELA MICHETTI.

Los despidos en el Estado llegaron al Ministerio de Justicia, donde trabajadores del área que brinda apoyo a los juicios contra los crímenes de la dictadura –el Programa Verdad y Justicia– se enteraron de la mala noticia al no poder loguearse en la red de computadoras: sus usuarios habían sido bloqueados. Tras una serie de consultas sobre lo que estaba pasando llegaron a la oficina de recursos humanos, donde les informaron que el ministerio había prescindido de sus servicios. Horas más tarde también fueron dejados cesantes empleados del Registro Nacional de Reincidencias.

La decisión de avanzar con las cesantías en la cartera que conduce Germán Garavano fue rechazada por los gremios. Aunque no puede decirse que haya sido una cosa inesperada, dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) señalaron ayer que Garavano les había dado su acuerdo para armar una mesa de negociaciones para evitar los despidos indiscriminados. ATE tuvo con los responsables de Justicia dos reuniones luego de la asunción del gobierno, y hay preocupación porque en ellas, los funcionarios dijeron que “revisarían” la situación de unos quinientos trabajadores. La mesa laboral no fue hasta ahora convocada.

Las cesantías de ayer dejaron fuera del Programa Verdad y Justicia a tres abogados, una socióloga y una antrópologa. En el Registro de Reincidencias, detalló Eduardo Rauch, secretario adjunto de la junta interna de ATE, hubo entre despedidos empleados con más de tres años de antigüedad, es decir que ingresaron antes del período que está supuestamente bajo examen con el argumento de “limpiar al estado de ñoquis y militantes” del FpV. El sindicato aclaró expresamente que las personas echadas del Programa Verdad y Justicia “están profundamente comprometidos con su trabajo” y cumplían funciones todos los días, de 9 a 16 horas. En el caso del Registro de Reincidencia, entre los afectados hay empleados de limpieza.

La decisión del ministerio está en el marco del decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, en el que instruyó a los ministros, directores y secretarios a “revisar” los concursos y selección del personal realizada en los últimos tres años. “En la primer reunión que hubo con los funcionarios, ellos hablaron sólo de los contratos de los últimos seis meses, pero después del decreto lo extendieron a los últimos tres años. En ese marco, hablaron de que tenían a 500 personas identificadas y que iban a hacer una revisión minuciosa convocándolos para hacerles una entrevista y ver en qué trabajaban, detalló Luis Bañagasta, delegado de prensa de la junta interna. Al igual que lo sucedido en otras reparticiones del Estado, para las rescisiones de ayer no hubo entrevista previa ni explicaciones.

La ola de despidos tuvo ayer nuevos gestos de respaldo desde la primera línea del gobierno. El ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, declaró que el gobierno nacional quiere “un Estado sin la grasa de la militancia” y su par de Modernización, Andrés Ibarra, dijo que la gestión macrista busca construir un Estado “que le sirva a la gente” y apunta a “desterrar al empleado Gasalla”. Mientras, desde el Senado, allegados a la vicepresidenta Gabriela Michetti aseguraron que en los próximos días, la Cámara alta comenzará a mandar los telegramas de despido a los dos mil trabajadores que ingresaron a la planta permanente durante el año pasado. Voceros de la presidencia de esa Cámara dijeron en este sentido que el motivo de hasta ahora no fueran enviados fue “la ausencia de gente en el Senado durante enero, que hizo que su confección fuera más lenta”.

La única excepción, agregaron, serán las personas que aparecen en el listado pero forman parte del Programa Inclusión Laboral de Agentes con Discapacidad y Agentes con Hijos con Discapacidad. Como se recordará, Michetti anuló mediante un decreto los pases a planta permanente firmados por su antecesor, Amado Boudou, durante el 2015. La medida fue dispuesta sin esperar los resultados de la auditoría encargada a la UBA para detectar ñoquis, y su carácter indiscriminado quedó reflejado en el hecho de haber incluido a los trabajadores discapacitados –o con hijos discapacitados– que el Congreso está obligado a emplear hasta cubrir un 4 por ciento de su plantel.

