La Cámara Federal rechazó el sobreseimiento de Macri en la
causa de las escuchas
Así lo hizo la Sala I de la Cámara con el voto mayoritario
de los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler. El jefe de Gobierno
porteño y precandidato presidencial por el PRO es investigado por escuchas
ilegales.
La Sala I de ese tribunal de alzada adoptó esa decisión por
mayoría al rechazar un pedido de sobreseimiento de la defensa del alcalde
porteño, que adujo que la pesquisa estaba concluida y que de ella no surgía
responsabilidad de Macri.
En su voto, los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo
Freiller consideraron que ese argumento “no puede ser admitido” hasta tanto no
se concreten las medidas de prueba pedidas por el juez Norberto Oyarbide y
demoradas por la justicia de los Estados Unidos.
“La duración del proceso hasta el momento no resulta, en
modo alguno, irrazonable”, dijeron los jueces al destacar la “multiplicidad de
hechos” y “considerable complejidad” de la causa en la que investigó la
existencia de una asociación ilícita para la intervención ilegal de teléfonos.
En su voto en disidencia, el camarista Eduardo Farah
consideró que “las pruebas actualmente reunidas apuntan decididamente en otras
direcciones, ajenas a la intervención -sea por instigación, aquiescencia,
consentimiento o tolerancia- de Mauricio Macri”.
El jefe de gobierno porteño fue procesado en mayo de 2010 y
la medida confirmada por unanimidad por la Cámara federal porteña en junio de
ese año, en el marco de la causa a raíz de la denuncia por escuchas a su
teléfono hecha seis meses antes por Sergio Burstein.
El dirigente de un sector de familiares de las víctimas del
atentado a la AMIA culpó además a Macri por el nombramiento del comisario
federal Jorge “Fino” Palacio como primer jefe de la Policía Metropolitana
cuando estaba acusado de ocultar pruebas en la investigación del ataque
terrorista, quien también está procesado en la causa de las escuchas.
En la investigación se probó que las escuchas ilegales
habían alcanzado también a un cuñado de Mauricio Macri, Néstor Leonardo, caso
ante el cual asumió la responsabilidad el empresario Franco Macri, padre del
jefe de Gobierno, quien aseguró que las había contratado a una empresa
estadounidense por razones de seguridad familiar.
Por esta red aguardan su juzgamiento desde marzo del 2014,
el ex espía y ex empleado del ministerio de Educación de la Ciudad, Gerardo
Ciro James; el ex ministro de Educación porteño Mariano Narodowski, el
comisario Palacios y su sucesor Osvaldo Chamorro.
También fue enviado a juicio oral el ex juez misioneros Jose
Luis Rey, quien junto a su colega fallecido, Horacio Gallardo, ordenaban a la
Side escuchas judiciales en base a denuncias truchas pedidas por los policías
Diego Guarda, Raúl Rojas, Rubén Quintana, David Amaral y Antonio Fernández.
La situación de Macri quedó demorada hasta tanto se reciba
respuesta al exhorto enviado a la justicia de los Estados Unidos.
El ex juez federal y ministro de Justicia de la Ciudad,
Guillermo Montenegro, declaró que Macri no tenía ninguna injerencia en el
diseño e implementación de políticas de seguridad, criterio que fue aceptado
por Farah en su voto.
En cambio Ballestero y Freiller consideraron que la
declaración voluntaria hecha en Brasil por el directivo de una empresa de
seguridad que dijo haber “pinchado” el teléfono del cuñado de Macri no agota el
trámite requerido por la justicia.
“Debe insistirse especialmente en el pedido de colaboración
internacional dirigido a conocer la actividad de la empresa Ackerman Group” y
la tareas que habría realizado uno de sus agentes, Richard Ford, por pedido de
Macri padre, pendientes del exhorto cursado a la justicia norteamericana.
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