LA VOZ SERRANA

NACIONALES

“Ahora el Estado se adecua a las corporaciones”

DIFERENTES SECTORES QUE INTEGRAN LA COALICIÓN POR UNA COMUNICACIÓN DEMOCRÁTICA SEÑALAN QUE LAS REFORMAS DEL GOBIERNO A LA LEY DE MEDIOS CONSIDERAN A LA COMUNICACIÓN COMO UN NEGOCIO, FACILITAN LA CONCENTRACIÓN Y DEJAN DESPROTEGIDOS A LOS MEDIOS SIN FINES DE LUCRO.

El gobierno nacional oficializó mediante un decreto de necesidad y urgencia –publicado la semana pasada- su anunciado avance sobre el espíritu antimonopólico de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Los cambios no llegaron a tocar directamente la división del espacio radioeléctrico a través de la que la norma resguarda una porción a los medios sin fines de lucro, pero referentes del sector entienden que la jugada del gobierno de Mauricio Macri de todas formas los afecta gravemente. “El DNU equipara la libertad de expresión con la libertad de competencia, quedamos desprotegidos”, opinan desde Red Colmena. “Pasamos de estar frente al desafío de que las grandes corporaciones se adecuen a lo que dicta el Estado a un Estado que se está adecuando a las condiciones de juego de esas grandes corporaciones”, añaden desde la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina (Red Com). “Para su forma de ver el mundo, en la que solo el capital y el intercambio comercial mueven las cosas, los medios sin fines de lucro somos una amenaza”, concluyen desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias (Farco). Los tres espacios integran la Coalición por una Comunicación Democrática, el colectivo en donde germinó la LSCA y desde donde está fortaleciéndose su defensa.

Los referentes consultados por Página/12 ven “con preocupación” las condiciones en las que quedó el campo de medios de comunicación audiovisuales después del DNU número 267/2015, con el que el Gobierno deshizo gran parte de lo construido por la Ley 26.522, y del decreto número 7/2016, que creó el Ente Nacional de Comunicaciones en reemplazo de la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic). “Hace seis años rescatábamos tres cuestiones del entonces proyecto de LSCA: las herramientas que planteaba para desconcentrar el área, el armado institucional que proponía y la concepción de comunicación que defendía e instalaba, entendida no como un negocio sino como un derecho humano. Ahora todo vuelve hacia atrás”, compara Daniel Badenes, director de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes y presidente de la Red Com.

Tres retrocesos

Badenes es pedagógico para explicar el retroceso que implicó el cambio de Cambiemos:

- La sustitución del artículo 45 de la ley, que limitaba la tenencia de licencias permite quince a nivel nacional y la derogación del 161, que obligaba a las corporaciones a adecuarse a la norma, entre otras modificaciones, “acabaron con la vocación desconcentradora” de la norma. “Son los artículos que Clarín cuestionaba y que fueron declarados constitucionales por la Corte Suprema”, añade. El DNU permite la compra-venta de licencias entre privados, “algo que ni siquiera hacía el decreto de la dictadura”, y prorroga el usufructo de licencias por una década.

- La eliminación del Consejo Federal de Comunicación (CoFeCa), en donde estaban representadas las universidades, los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil, los pueblos originarios, el sector sin fines de lucro. “Tomaba decisiones, tenía inserción en el armado del directorio de la Afsca determinaba dos de sus siete directores. El directorio del Enacom tendrá mayoría automática del Ejecutivo, que además puede remover a cualquier miembro cuando quiera”, explica el investigador.

- Los cambios en la concepción de la comunicación. “La consagración de la comunicación como negocio pone en riesgo al sector sin fines de lucro porque el Estado deja de pensar en ese modelo de comunicación”, concluye. Martín Azcurra, presidente del conjunto de cooperativas de comunicación Red Colmena, agrega que lo perjudicial del DNU, al que entienden como inconstitucional y antidemocrático, es “el cambio que imprime a una política que consideraba al ciudadano como un sujeto de derecho y ahora lo entiende como un usuario”. “Es una vuelta al neoliberalismo, equipara la libertad de expresión con la libertad de competencia, en donde quedamos desprotegidos ante la voracidad de los conglomerados que recuperan la vía libre para expandirse de acuerdo a su voracidad. Ganan canales y la disputa del sentido común. Esto va a contramano a lo que dicen organismos internacionales”, sostiene.

La titular de Farco y miembro de la FM Bajo Flores, Mariela Pugliese, entiende que la intención proconcentración y la eliminación del CoFeCa ejercida por Cambiemos se relaciona con “su manera de ver el mundo”: “Solo ven que el capital y el intercambio comercial mueven las cosas, ponen el eje allí y lo otro es inexistente, piensan que fortalecer al sector sin fines de lucro es fortalecer una oposición a su modelo de mundo”.

Un tercio

Según su articulado, la Ley 26.522 aseguraba el 33 por ciento del espacio radioeléctrico a la gestión privada sin fines de lucro, un ámbito en el que el decreto 267/2015 no se enfangó. “Solo nos nombra para prohibirnos transferir licencias, algo que nos ubica en desigualdad frente a los privados con fines de lucro. Les da ventaja para disponer del espectro como si fuera propio”, advierte Pugliese. En ese análisis, Badenes añade que de la prórroga de la tenencia de licencias actuales se desprende que “no habrá nuevas disponibilidades en el espectro para que el 33 por ciento se vuelva efectivo”, mientras que “bajo el paradigma de la comunicación como negocio es muy difícil que continúen los fondos de fomento (FoMeCa) para medios comunitarios. Han desaparecido los representantes de ese sector en el directorio, han echado de la autoridad a trabajadores que estaban en ese área. No hay panorama saludable”.