Por el tema hay dos instancias de negociación, una abierta con los gremios (APL, ATE y UPCN) y una comisión en la que los sindicatos no participan, integrada por senadores. Desde la Asociación del Personal Legislativo, el sindicato mayoritario, su titular Norberto Di Próspero dijo sin embargo que “se está revisando caso por caso, viendo en cada una de las áreas porque hay que defender a la gente que trabaja”.

ECONOMÍA

Ajuste, despidos y metas de inflación

EL FUNCIONARIO EXPLICÓ LA ESTRATEGIA ECONÓMICA GENERAL PARA LOS PRÓXIMOS CUATRO AÑOS. ATRIBUYÓ AL KIRCHNERISMO LOS COSTOS DE LAS MEDIDAS QUE VIENE TOMANDO EL GOBIERNO.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, adelantó ayer un ajuste fiscal neto de uno por ciento del PIB, aunque considerando el impacto de la quita de retenciones y otros beneficios impositivos, el recorte treparía a 3,6 puntos del PIB (ver página 6). El funcionario elogió la política de despidos masivos en el Estado, aceptó los del sector privado y se quejó de las subas desmedidas de los precios. Lejos de hacerse cargo del ajuste, los despidos y de la aceleración inflacionaria por la devaluación, atribuyó todos esos hechos a la supuesta necesidad de aplicar una corrección a la economía heredada. El plan ortodoxo que el Gobierno disfraza de inevitable: definir un techo a las paritarias a través de metas de inflación, pagar a los fondos buitre y despedir empleados del Estado como forma de ajustar el gasto público.

Prat-Gay estableció metas decrecientes de inflación, empezando por una franja del 20 al 25 por ciento para 2016, y definió un objetivo fiscal que prevé un fuerte recorte de subsidios y de otros gastos que vinculó con el “derroche” de la gestión anterior. Justificó que los 18 mil despidos en el sector público le permiten al Estado deshacerse de la “grasa de la militancia” y aseguró que se abrirán concursos. También se desligó de los despidos en empresas del sector privado. Planteó que el no pago a los fondos buitre incrementó la factura del juicio, que espera resolver en el corto plazo a partir de las negociaciones en Nueva York.

El diagnóstico del Gobierno es que las primeras medidas económicas, como la liberación de los controles cambiarios y la devaluación, la eliminación de retenciones (baja en el caso de la soja) y de diversos controles a las exportaciones e importaciones forman parte del cuadro de “normalización” de la economía. “A partir de las medidas que tomamos se van a liberar las potencialidades de la economía. Para que la economía dé más, hay que facilitarle la vida, no complicarla con controles”, dijo Prat-Gay para justificar por qué este año mejoraría la productividad. Es el sentido común liberal: si el Estado no se interpone, la creatividad del empresario aumenta y con ello florece el bienestar general.

Sin embargo, Prat-Gay admitió que este primer paquete de medidas tiene un alto costo inflacionario. “La línea divisoria será claramente el final del primer trimestre”, dijo. En ese momento las variables se acomodarían a la previsión oficial y al postulado de “pobreza cero”, a pesar de que la gran mayoría las medidas tomadas hasta ahora fueron en sentido inverso, en contra de los sectores populares y a favor de los más concentrados.

La cuenta fiscal

Uno de los caballitos de batalla del Gobierno es la demonización del déficit fiscal como propulsor de la inflación, aunque el rojo del Tesoro sea más alto en otros países, incluso del mundo desarrollado, donde hay problemas de deflación. Prat-Gay detalló que el déficit de 2015 es de 2,3 por ciento del PIB, pero que esa cuenta no contabiliza los gastos no pagados y que anota recursos “truchos” del Banco Central y de la Anses. Entonces, el déficit fiscal en 2015 sería de 5,8 por ciento del PIB, “el más alto de los últimos 30 años. Es un Estado que derrocha, que gasta mal”.

Prat-Gay le sumó a esa cuenta 26 mil millones de pesos que la AFIP devolverá a contribuyentes por gastos en el exterior y compra de pasajes y también el impacto fiscal de las promesas de campaña, algunas de las cuales ya se aplicaron y otras no, como la quita de retenciones (estimó un costo de 5 mil millones de pesos), la extensión de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a los monotributistas (7600 millones), la devolución del IVA en bienes de la canasta básica a beneficiarios de la AUH y jubilados con la mínima (10,3 mil millones) y la suba del mínimo no imponible de Ganancias (57 mil millones) menos percepciones de la AFIP por el impacto positivo en el consumo. En total, todas estas medidas elevarían el déficit fiscal en un monto equivalente a 1,3 por ciento del PIB. “El punto de partida es un déficit de 7,1 por ciento del PIB”, sumó.

