NACIONALES
Para que los medios queden en pocas manos
ADEMÁS DE DISOLVER LA AFSCA Y LA AFTIC, EL DECRETO PRORROGA LAS
LICENCIAS ACTUALES POR OTROS DIEZ AÑOS, AMPLÍA LA CANTIDAD DE LICENCIAS QUE
PUEDE TENER CADA MEDIO Y PERMITE TRANSFERIRLAS. LOS ESPECIALISTAS CRITICAN QUE
BENEFICIA A LOS MEDIOS MÁS GRANDES.
El Gobierno nacional publicó el DNU firmado por Mauricio
Macri que modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, disuelve el
Afsca, la Aftic y crea el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), que
presidirá Miguel de Godoy. En líneas generales, prorroga las licencias actuales
por diez años, amplía la cantidad de licencias que podrá tener un sólo medio y
permite su transferencia. El kirchnerismo cuestionó el uso del DNU y sostuvo
que se trata de una medida anticonstitucional y a la medida del Grupo Clarín.
La Defensora del Público, Cinthia Ottaviano, reclamó una reunión urgente de la
OEA y la intervención de la CIDH dado que se “vulneran los estándares
internacionales en materia de autonomía, independencia y pluralidad”.
La decisión se dio tras la intervención de la Afsca y la
Aftic y de la clausura de sus oficinas con la policía, que luego fue suspendida
por una medida precautelar firmada por el juez de La Plata Luis Arias. El
decreto 267 publicado ayer tiene 15 páginas, en las que modifica la ley de
medios y la de Argentina Digital. No obstante, lleva la fecha del 29 de
diciembre de 2015, un día antes del fallo del juez Arias que ordenó no tomar
medidas que modifiquen las funciones de la Afsca (el DNU la disuelve). La
abogada Graciana Peñafort –una de las redactoras de la ley de medios– acusó al
Presidente y sus ministros de falsificar un documento público, dado que es
sabido que en esa fecha Macri se encontraba de vacaciones en el sur.
A decreto limpio
El DNU disuelve la Afsca y la Aftic, así como el Consejo
Federal de Comunicación Audiovisual y el Consejo Federal de Tecnologías de las
Telecomunicaciones. En estos dos consejos participaban representantes de las
universidades, los sindicatos y las provincias. En su lugar, crea un nuevo
ente, el Enacom, que estará subordinado al Ejecutivo y un Consejo Federal de
Comunicaciones, cuya conformación será definida por el Gobierno dentro de 60
días. El decreto firmado por Macri argumenta que la existencia de los dos entes
llevaba a la existencia de “inseguridad jurídica” e indica que el objetivo del
Decreto de Necesidad y Urgencia es fortalecer la seguridad jurídica y fomentar
las inversiones.
El Enacom será el ente único que controle las licencias de
medios audiovisuales y las telecomunicaciones. Dependerá del Ministerio de
Comunicaciones, que conduce Oscar Aguad, aunque será un “ente autárquico y
descentralizado”. El directorio del Enacom tendrá cuatro integrantes del Poder
Ejecutivo sobre un total de siete. Los otros tres serán designados por el
Congreso (primera, segunda y tercera minoría). Es decir que el PRO se asegura
mayoría en la toma de decisiones. Los directores asumen por cuatro años y
“podrán ser removidos por el Ejecutivo en forma directa y sin expresión de
causa”.
Además, dispone la transferencia de Arsat, Argentina
Conectada y el Correo Oficial al Ministerio de Comunicaciones y crea una comisión
bicameral “de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las
Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización”, integrada por ocho
senadores y ocho diputados. Esa comisión tendrá entre sus tareas elegir al
titular de la Defensoría del Público, actualmente ocupada por Cinthia
Ottaviano. También tendrá la potestad de removerla del cargo.
El decreto crea también, en el ámbito de ese ministerio, una
“Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y
Unificación” de las dos normas, a las cuales –a la vez– modifica
sustancialmente.
Los cambios a la ley
Las modificaciones que Macri resolvió hacer vía DNU apuntan
al corazón antimonopólico de la norma. El decreto establece una prórroga del
plazo de licencias por 10 años y modifica el artículo 41 por el que las
licencias eran instranferibles: ahora serán transferibles, con la aprobación
posterior del Enacom. Si el ente no se pronuncia en 90 días, la transferencia
se considera aprobada tácitamente. El DNU de Macri también amplía la cantidad
de licencias: en el orden nacional, pasan de 10 a 15 y en el orden local, de 3
a 4. También aumenta de 15 a 45 por ciento las acciones de los titulares se
podrán cotizar en bolsa.
Pero quizás la modificación más importante es que las
empresas de cable pasan a tener una licencia nacional única, lo que las
exceptúa de cualquier cláusula antimonopólica. Además –como había anunciado el
jefe de Gabinete, Marcos Peña– las telefónicas podrán operar el servicio de
cable dentro de dos años (a partir del 1º de enero de 2018). El Enacom puede
extender esa prohibición por un año más. Sobre la prórroga de licencias, si
antes la ley preveía una única prórroga de diez años previa audiencia pública,
ahora tendrán una prórroga automática de cinco años y otra más de 10, por
concurso.
Como argumentación para estos cambios, destaca que la
“convergencia tecnológica entre medios y telecomunicaciones, caracterizada por
la competencia entre diversas tecnologías en los servicios de comunicaciones,
caracterizada por la competencia entre diversas tecnologías en los servicios de
video, telefonía –voz– y banda ancha –internet– es una realidad indiscutible” y
que así ocurre en “los países líderes en el sector”. Da como ejemplos Estados
Unidos, Brasil, México, Gran Bretaña, España, Italia y Australia.
El DNU busca evitar “la ejecución selectiva de sanciones, el
otorgamiento discrecional de licencias y cualquier mecanismo de premios y
castigos arbitrarios” y critica a la ley de Medios por ser una “norma anticuada
y distorsiva”. Sin embargo, no profundiza en una argumentación sobre la
necesidad y urgencia de modificarla salteando el Congreso. Simplemente indica
que se “impone la necesidad de revertir inmediatamente el consecuente proceso
de deterioro y regresión verificado en la industria”, que está en un “estado
crítico” –sobre el que no se dan mayores pruebas– y que “esperar la cadencia
habitual del trámite legislativo dificultaría actuar en tiempo oportuno”.
También advierte que existen “una gran cantidad de
conflictos judiciales” en torno a la ley de medios y que “si bien algunas de
sus disposiciones fueron declaradas constitucionales por la Corte Suprema,
diversos actores afectados (empresas de medios, periodistas y asociaciones de
consumidores) han planteado judicialmente la inconstitucionalidad sobreviniente
del cuerpo normativo al momento de su aplicación”.
Réplicas
La Asociación Argentina de Televisión por Cable fue de las
primeras en festejar el DNU: “La derogación de muchas de las irracionales
asimetrías que regulaban el sector redundará en más inversiones y, por ende, en
mejor calidad de servicios para los usuarios”.
En tanto, Martín Sabbatella consideró que el decreto es
“brutal, ilegal, anticonstitucional” e indicó que está desobedeciendo una orden
judicial. “La única necesidad de urgencia es la de responder a los intereses de
Héctor Magnetto y Clarín, de pagarle los favores que le han hecho en campaña y
de tener un blindaje mediático por las medidas antipopulares que han puesto en
marcha”, sostuvo el dirigente, quien remarcó que es la “necesidad y urgencia de
las corporaciones y poderosos y la complicidad de los sectores políticos que
representan esos poderosos y una parte del Poder Judicial que está colonizado
de los intereses corporativos o tienen cosas para esconder y tienen miedo que
Magnetto las ponga en la tapa de los diarios”.
Desde una perspectiva crítica al kirchnerismo, el
especialista en comunicación Martín Becerra consideró que “en vez de gestionar
la adecuación de los multimedios a la ley, el Estado adecua la ley a la
estructura y necesidades de los multimedios”. “Los beneficiados son no sólo los
dos gigantes (Telefónica y Clarín), sino también todo licenciatario y todo
actor del mercado telefónico. Considerando que las leyes audiovisual y de
telecomunicaciones ameritaban cambios, hacerlo por DNU debilita su eficacia,
sobre todo si el fundamento es la excesiva discrecionalidad de los órganos
reguladores y su dependencia política del gobierno (anterior). En Enacom el
Ejecutivo tiene mayoría y puede remover a todo el directorio”.
Por Werner Pertot
L.V.S.: No solo se ríen de las leyes sino lo más importante
se pasan por el quinto forro de las pelotas las decisiones de los jueces,
demostrando de esta manera las grandes deudas que tienen que pagar a sus patrones tanto nacionales-es
una forma de decir, estos la única nación que reconocen es el dinero-como
internacionales.
“Los periodistas serán víctimas del DNU”
DEJÓ LA JUSTICIA POR EL INDULTO A MENÉNDEZ Y DESDE ENTONCES SE DEDICÓ A
DEFENDER A COOPERATIVAS Y MUTUALES. EL CORDOBÉS RODRÍGUEZ VILLAFAÑE OPINA QUE
LA DESREGULACIÓN DEL CABLE CASTIGARÁ AL FEDERALISMO, CRITICA LA TRANSMISIÓN EN
RED Y ALERTA CONTRA LA ELIMINACIÓN DE EMPLEOS.
A los 32 años, Miguel Julio Rodríguez Villafañe fue juez de
la democracia nombrado por Raúl Alfonsín. Detuvo al criminal nazi Joseph
Schwamberger y le concedió la extradición a Alemania para que fuera juzgado. En
1989, integró la cámara que juzgaba al terrorista de Estado Luciano Benjamín
Menéndez. Cuando en 1990 Carlos Menem dictó el indulto y entre otros benefició
a Menéndez, Rodríguez Villafañe abandonó la Justicia.
–Si la ley establece un mínimo y un máximo de pena para un
delito, quiere decir que le deja al juez que opina qué castigo exacto
corresponde –explicó Villafañe ayer en diálogo con Página/12–. ¿Con qué
criterio le iba a dar un día de cárcel a un ladrón de gallinas si genocidas
como Menéndez quedaban libres e impunes? La justicia es impiadosa con los
débiles y genuflexa con los poderosos. Por eso después de ser juez como abogado
patrociné a Radio La Ranchada de la mutual Carlos Mujica y combatí contra el
artículo 45 de la ley de radiodifusión de la dictadura. El artículo 45 era el
más cruel porque impedía tener licencias a asociaciones sin fines de lucro.