Pugliese entiende que, pese a su aplicación inconclusa, la norma permitió el “fortalecimiento” del sector, que “creció en cantidad de radios como en estructura económica, en producción audiovisual y comunicación, en gestión”, una realidad sobre la que “el espíritu del DNU no permite tener demasiadas expectativas”: “El fomento a la concentración y a la competencia, y a la mirada absolutamente mercantil nos hace pensar que el sector va a estancarse o a quedar peor, porque se lo va a considerar un actor del mercado más”, concluye.

Situación de ilegalidad

El análisis de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) es aún más pesimista, porque sus integrantes decodifican el “grave retroceso” de los cambios que planteó Cambiemos a la LSCA en un contexto en el que “la no aplicación” de esa norma, bajo responsabilidad del kirchnerismo, los dejó en una situación de ilegalidad. “Distinto hubiera sido si quienes venimos batallando desde hace décadas por una normativa que desconcentre, reconozca y dé espacio concreto a los que hacemos desde hace mucho tiempo comunicación contáramos hoy con una existencia legal. No les hubiera sido tan fácil barrer con todo”, explicó Fabiana Arencibia, integrante del colectivo.

Además de asegurar una porción del espacio radioeléctrico para el sector, la norma 26.522 plantea el acceso de aquellos al aire a través concursos específicos y determina fomento para ayudarlos a superar la precariedad en la que la ilegalidad el decreto de la dictadura no les permitía hacer uso del espectro los había obligado a existir. En nueve años, poco fue lo que se logró. De los aproximadamente 70 miembros de la red, ninguno cuenta con licencia. Los integrantes de otros colectivos, como la Red Colmena, no corren suerte distinta. Una de las pocas excepciones es Barricada TV, una televisora comunitaria de la Ciudad de Buenos Aires que logró la legalidad hace pocos meses. En las grandes ciudades, territorios en donde hay superposición de señales, la cuestión se agrava. Ninguno de los registros a los que estos medios debieron inscribirse significa el reconocimiento de legalidad alguna. Varios participaron de los Fondos de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FoMeCa) que, vaya paradoja, en un principio, no los incluía por no contar con licencia.

“No se desconcentró y no se avanzó en la efectivización de la pluralidad de voces y discursos. Se supone que la ley nos traía legalidad y no lo hizo. Hoy la mayoría de nosotros se encuentra peor que antes de la LSCA porque somos ilegales en medio de una embestida mercantilista. Nos pueden borrar de un plumazo”, evaluó Fabiana.

¿Qué hacer?

Azcurra coincide en parte con la RNMA, al apuntar que “muchas veces la LSCA quedó encerrada en el enfrentamiento entre el Grupo Clarín y el gobierno kirchnerista y descuidó algunos pasos fundamentales en su puesta en marcha”, aunque toma el guante: “Tenemos que hacer una autocrítica los medios comunitarios y populares sin fines de lucro por no haber sabido generar en la sociedad el consenso necesario para defender y sostener esta ley. La ausencia de la resistencia de la ciudadanía tiene que ver con que no llega a entender las implicancias de las reformas que está haciendo el nuevo gobierno. Nos debemos una reflexión para que la gente entienda que la ley no fue solo una guerra contra el Grupo Clarín”.

“Estamos en un nuevo escenario en el que hay que salir a defender lo conquistado y hacer balance más complejo de la situación”, propone Badenes. Desde el sector, pusieron en marcha una estrategia de dos vías: la política y la judicial a nivel nacional e internacional. La RedCom, el CELS y Farco, entre otros, enviaron una carta al relator especial para la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, en advertencia por los decretos del gobierno de Macri.

“El frente que vemos como único y más apto para concentrar la resistencia es la Coalición por una Comunicación Democrática”, destaca Azcurra al colectivo de organizaciones sociales, sindicales, políticas, profesionales y de derechos humanos que durante décadas construyó el terreno fértil y a la vez la semilla de la LSCA. “La batalla judicial es muy importante porque el DNU es inconstitucional, pero –insiste– la lucha en el Congreso también lo es, porque allí debemos reconstruir el consenso en pos de una comunicación democrática y plural.”

  Por Ailín Bullentini

Todas las miradas sobre la ministra Bullrich

EN EL GOBIERNO YA PASAN FACTURAS INTERNAS POR EL FALLIDO OPERATIVO DE COMUNICACION SOBRE LA SUPUESTA TRIPLE DETENCION

EN DISTINTAS ÁREAS DEL GOBIERNO NACIONAL SE REPETÍA QUE “ALGUNA CABEZA VA A RODAR”. NADIE SE ANIMABA A PRONOSTICAR SI SERÍA LA MINISTRA DE SEGURIDAD, CARA VISIBLE DEL PAPELÓN QUE INVOLUCRÓ HASTA A MACRI, O ALGÚN FUNCIONARIO POLÍTICO O POLICIAL DE MENOR RANGO.

 “Alguna cabeza va a rodar.” La frase se repetía ayer en distintas áreas del Gobierno nacional, luego del papelón del anuncio de la detención de los tres prófugos (cuando sólo tenían a uno) a la que fue arrastrado el presidente Mauricio Macri. “Alguna cabeza va a rodar”, insistían en estricto off the record los funcionarios macristas, sin precisar a qué cabeza se referían. Nadie se animaba a pronosticar si sería la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que puso la cara ante el mal trago, o algún funcionario político o policial de menor rango. Para una administración que se caracteriza por una obsesividad al extremo con la prolijidad comunicacional, la gaffe del sábado era imperdonable. Corrieron rumores de una conversación del presidente con su ministra de Seguridad. En tanto, desde la Nación se intentó responsabilizar por la información falsa al gobierno de Santa Fe. Los socialistas, en tanto, indicaron que ellos no fueron y que hay un desmanejo de las fuerzas federales.