El Gobierno explica que cerrará 2016 con un déficit del 4,8 por ciento, lo que equivale a una reducción, según Prat-Gay, del 2,3 por ciento, unos 170 mil millones de pesos. De ese total, el 1,5 por ciento del PIB, unos 105 mil millones de pesos, se dejarán de destinar a subsidios a los servicios públicos, dijo Prat-Gay, es casi el 40 por ciento del total de los subsidios. “Dejaremos de subsidiar al 30 o 40 por ciento más rico de la sociedad. Sólo se va a subsidiar a los que más lo necesitan”, anticipó. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, ya anunció que desde febrero llegarán las facturas de luz y gas con fuertes subas.

El restante 0,8 por ciento de la reducción del déficit vendrá por el lado del “reordenamiento del gasto”. Según Prat-Gay, se trata de “licitaciones de obras públicas no regulares, pagos de obras que luego no se hacían y los ñoquis, como ya habrán visto”. El ministro incluso llegó a soltar que “los ñoquis son parte de la herencia. Encontramos un Estado lleno de militantes. Queremos que al Estado no le sobre la grasa de la militancia”. Dijo que se abrirán cargos por concurso en el Estado. A continuación, el ministro estableció que el objetivo de déficit fiscal es de 3,3 por ciento del PIB en 2017, 1,8 en 2018 y 0,3 por ciento en 2019.

Inflación

“Así como tuvimos un shock al salir del cepo cambiario, en el tema fiscal e inflacionario seremos cuidadosos pero con mano dura para avanzar hacia los objetivos que nos planteamos”, dijo Prat-Gay. Consideró que la inflación de 2015 se ubicó entre 28 y 30 por ciento anual y fijó metas decrecientes. En 2016 la franja objetivo es del 20 al 25 por ciento; en 2017, de 12 a 17 por ciento; en 2018, del 8 al 12 por ciento, y en 2019, del 3,5 al 6,5 por ciento. Sin embargo, no dio muchos argumentos que justifiquen esa baja en la inflación, más allá de su expectativa por la reducción del déficit fiscal. Los programas de metas de inflación consideran clave a la ortodoxia fiscal y monetaria y la fe en que los agentes económicos le crean a la pauta que definen el Gobierno y el Banco Central.

“Llevamos ocho años con inflación superior al 20 por ciento, que es parte de la herencia. Y hay precios que fueron a otra velocidad. Ese desajuste de precios relativos lo empezamos a corregir con la unificación cambiaria”, consideró Prat-Gay. La liberalización económica en sí misma es para el Gobierno un paso en favor de la reducción de la inflación, a pesar de que haya echado nafta a los precios con la devaluación, eliminación de retenciones y próxima quita de subsidios a las tarifas.

Prat-Gay sostuvo que “el costo de la salida del cepo fue una pequeña joroba en la inflación”. “Lo que estamos haciendo hasta ahora está teniendo un resultado visible. Capaz no es la sensación que tiene uno cuando va al almacén, pero nosotros estamos viendo que el salto de la inflación por la salida del cepo ya lo hemos superado y estamos aterrizando en la primera quincena de enero hacia niveles similares a los que teníamos en septiembre y octubre últimos”, destacó, aunque el Indec dejó de proveer datos oficiales. La “pequeña joroba” es un aumento en los alimentos que superó el 20 por ciento y llegó hasta el 60 por ciento en algunos casos. Los analistas calculan que la inflación en diciembre fue del 4 por ciento y en enero Orlando Ferreres estimó un 6 por ciento de inflación. Prat-Gay no dio detalles sobre la supuesta retracción de algunos precios.