–Con su experiencia en el tema y en derechos humanos en
general, ¿está de acuerdo con el cambio de régimen para medios audiovisuales y
telecomunicaciones?
–No. El artículo 4 de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (LSCA) definía tipos de servicios de radiodifusión. Estaba el
cable. Con el DNU la regulación sobre el cable desaparece porque desaparece la
tipificación del servicio de cables. Es gravísimo para el federalismo. El
artículo 22 del DNU deroga justo estas definiciones: “Radiodifusión por
suscripción”, “Radiodifusión por suscripción con uso de espectro
radioeléctrico”, “Radiodifusión por suscripción mediante vínculo físico” y
“Radiodifusión televisiva a pedido o a distancia”. Chau cable.
–Y además hay un error: la LSCA hablaba de “Radiodifusión
televisiva a pedido o a demanda”, no “a distancia”.
–Sí, efectivamente hay error en el decreto. O sea, adiós a
la regulación sobre el cable y, en consecuencia, a la cantidad de licencias que
un prestador puede tener. Cuando la LSCA dio tanta importante a un máximo de
licencias de cable también aportó un elemento enorme al federalismo. Los cables
fueron la primera revolución comunicacional de la Argentina que surgió del
interior. El fenómeno no comenzó en Buenos Aires. La lógica fue diferente y la
expansión siguió otro camino. En el interior eran peligrosas las parrillas
tradicionales para televisión por los vientos y los rayos. Los movimientos
cooperativos del interior del interior, que ya garantizaban luz, agua y
teléfonos, llegaron a preguntarse por qué no hacer una antena bien sólida para
llevar cable a todos. Por eso en el interior hubo tantos cables. En el Totoral,
en Córdoba, hasta podían verse 11 o 12 canales cuando en Córdoba capital era
imposible ver más de tres. El problema es que el ánimo de lucro neoliberal y el
autoritarismo militar fueron una combinación perversa. Por eso quisieron
siempre ahogar las cooperativas y las mutuales donde la gente se reunía para
discutir cuestiones sociales. Por eso estaba claro para qué querían el artículo
45 de la vieja Ley de Radiodifusión. Por ese artículo la dictadura impedía a
las asociaciones civiles sin fines de lucro acceder a licencias de radio,
televisión y servicios complementarios.
–¿Y en democracia?
–Seguía vigente el otro aspecto, el de la búsqueda del lucro
sin límites. Tampoco en democracia los grupos hegemónicos querían las
cooperativas. ¿Quién le paga al interior lo que perdió entre 1980 y 2009?
–¿Está hablando de una cifra?
–Tengo un cálculo, sí: es una pérdida de unos 40 mil
millones de dólares. Con la concentración de los cables y sin cooperativas se
terminó la ganancia local y la generación de trabajo. Cuando los grandes
operadores se hicieron dueños de todo consiguieron que a la casa le entrase un
caño. Por ese caño cada uno pagaba. El dinero ya no quedó en el pueblo, como
antes, sino que fue por otros caños a grandes empresas o a monopolios y en
parte al exterior, cosa que no es difícil de imaginar si uno piensa en el 18
por ciento de Clarín en manos de Goldman Sachs. Cablevisión empezó a subirse a
los postes sin pedirnos permiso en muchos lugares. Aprovechó la
infraestructura. En los últimos años, en Córdoba, quedaron obligados por ley a
subir las noticias de CBA 24N, el canal de la Universidad Nacional de Córdoba.
Ya logramos nueve fallos y aun no subieron integralmente las señales a la
grilla. El sistema siempre fue desparejo. Una vez que pudieron intervenir en la
comunicación audiovisual, las cooperativas siempre tuvieron que demostrar que
no gozaban de subsidios cruzados. Cuando se trata de grupos hegemónicos todos
los lujos están permitidos. Incluso el dumping.
–¿Dónde hubo un juego con precios bajos para tumbar a la
competencia?
–El caso notorio es el de Bahía Blanca y Punta Alta, donde
la misma empresa cobraba una tarifa distinta aunque una está al lado de la
otra. Cuando la empresa lograba derrumbar al cable local la tarifa más baja
volvía a subir y se equiparaba a la otra. Pero la competencia ya no existía.
Una vez controlado el mercado se podía avanzar con nuevos precios. El hombre y
la mujer común a veces están colonizados semánticamente y no ven estos
detalles. Dicen: “Se acabó el cepo para la radio”. Ponen una equivalencia entre
cepo y normas antimonopólicas. Pero esas normas son el reaseguro de la sociedad
para preservar libertades esenciales como la libertad de expresión. Si no, no
habrá posibilidad de generar un juicio crítico ante la realidad de que en las
sociedades las cosas son como los grandes medios dicen que son. El pluralismo
mediático es una necesidad de la democracia y no del mercado. El mercado no
busca la justicia ni la igualdad. En la democracia todos pueden ser incluidos.
El Gobierno parece estar cambiando el eje de las garantías constitucionales.
Pasa del eje persona y ciudadano al de cliente, usuario o consumidor. Y además
desproteger a los usuarios y consumidores. Solo juegan los que tienen plata. El
desfasaje del eje es de gran gravedad institucional. Librar al mercado es soltar
los pollitos a manos del zorro.
–¿Por qué dijo al principio de este diálogo que eliminar la
regulación del cable ponía en juego el federalismo?
–Porque el cable, como lo describí, es un fenómeno que
comienza en el interior del país y porque la concentración atacó los cables del
interior y de las localidades más pequeñas. Eso viola el federalismo, lo cual
no es un tema menor. El federalismo es bastante más que la preservación de los
festivales de Cosquín o de Jesús María. Disculpe que le haga un poco de
historia, pero no viene mal. Cuando la Constitución se plasmó entre 1852 y 1860
el pacto tenía varios pivotes para funcionar bien. Por un lado las provincias
cedían a la Nación facultades como la política exterior, por nombrarle una
sola. Y por otro lado se le daba relevancia al Senado como sitio específico de
consulta. En algunas ocasiones al Senado el Ejecutivo lo consulta en términos
generales o para legislar. En algunos casos la consulta es específica. Por
ejemplo para la aprobación de los ascensos, aunque después los oficiales
dependan del Presidente. Y para ser ministro de la Corte no por casualidad hace
falta una sesión especial con mayoría especial.
–¿Cuál era el papel pensado entonces para la Corte Suprema?
–Sería el ente articulador. El tribunal para resolver
cualquier problema entre las provincias o entre alguna provincia y la Nación.
Si las provincias tuvieran algún reclamo económico deberían ir a la Corte
Suprema. Y aun hoy es así. Es más rápido.
–¿Más rápido que cuál otra cosa?
–Que cualquier otro trámite judicial. La LSCA fue promulgada
en 2009 y la Corte fallo sobre su constitucionalidad en 2013. Cuatro años
después. Y no es el lapso mayor que uno puede imaginar observando lo que pasa
en la práctica. A veces no se tienen en cuenta los alcances de la violación del
federalismo y el nivel de problemas que podrían presentarse. Mire: Córdoba,
como cualquier otra provincia, diseñó y aprobó un presupuesto con los
parámetros existentes en su momento a nivel nacional. Con una determinada
paridad entre el dólar y el peso. ¿Qué ocurre cuando el gobierno nacional
cambia la paridad? ¿Qué sucedería si los cordobeses pidieran compensación por
la deuda que contrajeron a determinado valor del dólar? No importa ahora la respuesta.
Importa el mecanismo. ¿Quién debería resolver un problema tan complejo? La
Corte Suprema. Es el único tribunal que podría afectar el manejo económico de
ciertas variables en lo inmediato. Eso nos lleva otra vez a subrayar el valor
original del federalismo y al mismo tiempo a constatar que las medidas del
nuevo gobierno están tratando de neutralizar organismos e instancias desde
donde se pudieran hacer reclamos a la Nación. Es un tema no menor, relacionado
con la lógica de lo que han tocado en la LSCA. Al haber eliminado el Afsca
quedan prácticamente eliminados varios de sus órganos. ¿Qué pasará con el
Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, integrado no solo por
universidades nacionales, medios públicos, sindicatos o representantes de pueblos
originarios sino también por delegados de las provincias? Lo peor con estos
cambios es que se produjeron mediante un accionar tramposo.
–¿Dónde estaría la trampa?
–Anuncian medidas pero no las publican en el Boletín Oficial
hasta varios días después. El jefe de Gabinete y el ministro de Comunicación
anunciaron el miércoles 30 de diciembre que habría un DNU especial sobre el
régimen de medios y telecomunicaciones. El anuncio fue a la mañana. ¿Por qué
ese mismo día no publicaron el DNU en el Boletín Oficial?
–¿Cuál es su interpretación?
–Que así neutralizan el accionar de la Justicia o de
particulares ante la Justicia. Si usted no sabe cómo es la norma, ¿qué puede
hacer? Nada. Van de decreto en decreto. Los escalonan. Fíjese que por un DNU
reformaron la Ley de Ministerios. Ese DNU, el número 13, ya de por sí se metía
con la LSCA porque cambiaba la ubicación del Afsca. Luego se crea un organismo
no previsto por la LSCA, que dependerá directamente del ministro de
Comunicaciones. El ministro queda con las mismas facultades que antes eran del
Afsca y de la Aftic. El Afsca, aunque con lugar cambiado, seguía existiendo,
aunque con un aumento de la autoridad del ministro. Más adelante vino otro
decreto, el 136, que intervenía el Afsca. Si la intervenía, de hecho la estaba
reconociendo, ¿no? En el medio de ese proceso, cuando el tema estaba bajo
análisis de jueces, fiscales y actores de la comunicación, se produjo el
llamado a conferencia de prensa del miércoles 30. Un día hábil. Después
vinieron el jueves 31, el viernes 1, el sábado 2 y el domingo 3. En el medio el
ministro Aguad se dio el lujo de decir que la decisión del juez de La Plata
Luis Arias, que el mismo 30 dijo que estaba prohibido alterar o cambiar las
funciones o la existencia del Afsca, no debía cumplirse porque alteraba el
nuevo decreto. Pero nadie conocía ese nuevo decreto. ¿Qué clase de juego sin
reglas es ése? Es como si el Gobierno dijera que un tiro de ellos es gol aunque
sea con la mano y desde fuera de la cancha, y encima vale tres. En el caso de
los otros el gol sigue valiendo uno, sin la mano y desde dentro de la cancha.