El operativo de búsqueda de Cristian Lanatta y Víctor Schillaci continuó ayer en Santa Fe. Bullrich tuvo una reunión temprano con el ministro de Seguridad santafesino, Maximiliano Pullaro, en la que acordaron que el centro de operaciones sería en Helvecia. También emprolijaron la coordinación entre las policías provinciales y federales. El rastrillaje seguía por tierra y por agua. También detuvieron a la suegra de Lanatta. En tanto, el fiscal de Azul, Cristian Citterio, tiene previsto indagar hoy a Martín Lanatta (ver aparte).

Córtenles la cabeza

“Mauricio está muy pero muy enojado. Vidal, más. Michetti también. No cuidaron al presidente. No cuidaron a la gobernadora ni a la vicepresidenta”, frunce el ceño un funcionario del Gobierno nacional. Se refiere al desmanejo informativo que llevó a que los tres, y varios funcionarios más, salieran a felicitarse por la captura de los tres prófugos. A las 12.57 del sábado, Michetti escribió: “Acabo de hablar con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires para transmitirle mis felicitaciones y mi admiración por haber capturado a los prófugos”. Más tarde, a las 14.39, el presidente tuiteó: “Felicito a todo el equipo y a las fuerzas de seguridad por la captura de los prófugos. El trabajo en conjunto fue fundamental”. Poco después, se sabría que no era real que habían capturado a los tres. ¿Qué salió mal?

En público, Bullrich se mostró reticente a dar precisiones: “Desde nuestro punto de vista, estaba chequeado, pero era información falsa”. Habló también de una “pista falsa”, pero no quiso informar su origen. “Lo que haríamos es dar pista a lo que vamos a investigar a fondo”, se mostró misteriosa. Nadie en la administración PRO quedó contento con ese manejo comunicacional. “Todos se apuraron un poco y la comunicación sufrió un golpe”, indicaban.

En la mesa chica del Gobierno macrista hacían una diferencia entre el manejo policial que puede tener Bullrich o el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, a un mes de asumir y el manejo comunicacional. En el primer caso, hacen salvedades, se muestran comprensivos con la dificultad que puede implicar, hacen reservas sobre el estado de situación que les dejó el kirchnerismo. En el segundo caso, se muestran implacables, cuestionan la forma en la que se manejó la comunicación y piden que truene el escarmiento. Es un retrato de la importancia que le da a la comunicación un gobierno que hizo una marca de la prolijidad y la efectividad en la transmisión de un mensaje unificado.

Uno de los integrantes de la cúpula detalló a Página/12 cómo ve el oficialismo la situación: “La idea es ser eficaces en la lucha contra el narcotráfico con las herramientas que nos dejó un Gobierno que nunca los enfrentó en serio. Tenía sectores de funcionarios en connivencia y complicidad con esas mafias. Por lo que es muy complejo que podamos ser efectivos”. “Es muy probable que tengamos este tipo de problemas durante un tiempo largo”, reconoció en tono de autocrítica. “Por eso mismo, es importante ser profesionales y serios a la hora de dar la información correcta”, indicó.

Varias fuentes indicaron que Macri tuvo una charla con Bullrich y con Burzaco después del incidente. El tono de esa conversación difiere según quién la cuenta, pero la noción general es que no se puede repetir un error de esa magnitud que deje expuestos a los funcionarios de primera línea del Gobierno.

“Va a haber alguna cabeza que va a rodar”, insistían en el gabinete nacional. No es probable que sea la de Bullrich, si se tiene en cuenta que Macri nunca fue muy propenso a los cambios de gabinete. Y menos a un mes de asumir. Pero se está en busca de algún chivo expiatorio.

En busca del culpable

En paralelo a la persecución de los prófugos, hay otro operativo en marcha: el que busca delimitar ante los medios al culpable del traspié del gobierno nacional. Hay varios candidatos. El más deseable es la procuradora Alejandra Gils Carbó. La página oficial de los fiscales emitió un comunicado en el que anunciaba que se había capturado a los tres prófugos, pero luego aclararon que la información provenía del juez Sergio Torres y éste dijo que a él se lo había confirmado el Ministerio de Seguridad de la Nación. De todas formas, desde Balcarce 50 buscaban teñir de sospechas a Gils Carbó como una de las posibles culpables.

El otro al que buscaban echarle la culpa es al gobierno de Santa Fe. Sostenían que a Bullrich le confirmó la captura de los tres prófugos el ministro de Seguridad provincial, Maximiliano Pullaro. Y que luego el mismo funcionario le confesó que sólo tenían a uno. Los más audaces en el Gobierno nacional incluso hicieron circular la versión de que la policía santafesina los tuvo y los dejó ir. Pero admitían que no tenían pruebas.

Desde el gobierno de Miguel Lifschitz –quien también terminó tuiteando erradamente– desmintieron que la fuente de la información errónea haya venido de uno de sus funcionarios. Indicaron a este diario que ellos siempre supieron que tenían sólo a Martín Lanatta, pero que cuando los funcionarios nacionales salieron con la información de que estaban detenidos los otros dos, se sumaron. “Está claro que vamos a tener unos días de ‘yo, señor. No, señor’ –comentaba un funcionario santafesino a este diario–. Ellos dicen que sale de nosotros. Pero nosotros no tiramos absolutamente nada. Nosotros no manejamos sus fuerzas federales.”

Desde el Gobierno de Santa Fe suponen que hubo un problema en el manejo de las fuerzas de seguridad y de la información entre los rangos intermedios. “Esto no fue un problema de Twitter. Un día después, no vemos que en el Gobierno nacional tengan detectado de dónde vino la versión falsa”, advertían.

