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martes, 21 de julio de 2015

INTERNACIONALES

ITALIA

 "Lo que está haciendo Europa con los migrantes es un genocidio"


Así se refirió Leoluca Orlando, alcalde de Palermo, capital de Sicilia, con respecto a la indiferencia frente a la problemática de miles de africanos que cruzan día a día el mar Mediterráneo hacia el Viejo Continente.
 

"Lo que está haciendo Europa con los migrantes es un genocidio. En unos años muchos de estos gobernantes van a ser llamados culpables de genocidio por el trato que se les está dando a los hombres y mujeres que cruzan desde África", 




El alcalde de la capital de la isla del sur de Italia participará mañana de un evento con el papa Francisco sobre el rol de las ciudades en el combate a las nuevas formas de esclavitud y al cambio climático.

"La movilidad del hombre es un derecho humano, y en esa línea hay que trabajar", sentenció Orlando, electo por tercera vez en 2012 con el 74% de los votos como máximo representante de la portuaria capital siciliana en periodos no consecutivos (ya gobernó en 1985-1990 y 1993-2000).

"El año pasado llegaron más de 170.000 migrantes por mar a Italia. Casi todos pasaron por Sicilia. ¿Y alguien leyó sobre algún problema que hayan generado? No, porque no hubo ninguno", prosiguió Orlando.

"En una ciudad nuestra, Mineo, en la que hay 4.000 residentes, el año pasado hubo 5.000 extranjeros llegados desde África de forma permanente, Y no hubo un solo altercado", agregó el ex consejero, entre 1978 y 1980, del juez asesinado por la mafia Piersanti Matarella, hermano del actual presidente italiano Sergio Matarella.

Por eso, Orlando marcó el "contraste" con la postura de gobernantes locales y de otros países, "como lo que hace Francia en la frontera con Ventimiglia", donde autoridades galas bloquean el ingreso a centenares de inmigrantes que duermen en las playas a la espera de poder seguir su marcha hacia el norte europeo.

"Con este camino la Unión Europea hoy va fuera y en sentido contrario de la razón por la que nació: respetar los derechos humanos, tener una dimensión cultural, social, política. Porque nació para eso, y no para ser el altar al Dios dinero en el que la convirtieron algunos de sus gobernantes", exclamó.

"Por eso no se puede dejar solo al papa Francisco cuando habla de estos temas", remarcó ante Télam el ex alumno jesuita, quien insistió: "él necesita que los ciudadanos se comprometan con sus mensajes sobre estos temas".

En esa dirección, Orlando lanzó en marzo de este año la denominada "Carta de Palermo", en la que pide por "la movilidad humana como un derecho humano inalienable".

"Y esa carta se titula `Io Sono Persona` (yo soy persona). Porque después de tantos 'Je suis', o 'I'am', era necesario volver a poner al ser humano en general en el centro de la discusión. Es necesario que la solución a la emergencia que se vive en el Mediterráneo no deje de lado como elemento central el reconocimiento del migrante como persona", explicó.

"No puede ser que los propios dirigentes hablen de los inmigrantes como un peligro. Después aparecen actos de xenofobia en las ciudades como los que se dieron la semana pasada en Roma y en el norte europeo", lamentó el político palermitano.

"Esto es responsabilidad de los dirigentes. Cada vez que un dirigente habla de que los inmigrantes son peligrosos es la antecámara del racismo. No se puede, en nombre de la seguridad matar a los derechos humanos", criticó.

Orlando, con pasado como eurodiputado y diputado en Italia, pide también "una modificación sustancial de la normativa europea" en materia migratoria, que incluya la eliminación del "permiso de residencia", documento necesario poder circular y trabajar en los países del espacio Schengen de la UE.

"La humanidad tardó muchísimos años para ser libre de esclavitud. Hace menos de 50 años Martin Luther King hablaba de esto como `tengo un sueño`. Pero ahora parecemos dar un paso atrás", criticó.


Mañana, junto al papa Francisco el alcalde Orlando participará en el Vaticano de un encuentro de trabajo sobre "esclavitud moderna y cambio climático: el compromiso de las ciudades", con la presencia de más de 60 intendentes de todo el mundo.




Exjefes de Estado piden unas elecciones libres en Venezuela


Así lo exigieron 27 exmandatarios en una carta a Nicolás Maduro.






Las elecciones para la Asamblea Nacional se harán el próximo 6 de diciembre, como lo estableció el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Veintisiete ex jefes de Estado iberoamericanos le pidieron ayer en una carta al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que las elecciones a la Asamblea Nacional del próximo 6 de diciembre “sean libres, justas e imparciales”.

Todos manifestaron su “disposición a colaborar como observadores para que los comicios se realicen bajo un clima de confianza y total transparencia”.

La fundación Faes, que dirige José María Aznar, informó de esa carta, con copias remitidas al presidente de EE. UU., Barack Obama; al mandatario colombiano, Juan Manuel Santos; al papa Francisco y al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por su implicación en el restablecimiento del diálogo y las garantías democráticas en Venezuela.

Los expresidentes defendieron que la convocatoria de elecciones parlamentarias en Venezuela es el “único camino para resolver los graves desencuentros políticos y sociales que dividen el país”, pero trasladaron su exigencia de que estas cumplan requisitos previos e imprescindibles.

Entre ellos, citaron “la imparcialidad absoluta del poder electoral y la verificación por observadores independientes de que la tecnología usada en el proceso es inviolable”. También pidieron “la presencia en el debate público de todos los actores políticos, incluidos aquellos que se encuentran privados de libertad, ven amenazadas sus libertades o integridad física o son inhabilitados por autoridades administrativas”. Mencionan expresamente a Antonio Ledezma, Leopoldo López, Daniel Ceballos, Enzo Scarano y María Corina Machado. Además, instaron a Maduro a “respetar la libertad de expresión y permitir a la prensa el libre ejercicio del derecho a la información”.