Así no se puede jugar en serio. Cambian las reglas a cada rato. Un primer
decreto (malo y todo) presupone la existencia del Afsca. Cuando uno cuestiona
ese decreto la respuesta es: “No importa, el Afsca ya desapareció y ahora está
el Ente Nacional de Comunicaciones”. Para colmo ni publican a tiempo el nuevo
régimen legal. Y atentan contra el federalismo también en la posibilidad de
ampliar las redes. Lo hacen al cambiar el artículo 63. El texto de la LSCA
establecía que “la emisora adherida a una o más redes no podrá cubrir con esas
programaciones más del 30 por ciento de sus emisiones diarias”. En la
formulación nueva aparece relacionado ese concepto con los habitantes de una ciudad.
Por ejemplo, permite que puedan trabajar en red y emitan de ese modo la mitad
de su programación emisoras ubicadas en ciudades de menos de 600 mil
habitantes, o sea la mayoría. El 30 por ciento de tope rige solo para una
ciudad de más de 1.500.000 habitantes, como la Capital Federal, y el 40 por
ciento para poblaciones de más de 600 mil habitantes. También liquidaron el
abono social, que compensaba los casos en que en ciertos sitios el “prestador
de servicio de radiodifusión por suscripción a título oneroso” (así decía la
nota de la ley) era el único servicio existente para mirar televisión.
–El DNU insiste en la convergencia digital entre
comunicación audiovisual y telecomunicaciones.
–Mezclan las cosas. Claro que hay que prestar atención a las
cuestiones tecnológicas. En su momento las cooperativas eléctricas o
telefónicas teníamos ventaja para dar Internet porque los postes eran nuestros.
Ahora con wi-fi ya eso no importa tanto. Pero eso no justifica pasar por encima
de una ley vigente y anularla. Dicen que recién en marzo comenzará a estudiarse
la reforma de las leyes para terminar en un nuevo régimen. Invirtieron la regla
legal. Ante el hecho de que la tecnología avanza (y recordemos que las AM no
tienen la fuerza de antes porque las FM están en los Ipod y los autos) no se
puede invalidar una ley y crear una comisión para proponer. Más allá de los
cambios tecnológicos, lo fundamental es entender una lógica de mercado que
tiene otras implicancias. En los años ‘90 estos mismos grandes medios que ahora
volverán a beneficiarse no dijeron nada del megacanje ni de la deuda ilegítima
de la Argentina. Analizar el origen de los fondos buitre depende de una prensa
libre y del empoderamiento democrático de la sociedad. Cuando dicen que al
cambiar o vaciar la LSCA se terminó la guerra contra el periodismo falsean la
verdad: quieren terminar la guerra contra los monopolios. El periodismo y los
periodistas serán las víctimas de este proceso. La reaparición de cadenas y
redes y la desaparición de cables hará peligrar los empleos y el periodismo del
interior, que va a quedar solo para que diga la temperatura o comente algún
choque en la provincia de Córdoba. En el mercado neoliberal el periodista es
una mercancía más. El día que no sirva se tira. Cablevisión prefería dar dos
veces dar CNN en español a subir el canal de la Universidad de Córdoba. La
ciudad de Atlanta para ellos era más importante. Con la penetración social de
los grandes medios que estimulará el DNU aumentarán los condicionamientos
políticos y sociales. El político que no se adapte desaparecerá del país. Desde
Buenos Aires volverán a construirse diputados, senadores y gobernadores. Se
potenciarán negativamente las identidades culturales si no hay límite a las
licencias. Si Clarín se queda sin el techo del 35 por ciento no habrá
diversidad en lo que hay que pensar, sentir y creer. Porque cuando estos grupos
operan en el mercado no quieren la libertad de los más chicos, aunque cuando
les va mal piden al Estado que los defienda como en el 2001 con la ley de
industrias culturales para salvarse. Espero que los diputados y los senadores
lo piensen más de una vez antes de integrar la comisión bicameral que dispone
el artículo 31 del DNU.
–La de Promoción y seguimiento de la comunicación
audiovisual, las tecnologías de las telecomunicaciones y la digitalización.
¿Por qué deberían pensarlo?
–Sería grave que diputados o senadores integraran una
comisión si no dejaran en claro que parten del presupuesto de que la ley
anterior para ellos todavía rige. Podría ser una violación de los deberes de
funcionario público porque la ley no fue derogada. No tengo ninguna necedad. El
Congreso puede sancionar nuevas leyes. Pero si un diputado o un senador valida
la suma del poder pública ayuda a una ruptura institucional y negará su propia
razón de ser. El Ejecutivo podría hacer lo mismo con una eventual nueva ley. El
Gobierno pregona la legalidad democrática pero no deja de violar artículos de
la Constitución. La urgencia es la inundación de la Mesopotamia. Los otros son
temas que corresponde abordar pero respetando las leyes, la diversidad y el
federalismo. En fin, habrá que seguir defendiendo a los más débiles.
Por Martín Granovsky
La Policía Federal pasa a la Ciudad
EL PRESIDENTE MAURICIO MACRI Y EL JEFE DE GOBIERNO PORTEÑO HORACIO
RODRÍGUEZ LARRETA FIRMARÁN HOY A PRIMERA HORA EL ACUERDO FORMAL PARA EL
TRASPASO DE PARTE DE LA POLICÍA FEDERAL A LA JURISDICCIÓN PORTEÑA, UN ANTIGUO
RECLAMO DE TODOS QUIENES ESTUVIERON A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES. EL ACTO SE HARÁ EN EL SALÓN BLANCO DE LA CASA ROSADA Y LUEGO
HABRÁ UNA CONFERENCIA DE PRENSA.
El traspaso fue una promesa de la campaña electoral de
Macri, con pocas excusas para negarse a cumplirla dado que dejó en la Ciudad a
Rodríguez Larreta, a quien él eligió como su delfín. Según anticipó en ese
momento, las 53 comisarías y alrededor de 21 mil efectivos de la Federal se
integrarán a la Policía Metropolitana –que cuenta con 6300 miembros– aunque por
ahora unos y otros mantendrán sus uniformes y patrulleros característicos. Los
federales se seguirán atendiendo en el Hospital Churruca y hasta mantendrán su
caja de retiros. Progresivamente prometen que irán coincidiendo ambos regímenes
que difieren en cuanto a sueldos y cuestiones tales como la posibilidad de
hacer horas extras.
La firma será, en verdad, el cumplimiento de la ley 26.288
de 2007 que modificó el artículo de la ley Cafiero que determinaba que el
Gobierno nacional era el encargado de la seguridad de la Ciudad en tanto sea la
capital de la República. Esa ley de 2007 estableció que el traspaso de
funciones se celebrará junto con los convenios correspondientes para la
transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes. De
acuerdo al cálculo de la Ciudad, serán 15 mil oficiales y suboficiales de la
Superintendencia de Seguridad Metropolitana, más la Superintendencia de
Bomberos, áreas de la Superintendencia de Investigaciones y de la Policía
Científica. Así se llega a la suma total de 21 mil efectivos.
Las idas y vueltas detrás del traspaso
FINALMENTE MAURICIO MACRI LO CONSIGUIÓ. LA POLICÍA FEDERAL PASARÁ A LA
ÓRBITA METROPOLITANA CUANDO ESTE MARTES EL PRESIDENTE RUBRIQUE EL TRASPASO DE
21 MIL AGENTES JUNTO AL JEFE DE GOBIERNO PORTEÑO, HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA. SE
TRATA DE UN PEDIDO DEL MACRISMO DESDE QUE ASUMIÓ EL PODER CAPITALINO HACE NUEVE
AÑOS, PERO DEBERÍA HABERSE CONCRETADO DESDE 1994.
Si bien hubo intentos previos, el pedido cobró fuerza
durante la gestión del macrismo en la Ciudad y su eterno enfrentamiento con el
kirchnerismo. Macri se lo pidió durante su campaña a Néstor Kirchner pero luego
debió hacerlo con Cristina de Kirchner quien asumió en el Ejecutivo en 2007 por
primera vez.
Durante años hubo cruces entre ambas administraciones de
colores políticos enfrentados. Incluso hubo momentos de tensión cuando Nación
retiró efectivos de los subtes y los hospitales públicos que estaban bajo la
órbita de la Ciudad. La promesa de pasar las fuerzas estaba, pero sin fondos.
Ante la negativa, el PRO creó de la policía Metropolitana en 2009, tan
cuestionada como la misma Federal por organismos de Derechos Humanos y el CELS
(Centro de Estudios Legales y Sociales).
A partir de la modificación de la Constitución Nacional en
1994, que dio estatus de autonomía a la Ciudad de Buenos Aires, la disputa
entre el Gobierno Nacional y el porteño no cesó en añadir capítulos inconclusos
año tras año. A partir de la sanción de la Ley Cafiero, el Congreso determinó
que los intereses de los porteños comenzaran a ser manejados por el Ejecutivo
Nacional y al mismo tiempo prohibió que la Capital conduzca una fuerza de seguridad
propia.
En el año1996 se dio el primero de los cruces entre ambos
gobiernos. Fernando De la Rúa, a cargo de la jefatura porteña, pidió el
traspaso al expresidente Carlos Menem, quien se lo negó rotundamente. En el año
2000, con la Alianza en el poder, De la Rúa modificó su discurso y pasó de
reclamar a rechazar el traspaso de la fuerza a la órbita del gobierno de Aníbal
Ibarra. La misma suerte tuvo Jorge Telerman entre 2006-2007, con Néstor
Kirchner como jefe de Estado.
En la campaña electoral de 2007, tanto Daniel Filmus como
Jorge Telerman y Mauricio Macri prometían y al mismo tiempo reclamaban el
traspaso. Tras el triunfo de este último, Néstor Kirchner asumió el compromiso
de modificar la Ley Cafiero y concretar el pedido, algo que en la práctica
nunca ocurrió. A raíz de esta nueva negativa, el por entonces jefe de Gobierno
porteño llevó a cabo la creación de la Policía Metropolitana que comenzó a
funcionar en el año 2009.
A pesar de los rechazos constantes, el traspaso comenzó a
tomar color tras las victorias electorales de Larreta en Ciudad y de Macri en
Nación en 2015. El mismo comprenderá a la Superintendencia de Seguridad
Metropolitana integrada por 21 mil agentes y las 54 comisarías que se
encuentran en el ámbito porteño, junto con parte de la policía Científica y de
Investigaciones, además de la Superintendencia de Bomberos.