  Por Werner Pertot

Detuvieron a la exsuegra de Christian Lanatta

UN NUEVO GIRO TOMÓ LA CAUSA POR LA TRIPLE FUGA, LUEGO DE QUE LA EXSUEGRA DE CHRISTIAN LANATTA, ELVIRA MARTÍNEZ, FUERA DETENIDA POR ORDEN DEL FISCAL CRISTIAN CITTERIO, QUIEN LA ACUSA DE ENCUBRIMIENTO AGRAVADO EN EL ESCAPE DE LOS TRES CONDENADOS.

Fuentes judiciales informaron que Martínez, quien vive en Berazategui y es la madre de Ana Laura Montiel -expareja del menor de los Lanatta-, había denunciado durante la búsqueda de los prófugos que su exyerno la fue a visitar en dos oportunidades, el mismo día del escape del penal de General Alvear y el jueves 31 de diciembre, y la amenazó con un arma para robarle la camioneta Renault Kangoo.

El arribo de Lanatta, quien aún sigue sin ser atrapado junto a Víctor Schillaci, a la casa de la mujer fue para pedirle dinero el primer día y luego el rodado, mientras un megaoperativo policial los buscaba por la zona de Ranchos y Chascomús.

Martínez quedó detenida luego de una serie de allanamientos que se realizaron en su vivienda, cuando ella estaba con el hijo pequeño de Lanatta y su marido, y este lunes será indagada por Citterio.

"Cristian se presentó en la casa y mediante intimidaciones le robó las llaves de la camioneta y se la llevó. Estaba armado y la amenazó con un arma para sacarle las llaves. Fue a las 5:00 de la tarde y no le pidió nada más", sostuvo en su momento la abogada Némesis Da Silva en declaraciones a la señal de cable Todo Noticias (TN).

Este domingo, la letrada, apenas se enteró de la detención negó que la mujer haya mentido en su declaración, como presume el fiscal, y agregó: "Yo le creo a la señora, que pasó por un mal momento y encima a punta de pistola".

"Entiendo que el allanamiento se debe al hallazgo de la camioneta de ayer", explicó Da Silva, en relación a la Renault Kangoo encontrada en Santa Fe.

Además sostuvo que "el hijo de Cristian Lanatta estaba con su abuela en el momento del allanamiento y lamentablemente fue parte de esto", al tiempo que añadió que "la mamá está desesperada pero no la dejan entrar hasta que no termine el operativo".

Con este nuevo giro, los investigadores tratan de determinar la presunta participación que habría tenido Martínez en el escape de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez.

CÓRDOBA

En Carlos Paz, ir al teatro y cenar cuesta mil pesos

LOS PRECIOS SUBIERON 40,1% EN LAS SIERRAS EN RELACIÓN CON ENERO DE 2015. LAS CABAÑAS PARA CUATRO VAN DE LOS $ 1.200 A LOS $ 1.800.

Para sentarse en un bar o restaurante de las sierras de Córdoba a comer una pizza en familia hay que tener en la billetera 350 pesos o más.

Pesos más, pesos menos, eso es lo que cuestan dos pizzas, una cerveza, dos gaseosas y dos cafés en Villa Carlos Paz, Mina Clavero, Santa Rosa de Calamuchita, Villa General Belgrano, Cosquín y Río Ceballos.

Según un relevamiento de La Voz del Interior en esas seis localidades, ese pedido para dos grandes y dos chicos –sin repetir gaseosa, sin postre ni propinas– va de los 330 pesos en Santa Rosa a 445 en Carlos Paz.

Si la salida arranca en la ciudad de Córdoba, con el costo del combustible, los peajes y el estacionamiento, el gasto asciende a más de 600 pesos en el caso de Carlos Paz.

El costo se puede disparar con unas entradas al teatro, un clásico del verano cordobés. En Carlos Paz cuestan 355 pesos promedio: van de los 250 a los 460 pesos, según la obra. Para dos entradas y una picada con una cerveza para la salida hacen falta 935 pesos en la villa serrana.

En Santa Rosa de Calamuchita, en tanto, el teatro está en 250 pesos promedio y en Mina Clavero, en 270.

Como todo, subieron

En general, los precios del alojamiento, la gastronomía y el entretenimiento registraron un incremento de 40,1 por ciento promedio en relación con enero del año pasado en las localidades relevadas.

En el alojamiento hubo aumentos importantes. Por caso, para dormir en un camping en Cosquín hay que pagar 100 pesos por noche, por persona. El año pasado, eran 55 pesos, por lo que el aumento es más del 80 por ciento.

En Mina Clavero, una persona debe pagar 90 pesos la noche para alojarse en carpa. En Villa General Belgrano, 120. En cuatro días, el gasto se va a 360 o 480 pesos, respectivamente.

Quedarse en una habitación doble de un hotel tres estrellas, con desayuno, vale entre 830 en Río Ceballos y 1.500 pesos por noche en Mina Clavero o Villa General Belgrano. En Carlos Paz cuesta 1.200 y en Cosquín y Santa Rosa, mil.

Las cabañas para cuatro personas, en tanto, van de los 1.200 pesos en Carlos Paz, Santa Rosa y Río Ceballos, a 1.800 en Villa General Belgrano. En Cosquín cuestan 1.500 y en Mina Clavero, 1.700. Así, alojarse una semana en el sitio más barato relevado cuesta 8.400 pesos.

Las subas promedio en ese rubro son de 18,5 por ciento a 62,7 por ciento.

Ir y volver en el día

Una modalidad muy extendida esta temporada entre los cordobeses es la de aprovechar los días de vacaciones para pasear por distintos puntos de la provincia, pero sin alojarse en ninguno o hacerlo eventualmente, pocos días.

Aunque se gasta más en transporte, el ahorro en alojamiento es importante y, además, los que pasean se aseguran hacerlo con buen clima.