Empleo y paritarias

“Ahora los sindicatos tienen un número menos con el cual distraerse”, comentó Prat-Gay sobre la suspensión de la divulgación del índice de precios del Indec. En cambio, dijo que “haremos un promedio con los datos que andan circulando”. Sin embargo, Prat-Gay insistió en su franja de 20-25 por ciento como meta inflacionaria para 2016, lo que representa el techo que el Gobierno quiere imponer para las paritarias de este año. Ese límite no es una especulación sino que Prat-Gay lo hizo explícito.

“Si ustedes nos creen, la referencia va a ser de un 20 a un 25 por ciento de inflación para este año. Si lo que decimos es cierto, el que fija salarios por encima de esa pauta quedará descolocado. Es decir, o va a vender menos –por impacto de los mayores costos, que dejarían al producto por encima de los demás en términos de precios– o tendrán que ajustar por el lado del empleo”, describió Prat-Gay.

El ministro además se desligó de la delicada situación laboral en varios sectores de la economía, como el caso de la avícola Cresta Roja, Cerámica San Lorenzo, las denuncias de vaciamiento del Grupo 23, las suspensiones en la textil Felson, proveedora de Kevingston, los despidos en empresas de Techint y las dificultades en empresas metalúrgicas. “Es parte de la herencia. No creo que el empresario tome la decisión de un día para el otro. Se trata de sectores que vienen sufriendo hace tiempo. Si toman esa decisión es por los últimos cuatro años”, se desentendió Prat-Gay. No prometió, ni mucho menos, que el Gobierno intervenga para frenar los despidos. A pocas palabras, buen entendedor: ante la catarata de trabajadores echados en el Estado, los empresarios rápidamente empezaron el proceso de achicamiento, a la espera de que el Gobierno no pregone hacia afuera lo que no hace puertas adentro.

Prat-Gay sólo mencionó que el Gobierno sostiene el precio interno del petróleo para evitar despidos en la industria local, que amenazarían la situación social en la Patagonia e incluso arriesgó que “bajamos el impuesto a los autos –en relación con la reducción del impuesto interno a los autos de lujo–. Si no lo hubiéramos hecho, este año la industria automotriz tendría más despidos”, aunque el 80 por ciento de los vehículos de lujo son importados.

Por Javier Lewkowicz

Si de traidores hablamos, Vaselina y mucha,

Prat Gay sobre buitres: "El no arreglo ha sido extremadamente caro para el país"

LO DIJO EL MINISTRO DE HACIENDA SOBRE EL CONFLICTO CON LOS FONDOS BUITRE. "ARGENTINA ESTÁ EN DEFAULT DESDE 2001", DESCRIBIÓ. "SERÁ UNA NEGOCIACIÓN DURA", LANZÓ Y ESTIMÓ QUE LA DEUDA PASÓ DE U$S 2.943 M A U$S 9.882 M.

Argentina, que mal te veo

El ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, advirtió que la falta de un arreglo con los fondos buitre "ha sido tremendamente caro para la Argentina", al tiempo que señaló que no hay que esperar que de la reunión que se lleva adelante en estos momento en Nueva York se arregle el pleito de manera inmediata.

"No esperen que este arreglado el pleito ni una propuesta concreta de Argentina" dijo Prat Gay en una conferencia de prensa.

Al referirse al encuentro que encabeza el secretario de Finanzas, Luis Caputo, con los holdouts, dijo que éste permitirá al Gobierno "entender bien el estado de situación y la postura de quienes tienen ese fallo que esperemos tengan la responsabilidad de negociar en forma seria".

En tanto, aseguró que la deuda con los fondos buitre asciende a 9.882 millones de dólares sólo ante la Corte de Nueva York, y culpó por el incremento de esas obligaciones al gobierno saliente de Cristina de Kirchner.

"Juntando el juicio original, incorporando los ´me too´, estamos hablando de un monto original de deuda de 2.943 millones de dólares que dejaron de pagarse con el default de 2001", indicó el funcionario, mientras aclaró que esa cifra creció "a 9.882 millones por la última sentencia".

El funcionario dijo que "ese es el costo de lavarse las manos por diez años", al tiempo que señaló: "Queremos resolverlo", durante una conferencia de prensa.

A su vez, sostuvo que el estudio jurídico Cleary fue un "desastre en ataque" en la causa con los fondos buitre, al realizar una analogía futbolística.

"Al estudio lo vamos a dejar en defensa. Esperamos contratar al que haga el gol", subrayó.