De esta forma, será el jefe de Gobierno porteño junto con el
Secretario de Seguridad porteño, Martín Ocampo, los responsables de esta
fuerza, aunque en la práctica los agentes federales seguirán teniendo los
mismos jefes, vistiendo los mismos uniformes, atendiéndose en el Hospital
Churruca y cumpliendo las seis horas que a la fecha deben cumplir. Los agentes
de la Metropolitana, si bien continuarán desempeñando su labor durante 8 horas,
pasarían sus aportes a la caja de la Federal.
Actualmente, la fuerza porteña cuenta con 6.300 agentes, por
lo cual en conjunto con los provenientes de la Federal alcanzarían un total de
27.300 policías activos.
El indicado para comandar a la nueva fuerza sería Guillermo
Calviño, excomisario mayor bajo las órdenes del exsecretario de Seguridad de la
Nación, Sergio Berni, y actual director de la Superintendencia de Seguridad
Metropolitana.
Si bien el traspaso depende de la firma del presidente
Macri, también deberá ser tratado en la Legislatura de la Ciudad, lo cual se
espera que ocurra entre el 11 y el 18 de enero.
Una foto junto a Vidal
EN MEDIO DE LA TENSIÓN GENERADA POR LOS TRES FUGADOS EN LA PROVINCIA,
EL PRESIDENTE RETOMÓ LA ACTIVIDAD JUNTO A LA GOBERNADORA PARA LANZAR LA
TEMPORADA EN MAR DEL PLATA. CRITICÓ AL KIRCHNERISMO POR EL NARCOTRÁFICO.
El presidente Mauricio Macri dio por terminadas sus
tempranas vacaciones en Villa La Angostura y viajó directamente desde Bariloche
hasta Mar del Plata en el Tango 10 para la apertura oficial de la temporada
veraniega en la Costa Atlántica y respaldar a la gobernadora bonaerense María
Eugenia Vidal, tras la fuga de un penal provincial de extrema seguridad del
todavía prófugo trío condenado por el triple crimen de General Rodríguez en
medio de la disputa delictiva por el tráfico de efedrina. Al aire libre, en la
plaza del Hotel Provincial, Macri elogió a Vidal y sin mencionar a los prófugos ni
a su huida, se refirió al narcotráfico como excusa para deslindar
responsabilidades: “Lamentablemente, todos sabemos que por la inacción,
incapacidad o complicidad del anterior gobierno, ha avanzado en la última
década como nunca ante lo había hecho en el país y está afectando a todos los
argentinos”. “Estamos comprometidos, nosotros no vamos a mirar para el
costado”, prometió. Antes, Macri anunció obras para la ciudad que definió como
“mágica”.
Macri trató de apuntalar a Vidal, golpeada por la fuga de
los hermanos Cristina y Martín Lanatta y Víctor Schillaci. A los que luego
desde el propio gobierno provincial anunciaron que tenían “cercados” el último
día del año 2015, pero a los que hasta ayer no había podido atrapar.
“Maravillosa gobernadora”, dijo Macri sobre Vidal a menos de un mes de haber
asumido y buscó desligarla del tema refiriéndose en general al narcotráfico:
“No es un tema de una provincia o una región, es algo que está afectando a
todos los argentinos, porque daña a nuestros jóvenes, enferma a nuestra
familia, y corrompe nuestras instituciones”, señaló.
Sin mencionar a los prófugos ni las dificultades para dar con ellos,
el Presidente continuó en la misma línea discursiva. “Quiero ratificar hoy que
estamos comprometidos, que nosotros no vamos a mirar para el costado, que vamos
a enfrentar este tema con todas nuestras fuerzas, porque sabemos que la
Argentina necesita liberarse de este flagelo”, reiteró Macri como en tiempos de
campaña electoral y excusó a su novel gobierno: “Esto recién comienza, y vamos
a dar batalla sin cuartel, en cada rincón donde se encuentren”, sostuvo y
agregó que “para eso, es muy importante entender que tenemos que mejorar,
prestigiar, capacitar, no sólo una mejor Justicia independiente, sino nuestras
fuerzas de seguridad”.
“En estas dos tareas estamos realmente comprometidos, ya que
estamos invirtiendo en tecnología para volver a proteger nuestras fronteras, y
estamos dialogando con el mundo, intercambiando información para volver a
trabajar en red”, detalló luego como objetivos de su gestión sin entrar en
detalles. Fiel a su estilo breve, Macri creyó haber cumplido con su respaldo a
Vidal y dio por cerrado el tema.
Antes había dedicado parte de su discurso a prometer obras
como un crédito del BID de 100 millones de pesos para erradicar un basural a
cielo abierto que ya había sido clausurado. “Vamos a incorporar vuelos (de
Aerolíneas Argentinas) desde Córdoba y desde Tucumán hacia Mar del Plata. De
esa manera, claramente, va a ser más fácil, más rápido y seguro venir (a la ciudad
balnearia) desde el norte y el centro argentino a pasar unos días
maravillosos”, agregó Macri, parado de espaldas al mar junto a Vidal, el
ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos, y el intendente del partido
de General Pueyrredón, Carlos Arroyo, separado por vallas de periodistas y el
pequeño grupo de personas que se congregó a escucharlo.
L.V.S.: La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tiene el índice más
alto de drogadicción inclusiva en sus colegios secundarios del país, que se
hizo en los últimos años contra el flagelo de la droga en la ciudad es hoy día
un interrogante que se tiene que preguntar a quienes la condujeron, Macri, dos
periodos y hoy Larreta.
Una persecución sin pistas ni rastros
EL AMPLIO DESPLIEGUE DE FUERZAS FEDERALES EN EL SUR DEL CONURBANO Y LOS
62 ALLANAMIENTOS REALIZADOS EN LAS ÚLTIMAS 48 HORAS NO APORTARON DATOS
CONCRETOS SOBRE EL PARADERO DE LOS HERMANOS MARTÍN Y CRISTIAN LANATTA Y VÍCTOR
SCHILLACI.
Un total de 62 allanamientos realizados en las últimas 48
horas evidencian que la búsqueda de los tres prófugos de la cárcel de General
Alvear se parece mucho al lanzamiento de una gigantesca red para ver qué se
pesca. No existe una operación precisa en la que haya datos más o menos
certeros sobre dónde ubicar a los hermanos Martín y Cristian Lanatta y a Víctor
Schillaci. Los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal dedican buena
parte del tiempo a echarles la culpa a los supuestos apoyos de los escapados,
incluyendo imputaciones a Aníbal Fernández, quien fue víctima electoral de los
prófugos y no tendría ningún motivo para respaldarlos. También se hace una
acusación general al narcotráfico, a la Policía Bonaerense o al Servicio
Penitenciario sin que se hayan traducido en denuncias penales concretas.
Los allanamientos tienden a poner presión sobre familiares,
ex familiares y supuestos amigos de los evadidos, pero también sobre otros que
no tienen relación alguna con los prófugos. Están detenidos el ex referente de
Hinchadas Argentinas Unidas, Marcelo Mallo, y su hija Brenda. Ambos dijeron que
no conocen a ninguno de los tres prófugos y su abogado señaló que en la
vivienda se encontraron tres armas, una de hace cien años, otra con papeles al
día y sólo una de ellas con documentación a nombre de un amigo. El gobierno
bonaerense, en cambio, exhibió fotos de ocho armas largas y quince de puño,
pero luego aclaró que se encontraron en todos los allanamientos hechos hasta
ahora.
La metodología de tirar perdigonadas incluye un despliegue
espectacular de fuerzas federales en la zona de Quilmes, Florencio Varela y
Berazategui, el sobrevuelo de helicópteros y el desplazamiento de jefes
policiales de la Bonaerense, una movida que actúa como una amenaza sobre los
demás oficiales de la fuerza: si no encuentran a los prófugos rodarán más
cabezas. Por ahora hay pocas cosas comprobadas. Para los abogados de los
Lanatta, no está del todo claro si ellos participaron del tiroteo de Ranchos, si
efectivamente fueron a ver a la ex suegra o si la camioneta quemada era de
ellos. Lo cierto es que transcurridos ocho días la recaptura no se concretó.
Recaudando
Quienes conocen a los prófugos sostienen que los individuos
salieron de la cárcel y pasaron a recaudar lo que consideraban suyo: dinero y
vehículos de delitos anteriores. Eso es lo que explicaría su raid por la zona
en la que se criaron y en la que tuvieron influencia.
También se menciona que Martín Lanatta siempre gestionó
permisos de portación de armas en el Registro Nacional de Armas (Renar) para
caza y tiro, lo que lo convierte en un conocedor de los campos cercanos a
Ranchos y que tal vez ese haya sido el motivo por el cual estuvieron por allí
cuando se produjo el tiroteo.
Todo eso parece haber transcurrido hasta el 31 de diciembre.
El hecho objetivo es que no hay ningún hecho que acredite una aparición de los
escapados en una zona u otra durante las últimas cuatro jornadas. Podría
indicar que ya no están allí o que optaron por no moverse más y mantenerse
ocultos hasta que “baje el ruido”, como dicen en el argot del delito.
Culpas
Los gobiernos nacional y bonaerense dedicaron parte de sus
esfuerzos a repartir culpas. El blanco favorito viene siendo el ex jefe de
Gabinete Aníbal Fernández, algo inexplicable si se tiene en cuenta que los
Lanatta protagonizaron una notoria operación política destinada a perjudicar al
quilmeño a través de una entrevista en que lo vincularon con la efedrina. No se
entiende por qué Fernández o cualquier persona vinculada a él los estaría
ayudando ahora.
En esa línea, se trató de exhibir la detención de Marcelo
Mallo como otro golpe contra Fernández, ya que hubo medios que se ocuparon de
enfatizar la supuesta vinculación entre el ex líder de Hinchadas Unidas y el ex
jefe de Gabinete. En el cóctel se incluyó que a Mallo se le encontraron armas y
que estaba vinculado con los prófugos.
Según acreditó el abogado José Novello ante el fiscal
Mariano Sibuet, en el domicilio de Mallo había tres armas: una de colección, de
principios del siglo XX; una pistola 357 registrada en el Renar y una pistola
calibre 40 que Mallo estaba por comprar, propiedad de un amigo que presentó la
documentación. No faltó el canal de noticias que exhibió un total de 23 armas
argumentando que eran de Mallo, algo que terminó desmentido.