En ese caso, hay que pagar en la mayoría de los balnearios o ríos concurridos para dejar el auto. Ese costo que todos los años genera polémica, porque no es a cambio de ningún servicio, es de 50, 70 y hasta 100 pesos, según el lugar.

Para entrar a un parador de Carlos Paz, a la orilla del lago, cada persona debe pagar 100 pesos. El año pasado eran 80.

Una familia de cuatro personas que quiere pasar el día en un natatorio de Río Ceballos, por ejemplo, debe destinar 200 pesos a las entradas.

A la noche, en el Centro de esa ciudad puede pedir por 200 pesos cuatro “carlitos” y, por 100, cuatro gaseosas. En el día, se le van 500 pesos, más el gasto del transporte.

Los precios para el turismo

Comer en familia

$ 445. Dos pizzas de mozzarella, una cerveza, dos gaseosas y dos cafés cuestan 445 pesos en Carlos Paz. En Cosquín, 370; en Villa General Belgrano, 388; en Santa Rosa de Calamuchita, 330; en Mina Clavero, 375 y en Río Ceballos, 340.

Salida de a dos

$ 935. Dos entradas al teatro, con una picada para dos personas y una cerveza suman 935 pesos en Villa Carlos Paz. En Santa Rosa de Calamuchita, las entradas cuestan 250 pesos promedio y en Mina Clavero, 270 pesos cada una.

El clásico asado

$ 420. Una parrillada para dos personas cuesta 420 pesos en Carlos Paz. En Cosquín, el mismo menú está en 250 pesos. En Villa General Belgrano, 380; en Santa Rosa de Calamuchita, 250 y en Mina Clavero y Río Ceballos, 300 pesos.

Un día en la pile

$ 500. Para refrescarse un día de calor, una familia de cuatro personas puede ir a un natatorio y terminar a la noche con un “carlitos” en un bar. El costo es de 500 pesos en Río Ceballos. Incluye 4 entradas al natatorio, 4 “carlitos” y 4 gaseosas.

De camping

$ 480. Aquellos que quieran pasar cuatro días en un camping deberán pagar 480 pesos en Villa General Belgrano; 400, en Villa Carlos Paz, Cosquín y Santa Rosa y 360 en Mina Clavero. Ese es el costo por persona, por día.

Salida joven

$ 275. De día, en el parador. De noche, en el boliche. Con ese plan, solo en entradas se van 275 pesos por persona en Villa Carlos Paz. El parador cuesta 100 y el boliche, 175 pesos promedio. En las otras localidades, los boliches cuestan entre 50 y 150 pesos.

ECONOMÍA

Buitres esperan a argentinos amenazando con más juicios

EL MIÉRCOLES VUELVEN NEGOCIACIONES EN EL BUFETE DE DANIEL POLLACK.HOY VIAJA EL SECRETARIO DE FINANZAS LUIS CAPUTO.

Los abogados de los fondos buitre recibirán este miércoles a la delegación argentina con poca voluntad negociadora. Roberto Cohen, el representante de Elliott, el fondo de Paul Singer, le dirá al "special master" Daniel Pollack, que sólo aceptará discutir las condiciones de pago del país del 100% de la deuda y que únicamente está dispuesto a aceptar un plan de cuotas. Ese día será otra de las jornadas que quedarán en la historia del "juicio del siglo". En este caso, por ser la jornada en que nuevamente y de manera oficial, las partes volverán a verse las caras en la oficina del abogado norteamericano designado por Thomas Griesa para encontrar una solución a la crisis; y mantenido en su cargo por el juez; aún luego del pedido formal del Gobierno de Cristina de Kirchner para que se lo retire del puesto por considerarlo un agente más de los acreedores.

Cohen, además, le planteará a Pollack la seguridad que si la posición de la Argentina no cambia, continuarán las presentaciones judiciales ante Thomas Griesa. Y que la primera de estas presentaciones será el reclamo para que el juez de Nueva York interfiera directamente y que declare ilegal el posible préstamo por unos u$s 8.000 millones, que el Gobierno de Mauricio Macri ya tiene negociado con al menos seis bancos de primer nivel internacional (HSBC, BBVA, Santander, JP Morgan, Goldmans Sachs y el Deutsche Bank). Cohen incluso ya avanzó en esta cruzada, y envió a todas las entidades potencialmente intervinientes, escritos en los cuales asegura que los atacará judicialmente en el tribunal de Griesa si participan en la operación. En la carta que les mandó a los bancos, el estudio jurídico que representa a Singer les recuerda que Griesa ya había declarado ilegal la colocación del Bonar 24 de abril del año pasado por u$s 1.400 millones, durante la gestión de Axel Kicillof. Así, la estrategia del fondo buitre, es llegar a la mesa de negociaciones con la misma posición irreductible que se sostiene desde junio de 2014, cuando los fondos buitre vencieron en el "juicio del siglo" cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la última apelación argentina. Si luego, en el transcurso de las jornadas negociadoras que se iniciarán el miércoles, comienzan a verse posiciones más flexibles de parte de los demandantes, dependerá la marcha de las negociaciones.

El secretario de Finanzas, Luis Caputo, viajará hoy a Nueva York para encabezar la delegación argentina. Será el tercer encuentro del funcionario con el "special master", luego de haberse encontrado antes de su asunción y hace 10 días en el primer contacto formal y oficial, ya como secretario. De hecho, la reapertura del bufete de Pollack como centro negociador fue un pedido formal de Caputo, aceptado tanto por el norteamericano como por los acreedores.