Además, se quejó que el tradicional estudio dejó "a Messi en el banco" durante todos estos años, al hacer referencia a Lee Buchheit, un abogado que participó en la reestructuración de la deuda de Grecia.

La propuesta del estudio de incluir a este abogado habría llegado al Gobierno tras conocerse que su intención era cambiar de estudio por considerar que Cleary fue "parte del fracaso de las negociaciones pasadas".

La grasa

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS YA NO SON LOS MALHUMORADOS Y VAGOS ESTIGMATIZADOS EN EL PASADO POR ANTONIO GASALLA, EN LO QUE FUE UN APORTE ARTÍSTICO INVOLUNTARIO PARA DESPRESTIGIAR EL PAPEL DEL ESTADO EN LA SOCIEDAD.

Ahora son ñoquis que pasan a cobrar por la ventanilla el 29 de cada mes sin trabajar. En la conferencia de prensa de ayer, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, sumó otra definición despectiva para personal estatal: son grasa. Y además son “grasa militante”. El ministro que intenta con escasa habilidad ser simpático con frases de Moria Casán, puntuando comentarios de uno de los periodistas elegidos para preguntar y cayendo en una laguna en la última pregunta, que lo obligó a dar por terminada la conferencia, expresó de ese modo que los despidos de empleados públicos forman parte de la estrategia de ajuste fiscal del gobierno de Mauricio Macri. Quedó en evidencia la concepción Prat-Gay acerca de una parte del empleo público: Es grasa sobrante en el cuerpo del Estado.

El empleo, público y privado, no parece ser una cuestión central en la estrategia de gestión de la economía del ministro. Ese desinterés lo dejó expuesto cuando se refirió a empleados estatales como “grasa que sobra”, al desentenderse de los despidos en empresas privadas y al advertir acerca de la posibilidad de la pérdida de puestos si la demanda en paritarias es más elevada que la tasa de inflación que él estima para el 2016.

Para bajar el déficit fiscal de 2,3 por ciento del PIB en 2015, que lo infló con contabilidad creativa hasta alcanzar el 7,0 por ciento con el único objetivo de sobrecargar la herencia económica para habilitar el ajuste, Prat-Gay informó que el reordenamiento del gasto implicará una reducción del déficit en 0,8 puntos porcentuales. Mencionó acciones sobre licitaciones irregulares que no precisó, en cambio se extendió con los denominados ñoquis. Aquí fue más explícito. Despedir empleados públicos, o en sus propias palabras: “Eliminar la grasa de la militancia”.

Varias compañías están reduciendo personal –metalúrgicas, Cerámica San Lorenzo, autopartistas, talleres textiles– y, ante una consulta acerca de esta situación, el ministro afirmó que es por culpa de la herencia de la economía kirchnerista. Si así fuera, cuestión que es discutible, el Estado exhibió en los últimos años una estrategia activa para frenar los despidos, que hoy está ausente con el macrismo. Mediante políticas específicas se pudo defender el empleo a través del plan Recuperación Productiva (Repro) que consistía en el pago de una porción del salario por un tiempo determinado por parte del Estado. O mediante subsidios directos por un lapso hasta la recuperación del mercado. Justificó despidos en empresas privadas por la supuesta pesada herencia del kirchnerismo. Para Prat-Gay es lógico entonces dejar desamparados a trabajadores.

Otro de sus mensajes al mundo del trabajo es que no tienen que ser muy exigentes con la demanda de recuperación salarial en paritarias luego del shock inflacionario que él provocó. El ministro difundió que la tasa de inflación esperada es del 20 al 25 por ciento. “Me tienen que creer” porque si no es así la economía “ajustará por cantidad”. Es la propuesta a sindicalistas y empresarios para fijar un techo a la paritarias. Advirtió que si no lo hacen y definen un aumento salarial más elevado que esos porcentajes ambos correrán riesgos. A las empresas les dijo que “venderán menos” y a los trabajadores los amenazó con que “habrá menos empleo”.

La economía que quiere Prat-Gay es con “menos grasa” pero no sólo del sector público. El adelgazamiento general del empleo está en función del ajuste fiscal y de establecer un nuevo estadio regresivo en la distribución del ingreso.