El ex barra declaró ante el fiscal que no conoce a Martín
Lanatta ni a su hermano Cristian ni a Víctor Schillaci, que nunca los vio ni
habló con ellos. Respecto de El Faraón, Marcelo Melnyk, amigo de Lanatta, Mallo
declaró que una vez hace cuatro años fue a comer a una de sus pizzerías y que
no sabe quién es.
Para redondear, la esposa de Mallo aclaró que en la última
década no tuvo relación con Aníbal Fernández y que, por el contrario, militó en
la campaña electoral para el otro candidato del FpV, Julián Domínguez.
En el reparto de culpas figuró el Servicio Penitenciario
Bonaerense (SPB), donde parece haber una nítida complicidad con la huida del
penal de General Alvear. Lo concreto es que la gobernadora no le dio demasiada
importancia al SPB ya que, pese a que Cambiemos ganó el gobierno provincial el
25 de octubre, el 10 de diciembre no tenía nadie asignado para asumir el cargo
de inmediato. La anterior titular, Florencia Piermarini, tuvo que renunciar
tres veces para que se decidiera su reemplazo por Fernando Sánchez,
curiosamente un quilmeño, que ya tuvo a su cargo el SPB cuando se produjo el
incendio y la muerte de 32 presos en Magdalena. Como se vio, el SPB no era una
fuerza para descuidar: está a cargo de 55 penales y custodia 30 mil presos.
Siempre es foco de conflicto y más todavía a fin de año.
Por supuesto, en la mira quedó también la Policía
Bonaerense: “Hay complicidades con los Lanatta”, dijeron desde el gobierno
provincial. El hecho concreto es que durante el fin de semana fue destituida la
cúpula de la Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, porque permitió
que los escapados anduvieran por la zona sin que se los pudiera detener. La
medida seguramente tuvo el objetivo de advertirles a todos los uniformados de
la fuerza que debían encontrar a los fugitivos, caso contrario serían
desplazados más jefes. La primera declaración de Vidal, cuando asumió, fue de
elogio a la Bonaerense, en línea con la ideología del macrismo: en lugar de
señalar que se necesita un estricto control de los uniformados, se sostiene que
la falla es que “nunca hubo apoyos para los policías”.
Durante la mañana de ayer, desde Mar del Plata, el
presidente Macri acusó de la situación al narcotráfico, le echó la culpa al
kirchnerismo y hasta pidió que no lo dejaran solo. El diagnóstico significa
adjudicar el escape a una gigantesca y aceitada organización, algo que no se ve
en este caso: una fuga que sólo tuvo como obstáculo a dos o tres
penitenciarios, recurrió a ex suegras y amigos para juntar dinero y que no
partió para ninguna frontera o playa de inmediato, sino que tuvo que dedicar
unos días a andar por sus barrios de origen para reunir los fondos.
Dudas
Uno de los abogados de los Lanatta, Daniel Mazzocchini, puso
todo en duda.
Para él no está claro que los prófugos hayan sido quienes
les dispararon a los policías en Ranchos. Lo mismo opina la defensora de
Schillaci, Elizabeth Gasaro. El fiscal de Coronel Brandsen, Mariano Sibuet, fue
cauto y ayer no confirmó que los Lanatta o Schillaci hubieran estado en la
camioneta que frenó el retén. Para el ministro Cristian Ritondo, en cambio, no
hay dudas: los prófugos fueron los que dispararon.
Para Mazzocchini no está comprobada la presencia de Lanatta
en la casa de su ex suegra. La mujer, sin embargo, hizo la denuncia.
Para Mazzocchini tampoco está claro que la camioneta quemada
en la zona de Bosques fuera la usada en la fuga y el tiroteo.
Por ahora no hubo explicación detallada de Ritondo o de los
dos fiscales sobre los elementos que hay en el expediente y que prueban lo
ocurrido. Respecto del tiroteo, la policía Lucrecia Yudati, habría declarado
que los que dispararon fueron los Lanatta, pero, por la oscuridad, no parece
prueba suficiente. Hasta el momento, por ejemplo, nadie sabe de dónde salió la
camioneta Ford Ranger con la que se movieron los prófugos y no está claro si es
el mismo vehículo con el que huyeron de General Alvear.
Expectativa
A más de una semana de la fuga, los últimos tres días
parecen indicar que se perdieron los vestigios de los prófugos. Si hubo 62
allanamientos significa que no se sabe bien dónde están y que se trata de
operaciones de presión sobre las familias, los allegados o incluso los
desconocidos. Vecinos de Quilmes relatan que la zona está super-saturada de
fuerzas de seguridad, principalmente gendarmes, policías federales o policías
de seguridad aeroportuaria. Son movimientos gruesos que no son producto de
información ni de precisiones sino de la búsqueda de alguna pista o que, por
aislamiento o desesperación, los prófugos cometan algún error y caigan en una
redada. La convergencia de tantas fuerzas en un mismo territorio produce
situaciones que no son de fácil manejo. Una versión no desmentida señaló que el
domingo en la madrugada, en el Parque Pereyra Iraola, hubo un tiroteo por error
entre gendarmes y policías.
La lógica indica que, finalmente, el despliegue de recursos
en materia de seguridad producirá la recaptura. Alguien aportará un dato,
pesarán los dos millones de pesos de recompensa o los prófugos cometerán un
error. No faltan los que vaticinan que terminarán entregándose. El punto nodal
sigue siendo el del primer día: que no se esté creando el clima para que un
tiroteo real o armado concluya con los prófugos muertos y silenciados para
siempre.
Más de dos mil despidos en el Senado
ANTES DE CONTAR CON UNA AUDITORÍA, MICHETTI CESANTEÓ A 2035 EMPLEADOS
PORQUE, ARGUMENTÓ, NO PODRÍA PAGAR LOS SALARIOS.
Cambiemos abrió el año con dos mil despidos en el Senado. La
vicepresidenta Gabriela Michetti dio de baja, por decreto, 2035 nombramientos
de personal de la Cámara alta. Se trata de designaciones firmadas por Amado
Boudou el año pasado. Tras la medida, Michetti nombró una comisión que revisará
todos los legajos de la planta permanente y las recategorizaciones de los
últimos doce meses y que funcionará como espacio de negociación con los
gremios. Desde el sindicato legislativo APL, su titular, Norberto Di Próspero,
advirtió que el modo en que se avanzó sobre los cesanteados “es una barbaridad”.
“Si
hay ñoquis, tendrían que haber empezado al revés, ver quiénes son los que no
trabajan y denunciarlo a la Justicia. Esto afecta a más de dos mil familias de
trabajadores que son de planta permanente y están amparados por la ley”,
sostuvo.
La noticia fue dada a conocer por la propia Michetti, que en
un comunicado de prensa señaló que Boudou “en los últimos diez meses de su
gestión pasó a planta permanente a 2035 personas que integraban la planta
política”, lo que implicó “un aumento de la plantilla permanente del 146 por
ciento y un crecimiento del presupuesto salarial del Senado del 80 por ciento”.
En este sentido, aseguró que tomó la medida “para garantizar
el pago de los salarios”, porque “si hoy el Senado quisiera hacer frente al
pago de sueldos, sin aumentos, ya tendría un déficit de 570 millones”.
La noticia tomó por sorpresa a la mayor parte de los
afectados. “En diciembre me pidieron que me tomara vacaciones. ‘Vayan
tranquilos –nos dijeron las nuevas autoridades a mí y mis compañeros–, al
regreso vamos a tener entrevistas individuales con cada uno’. Ahora me enteré
por un tuit de Michetti que me dejaron sin trabajo”, contó una empleada de la
Cámara alta que pidió reserva de su nombre.
La sorpresa tuvo un doble gusto amargo porque Michetti había
acordado la realización de una auditoría con participación de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires para chequear el tema de
los ñoquis, pero finalmente echó a todos los pasados a planta permanente en tres
decretos de su antecesor, sin esperar los resultados de la auditoría, que
estarán en febrero.
La empleada consultada detalló que se desempeña en el Senado
desde el 2012 y que el año pasado la pasaron a planta permanente. “Tengo
compañeros con trece años de antigüedad que quedaron en la misma situación”,
agregó.
Fuentes de los sindicatos y de los bloques opositores
admiten que entre los dados de baja hay nombramientos irregulares. Pero
cuestionan que Michetti haya anulado los dos mil pases a planta de los tres
decretos de Boudou, metiendo en la misma bolsa a trabajadores reales que
cumplen una función y dependen de su empleo.
En la tarde de ayer hubo una serie de reuniones entre las
autoridades de la cámara y los gremios. En ellas ya fue abierto un espacio de
negociación. Según detalló a este diario un delegado gremial que participó de
ellas, habrá un plazo de 120 días “para revisar todas las designaciones de los
últimos años”. “Están haciendo una caza de brujas, con el planteo de que todo
lo que está mal y fue mal hecho”, concluyó el delegado.
Sin embargo, por ahora ninguno de los tres sindicatos con
presencia dentro del Senado (la Asociación del Personal Legislativo, la
Asociación de Trabajadores del Estado y la Unión del Personal Civil de la
Nación) anunció medidas de fuerza. En principio, esperarán a ver cómo continúan
las negociaciones durante el día de hoy.
La decisión de dar de baja las 2035 designaciones fue tomada
en vísperas del Año Nuevo. Según trascendió, el secretario administrativo del
Senado, Helio Rebot, mantuvo una tensa reunión con el titular de APL, Di
Próspero. Rebot le habría dado al dirigente la posibilidad de elegir a quién
salvar, pero el gremialista lo rechazó. “Realmente me parece que es una barbaridad
esta medida de dar de baja a estos compañeros que afecta a más de dos mil
familias que son de planta permanente, que están amparados por la ley y que
vamos a recurrir”, señaló ayer el dirigente.
Desde las oficinas de Michetti detallaron que las
resoluciones dadas de baja fueron firmadas por Boudou el 26 de enero y otra del
3 de noviembre. Con los 2035 pases a planta permanente el presupuesto salarial
del Senado pasó de 2400 millones a finales de 2014 a 4320 millones proyectados
para 2016, sin contar con los aumentos paritarios, agregaron.