Una de las primeras cuestiones que pedirá resolver Caputo, es determinar la totalidad de la deuda que se le reclama al país de parte de los tenedores de bonos que no ingresaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010. Según los cálculos a los que en su momento había llegado Griesa, el pasivo podría trepar a los u$s 15.000 millones, de los u$s 1.700 millones del fallo original del juez de Nueva York de noviembre de 2013. Sucede que a ese número hay que sumar la demanda de los "me too", que reclaman los mismos derechos de Elliott, Aurelius, Olifant y los otros fondos buitre del juicio original; y que se sumaron al caso luego que Griesa abriera la demanda a todos los acreedores que quisieran sumarse al pedido primario.

La estrategia diseñada desde Buenos Aires es llegar al encuentro con una posición de fuerza y sin demostrar que la Argentina no tiene "apuro" en cerrar un acuerdo, y que podrá avanzar en la operación del préstamo con los bancos internacionales, aún con las presentaciones judiciales de Elliott y como país.

Más allá del clima con que Caputo sea recibido por parte de Pollack y Cohen, lo más importante del encuentro del miércoles serán los terminos en los que se abran las negociaciones hacia delante.

De una empresa fantasma al Gabinete

NOMBRAN EN JEFATURA DE MINISTROS AL REPRESENTANTE DE UNA COMPAÑIA URUGUAYA OFF-SHORE

NICANOR MORENO CROTTO, COORDINADOR DE ASUNTOS LEGALES DE MARCOS PEÑA, FUE DENUNCIADO POR LA PROCELAC POR ESTAR INVOLUCRADO EN UNA PRESUNTA MANIOBRA FRAUDULENTA LLEVADA ADELANTE A TRAVÉS DE SNOWY SA PARA ESTAFAR AL ESTADO NACIONAL.

El presidente Mauricio Macri designó el viernes al abogado Nicanor Moreno Crotto como coordinador de Asuntos Legales de la Jefatura de Gabinete. El flamante funcionario fue denunciado el 4 de diciembre por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por estar involucrado en una presunta maniobra fraudulenta llevada adelante a través de la firma uruguaya Snowy SA, de la cual es representante legal, para estafar al Estado nacional. Esta compañía se dedicó en la década del 90 a comprar deuda de una empresa del Grupo Gotelli para ayudarlo a levantar una quiebra y recuperar una serie de activos y ahora le reclama al Banco Central el cobro de títulos públicos emitidos por la dictadura como parte del proceso de estatización de la deuda externa privada, en el cual también estuvo involucrado Gotelli. El monto exigido es de casi 312 mil dólares sin contar intereses, pero se estima que el Grupo Gotelli, a quien la Procelac vincula con Snowy, tiene más bonos de esa época en otras de sus firmas.

Snowy S.A. es una compañía domiciliada en Montevideo que, según la ley uruguaya 11.073 que habilitó su constitución, no puede realizar en ese país ninguna actividad comercial, salvo tener acciones en otras sociedades offshore. Esto significa que, si bien está radicada en Uruguay, se trata de una compañía que sólo opera en otros países. En la denuncia de Procelac se afirma que sus accionistas son los uruguayos Julio Carlevaro Carbo y José Ismael Feo Scarsi, mientras que como presidente y único director figura Alfredo Acevedo, los cuales aparecen como directores de otras 127 empresas domiciliadas en Panamá, un país calificado como paraíso fiscal por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Snowy abrió una sucursal en Argentina en diciembre de 2008, la cual fue constituida por el abogado Nicanor Moreno Crotto, en su carácter de representante legal, y la registró ante AFIP como una firma del rubro “ventas al por mayor de prendas de vestir”, aunque desde entonces no hay constancia de que haya vendido algo. El domicilio real declarado por la compañía es Avenida del Libertador 16051, San Isidro, una casa de familia. La vivienda está alquilada y sus habitantes identificaron como propietaria a Mercedes María Moreno Klappenbach, una militante del PRO cercana a la diputada macrista Cornelia Schmidt Liermann, con quien integra la Asociación de Mujeres Argentinas (AMA). En la investigación de Procelac, se le tomó declaración testimonial a Klappenbach y cuando se le preguntó si conocía a Snowy SA la mujer respondió: “No sé qué es Snowy. Nunca recibí correspondencia a su nombre y lo sé porque la correspondencia la retiro yo”, aclaró. También le preguntaron si conocía a Nicanor Moreno Crotto y aseguró que es hijo de su hermano.

Entre 1994 y 1997, Snowy adquirió un conjunto de créditos de la quiebra de la empresa argentina Sebastián Badaracco SA, una firma que tenía como accionista mayoritario en 1987, año en que entró en cesación de pagos, al empresario Ricardo Pablo Gotelli. En el expediente de la quiebra, el síndico calificó como “fraudulenta y culpable” la conducta de los directores de la firma e identificó un abuso en la toma de créditos. “De los 27 acreedores insinuados, 13 de ellos corresponde a créditos tomados en instituciones bancarias o particulares, sin que se identificase el destino de los fondos y haciendo presumir la desviación de los mismos hacia empresas vinculadas y accionistas”, remarcó el síndico a partir del análisis de los balances. Incluso se destacó que el propio Gotelli aparecía favorecido por créditos de la sociedad.

Para adquirir parte de los créditos de la quiebra, Snowy desembolsó 181.581 dólares y 960.110 pesos, y luego, sorpresivamente, pidió el levantamiento de dicha quiebra. “Estas circunstancias resultan sugestivas, ya que si analizamos estos hechos notamos que una sociedad extrajera ajena al procedimiento concursal, se presenta espontáneamente informando que adquirió la mayor parte de los créditos verificados en la quiebra, y, lo que resulta especialmente llamativo: inicia sus presentaciones prestando conformidad para el levantamiento de dicha quiebra, en lugar de iniciar presentaciones para hacer efectivos sus créditos cedidos”, remarca el fiscal general Carlos Gonella en la denuncia de la Procelac.