Por Alfredo Zaiat

L.V.S.: DA ASCO

CAMPO

Campos con mejores rindes de Córdoba, tapados por el agua

CRÍTICA SITUACIÓN EN EL SUDESTE DE CÓRDOBA, FUNDAMENTALMENTE EN MARCOS JUÁREZ, POR EL EXCESO DE LLUVIA PROVOCADO POR EL FENÓMENO “EL NIÑO”.

En las últimas cinco campañas, el departamento Marcos Juárez produjo cerca del 15 por ciento de la soja de todo Córdoba. Con un promedio de 39 quintales  por hectárea de la oleaginosa y 109 de maíz de primera, tuvo en 2014/2015 la mayor productividad y generó unos mil millones de dólares. Pese a ser menos extenso, siempre le compite a Río Cuarto como el mayor productor de granos de la provincia.

Estos datos de la Bolsa de Cereales de Córdoba permiten dimensionar el riesgo que representa –para la producción y la economía– la crítica situación en el sudeste provincial, fundamentalmente en Marcos Juárez, por el exceso de lluvia provocados por el fenómeno “El Niño”, que ha dejado bajo el agua decenas de miles de hectáreas y numerosos caminos rurales.

"UNA PROBLEMÁTICA MUY GRANDE"

“Realmente estamos con una problemática muy grande”, evaluó el titular de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) en Córdoba, Marco Giraudo. “Y no sólo es el sudeste, el problema se está extendiendo también hacia el sur”, agregó el presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), José Manubens Calvet

Ambos dirigentes participaron ayer de una reunión con el ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, quien recibió a la Comisión de Enlace local para hablar justamente de las inundaciones. Se decidió convocar para el 10 de febrero a la Comisión de Emergencia Agropecuaria provincial.

Los productores de la zona son tajantes: “Es muy grande la superficie, los cultivos arruinados y los caminos anegados. Es alarmante para la economía de la región”, declaró Hugo Biga, de la Asociación de Productores de Marcos Juárez.

Esta entidad realizó un relevamiento aéreo y estimó que, sobre 140.000 hectáreas, alrededor del 30 por ciento está afectado por excesos hídricos. En una reunión de Comisión de Emergencia en Guatimozín se mencionó que son unas 20.000 hectáreas las afectadas, incluyendo 33 caminos rurales, sólo en la cuenca del Carcarañá.

Marco Giraudo añadió que sobre unas 180.000 hectáreas, habría un 15 por ciento bajo el agua. A eso hay que sumar las que tienen la napa muy cerca de superficie y muestran el piso demasiado blando como para poder ingresar con camiones o maquinarias agrícolas.

PÉRDIDA POTENCIAL PROGRESIVA

Lógicamente, esto pone en riesgo la producción, teniendo en cuenta que casi el 100 por ciento de los campos ya están sembrados, principalmente con soja y también con maíz.

Según los ingenieros agrónomos Silvina Fiant, de la Bolsa de Cereales de Córdoba, y Juan Pablo Ioele, de la Agencia de Extensión Regional Corral de Bustos del Inta, un cultivo que permanezca asfixiado de cinco a siete días comienza a tener una pérdida potencial progresiva.

Así, cada día que demore el agua en escurrir agrava la situación y puede llevar a que las pérdidas sean totales o que el cultivo pierda tanto rinde que no convenga cosecharlo.

La Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario asegura que ya se perdió el seis por ciento de la soja de la zona núcleo y esa entidad asegura que el sudeste de Córdoba es una de las zonas en “alarma naranja” debido a que se espera que “El Niño” siga actuando, con lluvias por encima de lo normal, hasta abril por lo menos.

INTERNACIONALES

Indonesia

El Estado Islámico reivindica el atentado en Yakarta que dejó al menos 7 muertos

LA AUTORÍA DEL ATAQUE PERPETRADO POR ENTRE 10 Y 14 HOMBRES ARMADOS, DOS DE LOS CUALES MURIERON TRAS DETONAR LOS EXPLOSIVOS ADHERIDOS A SU CUERPO, FUE REIVINDICADA A TRAVÉS DE LA AGENCIA AL AMAK, CONSIDERADA UN ALTAVOZ DEL GRUPO ISLAMISTA.