La comisión revisora estará integrada por el ex senador
Mario Daniele, el director general de Recursos Humanos Pablo Casals y el
subdirector general de Administración, Diego Lacu. La revisión anunciada
incluirá todos los legajos de la planta permanente y las recategorizaciones de
2015.
CÓRDOBA
Nuevos cortes en la Costanera por las lluvias y crecidas del Suquía
LA INTERRUPCIÓN EN LA CIRCULACIÓN ES ENTRE LOS PUENTES CANTÓN Y
CENTENARIO. HAY DEMORAS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD.
Las lluvias de las últimas horas en la ciudad de Córdoba
provocaron nuevas crecidas en el río Suquía y obligaron a las autoridades a
cerrar la circulación en la avenida Costanera.
"Esta cortada la Costanera desde el puente Cantón hasta
puente Centenario por problemas en las bocas de tormenta", expresó Hugo
Garrido, titular de Defensa Civil a radio Pulxo FM 95.1.
También hay cortes a la altura de los puentes Antártica y en
Sarminto y 24 de Septiembre.
Sigue el alerta por tormentas fuertes en Córdoba
El Servicio Meteorológico Nacional que "continuarán
desarrollandosé áreas de lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente
fuerte" en la provincia.
Cómo está y cómo seguirá el tiempo en Córdoba este martes 5
de enero
El 2016 mantiene, casi desde su comienzo, un alerta por
tormentas fuertes e intentas en toda la provincia de Córdoba, según informó el
Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En el comunicado, el SMN indica que "continuarán
desarrollandosé áreas de lluvias y tormentas aisladas, algunas localmente
fuertes, que podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos de
tiempo, con ráfagas y caída de granizo".
Junto a Córdoba, el alerta se extiende al norte, centro y
sudeste de Buenos Aires, noreste de La Pampa, este de Mendoza, San Luis, y sur
de Santa Fe.
Delincuentes le arrebatan 250 mil pesos a empresario en
barrio Alberdi
OCURRIÓ EN LA ESQUINA DE ARTURO ORGAZ Y LA TABLADA Y LOS SUJETOS LE
SACARON UN MALETÍN CON EL DINERO PARA LOS SUELDOS DE LOS EMPLEADOS.
Un empresario que se movilizaba por las calles Arturo Orgaz
y La Tablada, en el corazón de barrio Alberdi, sufrió el accionar de dos
delincuentes.
Los sujetos le arrebataron el maletín con 250 mil pesos al
hombre, que intentó defenderse del asalto con un paraguas, pero nada pudo
hacer. Según se informó, el dinero era para pagar sueldos.
La Policía intenta dar con los dos delincuentes que huyeron
con la plata robada, en las primeras horas de la mañana de este martes.
El PRO y la UCR, detrás de 400 cargos
SON INTENSAS LAS NEGOCIACIONES ENTRE LOS PARTIDOS PARA DEFINIR LUGARES
DE UNAS 40 DELEGACIONES Y DEPENDENCIAS NACIONALES EN LA CAPITAL Y EN EL
INTERIOR PROVINCIAL. EL MACRISMO BUSCA IMPONER HOMBRES PROPIOS Y EL RADICALISMO
PRETENDE ESPACIOS CLAVE LIGADOS A LO SOCIAL.
Megaestructura. La Anses es considerada la “frutilla de la
torta” de las delegaciones locales. El PRO impondría un hombre propio allí (
A casi un mes de la asunción del gobierno de Mauricio Macri,
en Córdoba, las cerca de 40 delegaciones nacionales con sedes en la Capital y
en las principales ciudades del interior provincial continúan sin designaciones
efectivas.
En juego hay, según estimaciones de los macristas y los
radicales, unos 400 cargos políticos que hasta el 10 de diciembre fueron
ocupados por dirigentes kirchneristas y ahora esperan por nuevos inquilinos
Se trata, entre otras, de las oficinas locales de la
Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses); el Pami; el Correo
Argentino; la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Fábrica
Argentina de Aviones (Fadea).
Además hay decenas de delegaciones ministeriales y de
organismos administrativos de diversas áreas gubernamentales.
“Entre esta semana y la que viene vamos a tener
definiciones”, comentó una fuente que participa de las negociaciones para
sentar en esos sillones a dirigentes cordobeses.
Antes de fin de año, los principales referentes del PRO y la
Unión Cívica Radical (UCR) mantuvieron una primera reunión para comenzar a
“listar” las dependencias que quedaron acéfalas tras el cambio de signo
político en el Gobierno.
El próximo paso, el más desafiante por el choque de
intereses, es el de ponerle nombres a esos casilleros.
De ese primer cónclave participaron Jorge Font; Javier Bee
Sellares y Orlando Arduh, en representación del radicalismo mestrista. Mientras
que Nicolás Massot, Javier Pretto y Darío Capitani se sentaron alrededor de la
mesa por el lado “amarillo”.
Por ahora, el juecismo, el tercer aliado político de peso de
Cambiemos en la provincia de Córdoba, quedó al margen de las negociaciones y el
reparto de estos cargos.
Desde que Macri llegó a la Casa Rosada hay variadas
versiones sobre posibles destinos para el ahora concejal Luis Juez, pero todas
las posibilidades fueron descartadas desde el entorno del líder del Frente
Cívico. Futuro embajador en Paraguay fue el último trascendido al respecto.
Lapicera “amarilla”
Las expectativas que se había hecho el radicalismo cordobés
tras la victoria de Macri respecto de poder lograr para sí posiciones claves
dentro de los organismos nacionales, se fueron desinflando poco a poco.
“La lapicera ahora está en manos del PRO. Son ellos los que
tienen el control. Hay que esperar unos días”, comentó en las últimas horas un
radical que le puso el cuerpo a la campaña de “Macri Presidente” en nuestra
provincia y que, aunque sin desesperar, está preocupado por el desenlace de las
negociaciones. Esa sensación es un síntoma compartido en los despachos de la
Casa Radical.
La lapicera aludida tiene dueño. Y la maneja casi con
exclusividad Massot, el diputado nacional por Córdoba y titular de la bancada
macrista en la Cámara Baja.
Para colmo, los antecedentes de las conformaciones de los gobiernos
tanto en la Nación como en provincia de Buenos Aires no son buenos para los
boina blanca.
Sólo los cordobeses Oscar Aguad (ministro de Comunicaciones)
y Rodrigo de Loredo (director de Arsat) ocupan cargos de relevancia en la nueva
administración.
Pero con la salvedad de que ambas designaciones no fueron un
“pago” hacia la UCR cordobesa, sino que se trató de designaciones que corrieron
por cuenta de Macri y fueron fruto de la relación de años que forjó Aguad con
el titular del PRO.
En el distrito bonaerense, en tanto, el radicalismo también está en
estado de tensión permanente con la gobernadora María Eugenia Vidal.
¿La razón? Los pocos lugares que la macrista le otorgó en su
gabinete a sus aliados y socios políticos.
Pedidos
Quien por las dudas levantó la mano para reclamar espacios
importantes en las delegaciones locales es el intendente de Córdoba, Ramón
Javier Mestre.
El titular del Palacio 6 de Julio puso los ojos en
dependencias de peso. Pero sabe que será difícil lograr esas posiciones. Mestre
pretende poner gente suya en la Anses, el Pami y la delegación local del
Ministerio de Trabajo nacional, entre las principales.
Sus pretensiones –reconocen dirigentes de su riñón– son de
difícil cumplimiento. Sucede que en el PRO hay malestar y reproches hacia
Mestre por haber marginado al macrismo del gabinete municipal que juró el 10 de
diciembre último.
El botín político
Banco Nación. Correo
Argentino. Fadea. Afip. Fabricaciones Militares (Villa María y Río Tercero).Anses.
Pami.Banco Hipotecario.Radio Nacional.Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Pesca.Delegación del Ministerio de Trabajo.Delegación del Ministerio de Salud.Delegación
del Ministerio de Desarrollo Social.Centro de Documentación Rápida (Ministerio
del Interior).Senasa.Afsca.Inadi.Comisión Nacional de Regulación del
Transporte. Conicet.Superintendencia de Riesgo de Trabajo.Superintendencia de
Salud.Dirección Nacional de Registros del Automotor.Dirección Nacional de
Vialidad.Inti. Cenea.Anmat.Anac. Delegación de Parques Nacionales.Superintendencia
de Servicios de Salud.
Alta Gracia
El 10° Encuentro de Cantautores ya tiene fecha y una grilla exquisita
Entre el 21 y el 24 de enero, se desarrollará en el Espacio
Cultural Hora Libre de Alta Gracia, el 10° Encuentro de Cantautores, que
contará con la presencia de artistas nacionales e internacionales, como
Ampersan de México y los uruguayos Luciana Mocchi y Daniel Drexler; el chaqueño
Seba Ibarra, la cordobesa Vivi Pozzebón y el jujeño Pachi Herrera.
luciana mocchi cantautores 2015Desde la organización, se
confirmó que las entradas para cada jornada musical, costarán 150 pesos y que
se podrá adquirir un bono de 500 pesos para las cuatro noches. Todas las actividades
del 10° Encuentro de Cantautores se desarrollarán en la sede de la librería y
espacio cultural Hora Libre, ubicada en Urquiza 27, a media cuadra de Avenida
Belgrano.
Adolfo Barrera, histórico organizador de este Encuentro de
Cantautores, explica que llegar a la décima edición de “este espacio de música
y poesía independiente”, representa “un desafío que crece y se renueva, del que
aprendemos todos los años y en el que ponemos todo el esfuerzo posible”.
A continuación, se pone a consideración de los lectores, la
grilla completa de los espectáculos de las cuatro noches, más las actividades
anexas:
Jueves 21 de enero
– 22 horas: Gonzalo Romé (Alta Gracia); Queyi (España);
Alejandro y María Laura (Perú); David Aguilar (México) y Daniel Drexler
(Uruguay).
Viernes 22 de enero
– 20 horas: Julián Venegas presenta a Mercedes Borrell con
entrada libre y gratuita.
– 22 horas: Lautaro Matute (Buenos Aires); Lucho Guedes
(Buenos Aires); Bosques de Groenlandia (Córdoba); Luciana Mocchi (Uruguay) y
Lucio Mantel (Buenos Aires).
Sábado 23 de enero
– 20 horas: Francisco Heredia presenta a Aguamarina con
entrada libre y gratuita
– 22 horas: Santi Ortíz (Alta Gracia); Pachi Herrera
(Jujuy); Ezequiel Borra (Buenos Aires); Ampersan (México) y Vivi Pozzebon
(Córdoba).