En representación de Sebastián Badaracco SA, y para agilizar el trámite de la conclusión de la quiebra, el abogado Jorge Luis Albertalli, agregó el convenio de cancelación de pasivos celebrado con el Banco Central mediante la entrega de Bonos de Absorción Monetaria (BAM), existentes en el activo de Badaracco. De este modo, se cancelaron créditos con entidades financieras que estaban siendo liquidadas por el Central, como el Banco de Italia y Río de la Plata (BIRP), vinculado también al Grupo Gotelli, el cual fue vaciado. Snowy, por lo tanto, no sólo posibilitó el levantamiento de la quiebra al comprar parte de su deuda sino también al prestar conformidad para cancelar deudas pendientes utilizando los BAM, unos títulos de deuda pública que en 1982 otorgó el Banco Central para su colocación entre aquellas firmas deudoras en el exterior que se habían acogido al régimen de seguro de cambio, que había posibilitado la estatización de la deuda privada.

Lo que denuncia Gonella en la presentación de la Procelac es que es el mismo Gotelli quien está detrás de la maniobra llevada adelante por Snowy para adquirir los créditos de la quiebra e identifica dos objetivos: “(a) impedir que sus propios acreedores percibieran tal activo y (b) evadir al correcto proceso de liquidación y distribución de activos que establece la Ley de Concursos y Quiebras en el marco del proceso falencial de Sebastian Baradacco –recordemos que él mismo es el principal accionista de la firma–”, señala Gonella.

La compra de los activos se realizó entre 1994 y 1997, pero Snowy recién abrió una sucursal en el país a fines de 2008, a través de Nicanor Moreno Crotto, quien ahora es coordinador de Asuntos Legales del jefe de Gabinete Marcos Peña. La decisión de abrir esa sucursal luego de haber operado en el país como sociedad extranjera tuvo un objetivo puntual. El 22 de julio del año pasado, el periodista Pablo Waisberg publicó en el portal Infojus que Snowy le reclama judicialmente al Banco Central el pago de 311.893 dólares en concepto de BAM que estaban en poder de la firma Badaracco, a lo que resta sumarle los intereses, los cuales aún no han sido calculados. Ese reclamo recién fue posible a partir de abril de 2007 cuando prescribió una causa iniciada por el penalista David Baigún, quien a fines de 1985 había logrado que se aplique una medida cautelar y un embargo sobre los BAM, por considerar que esos bonos eran parte de una maniobra ilegal destinada a estafar al Estado, la cual describió en un informe elaborado cuando estaba al frente del Centro de Estudios y Asuntos Penales del Banco Central. Una vez prescripta la causa, por inacción judicial, los tenedores de los títulos volvieron a embestir contra el Banco Central para cobrar los BAM, entre ellos Snowy, que tuvo que abrir una sucursal en el país para poder hacerlo..

Las cuatro operaciones en las que todavía rige el cepo

COMPRAS ON LINE, EXTRACCIÓN EN CAJEROS DEL EXTERIOR, RETIRO DE DÓLARES POR VENTANILLA Y LIQUIDACIÓN DE DIVISAS

Hace menos de un mes el ministro de hacienda, Alfonso Prat Gay anunciaba la unificación del tipo de cambio. Sin embargo aún hay restricciones, la mayoría de ellas establecidas durante el cepo, que se conservan. Extracciones con tarjetas de crédito en el exterior, compras en páginas web y hasta el ingreso de dólares al país son algunos de los puntos que todavía parecen estar bajo la sombra del cepo.

•Extracciones en el exterior: en mayo de 2013 el Banco Central dispuso que las extracciones de divisas en el exterior serían de u$s 50 mensuales por cuenta y por entidad para los países limítrofes y de u$s 800 mensuales para el resto del mundo. De esta manera aunque una persona posea varias tarjetas de un mismo banco, sólo podrá hacer una extracción por período. Lo que se buscó en aquel momento era frenar la salida de divisas, sobre todo en Uruguay.

Hoy esos límites se mantienen y quien viaje al exterior, sobre todo a los países vecinos, deberá tener en cuenta que si bien se eliminó por completo el 35% de impuesto a las compras en el exterior, disponer allá de dinero en efectivo aún hoy no es una tarea sencilla.

•Compras por ventanilla: Previo a 2011, el límite de compra de divisas extranjeras era de u$s 2 millones tanto para los bancarizados como para quienes no operaban a través de un banco. El 17 de diciembre pasado, Prat Gay estableció que cualquier persona puede comprar dólares con efectivo pero con un límite de u$s 500 mensuales. De esta forma para cualquier operación mayor hace falta estar bancarizado y que el pago se haga vía cheque de cuenta propia, tarjeta de débito o transferencia desde una cuenta bancaria. Además, quien realice la operación en efectivo deberá afrontar un 5% de percepción.

•Compras por internet: en el segundo semestre de 2013 los sitios de compras on line chinos se convirtieron en un verdadero boom. Los correos colapsaron y el Banco Central comenzó a sentir la fuga de divisas a través de innumerables compras on line. Fue por eso que 2014 comenzó con una disposición de AFIP que por persona se podía ingresar productos de hasta u$s 25 por año.

Mientras que en el caso de que los envío posean un valor de u$s 25 hasta u$s 999 se debe abonar el 50% en concepto de Derechos a la Importación sobre el valor de la encomienda, deducida la franquicia. Y en el caso de que el valor fuera mayor a u$s 999, se aplica el Régimen General de Importación. Aún hoy se mantiene esta operatoria, aunque se simplificaron algunos pasos y los libros y materiales de cultura ya eluden esta normativa.