Firmaron Jorge Quiroga (Bolivia); Sebastián Piñera, Eduardo Frei y Ricardo Lagos (Chile); Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Belisario Betancur (Colombia); Miguel Ángel Rodríguez, Rafael Calderón, Laura Chinchilla, Óscar Arias y Luis Monge (Costa Rica), y Osvaldo Hurtado, Lucio Gutiérrez, Sixto Durán y Gustavo Noboa (Ecuador).


También la rubrican Alfredo Cristiani y Armando Calderón (El Salvador); José María Aznar (España); Felipe Calderón y Vicente Fox (México); Mireya Moscoso, Nicolás Ardito-Barletta y Ricardo Martinelli (Panamá); Juan Carlos Wasmosy (Paraguay); Alejandro Toledo (Perú), y Luis Alberto Lacalle (Uruguay).


BRASIL

Rousseff, cada vez más acorralada por la economía y la corrupción




Esta semana la Hacienda brasileña anunció una caída en la recaudación fiscal en lo que va de año del 2,8 por ciento, al tiempo que fuentes del Gobierno reconocieron que trabajan con la hipótesis de que la contracción del PIB llegue al 2 por ciento, medio punto más de lo previsto recientemente por el FMI.

Estos son solo los datos más recientes de la larga lista que atosiga al Ejecutivo y especialmente a su presidenta, Dilma Rousseff, quien en los últimos días se ha visto obligada a desmentir un final anticipado de su mandato: “No voy a caer; no, no lo voy a hacer”, dijo en una entrevista al diario Folha de São Paulo.

La frase resulta fuerte para una presidenta, pero todavía lo es más el tener que desmentir rumores que circularon por las redes sociales sobre un hipotético intento de suicidio. “Si no me suicidé cuando querían matarme (en la dictadura), ¿por qué habría de hacerlo ahora”, señaló Rousseff.

Pero han sido varias las circunstancias que han llevado a este escenario apocalíptico. A finales de junio, mientras la presidenta embarcaba en un avión rumbo a EE. UU. para reunirse con el presidente Barack Obama, varios medios publicaron que la campaña de Rousseff para las elecciones de 2014 había recibido más de dos millones de dólares procedentes de los desvíos en la petrolera estatal Petrobras.

A esa acusación se suma la revisión en el Tribunal Superior Electoral de posibles irregularidades en la campaña, en una acción inducida por el partido opositor Partido de la Social Democracia (PSDB).

Además, este viernes el presidente de la Cámara de los Diputados, Eduardo Cunha, uno de los principales líderes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que apoya a Rousseff, oficializó su ruptura con el Gobierno a título individual, al argumentar que este conspira para incriminarlo en el escándalo de corrupción de Petrobras.

Por otro lado, el Ejecutivo está en un aprieto ante el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), al ser señalado por usar métodos contables para maquillar las cuentas del ejercicio pasado, congelando partidas millonarias a bancos públicos previstas en los balances para luego usarlas en la financiación de programas sociales.

Aunque el Gobierno asegura que se ajusta a la legalidad, el TCU podría conducir el asunto al Congreso y entonces se le complicaría la vida a la presidenta.

“A eso se le llama ‘pedaleo fiscal’, un sobrenombre para la postergación del pago. El Gobierno dice que se ha hecho en el pasado y que el TCU nunca actuaba”, asegura a EL TIEMPO José Roberto Afonso, investigador de la Fundación Getúlio Vargas. “Las irregularidades fiscales pueden justificar la apertura de un juicio político, pero solo es una hipótesis”, agrega.

Con el fantasma del impeachment flotando, los índices económicos le dan malas noticias a Rousseff cada semana. El desempleo ha subido de 7 a 8,1 por ciento en menos de un año y la inflación se ha disparado al 9 por ciento.

“El escenario macroeconómico es el más sombrío de la última generación. Hay que enfrentar la crisis que hace meses las autoridades negaban diciendo que solo había en el exterior”, añade Afonso.

En este segundo mandato, Rousseff ha intentado sortear la crisis con un cambio en su anterior política económica, pero eso no le ha servido para mejorar sus índices de aprobación, que están debajo del 10 por ciento, los más bajos de un presidente desde el destituido Collor de Melo en 1992.

Las críticas arrecian desde la oposición, pero también desde el propio Partido de los Trabajadores, incluido el expresidente Lula da Silva. De ahí que se haya vislumbrado una posible renuncia de una presidenta cada vez más cercada: “Dilma está en total aislamiento. No tiene el apoyo de nadie, ni del Congreso, ni de su propio partido, ni de la base en la que podría apoyarse. Es un momento de desesperación, una actitud de aparente desconexión con la realidad. Creo que apuesta por la supervivencia, hasta ha bajado mucho de peso. Casi se le ve más centrada en sobrevivir en el ámbito personal que en el político, extraño para lo que ha sido siempre ella”, dice la analista política Sonia Fleury.

“Lo que más puede afectarle ahora son las propias medidas de ajuste que toma su gobierno, que pueden profundizar la crisis, y si es así no tendrá el apoyo ni de la población que la ha votado. Entonces el remedio será aún peor”, concluye.


Por todo ello Rousseff está en su momento más difícil. “Necesitamos un gobierno con apoyo político y popular para combatir la que puede ser mayor crisis de la economía brasileña de postguerra”, dice Afonso.

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