Domingo 24 de enero
– 22 horas: Silueta Digital (Alta Gracia); Clara Cantore
(Córdoba); Papina de Palma, Toto Yulelé y Julián Oroz (Montevideo y Buenos
Aires); Juanito El Cantor (Buenos Aires); Seba Ibarra (Chaco), Lucas Heredia
(Córdoba) y Julián Venegas (Rosario).
Río Ceballos
Se inundó hasta el barrio que se construye para los afectados de 2015
ESTÁ EN CONSTRUCCIÓN PARA LOS INUNDADOS DE FEBRERO, PERO YA HAY
ANEGAMIENTOS Y LOS VECINOS ESTÁN EN ALERTA.
"Manifestamos nuestra profunda preocupación y
reclamamos para que de manera urgente se solucione el problema de las
vertientes y lagunas en el barrio en construcción para los vecinos que esperan
su vivienda".
Con esa declaración, la asamblea de vecinos autoconvocados
de Río Ceballos y las Sierras Chicas por las trágicas inundaciones de febrero
del año pasado, alertaron sobre los problemas que enfrenta el complejo de
viviendas que está en plena construcción para que sean trasladados allí quienes
viven en zonas críticas.
"Queremos que se terminen las casas,pero que la obra
cumpla con las medidas de seguridad y que las viviendas y el terreno sean
seguros para las familias", señalaron los vecinos a través de su página de
Facebook.
Se trata de un barrio de unas 50 viviendas que se construye
en Río Ceballos en cercanías de una zona de canteras.
Desde el Gobierno provincial señalaron a Día a Día que se
ejecutarán en el lugar obras complementarias para contener el avance de agua
que baja desde la montaña.
ECONOMÍA
El aumento de naftas de 6% toca el nervio de la inflación
LA SUBA REGIRÁ DESDE LAS 0 DE MAÑANA Y ABARCA A TODAS LAS EMPRESAS.
ARANGUREN ACORDÓ UNA BAJA EN EL VALOR INTERNO DEL CRUDO.
PRAT GAY. SOSTUVO QUE LOS GREMIOS DEBERÁN
EVALUAR HASTA DÓNDE RECLAMAN SALARIOS O ARRIESGAN EMPLEOS
Mientras ayer se conocieron las primeras estimaciones
privadas sobre la inflación de diciembre –en un marco en que los próximos meses
no habrá un número oficial por la “emergencia estadística” en el Indec– la
noticia de que algunas petroleras comenzaron a subir un seis por ciento
promedio el valor de los combustibles recalentó ayer las expectativas por la
evolución de los precios tras la devaluación.
Ayer, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren
se reunió con las conducciones de YPF, Shell, Axion, Petrobras y Oil para
acordar cómo trasladar los efectos de la devaluación (con una depreciación del
orden del 25 por ciento del peso) a los combustibles, dado que el barril del
petróleo está fijado en dólares no sólo por contratos de las petroleras sino
también por exigencias de las provincias hidrocarburíferas.
Allí se acordó –en cierta medida como se vino haciendo por
dos años con Axel Kicillof– un aumento del seis por ciento promedio que tendrá
lugar desde mañana a la hora 0.
Las empresas acordaron no modificar precios en febrero a
cambio de realizar otra subida en marzo, cuyo porcentaje no estaría definido.
La noticia importante es que Aranguren logró arrancarles una
baja en el valor del crudo, que en Argentina está hasta hoy a valores de 77
dólares (el doble del valor internacional) para los crudos de Neuquén. Esa
también había sido una concesión de Cristina Fernández a las petroleras y,
sobre todo, a las provincias hidrocarburíferas.
Los valores del crudo bajarán 12 por ciento (55 por ciento
para la variedad Escalante, de Chubut, y 67,5 para la Medanito, de Neuquén). El
Gobierno confía en que ese abaratamiento del crudo permita a la refinación
mantener sedados los precios. De todos modos, esos valores seguirán estando muy
por encima de los precios internacionales.
Ayer, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay,
sostuvo que el Gobierno prevé una inflación del “20 al 25” por ciento este año
y consideró que en la futura negociación paritaria, los gremios verán “dónde
le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salarios a cambio de empleo”.
“Yo estoy preocupado por la inflación”, sostuvo Prat Gay y
dijo que “aspiramos a que a lo largo del mandato de Macri la llevemos a un
dígito”, reiteró el ministro.
“Arrancamos (con una inflación) cerca del 30 por ciento, que
es con lo que va a cerrar el año (2015), y en el 2016 apuntamos a una del 20 o
25 (por ciento). No sabemos cómo terminar algunos ajustes de precios del año
anterior, ya que tenemos un arrastre que nos ensucia un poco la discusión”,
sostuvo.
Cabe recordar que el ministro propuso que la discusión
paritaria tenga como base de negociación la “inflación proyectada” para los
próximos meses y “no la inflación pasada”.
No obstante, admitió que los acuerdos debieran estar “un
poco por encima de la inflación proyectada” para que los salarios recuperen
una parte de lo que han cedido en los últimos meses.
El funcionario lamentó nuevamente que la gestión de Cristina
Fernández dispuso una “zona liberada” para que comercios o empresas ajustaran
sus precios previo a la definición del balotaje del 22 de noviembre pasado.
“Nosotros nos vamos, aprovechen a subir todos los precios
que quieran”, especuló Prat Gay respecto a las directivas expuestas al sector
privado por parte de la anterior administración.
En ese sentido, hoy habrá nuevas reuniones con empresas y
gremios tendientes, por un lado, a renovar el esquema de Precios Cuidados –que
vence este jueves– con una reducción de los productos alcanzados. Allí también
se conversa sobre el pacto social que el Gobierno aspira a cerrar con cámaras empresarias
y sindicatos a mediados de este mes.
Diciembre: 3,7 por ciento
En ese marco, la consultora Elypsis fue la primera privada
en publicar su estimación de inflación para diciembre, que calculó en 3,7 por
ciento, uno de los registros más altos desde la anterior devaluación, con
Kicillof en Economía, en 2014.
La variación de precios acumulada en el año llegó a 25,4 por
ciento, según la consultora.
“En diciembre se aceleran los precios con respecto al mes
pasado”, destacó Elypsis, e indicó que de acuerdo con su relevamiento la
inflación promedio en ese mes fue “3,7 por ciento, ubicándose por encima del
2,1 por ciento de noviembre”.
La consultora calculó que el mes deja para enero “un
arrastre estadístico de 1,7 por ciento, el más alto del año, y
considerablemente mayor al 1,2 por ciento que recibió de noviembre”.
“La inflación interanual se mostró al alza. Luego de cerrar
el 2014 con una medición interanual de 36,7 por ciento, entre diciembre de 2014
y diciembre de 2015 la inflación acumuló una suba de 25,4 por ciento, frente al
23,1 por ciento del mes pasado”, señaló.
Carne baja en Liniers
No en mostradores. Aún no se nota en los mostradores de las
carnicerías y en las góndolas de los supermercados, pero en ambas superficies
los precios de los cortes vacunos deberían comenzar a reducirse.
Referencia. Esto es así si se tiene en cuenta que el precio
de la hacienda en pie en el Mercado de Liniers se redujo 15,7 por ciento desde
el 17 de diciembre, día en que el Gobierno nacional anunció el fin del cepo
cambiario. El precio promedio por kilo vivo para todas las categorías se ubicó
ayer en 20,7 pesos, cuando hace dos semanas había llegado a 24,55 pesos.
Inestable. Los valores para la hacienda en pie habían subido
anticipándose a la devaluación, suponiendo un tipo de cambio en torno a 15
pesos. Pero la estabilidad del dólar en 13 pesos hizo que finalmente los
precios volvieran a reducirse, algo que debería trasladarse a los precios
finales que pagan los consumidores.
Borrar el control sobre un mercado estratégico
OTRO DECRETO DE MACRI. ESTE ES PARA DESREGULAR EL MERCADO DE
HIDROCARBUROS. SATISFACCIÓN DE LAS PETROLERAS- Che Mirtita, esto para
vos no es DICTADURA-
Se modificó el esquema regulatorio de las inversiones de las
petroleras. Reducen la presencia del Estado en la planificación de las
inversiones del sector y el otorgamiento de los permisos de explotación y
exploración, en favor de las provincias.
E
En un nuevo capítulo de la gestión a través de decretos,
Macri intervino el esquema regulatorio de las inversiones de las petroleras. El
decreto 272 que lleva la firma de Macri, Aranguren, el jefe de Gabinete, Marcos
Peña, y el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, reduce la presencia del
Estado nacional en la planificación de las inversiones del sector y el
otorgamiento de los permisos de explotación y exploración, en favor de las
provincias. El propio Aranguren días atrás anticipó el espíritu de la
modificación normativa. “Conforme al artículo 124 de la Constitución nacional
las provincias detentan el dominio original de los recursos naturales y por lo
tanto las reconocemos como la única autoridad de aplicación en los permisos de
exploración y concesión de explotación”, dijo el ministro. El reglamento
derogado establecía una larga serie de obligaciones para las empresas del
sector. Otorgaba potestad al Estado nacional para exigir que los planes
privados de inversión estén en línea con las directrices nacionales, así como
también exigía a las empresas la presentación de información sobre costos y
márgenes de ganancia. Su eliminación es un acto en favor de la desregulación.
De todos modos, especialistas consideran que es improbable una apertura total a
las importaciones porque a nivel económico la oferta de divisas del país es
ajustada y además tendría un efecto negativo en el empleo y las regalías
provinciales, dos temas políticamente sensibles.
Por lo pronto, ayer fue disuelta la Comisión de
Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones
Hidrocarburíferas, creada por el Reglamento del Régimen de Soberanía
Hidrocarburífera el marco regulatorio que el kirchnerismo desarrolló para el
sector luego de la expropiación de YPF, con la idea de impulsar las inversiones.
La particularidad de la Comisión era la centralización regulatoria en manos del
Estado nacional.
Pero además de la eliminación de la Comisión, que podría ser
apenas un cambio de forma, el decreto de ayer derogó 17 artículos del
Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera. Por ejemplo, dejará de
correr el plazo no mayor a los 60 días para la evaluación del plan anual de
inversiones de cada empresa y su verificación de consistencia con respecto al
plan nacional de inversiones hidrocarburíferas. Ahora la ley tampoco exige que
se audite y fiscalice en forma trimestral el cumplimiento del plan anual de
inversiones de cada empresa ni que sean aplicadas las sanciones
correspondientes en caso de que correspondan.