•Dólares traídos del exterior: Aquellos que tengan divisas en el exterior y decidan ingresarlas al país para cualquier fin deben liquidarlos en el mercado cambiario oficial, según lo dispuso el Banco Central en 2014. Hoy sin el cepo y bajo el mandato del Mauricio Macri la metodología es la misma.

Sin embargo la unificación del tipo de cambio los perjudicó ya que al levantar el cepo la brecha entre la venta y la compra se agrandó. Por ende quien trae dólares los vende a $13,75 y luego debe comprarlos a $14,15, perdiendo un 3% en dólares de su valor. (Teniendo en cuenta los valores en los que cerró el viernes la divisa estadounidense).

Por: Belén Fernández

CAMPO

INTERNACIONALES

ESPAÑA

El nuevo presidente de Cataluña se compromete a lograr la independencia respecto a España en 18 meses

CARLES PUIGDEMONT ANUNCIÓ QUE QUIERE ATRAER MÁS PARTIDARIOS A LA CAUSA INDEPENDENTISTA.EL NUEVO PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE CATALUÑA, ELEGIDO ESTE DOMINGO POR EL PARLAMENTO CATALÁN, SE COMPROMETIÓ A CONTINUAR LOS PLANES DE INDEPENDENCIA DE SU PREDECESOR ARTUR MAS EN UN PLAZO DE 18 MESES.

Carles Puigdemont, quien hasta ahora era alcalde de Gerona, habló en la Cámara regional antes de la votación que lo confirmó como presidente por 70 votos a favor y 63 en contra.

El sábado, Artur Mas abandonó sus aspiraciones a mantener la presidencia regional después de que uno de los partidos políticos fundamentales para la formación de gobierno se negara a darle su apoyo.

Qué significa la "desobediencia" de Cataluña en su búsqueda de independencia de España

Por su parte, el presidente en funciones del gobierno español, Mariano Rajoy, declaró que luchará por la unidad nacional del país.

"El gobierno no permitirá un solo acto que pueda dañar la unidad y soberanía de España", afirmó Rajoy en Madrid.

La investidura de Puigdemont en el parlamento catalán fue bien recibida por los partidarios de la independencia.

Artur Mas accedió a dejar la presidencia del gobierno autónomo que ostentó desde 2010.

Rajoy, cuya permanencia como presidente del gobierno español es incierta después de las elecciones parlamentarias no concluyentes del pasado 20 de diciembre, insistió en que quien forme el próximo gobierno español debe tener "una base parlamentaria amplia con la estabilidad y capacidad de hacer frente al desafío separatista".

"Hemos sabido cómo dejar a un lado nuestras diferencias para defender la unidad de la nación", sostuvo Rajoy.

Meses de incertidumbre

El presidente en funciones del gobierno español, Mariano Rajoy, prometió preservar la unidad nacional a todo costo.

El futuro del movimiento independentista de Cataluña había sido incierto desde las elecciones regionales del pasado septiembre.

Los partidos proindependentistas que triunfaron en los comicios no lograban ponerse de acuerdo sobre quién debía ser el líder del nuevo gobierno autónomo.

En su discurso de este domingo, Puigdemont prometió poner fin a las divisiones.

"Hay muchos simpatizantes de la independencia, es verdad, hay muchos más de los que solía haber, muchos más de los que había hace 20 años", manifestó.

"Pero en esta fase tenemos que conseguir legitimidad democrática total, necesitamos más partidarios, y apelo a todos".

Este sábado, Mas aceptó retirar su candidature a la presidencia regional porque su nominación condujo a desacuerdos entre el partido anticapitalista Candidatura de Unidad Popular, CUP, y la coalición Junts pel Si (Juntos por el sí), a la que pertenece Puigdemont.

La retirada de Artur Mas de la carrera por la presidencia despejó el camino para Carles Puigdemont.

Esta decisión de Mas despejó el camino para que Puigdemont asumiera el liderazgo.

¿Qué significa que los independentistas hayan logrado la mayoría en las elecciones en Cataluña?

En noviembre, el parlamento catalán votó a favor de dar inicio al proceso de independencia, un paso que el conservador Partido Popular de Mariano Rajoy declaró inconstitucional.

Cataluña es una región altamente industrializada y poblada del noreste de España que representa alrededor de un quinto del total de la producción económica del país.

Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, que quedaron en primer y segundo lugar respectivamente en las elecciones generales del 20 de diciembre, se oponen a la independencia de Cataluña.

INFORMACIÓN GENERAL

A los 69 años murió la estrella de rock David Bowie

LA MÍTICA FIGURA DE LA ESCENA MUSICAL BRITÁNICA FALLECIÓ VÍCTIMA DE UN CÁNCER. ASÍ LO INFORMA UN COMUNICADO APARECIDO EN SU CUENTA OFICIAL EN FACEBOOK, QUE ADEMÁS PIDE QUE SE RESPETE "LA PRIVACIDAD DE LA FAMILIA DURANTE ESTE MOMENTO DE DOLOR".

El músico británico David Bowie murió a los 69 años, según despacho de la agencia EFE.

Nacido en Brixton, Londres como David Robert Jones el 8 de enero de 1947, Bowie fue desde los años 60 unas de las figuras más importantes y creativas de la escena del rock y del pop británico, primero, y mundial luego.

EFEMÉRIDES

11 ENERO (1996)

ACTOR Y COMEDIANTE

Muere Tato Bores

Vestido de frac, tocado con una peluca, lentes de marco negro y sosteniendo un habano entre sus dedos, Mauricio Borensztein, en su papel de Tato Bores deleitará a los televidentes argentinos durante más de cuatro décadas. Hasta que en 1992 se alejó de la  televisión, supo acompañar los cambios políticos del país con su mirada irónica y sus lúcidos comentarios. Anteriormente se había  desempañado con similar éxito en radio, cine, teatro y varieté.