Se eliminó el artículo 20, que establecía que “las
refinadoras no podrán a consecuencia de paradas técnicas o imprevistas dejar de
abastecer adecuadamente a su cadena comercial”. También quedó sin efecto el
artículo 28, que atribuía a la comisión la facultad de auditar “en forma
periódica la razonabilidad de los costos informados por los productores y sus
respectivos precios de venta” y para “adoptar las medidas que estime necesarias
que evitar conductas distorsivas que puedan afectar los intereses de los consumidores
en relación al precio, calidad, disponibilidad de los derivados de
hidrocarburos”. Además, fue derogado el artículo 31, que permitía a la comisión
la aplicación de multas, apercibimientos y nulidad o caducidad de concesiones o
permisos.
La aplicación del resto del marco normativo que sigue
vigente pasa a depender de Aranguren. El decreto aclara que el Ministerio de
Energía “efectuará una revisión y reordenamiento de las normas referidas a la
creación de registros y deberes de información en la industria de los
hidrocarburos”.
“Lo de Aranguren para nosotros es una situación
contradictoria. Por un lado tiene una matriz ideológica neoliberal, una
concepción pro mercado. Sin embargo, no está claro qué quiere hacer. Si fuera
totalmente liberal, se abrirían las importaciones y bajarían los precios de la
nafta y gasoil. Pero eso tendría un impacto muy fuerte sobre la balanza
comercial, que hoy la economía no parece en condiciones de absorber. Además, se
afectaría sensiblemente a la industria local y a las regalías provinciales”,
explicó a este diario José Andrés Repar, especialista del Instituto de Energía
Scalabrini Ortiz (IESO).
La intención del Gobierno es desconcentrar la actividad
regulatoria referida a los planes de inversión y los permisos de explotación y
exploración a favor de las provincias. Con respecto a este punto, Repar
consideró que “las provincias con recursos hidrocarburíferos van a intentar
defender el precio interno del petróleo, o sea, el mercado interno. Y creo que
saben, por la experiencia de los últimos años, que sin exploración e inversión
va a ser difícil un incremento en la producción”. Actualmente el precio local
del barril ronda los 70 dólares, mientras que a nivel internacional cotiza en
37 dólares. Los expertos coinciden en que la producción en la Argentina sería
inviable si rigieran los valores internacionales. Aranguren se mostró a favor
de un “sinceramiento de precios” tanto de tarifas como del precio interno del
petróleo.
"No se van a retrotraer precios a nivel general"
EL TITULAR DE LA COORDINADORA DE INDUSTRIAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
(COPAL), DANIEL FUNES DE RIOJA, ASEGURÓ QUE DESDE EL SECTOR MANTUVIERON
REUNIONES CON EL GOBIERNO POR LA CONTINUIDAD DEL PROGRAMA PRECIOS CUIDADOS.
ACLARÓ QUE, SI BIEN AÚN NO SE ESTABLECIERON LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS
INCLUIDOS EN LA LISTA, "NO SE VAN A RETROTRAER A NIVEL GENERAL".
En declaraciones a "Levantado de 10", por Radio
10, aseguró: "Nos reunimos para dar algunos lineamientos sobre Precios
Cuidados, y discutimos alternativas". Y aclaró que no puede asegurar
"que haya una reducción de productos en la nueva lista".
Funes de Rioja también se mostró crítico con la manera en
que el gobierno anterior encaró el programa: "No eran Precios Cuidados
sino 'Precios Pisados' porque llegaron a aumentar un 12% y porque no había
artículos que respondieran realmente a los de una canasta básica".
"La administración anterior ni siquiera acordaba los precios. Era otro
cepo más que tenía la economía", cuestionó.
"Ahora se abrió una instancia de negociación entre las
empresas productoras, supermercadistas y el gobierno respecto a la nueva lista
de productos que integran, eso es lo que estableceremos en las próximas
horas", remarcó. En esta línea, aseguró que desde el sector "nos
hemos comprometido con el gobierno a trabajar en conjunto".
"Queremos que la sociedad tenga acceso a los productos,
pero en un marco de realismo", concluyó.
CAMPO
Pese a que se aceleró en últimas semanas, liquidación de divisas cayó 17,3% en 2015
EL SECTOR AGROALIMENTARIO EXPORTADOR CERRÓ 2015 CON UNA LIQUIDACIÓN DE
DIVISAS TOTAL DE U$S 19.963,4 MILLONES, LO QUE REPRESENTA UNA MERMA DEL 17,3%
EN COMPARACIÓN CON 2014, SEGÚN INFORMARON LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA ACEITERA DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA (CIARA) Y EL CENTRO DE EXPORTADORES DE CEREALES (CEC).
Esa cifra quedó muy lejos de los 24.143 millones de dólares
de 2014 y más aún del récord de 2011, con 25.133 millones de dólares.
En la última semana del año, del 28 al 30 de diciembre, el
monto liquidado trepó un 106,2% interanual a 752.345.316 dólares, aunque un
poco por debajo de los 756.259.882 dólares de la semana previa.
La liquidación de las últimas semanas fue diez veces mayor a
la que se registraba en las semanas anteriores a la eliminación del cepo
cambiario.
El incremento en el ingreso de divisas al mercado único y
libre de cambios fue producto de un acuerdo con el Gobierno, que también
eliminó las retenciones al sector agropecuario, con la única excepción de la
soja.
En 2014, las exportaciones del sector cerraron en 24.143,7
millones; y en 2013 se habían situado en 23.208,5 millones.
En un informe difundido este lunes, el Banco Ciudad
puntualizó que el monto liquidado por las cerealeras rondó los 250 millones de
dólares diarios, diarios y aclaró que si bien "se trató de un monto
inferior a los 400 millones por día que el Ministerio de Economía había
acordado tácitamente con las firmas del sector, se trata de un monto lo
suficientemente holgado como para hacer frente a la demanda de divisas de los
importadores".
Para el Ciudad, esto se originó en un contexto en el que el
Banco Central "llevó las tasas de interés a niveles positivos tanto en
términos reales (por encima de la inflación) como en dólares (teniendo en
cuenta las bajas expectativas de devaluación de corto plazo)".
Las empresas agroexportadoras se comprometieron a liquidar
unos 3.000 millones de dólares hasta mediados de este mes, en el marco de la
estrategia de la Casa Rosada para fortalecer las reservas.
INTERNACIONALES
ESTADOS UNIDOS
Obama elude al Congreso y pasa a la acción en control de armas
INICIANDO SU ÚLTIMO AÑO EN EL PODER, BARACK OBAMA PARECE ESTAR DECIDIDO
A PASAR A LA OFENSIVA EN EL TEMA DE LOS CONTROLES A LAS VENTAS DE ARMAS DE
FUEGO SIN ESPERAR LA APROBACIÓN DE UNA LEY A LA CUAL ES ABIERTAMENTE HOSTIL LA
OPOSICIÓN REPUBLICANA.
El presidente estadounidense presentará el martes el paquete
de medidas, anunció la Casa Blanca. Obama había señalado previamente este lunes
su decisión de presentar una serie de decretos dirigido a detener “flagelo de
la violencia mediante el uso de armas”.
El presidente estadounidense presentará el martes el paquete
de medidas, anunció la Casa Blanca.
“Es necesario decirlo muy claramente: esto no va a impedir
todos los crímenes violentos ni todos los tiroteos pero potencialmente
permitirá salvar vidas”, dijo Obama tras una reunión en la oficina Oval de la
Casa Blanca con la secretaria de justicia Loretta Lynch.
Luego de siete años durante los cuales, balacera tras
balacera, Obama ha tenido que expresar su frustración por no poder impedir el
uso indiscriminado de armas, el presidente demócrata parece decidido a actuar
incluso en medio de una campaña presidencial en curso.
Con ello arriesga a verse sometido a un intenso debate sobre
la extensión exacta de sus poderes como mandatario y a las denuncias de sus
opositores que seguramente lo acusarán de comportarse como un monarca o un
dictador.
Descontrol
Más de 30 mil estadounidenses mueren cada año por disparos
de armas de fuego. El gobierno cita un estudio realizado por una organización
del exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, según el cual en promedio siete
niños o adolescentes mueren cada año por armas de fuego.
La principal medida a tomar apunta a generalizar la
obligatoriedad de someter a un estricta revisión de los antecedentes judiciales
y del estado psiquiátrico a cualquier persona que quiera comprar un arma.
Unos 30 mil estadounidenses mueren cada año por disparos de
armas de fuego
En Estados Unidos es posible evadir los controles exigidos
por las autoridades federales a los vendedores de armas autorizados al comprar
armamento, sin ningún control, en ferias itinerantes o en internet.
Aún sin conocer los detalles, los republicanos ya han
empezado a atacar con virulencia la iniciativa presidencial.
“No vamos a estar más en posibilidad de adquirir armas”,
manifestó el lunes en su estilo lapidario el multimillonario Donald Trump, que
encabeza cómodamente las primarias para elegir al candidato presidencial
republicano.
Trump cuestionó en una entrevista con CNN que el presidente
haya preferido pasar “dos semanas jugando golf”
en vez de reunirse con los congresistas para tratar de buscar un
compromiso sobre el tema de las armas.
Derecho fundamental
Los argumentos contra las propuestas de Obama no se harán
esperar. Muchos de sus detractores opinan que los controles impuestos a la
venta de armas no han logrado contener la serie de balaceras que han
ensangrentado a Estados Unidos.
Pero la Casa Blanca defiende estos controles y dice que a
pesar de las fallas, el sistema de verificación de antecedentes ha permitido en
los últimos 15 años bloquear la venta de unos dos millones de armas de fuego
que podrían haber caído en malas manos y juzgan coherente reforzarlas.
INFORMACIÓN GENERAL
EFEMÉRIDES
05 ENERO (1939)
POLÍTICO ROSARINO
Muere Lisandro de la Torre
El 5 de enero de 1939 se suicida el político santafesino que
denunció el Pacto Roca - Runciman, un fraudulento acuerdo de compra de carne
por parte de Inglaterra y otros
negociados de la década infame. Había nacido el 6 de diciembre de 1868 en
Rosario.
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